La Contraloría General de la República advirtió una presunta irregularidad en el pago del concepto de “movilidad local” a trabajadores administrativos del Hospital Regional de Moquegua bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, beneficio que podría contravenir la Ley de Presupuesto del Sector Público 2026.

Según el Informe de Orientación de Oficio N.° 012-2026-OCI0829-SOO, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud Moquegua, entre enero y abril de este año se otorgó dicho beneficio a 16 servidores administrativos, en aplicación de la Directiva N.° 001-2025-DIRESA-HRM-ADM.

La directiva establece el pago de 20 soles por día laborado, hasta un máximo de 22 días mensuales, sujeto a disponibilidad financiera. De acuerdo con la información revisada por la Contraloría, los montos entregados oscilaron entre 240 y 440 soles por trabajador. El gasto total alcanzó los 5 220 soles en enero, 5 260 en febrero, 6 420 en marzo y 5 820 en abril.

El OCI señala que la propia directiva define la movilidad local como el traslado del trabajador desde su domicilio al centro de labores y viceversa. Sin embargo, advierte que este concepto no calificaría como una “condición de trabajo”, sino como un posible incremento remunerativo de libre disposición, al representar una ventaja económica para el servidor.

En ese contexto, la Contraloría indica que el beneficio podría vulnerar el artículo 6 de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, que prohíbe crear o incrementar remuneraciones, bonificaciones o beneficios que impliquen mayores ingresos para trabajadores del Estado, independientemente del régimen laboral.

Asimismo, recuerda que cualquier modificación remunerativa en el sector público debe aprobarse mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a la normativa presupuestaria vigente.

El informe también menciona disposiciones relacionadas con la certificación presupuestaria y la legalidad del gasto público, señalando que los pagos fueron realizados mediante Órdenes de Pago Electrónicas registradas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), utilizando recursos directamente recaudados por el hospital.

La falta de educación sexual y las dificultades para hablar sobre sexualidad dentro del hogar estarían influyendo en el aumento de casos de VIH entre jóvenes de 20 a 24 años, según lo advirtió la coordinadora regional de control de ITS, Ydelza Delgado, quien además señaló que anualmente se registran más de 280 nuevos casos de la enfermedad.

“Hasta hace unos 5 años teníamos un mayor rango en personas entre 35 años en adelante como primeros caso de VIH, por eso nos llama la atención como se ha ido acortando la edad de presentación de estos casos y también resalta que cada año haya entre 5 y 7 casos nuevos de adolescentes entre 15 y 17 años positivos al VIH”, expresó.

La especialista explicó que, si bien el uso de métodos anticonceptivos ha contribuido a una reducción de la natalidad, muchas personas han dejado de utilizar preservativos. Esta situación incrementa el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH.

Además, alertó que cada vez más mujeres están siendo diagnosticadas con esta enfermedad. Mientras años atrás la proporción era de una mujer infectada por cada diez hombres, actualmente la relación se ha reducido a aproximadamente una mujer por cada 3.5 hombres, reflejando una mayor transmisión por relaciones heterosexuales.

“Es importante que los padres busquen el diálogo con sus hijos y si necesitan apoyo para hablar de sexualidad, conocer las vías de transmisión o los temas adecuados según cada edad, busquen orientación”, enfatizó la profesional.

Asimismo, remarcó que la educación sexual no incentiva el inicio de relaciones, sino que ayuda a prevenir conductas de riesgo y proteger la salud de los adolescentes.

El consejero regional César Huamantuma denunció un presunto perjuicio económico para Arequipa debido a que el Gobierno Regional no habría realizado, desde el 2015, los trámites administrativos necesarios para cobrar los derechos de servidumbre de aproximadamente 2 mil hectáreas utilizadas por el proyecto minero Tía María en la provincia de Islay.

Según explicó, de haberse efectuado el procedimiento correspondiente, la región habría recibido cerca de S/39 millones durante los primeros 20 años de operación del proyecto. Sin embargo, tras la declaratoria de interés nacional emitida este año, la competencia pasó al Gobierno Nacional y los pagos por servidumbre serán administrados por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

“Lamentablemente, ese trabajo administrativo por parte del Gobierno Regional no se realizó. Todo lo que se iba a pagar por el derecho de servidumbre ahora será pagado directamente a la SBN y no va a quedar un sol para Arequipa”, manifestó el consejero.

Huamantuma sostuvo que las primeras actas de entrega provisional de los terrenos datan de 2015, por lo que consideró que existió tiempo suficiente para formalizar las servidumbres y efectuar los cobros correspondientes. Asimismo, señaló que la Oficina de Ordenamiento Territorial era la encargada de desarrollar este procedimiento administrativo.

El consejero indicó que aún podría recuperarse parte de los recursos generados durante los años en que el Gobierno Regional mantuvo la competencia sobre estos terrenos. Precisó que, según las estimaciones realizadas, correspondería cobrar alrededor de S/15 millones por los diez años en los que la empresa minera habría hecho uso de las servidumbres.

“El Gobierno Regional debería iniciar los trámites para cobrar esos diez años que han tenido de servidumbre la empresa, para siquiera en algo recuperar esos recursos que le corresponden a la región”, afirmó.

El consejero regional Pedro Noguera cuestionó el discurso de la actual gestión del Gobierno Regional de Moquegua respecto al incremento de la inversión pública en la provincia de Ilo. Según sostuvo, el aumento que hoy se muestra en cifras no necesariamente representa más obras ni mayor cantidad de beneficiarios, sino el encarecimiento de los proyectos ejecutados.

“Disculpa que me sonría, pero la verdad se ha incrementado ( la inversión) porque las obras que ejecuta el Gobierno Regional se han encarecido. (Por ejemplo).Una obra que se aprobó en 4 millones y medio en el perfil, se reduce al iniciar en S/3 millones y a la hora que se entrega el proyecto cuesta 13 millones y medio; ahí se ha incrementado”, declaró el consejero.

Noguera remarcó que este incremento presupuestal no se traduce en proyectos de gran impacto social. “Es una obra pequeñita que beneficia a 75 niños: 25 de 3 años, 25 de 4 y 25 de 5 años. Una obra que se inició con 3 millones terminó costando 11 millones y medio”, señaló, en referencia al proyecto “Mejoramiento del servicio de educación inicial en la I.E.I. N.° 231 Bello Horizonte”, en la provincia de Ilo.

Según información del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la obra —ejecutada bajo la modalidad de administración directa— se inició a fines del 2022 y actualmente se encuentra en proceso de liquidación. El proyecto comenzó con un presupuesto aproximado de S/ 3.6 millones y terminó alcanzando un costo cercano a los S/ 11.8 millones.

Durante su ejecución, la obra fue observada en dos informes de la Contraloría General de la República, donde se advirtieron incumplimientos de especificaciones técnicas, modificación del diseño y confección de sillas fuera de norma, uso de cemento caducado, acero con signos de corrosión, deficiente almacenamiento de materiales y problemas en algunas partidas constructivas. Los informes N.° 027-2023 y N.° 095-2023 figuran en el portal institucional de la Contraloría.

Este 7 de junio, el alcalde de la Municipalidad Provincial de Caravelí, Roberto Soto Riveros, junto a regidores, funcionarios, trabajadores municipales y población, rindió homenaje a la bandera nacional al conmemorarse el Día de la Bandera y el 146.° aniversario de la Batalla de Arica.

Durante la ceremonia, las autoridades recordaron el sacrificio de los héroes peruanos que defendieron el pabellón nacional durante la Guerra del Pacífico, destacando el acto de Alfonso Ugarte en el Morro de Arica, cuando entregó su vida para evitar que la bandera cayera en manos enemigas durante la batalla librada el 7 de junio de 1880.

El alcalde, Roberto Soto, exhortó a los niños y jóvenes de la provincia a fortalecer los valores cívicos y el amor por el Perú. "Cuando veamos nuestra bandera, recordemos a los peruanos que entregaron hasta su vida por ella. Hoy nos toca honrar ese sacrificio siendo mejores ciudadanos y trabajando unidos por el futuro de nuestra provincia de Caravelí y del Perú", expresó.

La comuna provincial también destacó la histórica frase del héroe nacional Francisco Bolognesi: “Tengo deberes sagrados que cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho”, reafirmando el compromiso de promover los valores cívicos y fortalecer la identidad nacional entre los ciudadanos de la provincia.

Presidentes y coordinadores de las diferentes asociaciones de vivienda de los distritos de la provincia de Arequipa anunciaron una marcha en defensa del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) para este jueves 11 de junio. Piden que el actual equipo técnico que elabora el instrumento continúe en el cargo ante una posible remoción del Directorio del IMPLA.

El presidente de Los Portales de San José, Juan Salazar Rojas, señaló que la elaboración del PDM ya conlleva casi 10 años de trabajo y una inversión superior a los 2,5 millones de soles. Por ello, exige una pronta culminación del documento técnico, la cual se vería afectada con los cambios que se pretenden realizar desde la comuna provincial.

“El PDM se viene trabajando ya muchos años. La gestión actual ya va a terminar y no sabemos qué autoridades van a venir y lo más probable es que se deje todo a foja cero, es decir, que todo lo ya trabajado se reinicie”, expresó el dirigente.

Afirman que el cambio de directorio afectaría directamente a miles de familias que desde hace varios años luchan por obtener el saneamiento físico legal y los títulos de propiedad. Esperan que los regidores y la alcaldesa de Arequipa, Ruczy Oscco Polar, conserven al equipo técnico que ha desarrollado avances importantes y que estaría próximo a culminar el proyecto.

“Esta gestión tiene que ser responsable y debe mantener al equipo que ha venido dando grandes avances y logros en beneficio de Arequipa. No es prudente aceptar la renuncia del equipo de la arquitecta que ha venido trabajando de manera continua para presentar el PDM y lograr finalmente su aprobación”, señaló.

Asimismo, informó que más de 20 mil personas de más de 70 asociaciones de vivienda participarán en la movilización de este jueves para exigir la permanencia del actual equipo técnico, al considerar que su salida retrasaría los avances logrados en la elaboración del PDM y pondría en riesgo su pronta aprobación.

El especialista en proyectos de inversión para la agroexportación, Eddison Mendoza Herrera, afirmó que la ejecución de Majes Siguas II tendría un impacto económico decisivo para Arequipa, al generar más de 100 mil puestos de trabajo y abrir nuevas oportunidades para miles de familias vinculadas al sector agrícola.

“Majes Siguas II podría generar más de 100 mil puestos de trabajo. Generaría una economía fuertísima y permitiría impulsar aún más el desarrollo agrícola de la región”, señaló.

Mendoza sostuvo que la agroexportación representa una de las principales oportunidades de crecimiento para la región, ya que, de concretarse el proyecto, podría generar hasta 500 mil millones de soles anuales en exportaciones, además de beneficiar de manera indirecta a más de 70 mil personas y sacar a familias de la pobreza.

Asimismo, señaló que la falta de voluntad política ha sido uno de los principales obstáculos para concretar proyectos estratégicos como Majes Siguas II. Consideró que el potencial agrícola de Arequipa permitiría ampliar mercados internacionales y fortalecer productos de alto valor comercial como la pitahaya, la tara y la granada, cuyos precios en el extranjero superan hasta diez veces el valor de otros cultivos tradicionales.

“No entendemos a la agricultura como un gran negocio y como un medio para sacar a muchas familias de la pobreza. Si lo viéramos de esa forma, podríamos duplicar o hasta triplicar los ingresos de la población rural”, manifestó.

Familiares, vecinos, profesora y compañeros de Gustavito realizaron esta mañana un plantón en el módulo de justicia de Cerro Colorado para exigir justicia por el menor de 7 años, quien falleció por una presunta negligencia médica mientras era operado de una lesión en la muñeca en una clínica privada.

Como se recuerda, el niño ingresó inicialmente al hospital Goyeneche por una fractura en la muñeca, donde el médico Alex Rimachi diagnosticó que requería una intervención quirúrgica. Sin embargo, debido a que este tipo de procedimientos solo se realizaban en determinados días en dicho nosocomio, el especialista habría recomendado trasladarlo a su clínica privada. Ante los fuertes dolores que presentaba el menor, los padres aceptaron pagar S/ 2.500 por la cirugía, pero tras la operación el niño perdió la vida.

Ahora, los familiares y seres queridos del pequeño exigen justicia y solicitan la máxima condena para el traumatólogo Alex Rimachi y el anestesiólogo Jaime Delgado, ambos trabajadores del hospital Goyeneche, quienes estarían implicados en el fallecimiento del menor durante la intervención quirúrgica.

La docente de Gustavito recordó que era un estudiante inteligente y muy curioso por aprender. Lamentó su fallecimiento y señaló que sus compañeros lo vienen recordando con mensajes y obsequios colocados en el escritorio que ocupaba en el aula.

“A causado una gran pena entre todos los compañeros del aula, hasta el día de hoy  mis niños no pueden superar esta situación que es muy complicada, en el aula hemos colocado en su silla todo lo que trabajamos cada dia, por favor pedimos justicia por mi alumno gustavito, el sigue presente entre nosotros y no se irá nunca”, expresó la maestra del menor

Cabe mencionar que este sábado se desarrolla una audiencia virtual contra los implicados, donde la Fiscalía solicita nueve meses de prisión preventiva mientras continúan las investigaciones del caso.

La llegada de las bajas temperaturas en Caylloma ha puesto nuevamente en evidencia las dificultades que enfrentan las poblaciones más alejadas de la provincia, en ese sentido, la Asociación Lazos Humanitarios AQP impulsa la campaña “Dona Calor” para entregar ropa de abrigo y alimentos a familias vulnerables de los centros poblados de Cauca, Pachachaca y Anansaya.

La presidenta fundadora de la organización, Lizhet Tacuri Ramos, señaló que la iniciativa surgió tras identificar que la ayuda estatal no llega de manera suficiente a estas localidades ubicadas por encima de los 3,800 metros sobre el nivel del mar. 

“El Estado no llega a estos lugares y si llega es muy poca la ayuda que lleva. Por eso, en coordinación con las autoridades locales, hemos decidido apoyar a estas zonas que prácticamente están olvidadas”, manifestó.

La campaña está dirigida principalmente a niños y adultos mayores de 60 años, considerados los grupos más vulnerables durante la temporada de friaje. Además de prendas de abrigo, se viene recolectando alimentos no perecibles para atender las necesidades de aproximadamente 500 familias empadronadas en la zona.
 

Tacuri explicó que la asociación ha logrado reunir cerca de 400 donativos y busca alcanzar la meta de 500 antes de iniciar el traslado de la ayuda. Para ello, cuenta con el apoyo de instituciones profesionales, organizaciones religiosas y empresas privadas que colaborarán con la logística y distribución.
 

La iniciativa también reabre el debate sobre las acciones que deben emprender las autoridades frente al friaje en las zonas altoandinas. Mientras las comunidades continúan enfrentando temperaturas extremas y pérdidas en su actividad agropecuaria, pobladores y organizaciones civiles demandan una mayor presencia del Estado mediante planes de contingencia, atención en salud y apoyo permanente a los sectores más vulnerables.

El congresista de la República, Samuel Coayla Flores, advirtió que continúa latente el riesgo de que el Congreso apruebe el proyecto de ley de límites territoriales de Tacna, el cual —según señaló— afectaría los intereses de Moquegua respecto a la pertenencia del sector Quebrada Honda. Ante ello, remarcó que “la pelota está en la cancha del Gobierno Regional”, al considerar que es la entidad responsable de defender técnicamente los límites territoriales de la región ante el Poder Ejecutivo.

El parlamentario explicó que el último miércoles el proyecto fue incluido en agenda para ser debatido en el Congreso de la República. Sin embargo, indicó que lograron evitar temporalmente su discusión tras presentar documentación relacionada con la acción de amparo y el proceso judicial existente por la superposición territorial.

“Hemos entregado los documentos de la acción de amparo porque hay un tema por resolver de superposición. Ayer se logró que no se toque el tema; ha sido compromiso del segundo vicepresidente del Congreso”, declaró.

Coayla aseguró que, de no haber sostenido reuniones directas con integrantes de la Mesa Directiva y otros congresistas, la propuesta habría sido debatida y eventualmente aprobada. “Si no hubiéramos ido nosotros a hablar directamente con algunos congresistas de la Mesa Directiva, indicándoles que el tema está judicializado y mostrando la documentación, ayer se hubiera tocado y hoy ya fuera ley”, afirmó.

No obstante, advirtió que el problema continúa latente debido a que no existe certeza sobre cuándo volverá a ser agendado el proyecto. En ese contexto, insistió en que el Gobierno Regional de Moquegua debe asumir un rol más activo y reunirse con el Poder Ejecutivo, ya que fue esta instancia la que presentó la iniciativa legislativa.

“Tiene que haber una reunión con el Ejecutivo. El Gobierno Regional tiene que reunirse con el Ejecutivo porque quien presenta estos proyectos de ley es el Ejecutivo. El Gobierno Regional tiene que ver el tema de límites, tienen una oficina que se encarga de eso. Nosotros desde el Legislativo tratamos de contener, pero el tema es del Gobierno Regional”, sostuvo.

Asimismo, señaló que la Comisión de Saneamiento no modificará el proyecto de ley, por lo que consideró necesario que el Gobierno Regional sustente técnicamente la posición de Moquegua ante la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).