La Contraloría advirtió una situación adversa en la ejecución de la obra de “Mejoramiento de los servicios de consulta y lectura de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Moquegua”, ubicada en la sede Mariscal Nieto. El informe corresponde al hito de control realizado en agosto de 2026.

Según el documento, el proyecto fue declarado viable en diciembre de 2016 con un monto de inversión de S/4.3 millones. Posteriormente, el expediente técnico fue actualizado y el presupuesto llegó a S/15.8 millones antes del inicio de la ejecución, en octubre de 2022.

Durante la ejecución se aprobaron siete modificaciones presupuestales, con lo que el presupuesto modificado de la obra alcanzó los S/34 millones 530 mil 571.84. Es decir, el monto casi se duplicó respecto al presupuesto de S/17.5 millones aprobado antes del inicio de los trabajos.

El plazo también se extendió de manera significativa. El proyecto tenía inicialmente 365 días calendario, pero acumuló siete ampliaciones que elevaron el plazo total a 1,428 días. La última ampliación estableció como nueva fecha de culminación el 15 de septiembre de 2026.

La situación detectada por la Contraloría está relacionada con un cronograma de ejecución desactualizado y retrasos en la ejecución física. Durante la inspección realizada el 21 de agosto, se verificó que algunas partidas cuyos plazos ya habían vencido continuaban en ejecución, mientras que otras todavía no habían comenzado.

El órgano de control señaló que esta situación dificulta el adecuado seguimiento y control del avance físico de la obra. Además, advirtió que podría afectar la culminación dentro del plazo previsto y generar mayores costos y nuevas ampliaciones de plazo.

Entre las partidas pendientes figuran trabajos de instalaciones eléctricas, arquitectura, equipamiento y mobiliario, sistemas de seguridad y otros componentes. El informe también registra bienes ya adquiridos que permanecían pendientes de instalación o puesta en funcionamiento.

En resumen: una obra que originalmente fue planteada con un presupuesto de S/4.3 millones, hoy tiene un presupuesto modificado de S/34.5 millones, mientras su plazo de ejecución pasó de 365 a 1,428 días. Ahora, a pocas semanas de la fecha prevista para su culminación, la Contraloría alerta que existen partidas retrasadas y pendientes de ejecución.

Los emprendedores del patio de comidas del balneario de Tingo, ubicado en el Cercado de Arequipa, consideraron que una mayor inversión privada y promoción turística permitirían fortalecer sus negocios y dinamizar la economía local de la Ciudad Blanca. Martha Silva, presidenta de las cocineras, señaló que actualmente son 12 stands los que ofrecen diversos potajes a los visitantes, entre ellos el tradicional buñuelo tingueño, considerado uno de los productos más representativos de este sector.

“Requerimos más publicidad de parte de las autoridades para que nos hagamos más conocidas. Requerimos que nos incluyan en un circuito turístico para que nuestro plato bandero se haga más conocido”, sostuvo.

La representante también resaltó que estos negocios que tienen más de 14 años de antigüedad no solo generan movimiento comercial, sino que constituyen una fuente de empleo para otras familias, principalmente jóvenes. “Nosotras no solo generamos un consumo en los mercados, sino tenemos trabajadoras en nuestro cargo. Así damos trabajo a las personas que laboran en nuestros negocios”, indicó la comerciante. Cada una de las cocineras cuenta con entre tres y cuatro trabajadoras, evidenciando el impacto que tienen estos pequeños negocios en la generación de empleo de manera directa e indirecta.

Finalmente, la vocera consideró que la inversión y el fortalecimiento del sector privado son fundamentales para ampliar las oportunidades económicas y generar una mejorar calidad de vida. “Debería haber más inversión en Arequipa porque influiría en nosotros porque tendríamos más clientela, podríamos dar más trabajo a las personas que lo necesitan”, finalizó Martha Silva.

En un contexto en el que las comunidades enfrentan desafíos cada vez más diversos, la innovación social adquiere un rol relevante para encontrar nuevas formas de responder a las necesidades de las personas y generar cambios en sus entornos. En distintas regiones del Perú, estas respuestas surgen desde el uso de nuevas tecnologías, la educación, el conocimiento local y la participación comunitaria, demostrando que innovar no solo implica desarrollar nuevos productos o servicios, sino también transformar la manera en que se abordan problemas que afectan a la sociedad.

Bajo esta mirada, Protagonistas del Cambio UPC por los ODS reconoció a los 10 jóvenes ganadores de su edición 2026, cuyas iniciativas abordan distintos desafíos relacionados con la salud, la educación, la inclusión, el medio ambiente, la cultura y la generación de oportunidades. Los proyectos, provenientes de Arequipa, Cusco, Junín, Lima, Loreto y Puno, muestran distintas formas de entender la innovación social y de generar respuestas desde los propios territorios. A continuación, conoce las iniciativas que forman parte de esta edición:

• José Carlos Manchego (Arequipa) – Hem.IA: plataforma que convierte un celular en un microscopio inteligente mediante IA y un adaptador de bajo costo para detectar anemia, malaria y enfermedad de Chagas en menos de cinco minutos y sin internet.
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• Cristopher Vargas (Cusco) – Rimay Sonqoykiwan: iniciativa cultural dedicada al doblaje, adaptación y creación de contenido audiovisual en quechua para acercar el idioma a las nuevas generaciones y promover la identidad cultural. 
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• Fernando Peñaranda (Cusco) – Fundación Sinkumunchis: trabaja con jóvenes de comunidades campesinas quechuahablantes mediante deporte, acompañamiento socioemocional y fortalecimiento de la identidad cultural.
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• César Huaroto (Junín) – Wiñaq – Red de Mentoría para Comunidades Mineras: brinda acompañamiento académico, personal y vocacional a jóvenes de comunidades mineras de Yauli-La Oroya, fortaleciendo su salud mental y proyectos de vida.
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• Carla Torre (Lima) – STEM Futuras: conecta a jóvenes, principalmente mujeres, con carreras STEM mediante orientación, talleres y mentorías. Ha impactado a más de 1,250 jóvenes en seis regiones del país.
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• Jashira Meza (Lima) – Oportunidades con Impacto: facilita el acceso de jóvenes a becas, voluntariados y programas de formación. Ha alcanzado a más de 50,000 jóvenes y cuenta con CAUSE, una plataforma gratuita que brinda orientación de acuerdo con el perfil y objetivos de cada usuario.
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• Maria Stephany Calisaya (Lima) – Paisajes Educativos: Semillas para mi Parque: transforma espacios públicos de Lima, Cusco y Amazonas en entornos de aprendizaje y cuidado para la niñez, mediante proyectos ambientales y participación comunitaria.
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• Ariana Dongo (Loreto) – Ikua4Change: desarrolla una metodología de aprendizaje basada en el juego para fortalecer la lectoescritura y las matemáticas en niños de 6 a 10 años de la Amazonía.
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• Ivo Almeida (Loreto) – Cuadra inclusiva: promueve la recuperación de áreas verdes en Iquitos e incorpora materiales de educación ambiental accesibles en Lengua de Señas Peruana.
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• Milagros Espinoza (Puno) – T'IKARY: impulsa la siembra de agua y el cultivo de cushuro junto a estudiantes de colegios agropecuarios para contribuir a la seguridad alimentaria y combatir la anemia infantil

Estas iniciativas muestran que el impacto social puede surgir desde distintos ámbitos y territorios, combinando conocimiento, creatividad, tecnología y trabajo colaborativo para responder a necesidades concretas. Desde soluciones aplicadas a la salud hasta propuestas educativas, ambientales y de inclusión, los proyectos reconocidos buscan generar cambios sostenibles en sus comunidades.

“Cada edición de Protagonistas del Cambio UPC por los ODS nos permite conocer de cerca a jóvenes que están encontrando nuevas formas de responder a los desafíos de sus comunidades. Este año vemos propuestas que destacan no solo por las problemáticas que abordan, sino también por su capacidad de movilizar conocimiento, innovación y colaboración para generar soluciones con impacto”, señaló Javier García-Blásquez, coordinador de Protagonistas del Cambio UPC por los ODS.

Como parte del programa, los 10 ganadores recibirán acompañamiento y formación en liderazgo, emprendimiento e innovación social, además de oportunidades para fortalecer sus iniciativas y ampliar sus redes de colaboración. Asimismo, en el caso de los ganadores provenientes de regiones fuera de Lima, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) asumirá su traslado a la capital para que puedan participar en un bootcamp orientado al fortalecimiento y desarrollo de sus proyectos.

Sobre la UPC

La Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC) nació como una institución educativa basada en la exigencia, orientada a formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú. La institución está comprometida con brindar una formación que re-evoluciona la educación superior en el país con un modelo de enseñanza que desafía lo convencional bajo una mirada global. Actualmente, es la primera y única universidad peruana con una acreditación institucional otorgada por WASC Senior College and University Commission, entidad acreditadora reconocida por SINEACE. Además, ha sido reconocida por quinto año consecutivo como la universidad con mayor reputación en el Perú según el ranking MERCO 2025. Para conocer más sobre la UPC, ingresa a upc.edu.pe o las redes sociales institucionales: Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn.

Ayacucho escaló del puesto 17 al 15 en el Índice de Competitividad Regional (Incore) 2026, elaborado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), lo que la posiciona entre las regiones con mayor avance junto con Puno y Madre de Dios. Este resultado respondió a mejoras en los pilares Laboral, Infraestructura y Entorno Económico, pese a registrar un retroceso en el pilar Salud. En el ámbito laboral, la región subió de la posición 17 a la 12 impulsada por el incremento de la fuerza laboral con educación superior completa de 12.3% a 19.7%. "El porcentaje de trabajadores ocupados en empresas grandes aumentó de 8.7% a 12.7%, con lo que la región dejó el último lugar", destacó el IPE sobre el avance en el pilar Entorno Económico, en el que Ayacucho pasó del puesto 20 al 17.

En el pilar Infraestructura, la región escaló del décimo al séptimo lugar. El acceso a agua con nivel adecuado de cloro residual creció de 30.8% a 41.2%, mientras que la tarifa eléctrica promedio para hogares y pequeños comercios cayó un 7.7%, registrando la sexta mayor reducción del país. Sin embargo, la región cayó de la posición 13 a la 15 en el pilar Salud, afectada por el alza de la tasa de embarazo adolescente de 8.4% a 10.7% en mujeres de 15 a 19 años, nivel superior al promedio nacional de 7.4%. A esto se sumó la reducción en la disponibilidad de médicos en el sector público de 10.3 a 9.9 por cada 10 mil habitantes. "Si bien la prevalencia de anemia infantil disminuyó del 45.7% al 44.1% de niños entre 6 y 35 meses, la región continúa registrando la cuarta tasa más alta del país", detalló el informe del IPE.

Por otro lado, la región mantuvo sus posiciones en Educación (puesto 10) e Instituciones (puesto 24). En el pilar Institucional, Ayacucho figura como la tercera región con mayor atomización en sus proyectos de inversión pública y la séptima con mayor victimización por hechos delictivos, afectando al 27% de la población urbana de 15 años a más. Para sostener su avance competitivo, el IPE recomendó priorizar el fortalecimiento del sistema de salud mediante la Educación Sexual Integral (ESI), ampliar la atención preventiva frente a la anemia y mejorar la calidad de la inversión pública impulsando la participación del sector privado.

Durante el mes de agosto se ha conocido la condición de los establecimientos de salud en Arequipa a través del Diagnóstico de Brechas de Infraestructura o Acceso a Servicios del Sector Salud 2028-2030 proporcionado por el Ministerio de Salud. La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha revisado el documento y llama la atención sobre las cifras presentadas en la región de Arequipa.

Respecto a los servicios de atención de salud básicos, se obtuvieron datos de 327 establecimientos. Según el Ministerio de Salud, 288 instalaciones, lo que sería el 99.7%, muestra capacidad instalada inadecuada. Además, 39 establecimientos de salud primaria están en implementación. Este indicador nos muestra cuántos pendientes hay por construir en base a las necesidades de la región.

La atención de primer nivel comprende servicios de baja complejidad orientados a la promoción de la salud, la prevención de enfermedades y el diagnóstico y tratamiento de afecciones básicas. Al ser el punto de contacto más frecuente y cercano entre la población y el sistema de salud, es fundamental que cuente con la capacidad necesaria para atender oportunamente estas afecciones. De lo contrario, sus deficiencias pueden terminar afectando el día a día de los ciudadanos y agravando las dificultades de acceso a los servicios de salud en la región.

“Contar con servicios de atención médica primaria cercanos y oportunos es necesario, pues estos establecimientos suelen ser el primer punto de contacto de los ciudadanos ante una enfermedad o dolencia. Que una proporción tan reducida de establecimientos en Arequipa esté en condiciones de brindar una atención de calidad evidencia las dificultades que enfrenta el primer nivel de atención. Las autoridades que asuman el próximo periodo de gobierno deben priorizar medidas que permitan fortalecer estos servicios y garantizar una atención adecuada para la población”, comentó Patricio Lewis, investigador de REDES.

¿Cómo están el segundo y tercer nivel de atención?

Por su lado, en la atención de servicios de salud hospitalarios (segundo y tercer nivel) se obtuvo información de 12 establecimientos. De ellos, 10 hospitales muestran capacidad instalada inadecuada, es decir, el 90.9%. Además, 2 instalaciones hospitalarias aún se encuentran en implementación.

La atención de salud hospitalaria brinda servicios de mediana y alta complejidad, que incluyen asistencia, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y otras intervenciones médicas. Es un componente importante de la salud pública, pues permite atender enfermedades y condiciones que requieren un mayor nivel de especialización. Sin embargo, la situación actual, con hospitales que presentan deficiencias tanto en infraestructura como en atención, dificulta que los arequipeños puedan recibir servicios adecuados y oportunos cuando más los necesitan.

“Las carencias hospitalarias demuestran que no se trata únicamente de dificultades en los establecimientos de menor complejidad, sino de una cadena de problemas que afecta al sistema público de salud. Las cifras de Arequipa muestran que persisten dificultades en los distintos niveles de atención médica. La prioridad debe ser convertir la inversión pública en acciones concretas que permitan mejorar la capacidad de los establecimientos y responder a las necesidades de la población”, finalizó Lewis.

El presidente de la Coordinadora Nacional de Extrabajadores Jubilados, Cesantes del Sistema Nacional de Pensiones y AFP, Evaristo Illacutipa, informó que solicitaron al Gobierno un incremento de las pensiones ante el aumento del costo de vida. Señaló que recientemente presentaron nuevos documentos al Ejecutivo y al Ministerio de Economía y Finanzas para pedir que se apruebe una bonificación de S/900 mensuales para todos los jubilados.

En esa línea, explicó que actualmente existen pensiones de S/125, S/300, S/400, S/600 y hasta S/980 dependiendo del caso. Frente a estos montos, sostuvo que la propuesta busca establecer un pago uniforme de S/900, debido a que el poder adquisitivo de los jubilados se ha reducido. 

“Lo que estamos solicitando es 900 soles mensuales para cada jubilado, que sea uniforme para todos, porque lamentablemente el costo de vida ha subido y el valor adquisitivo de estas pensiones ha perdido”, declaró.

El dirigente indicó que más de 900 mil jubilados de la ONP y AFP se encuentran en esta situación a nivel nacional, mientras que en Arequipa serían más de 40 mil. Asimismo, anunció que sostendrán una reunión con la diputada Amalia Palomino para solicitar su intervención ante el Ejecutivo y presentar un proyecto de ley para crear un Sistema Único de Pensiones.

Por otro lado, señaló que las pensiones del sector llevan más de 30 años prácticamente congeladas, con incrementos de apenas S/20 o S/30. En ese sentido, cuestionó que los montos actuales no permitan cubrir adecuadamente las necesidades básicas de los jubilados, especialmente de quienes reciben entre S/500 y S/600 mensuales.

El representante pidió al Gobierno y al Congreso destinar un presupuesto específico para mejorar las pensiones y planteó una reforma integral del sistema previsional. También cuestionó las diferencias entre los montos que reciben distintos grupos de pensionistas.

El Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de Arequipa una vez que sea aprobado podría permitir la generación de nuevas inversiones, principalmente en el sector inmobiliario, además de facilitar la ejecución de obras y crear oportunidades de empleo con la construcción de nuevas vías, escuelas, entre otros. Así lo señaló el regidor de Arequipa, Michael Arce.

“Una vez que se apruebe esto permitirá que las municipalidades locales puedan ejecutar obras, es decir habría más empleos. Lo que se quiere es que Arequipa siga creciendo de una forma correcta, formal, adecuada”, señaló Arce, al destacar la importancia de contar con una planificación que permita tener una expansión urbana ordenada.

El regidor también sostuvo que el nuevo instrumento podría generar mejores condiciones para atraer capitales al considerar que Arequipa es la segunda región más importante del país. 

“Esto podría generar mucha más inversión privada y extranjera en la parte sur o norte; además otro impacto es que traerá mucho más turismo a largo plazo en las fechas más importantes”, señaló.

Actualmente, el PDM no tiene una fecha definida para ser presentado ante los regidores para su aprobación. Aunque el documento quedó listo el pasado 31 de julio, fue derivado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que debe evaluar este documento y emitir su opinión favorable, como parte del conducto regular. Una vez aprobados los lineamientos de planificación urbana de Arequipa Metropolitana, será validada en los próximos 20 años.

En el marco de las próximas elecciones de octubre, los peruanos elegirán a gobernadores y alcaldes que asumirán funciones en medio de la recuperación de los daños provocados por el Fenómeno El Niño. Con más de ocho millones de peruanos en riesgo alto o muy alto ante inundaciones, de los cuales el 47% se concentra en el norte del país, y una economía que ya muestra descensos en sectores clave como la pesca, que cayó un 33.2% en el primer semestre, el voto informado se presenta como la herramienta más urgente para evaluar propuestas viables.

La tentación de utilizar políticamente la emergencia ha encendido las alarmas en el sector empresarial norteño. Alfonso Medrano, expresidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, advirtió firmemente en diálogo con Exitosa que el Fenómeno El Niño "podría ser utilizado con 'cálculo electoral' de cara a las próximas elecciones regionales y municipales", al tiempo que cuestionó con severidad que "se intenten mostrar 'soluciones maquilladas' en lugar de implementar medidas efectivas de prevención y respuesta". 

Evaluar con criterio técnico es indispensable para la macrorregión norte, donde reside el 47% de los más de ocho millones de peruanos en riesgo alto o muy alto ante inundaciones, y donde apenas el 13% de la población cuenta con acceso a agua segura.

Frente a un gobierno saliente que no implementó las medidas de prevención necesarias, según nueve de cada diez economistas encuestados por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la transición política exige planes con sustento real. Según informes publicados por el diario El Comercio, enfrentar esta realidad climática requerirá a futuro “mejor planificación, mayor presupuesto y agilidad en la ejecución de obras mayores de prevención”. 

Asimismo, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, recordó el costo social de la inacción al señalar que “detrás de cada embarcación que deja de salir, de cada faena que se reduce o de cada recurso que cambia su distribución, hay familias que ven afectados sus ingresos”. El voto informado es el único mecanismo para garantizar que las nuevas autoridades ejecuten con transparencia los presupuestos y protejan a la ciudadanía.

Un grupo de pobladores de la asociación Casa Granja El Mirador del Valle de Vítor llegaron con carteles en mano hasta la sede del Poder Judicial para protestar contra un presunto desalojo irregular de sus terrenos. Los manifestantes cuestionan el proceso judicial iniciado por Eli Guillermina Salas Padilla y aseguran que ocupan el predio desde hace más de 15 años.

La representante de la asociación, Arminta Flores, señaló que las 134 familias son posesionarias y cuentan con documentación que acredita la existencia de la organización desde hace varios años. Según sostuvo, el proceso judicial habría avanzado pese a que, a su juicio, la parte demandante no habría demostrado haber ejercido la posesión del terreno. En ese sentido, advirtieron que temen un desalojo que califican de “inopinado” y que podría afectar a las familias asentadas en la zona.

“Somos 134 familias que vivimos en el mirador, tenemos un historial de posesión desde el 2011 (...). Pedimos ser parte del proceso como asociación y anular este juicio que está totalmente vacío, con pruebas falsas, hasta ha comprado testigos. Es una injusticia lo que quieren hacer con nosotros, que somos posesionarios por eso pedimos justicia”, expresó Arminta.

Los manifestantes también cuestionaron que el área reclamada sea de 5,14 hectáreas, al considerar que esta extensión también comprendería terrenos ocupados por otras asociaciones con título de propiedad. Asimismo, denunciaron presuntas irregularidades en documentos, constataciones notariales y declaraciones de testigos, acusaciones que deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Ante esta situación, las familias pidieron ser incorporadas al proceso judicial y que se revise la sentencia que dispone el desalojo. Los pobladores anunciaron que continuarán con sus acciones de protesta para defender su permanencia en los terrenos.

A 40 días de las próximas elecciones regionales y municipales, Moquegua debería empezar a discutir algo que vaya más allá de los nombres, las promesas electorales, las fotografías y la propaganda política: ¿Qué tipo de autoridad necesita la región para los próximos cuatro años? La pregunta apunta a la capacidad real de quienes aspiran a gobernar para enfrentar los problemas pendientes y conducir el desarrollo de la región, la provincia y sus distritos.

Y es que, Moquegua cuenta con una importante capacidad presupuestal gracias a los recursos provenientes del canon y las regalías mineras. Sin embargo, ese potencial no se ha traducido todavía en el nivel de desarrollo que la región podría alcanzar: persisten problemas de agua, salud, educación e infraestructura, mientras proyectos de impacto permanecen pendientes, retrasados o simplemente no han sido impulsados.

Y ahí aparece la pregunta central, respecto a las próximas autoridades regionales y municipales: ¿se necesita un activista que organice o amenace con organizar marchas para exigir a otras autoridades aquello que no consigue o no hace desde su propia administración, pese a tener recursos y competencias; o un estadista, ejecutor y gestor capaz de planificar y dirigir el crecimiento de la región, la provincia o el distrito, aprovechar el presupuesto de su jurisdicción, priorizar proyectos, conseguir financiamiento y convertir los recursos públicos en resultados?

El economista Milton von Hesse, exministro de Vivienda, planteó recientemente una preocupación similar al advertir sobre el llamado “voto de protesta”, que puede llevar a elegir autoridades que después de cuatro años no garantizan que una región prospere. También consideró necesario promover una mayor conciencia ciudadana para evaluar a quienes postulan y sus resultados de gestión.

La discusión cobra relevancia después de cuatro años en los que Moquegua ha visto autoridades con una fuerte exposición política, anuncios, confrontaciones, reclamos y convocatorias a protestas, mientras persisten cuestionamientos por obras pendientes, retrasos, dificultades para ejecutar recursos y proyectos que no terminan de convertirse en resultados.

Gobierno Regional de Moquegua

La gestión de la gobernadora Gilia Gutiérrez es uno de los ejemplos: en diciembre de 2024, durante el conflicto por la contaminación del río Coralaque, rompió en llanto, exigió la renuncia del entonces ministro Ángel Manero y anunció que viajaría a Lima para encadenarse.

La defensa de los intereses de Moquegua era legítima, pero el episodio reflejó un estilo de respuesta política basado en la dramatización pública y la protesta antes que en la exposición de una ruta técnica con plazos, responsabilidades y resultados verificables. La gestión de Gilia Gutiérrez no ha elaborado perfiles y menos expedientes para Coralaque, a pesar de contar con recursos para ello, se ha limitado a pedirlos a otras entidades.

En 2026 volvió a respaldar la presión mediante un paro regional por la controversia territorial con Tacna. La movilización buscaba frenar una norma cuestionada por Moquegua; sin embargo, el hecho vuelve a plantear una pregunta de gestión: además de convocar a la protesta, ¿Qué acciones legales, técnicas se habían asumido desde la gestión para evitar que este problema crezca de tal manera?

Sus críticos, entre ellos sectores que buscan sucederla, cuestionan que esa exposición política no haya tenido el mismo correlato en obras de impacto y señalan una gestión con demasiado espacio para anuncios, actividades, excusas, viajes y celebraciones frente a proyectos que continúan pendientes.

Municipalidad de Torata

El caso de Torata plantea una discusión similar con el alcalde Elvis Córdova Nina, quien también tuvo un papel activo en las protestas contra la Ley 11658, mientras en su distrito enfrenta cuestionamientos por el ritmo de ejecución de proyectos.

A ello se suman reclamos de agricultores y pobladores por obras y compromisos pendientes, anuncios de grandes inversiones que no terminan de concretarse y proyectos heredados de anteriores gestiones que continúan sin culminar, varios con ampliaciones de plazo y mayores costos.

A pocos días de culminar el mes de agosto, según un reporte basado en cifras del MEF, la municipalidad tiene un PIM de S/177,4 millones para la ejecución de obras y apenas un avance del 41% y con más de 20 proyectos con nulo avance de ejecución de presupuesto.

Conclusión

La discusión electoral debería ser, entonces, si la capacidad para movilizar y reclamar está acompañada por la misma capacidad para planificar y ejecutar técnicamente no políticamente. Porque una autoridad puede protestar cuando corresponde, defender el territorio y reclamar recursos ante Lima. Pero gobernar exige además planificar, gestionar, ejecutar y rendir cuentas.

A 40 días de las elecciones, Moquegua podría empezar a evaluar a sus candidatos con preguntas más concretas: ¿Qué harán con el presupuesto que recibirán?, ¿Qué obras terminarán?, ¿Cuánto costarán?, ¿Cómo las financiarán y en cuánto tiempo las ejecutarán? El debate no debería ser quién protesta más, sino quién tiene la capacidad de convertir los recursos de Moquegua en desarrollo y los anuncios en resultados.