Una madre de familia solicita ayuda solidaria para costear una delicada operación que necesita su hijo de 13 años, quien sufrió una fractura de mandíbula tras ser agredido dentro del colegio Hortencia Pardo Mancebo en Chala.

El hecho ocurrió mientras los escolares jugaban en el campo deportivo del centro educativo. Según relató la madre, su hijo fue golpeado con una patada en la mandíbula por otro menor, luego de un incidente con una pelota. La agresión provocó una doble fractura mandibular, lo que ha dejado al niño sin poder comer ni hablar con normalidad.

“Mi hijito pidió disculpas, pero cuando estaba hablando con el otro niño, lo agredieron con una patada. Ahora tiene la mandíbula rota y necesita una placa y tornillos para poder ser operado”, contó la madre del menor.

Tras el incidente, el menor fue llevado al Seguro Social de Arequipa, donde confirmaron la gravedad de la lesión. Sin embargo, según denuncia la madre, no recibió atención oportuna debido a la falta de camas, especialistas y demoras administrativas. Incluso, algunos médicos no quisieron brindar la referencia necesaria para una atención más rápida.

La intervención quirúrgica requerida solo puede realizarse en una clínica privada, y el costo estimado es de 18 a 20 mil soles, monto que la familia no puede cubrir. Además, al no tener parientes en Arequipa, se hospedan en un hotel, generando mayores gastos.

“En el hospital no hay tornillos ni materiales. Me dijeron que no pueden operarlo ahí. Solo en clínica, y cuesta mucho. No tengo apoyo, no tengo familia aquí, estoy sola”, añadió.

El colegio recién se ha comunicado con la familia para conocer el estado del menor, pero hasta el momento no se ha iniciado ningún proceso formal ni se ha ofrecido respaldo económico por parte de los padres del menor agresor.

La madre hace un llamado urgente a la comunidad y a las autoridades para apoyar económicamente la operación que su hijo necesita con urgencia, ya que la demora podría agravar la situación médica del menor.

El personal médico del IREN SUR ha manifestado su preocupación por el grave deterioro del tomógrafo, equipo clave en el diagnóstico de múltiples enfermedades, incluyendo el cáncer y el COVID-19. Según declaraciones recogidas por autoridades hospitalarias, el tomógrafo lleva más de dos años sin mantenimiento, pese a los reiterados pedidos enviados al Gobierno Regional.

Durante la pandemia, el equipo permitió atender a decenas de pacientes diariamente, prestando un servicio crucial a bajo costo. Sin embargo, el tomógrafo ha superado su tiempo de vida útil recomendado y no cuenta actualmente con garantías vigentes ni con contratos de mantenimiento activo.

“Cada vez que el tomógrafo hace una adquisición, consume parte de su vida útil. Está llegando al límite y podría fallar en cualquier momento”, alertó una especialista del área técnica.

Además del tomógrafo, otros equipos como el acelerador lineal y la unidad de radioterapia también han finalizado sus periodos de garantía. Según el personal, el retraso en los trámites de patrimonialización ha impedido que estos equipos sean incluidos en los presupuestos oficiales de mantenimiento.

El costo estimado para poner en marcha un contrato de mantenimiento “a todo costo” para el tomógrafo asciende a aproximadamente S/ 1.2 millones. Este tipo de contrato cubriría cualquier reemplazo de piezas, lo que evitaría costosos procesos de emergencia en caso de fallas.

“Si hoy el tomógrafo se detiene, los trámites para repararlo pueden demorar hasta tres meses. Eso significaría suspender el diagnóstico de unos 20 pacientes diarios”, explicaron.

El personal médico también advirtió que, aunque se espera la llegada de nuevos equipos en los próximos años, los actuales deben seguir funcionando para garantizar la atención continua a los pacientes.

“Estos equipos no pueden simplemente dejar de usarse esperando que lleguen otros. Hay vidas que dependen de su funcionamiento diario”, añadieron.

Desde el hospital se hizo un llamado urgente al Gobierno Regional para que se destraben los trámites pendientes y se asignen los recursos necesarios para garantizar el mantenimiento y funcionamiento continuo de estos equipos médicos esenciales.

Arequipa, 7 de junio de 2025.

Varios accidentes ocurridos en el distrito de Mariano Melgar han sacudido a la población y reavivado una problemática que desde hace años genera preocupación: la circulación peligrosa de las llamadas “loncheritas”, vehículos que brindan servicio de transporte urbano, muchos de ellos sin regulación formal, en condiciones precarias y a menudo con choferes poco calificados.

Una anciana fallecida y una madre con su hijo gravemente heridos son algunas de las víctimas más recientes de este sistema que combina informalidad, imprudencia y falta de fiscalización. La indignación ciudadana no se ha hecho esperar, y las demandas por acciones concretas por parte de las autoridades se multiplican.

Primera tragedia: una anciana muere atropellada al cruzar la pista

La noche del miércoles 6 de junio, pasadas las 8:40 p.m., Cayetana Meza de Yucra, una mujer de 79 años, fue atropellada por una “loncherita” cuando intentaba cruzar la intersección de las avenidas Perú y Argentina, una zona transitada, pero sin señalización peatonal adecuada. El vehículo, de placa VAI-532, iba a una velocidad considerable, según relataron los testigos presentes, lo que habría imposibilitado que la víctima pudiera reaccionar a tiempo.

La señora Meza falleció instantáneamente en el lugar del accidente. El conductor fue detenido por efectivos policiales y trasladado a la comisaría de Mariano Melgar. Según fuentes policiales, se han iniciado investigaciones para determinar su grado de responsabilidad, aunque los vecinos y familiares ya señalan una causa clara: exceso de velocidad y falta de controles.

Familiares llegaron entre gritos de dolor e indignación. “Mi madre cruzaba siempre por ahí, no hay semáforos, no hay policías, y esas loncheras vuelan, no respetan nada”, dijo uno de los hijos de la víctima. Vecinos señalaron que no se trata de un hecho aislado: “Las loncheritas ya han causado varios accidentes, pero nadie hace nada”, afirmó un residente de la zona.

Segundo caso: madre e hijo atropellados en la vereda

La mañana del jueves 7 de junio del 2024, el distrito volvió a vivir otro momento desgarrador. En el asentamiento humano Cerrito Belén, cerca al cementerio Jerusalén, una madre de familia y su hijo fueron atropellados mientras caminaban por la vereda. Gladys Huaya Condori y su hijo, Elver Villanueva Huaya, de 18 años, se dirigían a vender comida en una esquina cercana cuando una “loncherita” que descendía desde la parte alta chocó frontalmente contra un auto particular y luego se desvió, arrollando a los peatones.

Gladys quedó atrapada bajo las llantas del vehículo, mientras que Elver fue lanzado hacia unas barandas. Ambos fueron auxiliados por vecinos y trasladados al hospital Honorio Delgado. El estado de salud de la madre es delicado, según informaron fuentes médicas.

“La loncherita bajaba muy rápido, el chofer no tuvo control. Nosotros solo escuchamos el golpe, luego los gritos. Fue horrible”, relató una vecina testigo del accidente. La hija de Gladys contó que su madre y su hermano apenas habían salido de casa con una máquina freidora para comenzar su jornada de trabajo.

Transporte informal y descontrol: una combinación mortal

Las “loncheritas” son vehículos pequeños generalmente combis adaptadas o minivans que ofrecen servicios de transporte colectivo en distintas zonas de Arequipa. Aunque muchas de ellas están registradas, un alto porcentaje opera de forma informal, sin revisión técnica vigente, seguros adecuados o licencias actualizadas. Además, no existe un sistema eficaz de fiscalización permanente.

Los ciudadanos de Mariano Melgar denuncian que estas unidades transitan sin control, a alta velocidad, y frecuentemente se ven involucradas en accidentes. “Van como si fueran en carrera. Se pasan la luz roja, hacen paradas indebidas, y no respetan la vida humana. ¿Qué esperan las autoridades? ¿Más muertos?”, exclamó un dirigente vecinal del Cerrito Belén.

Reclamos y ausencia de respuesta

Los vecinos exigen respuestas concretas. “No es la primera vez que pedimos a la Municipalidad Provincial de Arequipa y a la Gerencia de Transportes mayor fiscalización. Ya hemos presentado documentos, incluso nos hemos reunido con funcionarios. Pero nada cambia”, denunció un representante de una junta vecinal.

Asimismo, cuestionan la falta de infraestructura básica como semáforos peatonales, señales de tránsito visibles y presencia policial en zonas críticas. “Esto es abandono. Todos los días hay accidentes menores, y ahora vemos que se está cobrando vidas humanas. Ya basta”, afirmó una comerciante de la avenida Argentina.

Lo que ocurre en Mariano Melgar no es un caso aislado, sino el reflejo de una problemática estructural en el sistema de transporte urbano de Arequipa: informalidad, ausencia de control, falta de planificación vial y omisión de responsabilidades por parte de las autoridades.

Mientras tanto, las familias de Cayetana Meza, Gladys Huaya y Elver Villanueva se enfrentan al dolor de la pérdida o la incertidumbre por el estado de salud de sus seres queridos. La comunidad, por su parte, ha dicho basta. Y aunque la reacción de las autoridades aún es incierta, lo que sí está claro es que cada día de inacción pone en riesgo más vidas.

Por: Daniel Huayto Ruiz

15 de mayo del 2025

Personal médico y pacientes del IREN Sur protestan por decisión del Gobierno Regional que aleja la atención oncológica de los sectores más vulnerables.

Una mañana de reclamos y carteles marcó la jornada del martes en la sede de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa. Personal médico, pacientes oncológicos y sus familias protagonizaron una protesta pacífica contra una decisión que consideran arbitraria y perjudicial: el cambio de ubicación del nuevo Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur) a un terreno ubicado en el kilómetro 16 de la carretera Arequipa – La Joya, en el Cono Norte de la ciudad.

La medida, anunciada sin consulta previa por el Gobierno Regional de Arequipa, ha generado rechazo unánime entre los profesionales de salud y usuarios del servicio, quienes denuncian que la nueva ubicación es lejana, inaccesible y no cumple con los requisitos técnicos para la construcción de un centro oncológico de alta especialización.

“Muchos de nuestros pacientes no tienen los medios económicos ni la condición física para trasladarse tan lejos. Este cambio los condena a abandonar sus tratamientos”, declaró uno de los médicos manifestantes, visiblemente indignado por la falta de diálogo.

Un cambio sin sustento técnico ni legal

El proyecto del nuevo IREN Sur no es reciente. Desde el 2024, ya contaba con estudios técnicos aprobados, cronograma establecido y un terreno debidamente saneado de 27 mil metros cuadrados en la Avenida de la Salud, una zona céntrica y accesible para la mayoría de pacientes oncológicos que llegan desde distintas provincias del sur del país.

El presidente del frente de defensa IREN Sur, Dr. Ítalo Palomino Mormontoy, denunció que la decisión del Gobierno Regional no solo es sorpresiva, sino también inconsistente y carente de respaldo técnico.

“El terreno actual fue validado legal y técnicamente. Ahora nos dicen que todo se trasladará al Cono Norte, sin estudios y sin accesos adecuados. Lo que es peor, se presenta como una simple ‘propuesta’, pero públicamente el gobernador ya actúa como si la decisión estuviera tomada”, explicó Palomino.

Durante una reciente reunión convocada por el propio Gobierno Regional para abordar el tema, no asistieron figuras clave como el gobernador Rohel Sánchez, el gerente general regional ni representantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), lo que impidió que se resolvieran las dudas y se generó aún más incertidumbre.

Un golpe para la atención oncológica del sur del país

El IREN Sur no es un hospital común. Se trata de un centro oncológico de nivel 3, el único en la macroregión sur del Perú, dedicado exclusivamente a la prevención, diagnóstico y tratamiento del cáncer. Su rol es fundamental para miles de pacientes provenientes de Arequipa, Moquegua, Tacna, Puno y Cusco.

La comunidad médica ha alertado que el nuevo terreno en el Cono Norte no cumple con los requerimientos técnicos mínimos para un centro de alta especialización: ni acceso a servicios básicos inmediatos, ni buena conectividad vial, ni condiciones óptimas de infraestructura.

“Esto no es un simple cambio de terreno. Es poner en riesgo todo un proyecto que podría salvar miles de vidas. No se puede improvisar con algo tan delicado como el tratamiento del cáncer”, agregó el Dr. Palomino.

Rechazo y posible vía legal

La protesta no solo tuvo carácter simbólico. Los profesionales de salud informaron que han solicitado asesoramiento a instituciones especializadas como la Red Oncológica Nacional, el City Cancer Challenge y a diversos congresistas, quienes ya evalúan posibles acciones legales para frenar el cambio y asegurar que el proyecto se desarrolle en condiciones óptimas.

“El diálogo está abierto, pero tiene que darse con criterios técnicos y respeto por la salud pública. No aceptaremos decisiones unilaterales que vayan en contra de los intereses de los pacientes”, sostuvo el presidente del frente de defensa.

Exigen respeto a los avances logrados

El terreno en la Avenida de la Salud fue asignado oficialmente en agosto de 2024, luego de un proceso largo de evaluación y saneamiento legal. Su elección respondía a la necesidad de que el nuevo instituto esté ubicado en una zona con infraestructura vial, accesibilidad para pacientes de bajos recursos y cercanía a otros servicios hospitalarios complementarios.

Cambiar esa decisión, sin explicación pública clara y sin el consenso de los especialistas, ha generado una sensación de retroceso y de falta de respeto por el trabajo técnico realizado hasta ahora.

“Sentimos que se están tomando decisiones políticas y no técnicas. Y eso, cuando hablamos de cáncer, puede costar vidas”, expresó una representante del personal técnico del IREN Sur.

una decisión que puede marcar vidas

El cáncer no espera. Tampoco da tregua. Cada día de retraso, cada barrera de acceso, cada decisión improvisada, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte para miles de pacientes oncológicos en el sur del país.

La comunidad médica y los usuarios del IREN Sur han alzado la voz, no por capricho, sino por convicción: la salud no puede decidirse sin los técnicos, sin los pacientes y sin pensar en el largo plazo.

Por ahora, la pelota está en la cancha del Gobierno Regional. El futuro del nuevo centro oncológico, y de muchos que luchan contra el cáncer, depende de que escuchen a quienes están del otro lado del escritorio. Y del bisturí.

Por: Daniel Huayto Ruiz

15 de mayo del 2025

Comerciantes denuncian pérdidas de hasta el 60%, desabastecimiento y abandono por parte de las autoridades locales. El colapso del puente Ernesto Ghunter y los trabajos mal planificados en la Av. Andrés Avelino Cáceres agravan la situación.

Una crisis silenciosa se vive en el corazón del comercio mayorista de Arequipa. Más de 30 comerciantes del Mercado Las Convenciones, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, enfrentan desde hace meses una alarmante caída en sus ingresos. La combinación del colapso del puente Ernesto Ghunter y las obras viales mal ejecutadas en la avenida Andrés Avelino Cáceres ha provocado un desplome en las ventas, desabastecimiento de productos y una drástica disminución del flujo de clientes.

Las pérdidas económicas, según los propios vendedores, alcanzan hasta el 60% de sus ingresos diarios, una cifra devastadora para quienes dependen de la venta de productos perecibles como frutas, tubérculos y verduras provenientes de diversas regiones del país.

“Los productos se malogran porque no hay quién los compre. Los camiones no pueden ingresar y los clientes tampoco llegan como antes. Estamos perdiendo no solo mercadería, sino años de esfuerzo”, relata con preocupación Juana Mamani, comerciante mayorista de frutas desde hace más de 15 años.

Un puente clave que sigue en ruinas

La situación se agravó tras el colapso del puente Ernesto Ghunter, ocurrido en febrero debido a las intensas lluvias que azotaron la región. Esta infraestructura era esencial para la conexión entre diversos distritos de Arequipa, y su caída ha generado un efecto dominó sobre el comercio y la movilidad urbana.

A pesar de su importancia, las obras de reconstrucción no han comenzado. El alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera, informó que el puente tuvo que ser demolido completamente al detectarse daños estructurales graves. Inicialmente, se pensaba realizar un mantenimiento, pero un análisis técnico reveló que las bases estaban comprometidas, lo que obligó a formular un nuevo expediente técnico.

Actualmente, dicho expediente se encuentra en etapa de evaluación y será licitado próximamente. Las obras están proyectadas para iniciarse en julio y culminar entre el 15 y 20 de agosto, con una inversión de S/ 1.8 millones, financiada mediante recursos reasignados de otro proyecto municipal.

Como medida provisional, se evalúa construir una vía alterna utilizando tubos de gran diámetro, tierra y escombros. Esta solución sería implementada en coordinación con la empresa Milana, aunque aún no hay fecha confirmada para su ejecución.

“Nos prometieron soluciones temporales, pero hasta ahora no vemos nada concreto. Pedimos que se aceleren los plazos. No podemos seguir perdiendo más”, exige Luis Condori, vendedor de papas, uno de los productos más afectados por la falta de accesos adecuados.

Caos en la Av. Andrés Avelino Cáceres agrava el panorama

A la inoperatividad del puente se suman las obras viales iniciadas recientemente en la avenida Andrés Avelino Cáceres, otro punto neurálgico del comercio local. Según denuncias de gremios comerciales, las obras comenzaron sin planificación ni señalización adecuada, generando un severo caos vehicular, embotellamientos, bloqueos de acceso y más pérdidas económicas.

“Hablamos con el alcalde. Nos dijo que empezarían en el aniversario del distrito, pero pasaron los meses y no hicieron nada. Ahora han comenzado sin aviso, sin rutas alternas, sin desvíos señalizados. Esto es un desorden total”, reclamó Marcelo Flores, presidente del Centro Comercial Gratersa.

La zona de influencia de estas obras alberga a más de 600 comerciantes activos y 733 puestos de venta. Muchos clientes que antes llegaban en vehículos han dejado de acudir por el tráfico y la falta de vías habilitadas, provocando el cierre temporal de varios negocios.

“Teníamos esperanza de recuperarnos después de la pandemia. Pero ahora estamos peor. Sin acceso, no hay comercio. Y sin comercio, no hay sustento para nuestras familias”, afirmó Rosario Huamán, comerciante del Terminal.

¿Falta de coordinación institucional?

Una de las principales críticas de los comerciantes es la falta de coordinación entre autoridades. Mientras que las municipalidades de Hunter, Bustamante y la Provincia de Arequipa se responsabilizan mutuamente, los afectados exigen respuestas concretas y rápidas.

“No se ponen de acuerdo. Cada municipio dice que no es su competencia. Mientras tanto, nosotros sufrimos. El puente es vital para todos y la avenida también. ¿Quién está pensando en la población?”, cuestionó un comerciante visiblemente frustrado.

Incluso, trabajadores de la sección de papas del mercado se han ofrecido a colaborar con ingenieros y técnicos para elaborar propuestas de solución que permitan rehabilitar provisionalmente el puente colapsado, utilizando puntales y relleno estructural.

Exigen planificación, señalización y respeto a los plazos

Pese al malestar, los comerciantes aseguran que no están en contra de las obras. Reconocen que la infraestructura vial necesita mejoras, pero exigen una gestión responsable, con plazos claros, señalización oportuna y comunicación transparente.

“No queremos detener el progreso. Solo pedimos que se respeten los plazos, que nos informen y que no improvisen. Con un poco más de organización, esto se podría hacer sin tanto daño”, declaró Jhazmani Cayo Pdte. De la plataforma comercial de Avelino Cáceres.

Un mercado clave para Arequipa y el sur del país

Los Mercados de la plataforma Andrés Avelino Cáceres no solo abastece a los distritos cercanos. Es un punto estratégico de distribución de frutas, papas y productos agrícolas de la costa, sierra y selva del Perú, conectando a productores con mayoristas y minoristas de toda la región.

Su parálisis no solo representa una pérdida económica para los comerciantes, sino un riesgo para la seguridad alimentaria local, especialmente en sectores vulnerables que dependen de estos productos para su consumo diario.

Un llamado urgente a las autoridades

La situación exige una respuesta inmediata y coordinada de los gobiernos locales y provinciales. Los comerciantes de Las Convenciones y del Terminal no pueden esperar más. Mientras las obras siguen sin comenzar o avanzan sin control, las pérdidas se acumulan y la frustración crece.

Los mercados son el corazón económico de muchas ciudades. En Arequipa, ese corazón está latiendo con dificultad, esperando que las promesas se conviertan en acciones.

Por: Daniel Huayto Ruiz

El sol apenas trepa los muros grises de la Gerencia Regional de Salud cuando comienzan a llegar. Algunos caminan lento, otros avanzan con la ayuda de una silla de ruedas, y unos pocos, con batas blancas y ojos cansados, empujan su rabia contenida en cada paso. No hay pancartas ruidosas ni arengas violentas. Hay silencio, preocupación, y un grito ahogado que pide lo más básico, acceso a la salud sin barreras.

La escena parece rutinaria, pero no lo es. Son médicos, pacientes oncológicos y familiares del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur), y han decidido dejar el hospital por unas horas para defender algo más que un terreno: la posibilidad de seguir viviendo cerca del tratamiento que necesitan.

El motivo de su protesta es el reciente anuncio del Gobierno Regional de trasladar la construcción del nuevo centro oncológico al kilómetro 16 de la vía Arequipa – La Joya, en el Cono Norte. Una decisión que cayó como una bomba silenciosa en los pasillos del IREN.

“Muchos de nuestros pacientes no tienen ni para el pasaje. Algunos apenas pueden levantarse de la cama después de una quimioterapia. ¿Cómo esperan que se trasladen hasta allá?”, dice una enfermera mientras sostiene del brazo a una mujer con pañuelo celeste en la cabeza. No dice su nombre. Solo repite: “No es justo. No es humano”.

En agosto de 2024, el proyecto para el nuevo IREN Sur parecía avanzar. Se había saneado un terreno de 27 mil metros cuadrados en la Avenida de la Salud, una zona céntrica y cercana a hospitales, laboratorios y farmacias. Los estudios técnicos estaban aprobados. Había ilusión. Pero en los primeros meses del 2025, sin aviso ni consulta previa, todo cambió.

El gobernador regional, Rohel Sánchez, anunció que la nueva sede se construirá en un terreno más alejado, en el Cono Norte. Sin estudios nuevos. Sin sustento legal. Sin la presencia del personal médico que debía opinar. Una decisión unilateral que, según los especialistas, pone en riesgo la ejecución del proyecto y, más grave aún, el tratamiento de miles de personas.

“No se puede improvisar con el cáncer”, dice el Dr. Ítalo Palomino Mormontoy, presidente del frente de defensa del IREN Sur. Su voz es firme, aunque se le nota cansado. No es la primera vez que sale a exigir algo que, en teoría, ya estaba asegurado. “Este instituto es de nivel 3, no se puede reemplazar por un hospital general ni ubicar en cualquier parte. El nuevo terreno no tiene ni accesos adecuados”.

Días antes de la protesta, hubo una reunión convocada por el propio Gobierno Regional. Pero los rostros que más se esperaban no aparecieron: ni el gobernador, ni el gerente general, ni representantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Solo quedaron los médicos, técnicos, y algunos representantes sindicales que se miraban entre sí esperando respuestas que nunca llegaron.

Mientras tanto, los pacientes siguen llegando al actual IREN Sur con diagnósticos duros y miradas frágiles. Muchos de ellos vienen desde provincias alejadas como Puno, Moquegua o Tacna. Algunos madrugan, otros se endeudan para pagar pasajes. La idea de tener que desplazarse aún más lejos no es solo una incomodidad: es una sentencia anticipada.

“¿Y si no llego? ¿Y si no me da el cuerpo para tomar dos buses?”, pregunta con voz temblorosa una mujer de 52 años que no quiso dar su nombre. Ha superado dos ciclos de quimioterapia, pero siente que no podría soportar una tercera si le alejan su centro de atención.

El personal médico no está solo. Detrás de ellos hay organizaciones como la Red Oncológica Nacional y el City Cancer Challenge que ya han empezado a brindar asesoría legal y técnica. Incluso algunos congresistas han mostrado interés en frenar lo que ya consideran un atropello a la salud pública.

“No pedimos privilegios. Pedimos que se respete lo avanzado, que se escuche a quienes saben. Esto no es política, es oncología”, sentencia el Dr. Palomino.

Por: Daniel Huayto Ruiz

20 de mayo del 2025

A las cinco de la mañana, cuando el cielo todavía bosteza en tonos azules, Juana Mamani acomoda las últimas cajas de mandarinas en su puesto del Mercado Las Convenciones. El olor cítrico, que antes anunciaba un día de ventas, hoy solo le recuerda cuántos kilos se le malograron la semana pasada.

“Antes de las lluvias, esto estaba lleno desde las 4. Hoy parece feriado”, dice con una sonrisa resignada, mientras con la otra mano espanta las moscas. Las cajas de paltas, que llegaron hace tres días desde Moquegua, empiezan a mostrar manchas negras. Nadie quiere comprar palta madura si puede encontrarla fresca en otro lado. Pero el problema es que ya no llegan clientes. Ni camiones. Ni esperanza.

Todo empezó con la caída del puente Ernesto Ghunter, ese viaducto polvoriento que tal vez pocos notaban, pero que era el cordón umbilical entre el mercado y el resto de la ciudad. Una madrugada de febrero, las lluvias se lo tragaron. Desde entonces, los comerciantes están atrapados entre el agua que se fue y la burocracia que no llega.

“Ese puente era nuestra vida. Sin él, estamos muertos”, dice Luis Condori, de la sección de papas, sin levantar la vista del saco que trata de salvar del moho. “Nos prometieron arreglarlo en marzo. Luego en abril. Ahora dicen julio.”

La historia del puente tiene giros propios de una novela de realismo político: primero fue una reparación, luego una demolición, más tarde un expediente técnico que aún “está en evaluación” y finalmente, un proyecto que se ejecutaría —si todo sale bien— en pleno invierno. Julio, dicen las autoridades. Agosto, tal vez.

Mientras tanto, la fruta se pudre, las papas se fermentan, los clientes desaparecen y los comerciantes —algunos con más de dos décadas en el negocio— miran cómo sus vidas se vacían como cajas al final del día.

Obras sin plan, ventas sin rumbo

Pero el puente es solo una parte del problema. A pocas cuadras, en la avenida Andrés Avelino Cáceres, otra obra se abre paso entre promesas incumplidas y montículos de tierra. Los trabajos viales, iniciados sin señalización ni desvíos adecuados, han convertido la zona en un laberinto de caos, bocinazos y polvo.

Marcelo Flores, presidente del Centro Comercial Gratersa, cuenta que hablaron con el alcalde hace meses. Les prometieron empezar las obras para el aniversario del distrito. “Pasó el aniversario, luego el verano, y de pronto llegaron con maquinaria sin decir nada. Un día vinimos y ya no había paso.”

“Sin señalización, sin rutas alternas, sin diálogo. Así no se hacen las cosas”, dice, señalando una fila de taxis que tocan el claxon sin moverse un centímetro. “La gente se cansa. Ya no viene. Nosotros nos quedamos con la mercadería.”

Flores, como muchos otros, no se opone a las obras. De hecho, reconoce que son necesarias. Pero exige planificación, algo que parece un lujo en la administración pública. “¿Tan difícil es avisar? ¿Tanto cuesta poner un cartel, hacer un plan de desvíos?”
 

Nueva Esperanza, es más que un mercado. Es una red viva de familias, estibadores, comerciantes, agricultores que traen productos desde la costa, la sierra y la selva. Aquí convergen historias de todo el Perú en forma de plátanos, papas, sandías, choclos. Es un lugar donde cada saco cuenta una travesía.

Pero ahora, todo está en pausa. En el silencio de los pasillos vacíos, se escucha el eco de una pregunta que nadie responde: ¿cuándo volverá la gente?

“Después de la pandemia pensábamos que lo peor había pasado”, dice Rosario Huamán, acomodando plátanos en una mesa que ya casi no necesita limpiar. “Pero esto es peor. Porque no es una enfermedad lo que nos mata. Es la desidia.”

Desde el municipio, el alcalde Víctor Hugo Rivera ha dicho que el financiamiento del nuevo puente ya está garantizado: S/ 1.8 millones. Que la obra comenzará en julio. Que será rápida. Que será segura. Que será.

También mencionó que evaluaban hacer un paso provisional con tubos y tierra. Algunos comerciantes se ofrecieron incluso a ayudar. Quieren trabajar, no pelear. Solo quieren que los escuchen.

En los días de más bronca, algunos recuerdan que durante campañas electorales los alcaldes recorrían el mercado como si fueran clientes. Hoy ni aparecen. El mercado ha quedado fuera del radar político. Como si vender fruta no contara. Como si el hambre no votara.

Por: Daniel Huayto Ruiz

29 de mayo del 2025

El dolor tiene nombre, rostro y fecha. Se llama Feliciano Aza Quispe, tenía 47 años, era artista gráfico, animalista, un hombre tranquilo, soltero y dedicado a cuidar de su madre. Hoy su nombre se suma a una lista que parece no dejar de crecer: la de quienes han sido víctimas de la violencia desmedida, del abandono institucional, y del olvido.

Todo ocurrió una mañana cualquiera, en una calle abierta del distrito de La Joya. Eran las ocho, con la ciudad ya despierta, cuando Feliciano fue atacado por tres sujetos. Según testimonios, no hubo discusión previa ni provocación. Solo golpes. Fuertes. Repetidos. Brutales. Más de seis impactos en la cabeza. Lo suficiente para condenarlo a una agonía lenta en el Hospital Regional Honorio Delgado, donde una semana después se le diagnosticó muerte cerebral.

La hermana de la víctima, Jocelyn Quispe, ha cargado con el peso de la investigación por su cuenta. Caminó las calles, buscó cámaras de seguridad, habló con comerciantes, pidió ayuda. Mientras ella buscaba pistas, la policía demoró más de 24 horas en aceptar la denuncia. En ese tiempo, los agresores ya estaban lejos. Las cámaras de los locales cercanos, bares, coliseos y tiendas registraron todo. Pero los dueños no colaboraron. Algunos simplemente ignoraron sus ruegos, otros prometieron enviar los videos… y nunca lo hicieron.

“Si hubieran actuado a tiempo, tal vez los culpables estarían detenidos”, dice Jocelyn, con la voz quebrada por el cansancio. “La policía recién ahora está empezando a mover las cámaras. ¿Qué esperaban?”.

Feliciano no era un desconocido para su comunidad. Era un vecino tranquilo, un artista que dibujaba, pintaba, y dedicaba tiempo a rescatar animales. Compartía su casa con su madre, a quien sostenía emocional y económicamente. “No era violento. No tenía problemas con nadie. No era delincuente. ¿Por qué lo mataron así?”, se pregunta su hermana una y otra vez.

La familia ha enfrentado esta tragedia prácticamente sola. En el hospital, el frío, el gasto de comida, pasajes y medicamentos fueron parte del castigo colateral. Jocelyn no solo llora la pérdida de su hermano, también carga con la impotencia de ver cómo la justicia parece mirar hacia otro lado.

El crimen fue público. Fue de día. Fue visto. Y, sin embargo, nadie actuó. Nadie ayudó. Nadie grabó. “Ni siquiera un animal se merece lo que le hicieron a mi hermano”, insiste Jocelyn. “No entiendo por qué tanto odio, si él ni los conocía. Estaba sentado, tranquilo”.

Y mientras el expediente se mantiene en “investigación”, los agresores caminan libres. En algún lugar, tal vez cerca, tal vez lejos. “¿Y si son delincuentes? ¿Y si nos hacen algo a nosotros también?”, pregunta Jocelyn. “Pero yo no tengo miedo. Yo voy a seguir. Solo quiero justicia. Mi hermano no era nadie para ellos, pero para nosotros lo era todo”.

La historia de Feliciano Azaquiste no solo es la de una víctima más. Es el reflejo de una sociedad que se ha acostumbrado al miedo, al silencio, a la impunidad. Es una advertencia: hoy fue él, mañana puede ser cualquiera. Y mientras los culpables sigan libres, el mensaje que queda es uno solo: en La Joya, se puede matar a plena luz del día… y no pasa nada.

Por: Daniel Huayto Ruiz

03 de mayo del 2025

Desde las primeras horas de la mañana, el ambiente en la institución educativa Madre del Divino Amor, en el distrito de Mariano Melgar, estaba cubierto de un silencio poco habitual. No era un día de clases común. No había recreo, risas ni juegos. Esta vez, los pasillos del colegio se llenaron de flores, oraciones y lágrimas para despedir a una pequeña que, con solo 9 años, partió demasiado pronto.

Ariana, “Arianita”, como la llamaban con ternura, falleció el pasado 1 de mayo tras ser atropellada por un conductor en estado de ebriedad en el distrito de Paucarpata. La noticia sacudió no solo a sus seres queridos, sino también a toda la comunidad escolar que la vio crecer desde los tres años. En su colegio, fue despedida entre globos blancos, oraciones y un dolor compartido que aún no encuentra consuelo.

En medio de un acto sencillo, pero profundamente emotivo, docentes, compañeros de aula y padres de familia se reunieron para rendirle un último homenaje. “La vimos crecer. La vimos disfrutar de cada etapa, de cada juego, de cada aprendizaje. Hoy, su ausencia deja un enorme vacío en el aula y en nuestros corazones”, expresó con la voz entrecortada el director del plantel, Adolfo Elar Paucar.

Las palabras eran pocas frente a tanto dolor. Muchos alumnos sostenían flores blancas, otros apenas entendían la magnitud de lo ocurrido. Para ellos, perder a una amiga tan cercana resulta difícil de procesar. Aun así, en medio de la tristeza, hubo espacio para el cariño, para recordar a Arianita como la niña alegre y participativa que fue.

Una vez concluida la ceremonia, su pequeño ataúd fue trasladado hasta el cementerio de Jerusalén. A las 13:00 horas, decenas de personas se congregaron en el camposanto. Familiares, amigos, docentes y estudiantes caminaron detrás del cortejo fúnebre llevando globos blancos, símbolo de la pureza e inocencia con la que Arianita vivió sus pocos, pero intensos años.

El dolor se transformó en clamor: justicia. “No puede quedar impune”, decían sus familiares frente al ataúd. Zenón Jaramillo, el conductor de 74 años señalado como responsable del accidente, habría estado manejando bajo los efectos del alcohol, según las primeras investigaciones. Por eso, los asistentes al sepelio exigieron su inmediata detención y sanción ejemplar.

“Queremos justicia, no más impunidad para quienes juegan con la vida de los demás”, gritó un familiar entre lágrimas, mientras otros sostenían carteles improvisados con mensajes de protesta.

Así fue despedida Arianita, con el mismo amor con el que vivió. Una vida corta, interrumpida por la irresponsabilidad de un adulto que decidió conducir en estado de ebriedad. Hoy, la comunidad de Mariano Melgar llora su partida, pero también alza la voz para que casos como este no se repitan.

Por: Daniel Huayto Ruiz

25 de mayo del 2025

Eran las 12:10 del mediodía del martes 7 de mayo cuando sonó mi teléfono. La llamada provenía de un colega de otro medio de comunicación. Su voz, alterada y directa, no dejaba lugar a dudas: había ocurrido algo grave, algo que lamentablemente ya no resulta inusual en nuestras calles. “Un enfrentamiento entre organizaciones criminales. Balacera. Dos muertos, dos heridos”. Así de escueto, así de crudo.

Sin perder tiempo, recogí lo necesario y tomé una combi rumbo al distrito de Cerro Colorado. El destino: Alto Libertad, a media cuadra del estadio Arturo Díaz Huertas. Esa era la ubicación que mi colega me había compartido, y el epicentro de lo que ya se perfilaba como una escena de violencia extrema a plena luz del día.

Al llegar, la imagen era impactante. No por su sorpresa, sino por su familiaridad. Dos cuerpos sin vida. Uno, tendido en el asfalto, rodeado de sangre y de miradas fugaces de los vecinos que se asomaban desde las esquinas. El otro, aún dentro de un vehículo, con el vidrio destrozado por los disparos. Una motocicleta caída sobre un costado, abandonada en medio de la calle. Y por todas partes, casquillos de bala, dispersos como testigos mudos de lo ocurrido.

La policía había acordonado el área, pero aún no había demasiada presencia oficial. Algunos efectivos tomaban fotografías, otros preguntaban a los curiosos. Pero nadie decía mucho. La información inicial hablaba de un enfrentamiento armado entre bandas criminales. Sin embargo, en el lugar, lo que se respiraba era otra cosa. Silencio. Miedo. Y, sobre todo, una inquietante calma.

Ninguno de los fallecidos portaba armas visibles. Eso llamó la atención de inmediato. Si se trató de un tiroteo entre organizaciones rivales, ¿por qué solo había evidencia de disparos de un lado? Con el paso de las horas, se fue desdibujando la versión inicial y tomando forma una hipótesis más siniestra: un ajuste de cuentas. Un asesinato planificado, ejecutado con precisión. Días después se confirmó que solo uno de los implicados llevaba un arma consigo, pero no la había utilizado. La escena se parecía más a una emboscada que a un intercambio.

Las víctimas eran ciudadanos extranjeros. El dato no fue menor, pero tampoco generó gran impacto. En los últimos meses, la ciudad ha sido testigo de un aumento preocupante en crímenes asociados a mafias extranjeras, especialmente en zonas donde antes reinaba la tranquilidad. Y aunque el suceso fue violento, frontal y sin disimulo, la reacción social fue tibia, casi indiferente.

Tal vez la costumbre ha vuelto normal lo que debería conmocionarnos. Tal vez el hecho de que las víctimas fueran extranjeras influyó en la apatía generalizada. Algunos vecinos incluso comentaron, en voz baja, que “algo habrán hecho”. Esas frases, repetidas con frecuencia, revelan un trasfondo peligroso: estamos aprendiendo a convivir con la violencia. Y peor aún, a justificarla.

Hasta el momento, no se han realizado detenciones. Los dos heridos, también extranjeros, fueron trasladados a un hospital bajo custodia policial y posteriormente puestos a disposición de las autoridades. Poco se sabe de sus identidades o de su rol en los hechos. La investigación sigue en curso, pero como suele pasar en estos casos, el tiempo juega en contra de la verdad.

Mientras tanto, la ciudad continúa. Las combis siguen pasando por Alto Libertad. El estadio Arturo Díaz Huertas reabre sus puertas a los entrenamientos locales. Los vecinos bajan la mirada cuando se les pregunta por lo ocurrido. Y nosotros, los periodistas, seguimos contando estas historias, intentando que al menos, por un momento, alguien se detenga a pensar: ¿en qué momento empezamos a aceptar que morir a tiros en la calle se convirtiera en parte del paisaje urbano?.

Por: Daniel Huayto Ruiz