Con la reciente suscripción del convenio con PRONIED para la construcción del Instituto Superior Tecnológico de Omate, la empresa minera Southern Perú se consolida como la compañía con mayor participación en proyectos de infraestructura educativa en la región Moquegua.

De acuerdo con el registro actualizado de ProInversión, son cinco los proyectos de infraestructura educativa asociados a Southern Perú (además de otros) que aparecen en la cartera de Obras por Impuestos de la región, con una inversión final acumulada de aproximadamente S/ 275.8 millones. Se trata de proyectos que abarcan desde la educación básica hasta la educación superior tecnológica.

Entre ellos figuran el Instituto Superior Tecnológico Los Andes de Carumas, por S/ 11.88 millones; la I.E. Fe y Alegría N.° 52, por S/ 37.82 millones; el Colegio de Alto Rendimiento (COAR) de Moquegua, por S/ 100.38 millones; la I.E. Técnica coronel Manuel C. de la Torre, por S/ 76.18 millones; y ahora el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público (IESTP) de Omate, por más de S/ 50 millones.

En la más reciente actividad realizada en Omate, el gerente de Desarrollo Comunitario de Southern Perú, Felipe Gonzáles, destacó el compromiso de la empresa con la educación: “Para nosotros existe una frase que dice que la mejor inversión que puede hacer una sociedad es aquella que transforma el futuro de sus jóvenes. En Southern Perú creemos que cada espacio educativo, cada aula, es una oportunidad que representa una puerta abierta al desarrollo”, señaló.

Gonzáles remarcó que una de las principales preocupaciones de la empresa ha sido contribuir al cierre de brechas, especialmente en el sector educativo. Asimismo, señaló que Southern Perú busca contribuir al desarrollo de la educación sin asumir el rol que corresponde al Estado.

Interés en el Instituto Luis E. Valcárcel

El representante de Southern Perú también informó que la empresa ya hizo llegar al Gobierno Regional una carta de intención y expresión de voluntad para participar en el proyecto de implementación del Instituto Luis E. Valcárcel, iniciativa que contempla una inversión superior a los S/ 60 millones.

Durante la actividad en Omate, la gobernadora regional también resaltó el aporte de Southern Perú al sector educativo y agradeció a la empresa por su participación en los proyectos destinados a mejorar la infraestructura educativa de la región. “Nos corresponde reconocer y agradecer el aporte de Southern sobre todo en la educación” dijo. Por su parte, Heyner Delgado, director del instituto, destacó la importancia de estas inversiones y resumió su impacto con una frase: “Invertir en educación es invertir en desarrollo”.

La regidora de la Municipalidad de Arequipa, Rocío Mango, cuestionó la gestión de la autoridad provincial y sostuvo que, desde el año 2023, no se habría impulsado la construcción de grandes obras que respondan y resuelvan las necesidades de la población. Señaló que la gestión se concentró principalmente en el mantenimiento de vías, dejando de lado proyectos de mayor impacto.

"No hemos visto ninguna obra de envergadura de nivel provincial pese a que la ciudadanía lo pide. Hemos evidenciado que se ha descuidado el tema de seguridad ciudadana, lastimosamente al exalcalde Víctor Hugo Rivera nunca le interesó este tema", dijo.

Uno de los proyectos que debieron ser impulsados era la construcción de una nueva base de seguridad ciudadana, que tenía una inversión de S/ 50 millones. Inclusive, la regidora explicó que esta iniciativa podría ejecutarse mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, permitiendo acelerar su financiamiento y ejecución, pero no se realizó. 

Sin embargo, sostuvo que el proyecto permanece estancado sin una fecha para conocer si se hará realidad o seguirá siendo ignorado: "este proyecto está entrampado netamente por temas administrativos; esperemos que haya mayor voluntad política del Ejecutivo para que, por lo menos, esta obra se quede encaminada", manifestó.

Para la regidora, uno de los principales problemas de la actual administración estaría relacionado con la elección de funcionarios. Señaló que las autoridades deben rodearse de profesionales competentes, con experiencia y conocimiento de la gestión pública, debido a que administrar una municipalidad provincial requiere capacidades diferentes a las de un municipio distrital. "Se están rodeando de funcionarios que recién están aprendiendo a trabajar o desconocen la forma de trabajar en un municipio provincial", cuestionó. 

La funcionaria, sostuvo que la designación de funcionarios con capacidad es fundamental para que los proyectos no permanezcan observados o entrampados y puedan convertirse en obras que beneficien a la población

La Libertad se mantuvo en el puesto 8 a nivel nacional del Índice de Competitividad Regional (INCORE) 2026, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), consolidándose como la región más competitiva del norte por tercer año consecutivo. La región avanzó en los pilares Infraestructura e Instituciones, e impulsada por el mayor uso de billeteras digitales, que pasó de 28.6 a 40.3 transacciones mensuales por persona. Sin embargo, en Instituciones persisten debilidades de fondo. 

El IPE señaló que "solo el 11.1% de los liberteños considera buena o muy buena la gestión del gobierno regional, el tercer valor más bajo del país". Añadió que "apenas el 26.4% de los expedientes judiciales fue resuelto en el último año, muy por debajo del promedio nacional (37.0%)".

El mayor retroceso se registró en Educación, en el que La Libertad cayó del puesto 12 al 14, su nivel más bajo desde 2016. El IPE explicó que ello se debe principalmente a un deterioro en la conectividad escolar, debido a que "el acceso a internet en escuelas bajó de 56.9% a 47.0%", además del bajo rendimiento en lectura y matemática entre estudiantes de cuarto grado de primaria, ambos por debajo del promedio nacional. 

En Salud, la región conservó el octavo lugar, con avances en vacunación infantil, aunque el embarazo adolescente se incrementó de 6.9 % a 9.4 %. En el pilar Laboral, la región descendió del puesto 8 al 9, afectada por el aumento de trabajadores con ingresos inferiores al salario mínimo, de 24.6 % a 33.3 %.

Frente a este panorama, el IPE planteó que "impulsar la competitividad en La Libertad requiere un enfoque integral, con énfasis en los pilares más rezagados", priorizando la transparencia en la gestión pública, el combate a las economías ilegales y el fortalecimiento de la calidad educativa mediante mecanismos como Obras por Impuestos (OxI) o Asociaciones Público-Privadas (APP).

Las reconocidas y carismáticas “Bándalas”, se presentaron iniciada la tarde en el espectacular escenario de “Feria Arequipa 2026”, realizando una presentación inolvidable.

El conocido trio cómico – musical peruano está integrado por Katia Palma, Patricia Portocarrero y Saskia Bernaola, actrices y comediantes que protagonizaron un vistoso espectáculo de humor, música y canto.

La promesa de “Bandalizar” Arequipa quedó marcada. Demostrando una actuación en la que interpretaron diversos géneros musicales, entre ellos, salsa, rock, discos y huayños, todo sazonado con una recargada dosis de comicidad y harta picardía, que fue muy aplaudido por los entusiastas asistentes.

El prefecto regional de Arequipa, César Rodríguez, consideró que combatir la corrupción no debe centrarse únicamente en endurecer las normas, ya que, a su juicio, existen mecanismos para evadirlas. En ese sentido, señaló que la solución pasa por formar ciudadanos íntegros desde la infancia mediante la educación en valores y el ejemplo dentro de la familia.

"La corrupción es un mal que no solo afecta a nuestra ciudad, sino también a muchas ciudades de Sudamérica. Para enfrentarla se necesita voluntad, y ese cambio comenzará cuando trabajemos desde la base, inculcando valores en los niños", afirmó la autoridad.

Sostuvo que este trabajo será fundamental para el Gobierno, que deberá fortalecer la institucionalidad y la lucha contra la corrupción con el fin de recuperar la confianza ciudadana, en un contexto en el que el Perú ocupa el último lugar en percepción de corrupción entre 69 economías evaluadas por el IMD y mantiene un sistema de justicia que aún no logra consolidarse tras décadas de reformas. 

Asimismo, lamentó que recursos públicos terminen siendo destinados a actos irregulares en lugar de invertirse en obras y servicios para la población. Indicó que una adecuada administración permitiría impulsar el desarrollo del país y mejorar las condiciones para los sectores vulnerables.

Por ello, pide a las familias asumir un rol activo en la formación de las nuevas generaciones, ya que será clave para construir una sociedad más transparente y reducir progresivamente la corrupción, fortaleciendo así la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.

La inversión privada muestra un escenario favorable al cierre de julio de 2026. El Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) elevó su proyección de crecimiento de 9.5% a 12.5%, impulsada por el mayor dinamismo de las importaciones de bienes de capital, el consumo interno de cemento y la reactivación de proyectos de infraestructura y minería, como Tía María.

El presidente del BCRP, Julio Velarde, destacó que la demanda interna continúa fortaleciéndose. "Todos esos indicadores muestran una demanda bastante fuerte. El caso del consumo interno de cemento y el volumen de importación de bienes de capital está dando una inversión privada realmente fuerte", señaló. Además, precisó que "la cifra de abril y mayo de importaciones de bienes de capital y construcción están mostrando que el crecimiento de abril-mayo sería más cercano al 15% en cuanto a la inversión privada".

El dinamismo también se refleja en la ejecución de proyectos. Entre enero y julio, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) adjudicó seis proyectos y dos adendas por US$2455 millones en transporte, saneamiento, salud, energía y logística. Además, mantiene una cartera de Asociaciones Público-Privadas (APP) superior a US$40 000 millones para el periodo 2026-2028. 

A ello se suma el récord alcanzado por el mecanismo de Obras por Impuestos (OxI), que superó los S/5266 millones adjudicados entre enero y el 23 de junio de 2026, por encima de la meta prevista para todo el año.

Al respecto, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, afirmó que "este resultado no es solo una cifra récord; es una señal concreta de que el Estado y la empresa privada pueden trabajar juntos para llevar obras, servicios y soluciones a más peruanos para mejorar su calidad de vida y ampliar sus oportunidades de desarrollo". 

Arequipa lidera las adjudicaciones, mientras Cusco, Piura y Junín avanzan con proyectos en salud, educación, saneamiento, conectividad e infraestructura local. En paralelo, Loreto busca fortalecer su cartera de proyectos para aprovechar con mayor intensidad este mecanismo de inversión.

Hasta julio de este año, los gobiernos regionales recibieron más de 2 500 millones de soles por canon y regalías mineras, mientras que los municipios superaron los 9 000 millones. Todo indica que el superciclo de los precios de los minerales seguirá elevando estas transferencias durante los próximos años.

Las nuevas autoridades regionales y municipales, que asumirán en enero de 2027, administrarán más recursos. El reto será convertirlos en desarrollo sostenible. Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía y director ejecutivo de Videnza Instituto, sostiene que estos recursos deben formar parte de una estrategia regional de largo plazo que reduzca desigualdades y disminuya la dependencia de los precios de los minerales.

Para Castilla existe una contradicción evidente entre los ingresos que genera la minería y los beneficios que percibe la población. "Hay un divorcio muy grande entre los recursos transferidos por canon y regalías y el cierre efectivo de brechas sociales", afirma.

Explica que la amplia autonomía de los gobiernos subnacionales permite que muchos destinen el canon a proyectos alejados de las necesidades más urgentes. Así, mientras algunos municipios reciben cientos de millones de soles por actividad minera, todavía existen comunidades sin agua potable, alcantarillado, servicios de salud o infraestructura educativa adecuada. 

En cambio, gran parte del presupuesto termina convertido en estadios, plazas, losas deportivas y otras obras de bajo impacto. A eso se suma la atomización del gasto. En lugar de concentrar recursos en proyectos que transformen una localidad, muchas municipalidades realizan pequeñas inversiones que consumen presupuesto sin mejorar las condiciones de vida de la población.

El riesgo del clientelismo

Castilla también cuestiona el uso excesivo de la administración directa. Bajo esta modalidad, los gobiernos locales ejecutan las obras sin procesos de licitación y actúan como empresas constructoras al contratar directamente personal, maquinaria y servicios.

Diversos estudios, señala Castilla, muestran que este mecanismo favorece el empleo temporal con fines políticos, alimenta redes de clientelismo y eleva los riesgos de corrupción. Para el exministro, el país también debe dejar atrás la idea de que el desarrollo depende únicamente del cemento. Carreteras, hospitales y colegios siguen siendo indispensables, pero ya no bastan. 

Las inversiones con mejores resultados sociales son las que mejoran la vida y fortalecen las capacidades de la población: agua potable y saneamiento, salud y nutrición infantil, educación de calidad, conectividad vial y digital, electrificación y otras que impulsen la producción regional y generen empleo privado.

Castilla también propone ampliar el uso del canon a proyectos productivos que mejoren la competitividad regional y fortalezcan las cadenas agrícolas, industriales y de servicios, siempre que no generen gastos permanentes para el Estado. Advierte que sería un error utilizar estos recursos para financiar burocracia o crear nuevas plazas laborales. "Los ingresos volátiles deben financiar inversiones temporales y no gastos permanentes".

Según el economista, el nuevo ciclo de ingresos mineros exige revisar la Ley del Canon para que estos recursos ayuden al cierre de brechas y al desarrollo productivo, y fortalecer el planeamiento regional para impedir que cada nueva gestión abandone proyectos estratégicos y priorice obras de corto plazo.

Castilla sostiene que el próximo quinquenio ofrece una oportunidad difícil de repetir. Si el canon se invierte con visión de largo plazo, se traducirá en mejor educación, salud y desarrollo productivo. Si no, la bonanza minera volverá a dejar miles de millones de soles en obras que no mejoran la vida de la población.

En lo que va del año, un total de 68 vehículos que prestaban servicio de transporte interprovincial sin autorización fueron intervenidos y sancionados, como resultado de más de 2 mil operativos de fiscalización realizados en distintos puntos de la región a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) del Gobierno Regional de Arequipa.

Las intervenciones también permitieron detectar incumplimientos en unidades de transporte formal, principalmente por no portar o presentar de manera correcta la hoja de ruta y el manifiesto de pasajeros, documentos exigidos por la normativa para la prestación del servicio.

Durante los operativos ejecutados en junio y julio en zonas como Huanca, Puente Tiabaya, el peaje de Uchumayo, Corire-Aplao y Chivay, las autoridades verificaron la documentación obligatoria de cientos de vehículos. En una de las jornadas, dos unidades fueron sancionadas y se dispuso el retiro de sus placas por prestar servicio sin autorización y por incumplimientos documentarios.

Asimismo, se identificó una modalidad utilizada por transportistas informales para evadir los controles: hacer descender a los pasajeros antes de los puntos de fiscalización para recogerlos nuevamente más adelante. Esta práctica fue detectada en vehículos que se dirigían hacia Camaná, El Pedregal, Mollendo, Moquegua e Ilo.

La prestación del servicio de transporte sin autorización constituye una infracción muy grave, sancionada con una multa de hasta una UIT (S/ 5,500), además de medidas como el internamiento del vehículo y la retención de la licencia de conducir, de acuerdo con el Reglamento Nacional de Administración de Transporte.

La presidenta Keiko Fujimori anunció un nuevo esquema de coordinación entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y las municipalidades, con el propósito de alinear las políticas públicas y la inversión bajo metas nacionales comunes.

En su primer Mensaje a la Nación, la mandataria sostuvo que su gobierno establecerá "canales de diálogo con los gobiernos regionales y municipales para incorporar mecanismos eficientes de trabajo coordinado, de manera que todos los niveles de gobierno contribuyan, desde su competencia, a las grandes metas nacionales".

La propuesta fue reforzada más adelante al señalar que el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades deben dejar de funcionar "como compartimentos separados", para lo cual anunció la implementación de mecanismos de coordinación e incentivos que permitan trabajar "como un solo Estado".

La propuesta del Ejecutivo también reabre el debate sobre el alcance de la descentralización. Antes del Mensaje a la Nación, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, señaló que espera una relación más cercana con el Gobierno Nacional, basada en el diálogo permanente, la confianza y la corresponsabilidad, al considerar que los gobiernos regionales conocen la realidad de sus territorios y que los grandes desafíos del país deben construirse desde las regiones y no únicamente desde Lima.

No obstante, la autoridad regional precisó que una mayor articulación con el Ejecutivo debe ir acompañada del respeto a la autonomía regional y del fortalecimiento del proceso de descentralización.

En ese sentido, planteó reforzar el Fondo de Compensación Regional (FONCOR), descentralizar funciones técnicas de entidades como Invierte.pe, OSCE y ProInversión, simplificar los procedimientos administrativos y garantizar transferencias oportunas que permitan continuar y acelerar la ejecución de obras en las regiones.

Si bien el mensaje presidencial marca una nueva orientación hacia una mayor coordinación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades, uno de los principales retos será definir cómo ese modelo de articulación se compatibilizará con la autonomía regional y el proceso de descentralización, un aspecto que desde Moquegua es considerado fundamental para impulsar proyectos estratégicos y atender las necesidades específicas de cada territorio.

El político arequipeño y candidato, Ricardo Ramírez del Villar, sostuvo que Arequipa requiere la ejecución de grandes proyectos de infraestructura y la prevención frente a fenómenos naturales. Además, consideró que estas iniciativas deben estar en la agenda del próximo gobierno para garantizar el crecimiento económico y atraer nuevas inversiones en el sur del país.

“La nueva presidenta indicó que pondrá todos sus esfuerzos para impulsar proyectos en el sur como Majes Siguas; además vamos a gestionar (si ganamos las elecciones) obras como el teleférico, sobre vía de tren, el bosque del Chili, entre otros”, dijo.

Ramírez consideró fundamental que Arequipa cuente con estas obras de gran envergadura porque permitirán convertirla en una ciudad modelo y en un referente nacional con miras a la conmemoración de sus 500 años de fundación.

En otro momento, aseguró que todo este trabajo debe ir acompañado con un plan preventivo articulado entre el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, municipalidades y la empresa privada frente a fenómenos climáticos como El Niño, que afectarán directamente la economía. “Espero que las autoridades tengan mapeadas las zonas de riesgo porque este Niño va a ser terrible, ya que en el sur anuncian sequías y lluvias”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Paucarpata, Marco Antonio Anco, sostuvo que el próximo gobierno debe garantizar condiciones que permitan mantener el crecimiento económico y evitar que las inversiones se paralicen. Por tal motivo, consideró indispensable fortalecer la seguridad ciudadana, porque esto dará la confianza a los nuevos inversionistas.

“Lastimosamente hemos visto durante muchos gobiernos a una Policía Nacional en abandono; si visitamos las comisarías, observaremos que carecen de infraestructura, con patrulleros antiguos y muchos de ellos inoperativos; es ahí donde debe haber una mayor preocupación de este nuevo gobierno”, finalizó.