En lo que va del año, un total de 68 vehículos que prestaban servicio de transporte interprovincial sin autorización fueron intervenidos y sancionados, como resultado de más de 2 mil operativos de fiscalización realizados en distintos puntos de la región a través de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) del Gobierno Regional de Arequipa.

Las intervenciones también permitieron detectar incumplimientos en unidades de transporte formal, principalmente por no portar o presentar de manera correcta la hoja de ruta y el manifiesto de pasajeros, documentos exigidos por la normativa para la prestación del servicio.

Durante los operativos ejecutados en junio y julio en zonas como Huanca, Puente Tiabaya, el peaje de Uchumayo, Corire-Aplao y Chivay, las autoridades verificaron la documentación obligatoria de cientos de vehículos. En una de las jornadas, dos unidades fueron sancionadas y se dispuso el retiro de sus placas por prestar servicio sin autorización y por incumplimientos documentarios.

Asimismo, se identificó una modalidad utilizada por transportistas informales para evadir los controles: hacer descender a los pasajeros antes de los puntos de fiscalización para recogerlos nuevamente más adelante. Esta práctica fue detectada en vehículos que se dirigían hacia Camaná, El Pedregal, Mollendo, Moquegua e Ilo.

La prestación del servicio de transporte sin autorización constituye una infracción muy grave, sancionada con una multa de hasta una UIT (S/ 5,500), además de medidas como el internamiento del vehículo y la retención de la licencia de conducir, de acuerdo con el Reglamento Nacional de Administración de Transporte.

La presidenta Keiko Fujimori anunció un nuevo esquema de coordinación entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y las municipalidades, con el propósito de alinear las políticas públicas y la inversión bajo metas nacionales comunes.

En su primer Mensaje a la Nación, la mandataria sostuvo que su gobierno establecerá "canales de diálogo con los gobiernos regionales y municipales para incorporar mecanismos eficientes de trabajo coordinado, de manera que todos los niveles de gobierno contribuyan, desde su competencia, a las grandes metas nacionales".

La propuesta fue reforzada más adelante al señalar que el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades deben dejar de funcionar "como compartimentos separados", para lo cual anunció la implementación de mecanismos de coordinación e incentivos que permitan trabajar "como un solo Estado".

La propuesta del Ejecutivo también reabre el debate sobre el alcance de la descentralización. Antes del Mensaje a la Nación, la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, señaló que espera una relación más cercana con el Gobierno Nacional, basada en el diálogo permanente, la confianza y la corresponsabilidad, al considerar que los gobiernos regionales conocen la realidad de sus territorios y que los grandes desafíos del país deben construirse desde las regiones y no únicamente desde Lima.

No obstante, la autoridad regional precisó que una mayor articulación con el Ejecutivo debe ir acompañada del respeto a la autonomía regional y del fortalecimiento del proceso de descentralización.

En ese sentido, planteó reforzar el Fondo de Compensación Regional (FONCOR), descentralizar funciones técnicas de entidades como Invierte.pe, OSCE y ProInversión, simplificar los procedimientos administrativos y garantizar transferencias oportunas que permitan continuar y acelerar la ejecución de obras en las regiones.

Si bien el mensaje presidencial marca una nueva orientación hacia una mayor coordinación entre el Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y las municipalidades, uno de los principales retos será definir cómo ese modelo de articulación se compatibilizará con la autonomía regional y el proceso de descentralización, un aspecto que desde Moquegua es considerado fundamental para impulsar proyectos estratégicos y atender las necesidades específicas de cada territorio.

El político arequipeño y candidato, Ricardo Ramírez del Villar, sostuvo que Arequipa requiere la ejecución de grandes proyectos de infraestructura y la prevención frente a fenómenos naturales. Además, consideró que estas iniciativas deben estar en la agenda del próximo gobierno para garantizar el crecimiento económico y atraer nuevas inversiones en el sur del país.

“La nueva presidenta indicó que pondrá todos sus esfuerzos para impulsar proyectos en el sur como Majes Siguas; además vamos a gestionar (si ganamos las elecciones) obras como el teleférico, sobre vía de tren, el bosque del Chili, entre otros”, dijo.

Ramírez consideró fundamental que Arequipa cuente con estas obras de gran envergadura porque permitirán convertirla en una ciudad modelo y en un referente nacional con miras a la conmemoración de sus 500 años de fundación.

En otro momento, aseguró que todo este trabajo debe ir acompañado con un plan preventivo articulado entre el Gobierno Nacional, Gobierno Regional, municipalidades y la empresa privada frente a fenómenos climáticos como El Niño, que afectarán directamente la economía. “Espero que las autoridades tengan mapeadas las zonas de riesgo porque este Niño va a ser terrible, ya que en el sur anuncian sequías y lluvias”, dijo.

Por su parte, el alcalde de Paucarpata, Marco Antonio Anco, sostuvo que el próximo gobierno debe garantizar condiciones que permitan mantener el crecimiento económico y evitar que las inversiones se paralicen. Por tal motivo, consideró indispensable fortalecer la seguridad ciudadana, porque esto dará la confianza a los nuevos inversionistas.

“Lastimosamente hemos visto durante muchos gobiernos a una Policía Nacional en abandono; si visitamos las comisarías, observaremos que carecen de infraestructura, con patrulleros antiguos y muchos de ellos inoperativos; es ahí donde debe haber una mayor preocupación de este nuevo gobierno”, finalizó.

Más de 35 mil personas en Moquegua aprendieron quechua o aimara durante su niñez, reflejando la vigencia de las lenguas originarias en la región. Así lo dio a conocer el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), con base en información de los Censos Nacionales 2017, difundida en el marco de las celebraciones por Fiestas Patrias.

De acuerdo con la entidad, 14 388 personas aprendieron quechua como primera lengua durante su infancia, mientras que 21 438 hicieron lo propio con el aimara, sumando un total de 35 826 moqueguanos que crecieron hablando alguno de estos idiomas ancestrales.

La información forma parte de una publicación del Reniec sobre la riqueza de los nombres de origen quechua y aimara que aún se conservan en el país. Entre los nombres de raíz quechua figuran Illari (resplandor), Amaru (serpiente mítica andina), Chaska (lucero de la mañana), Inti (Sol) y Killa (Luna). 

En tanto, entre los nombres vinculados al aimara destacan Naira, Kori, Saywa, Willka y Jaylli, todos relacionados con elementos de la naturaleza, la espiritualidad y la cultura andina.

A nivel nacional, los Censos Nacionales 2017 registran que 3 millones 805 mil 531 personas aprendieron quechua durante su niñez y 450 mil 10 aprendieron aimara. En el sur del país, Puno concentra la mayor cantidad de hablantes de ambas lenguas, seguido por regiones como Cusco, Apurímac, Ayacucho, Huancavelica, Tacna y Moquegua.

Reniec destacó que estas cifras reflejan la permanencia de las lenguas originarias como parte del patrimonio cultural del Perú y de la identidad de miles de familias que continúan transmitiéndolas de generación en generación.

La delimitación territorial continúa siendo uno de los principales desafíos de la región debido a las controversias con Puno, Tacna y Arequipa. En sus planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las organizaciones políticas proponen distintas estrategias para enfrentar esta problemática.

La falta de una delimitación definitiva de los límites territoriales de Moquegua sigue siendo uno de los principales desafíos para la región. Las controversias con Puno, Tacna y Arequipa han originado disputas por áreas estratégicas y recursos naturales, además de procesos judiciales y constitucionales que mantienen vigente el debate sobre la defensa del territorio moqueguano.

Frente a este escenario, algunas organizaciones políticas que postulan al Gobierno Regional de Moquegua han incorporado propuestas específicas en los planes de gobierno que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como parte de su inscripción electoral, aunque con enfoques distintos.

Una de ellas es Frente de la Esperanza, que plantea la creación de una Oficina Regional de Defensa Territorial, la cual tendría la misión de liderar la defensa de los intereses de la región ante las instancias competentes y actualizar los expedientes técnicos relacionados con la demarcación territorial. Su propuesta parte del diagnóstico de que la falta de definición de los límites ha generado controversias históricas y actuales con las regiones vecinas de Puno, Tacna y Arequipa, derivando incluso en procesos constitucionales y disputas sobre áreas estratégicas y recursos naturales.

Por su parte, Perú Primero orienta su propuesta hacia el ordenamiento del territorio. En el plan de gobierno presentado al JNE identifica como problema el inadecuado ordenamiento territorial en función de las potencialidades económicas, productivas y del entorno ambiental, por lo que propone actualizar la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) y el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT), instrumentos técnicos que permitirían organizar el territorio de acuerdo con sus potencialidades y orientar el desarrollo regional.

Si bien ambas propuestas buscan fortalecer la gestión territorial, difieren en el camino para lograrlo. Mientras Frente de la Esperanza prioriza una estrategia de defensa institucional y técnica de los límites regionales, Perú Primero apuesta por consolidar herramientas de planificación y ordenamiento territorial como base para afrontar los conflictos y promover un desarrollo sostenible.

Las operaciones ejecutadas por las Fuerzas Armadas contra la minería ilegal permitieron incautar bienes valorizados entre S/ 450 y S/ 500 millones, informó el ministro de Defensa, Amadeo Flores Carcagno. Los resultados corresponden a las intervenciones realizadas para combatir el crimen organizado, principalmente en la provincia de Pataz, región La Libertad.

El titular del sector señaló que uno de los principales desafíos es fortalecer el marco legal que respalda las intervenciones militares frente a las organizaciones criminales, con el fin de brindar mayores garantías al personal que participa en estos operativos.

“Hay un marco, pero no es suficiente. En mis casi cuatro meses de gestión no puedo cambiar todas las leyes, pero sí hicimos ajustes normativos para que cuando ellos intervengan no se pongan en riesgo, porque el crimen organizado no respeta nada y nosotros actuamos dentro del Estado de Derecho", explicó el ministro.

El titular de la cartera, indicó que su gestión impulsó modificaciones normativas para que la próxima administración continúe evaluando medidas que refuercen la protección legal de los efectivos de las Fuerzas Armadas durante las operaciones contra el crimen organizado.

Además, destacó otras acciones desarrolladas por el sector, como el incremento del 50 % de la asignación para el Servicio Militar Acuartelado, la entrega de un bono de S/ 300 al personal militar, el cuarto tramo del aumento de remuneraciones y pensiones, así como el fortalecimiento de la capacidad de respuesta ante desastres naturales mediante una mayor articulación con los distintos niveles de gobierno.

Fuente: Andina 

Al cumplir tres años de creación y dos y medio de operaciones, la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) continúa consolidándose como el principal aliado técnico de los gobiernos regionales para la ejecución de infraestructura estratégica. Actualmente, nueve gobiernos regionales le han delegado la gestión de 21 proyectos de inversión valorizados en más de S/ 10,201 millones. De ellos, 13 ya cuentan con transferencias por S/ 576.9 millones para su ejecución.

Esta cartera refleja la confianza de los gobiernos subnacionales en la capacidad técnica de la entidad y en su modelo de gestión basado en estándares internacionales, para desarrollar proyectos de gran complejidad en sectores como Salud, Transportes e Infraestructura Hidráulica.

Entre los proyectos delegados destaca el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur), en Arequipa, con una inversión aproximada de S/ 1,188 millones, que beneficiará a más de 9 millones de habitantes de la macrorregión sur. La cartera también comprende el Hospital Regional Oncológico La Esperanza, en Huánuco, que permitirá fortalecer la atención especializada contra el cáncer en la región; el Hospital La Caleta, en Áncash, con una inversión cercana a S/ 2 mil millones, y el Hospital General de Oxapampa, en Pasco, cuya inversión supera los S/ 219 millones.

En el sector Transportes, la ANIN tiene a su cargo siete carreteras delegadas por gobiernos regionales. Entre ellas destacan Yungay–Yanama (Áncash) y Chulucanas–Frías (Piura), actualmente en construcción con una inversión conjunta superior a S/ 1,560 millones. Además, gestiona cuatro corredores viales en La Libertad, en proceso de procura, y una vía adicional en Apurímac, consolidando una cartera estratégica para mejorar la conectividad y el desarrollo regional.

En infraestructura hidráulica resalta el canal Miguel Checa, en Piura, una obra de 66 kilómetros que optimizará el abastecimiento de agua para más de 10 mil hectáreas agrícolas, beneficiando a más de 86 mil agricultores de las provincias de Sullana y Paita, gracias a una inversión superior a S/ 290 millones.

Proyectos heredados: ANIN también ejecuta la reconstrucción del país

A la cartera de proyectos delegados por los gobiernos regionales, se suma una responsabilidad de alcance nacional: la ejecución de las intervenciones del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC), transferidas desde la extinta Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) mediante el Decreto de Urgencia N.° 037-2023 y la Ley N.° 31912.

La ANIN recibió 194 intervenciones distribuidas en nueve regiones del país, correspondientes principalmente a proyectos de reconstrucción afectados por el fenómeno de El Niño Costero, así como otras intervenciones estratégicas en educación, salud, soluciones integrales y drenaje. Como resultado de esta gestión, la entidad ha culminado 50 obras que benefician a 1.2 millones de peruanos, entre ellas 35 instituciones educativas, seis establecimientos de salud y nueve proyectos de protección frente a fenómenos climáticos, con una inversión superior a S/ 7,300 millones.

Gestión con estándares internacionales

La ANIN desarrolla sus proyectos mediante herramientas internacionales como la metodología Building Information Modeling (BIM) y los contratos NEC (New Engineering Contract), que optimizan la planificación, gestión y ejecución de las inversiones públicas. Actualmente, más de 200 proyectos se gestionan bajo estos estándares. Estas capacidades han sido fortalecidas gracias a la cooperación técnica con el Reino Unido, lo que ha permitido capacitar a equipos técnicos de ocho gobiernos regionales, contribuyendo a mejorar la ejecución de proyectos de infraestructura pública.

Hernán Yaipén, jefe de la Autoridad Nacional de Infraestructura, destacó que la ANIN se ha consolidado entre las principales entidades ejecutoras del Gobierno Nacional, liderando la ejecución presupuestal del Ejecutivo en 2024 y 2025. En lo que va de 2026, ocupa el segundo lugar del ranking nacional, destinando el 97 % de los recursos que ejecuta directamente a inversión pública.

"Con equipos técnicos altamente capacitados y procesos sólidos, hemos culminado proyectos que han transformado la vida de miles de peruanos y seguimos ejecutando inversiones con la misma convicción, porque en la ANIN creemos que el cierre de brechas debe gestionarse con infraestructura de altos estándares de calidad", señaló el jefe de la ANIN.

La cartera de la ANIN continuará ampliándose durante los próximos meses con la incorporación de nuevos proyectos del Gobierno Nacional como el mejoramiento de servicios turísticos en Choquequirao, la Red de Caminos Inka del Santuario Histórico de Machu Picchu y la Ciudad Sagrada de Caral, infraestructura para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2027, proyectos de cierre de minas y remediación ambiental. En el ámbito subnacional, la entidad prevé suscribir próximamente un convenio con el Gobierno Regional de Junín para la ejecución de su nueva sede institucional.

Con una cartera en permanente crecimiento y un modelo de gestión basado en estándares internacionales, la ANIN reafirma su compromiso de ejecutar infraestructura pública de calidad que cierre brechas, fortalezca los servicios del Estado y mejore la calidad de vida de millones de peruanos.

El próximo gobierno tendrá poco margen para postergar decisiones sobre la minería ilegal. Para el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), los primeros cien días del nuevo gobierno, el de Keiko Fujimori, serán decisivos para detener una actividad que, según esa institución, es la principal economía ilícita, porque mueve alrededor de 11 500 millones de dólares al año.

El especialista del OMI, César Ipenza, dijo anteriormente que el nuevo gobierno deberá asumir que la minería ilegal ya no es solo un problema ambiental, sino que financia otras actividades criminales y genera violencia.

La principal recomendación es poner fin al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Según el OMI, este mecanismo, creado para facilitar la formalización de pequeños productores, se convirtió en instrumento de miles de mineros para continuar extrayendo oro sin cumplir exigencias ambientales ni legales. Por eso el nuevo gobierno debe establecer un régimen transitorio que conduzca al cierre definitivo del registro.

Otra prioridad consiste en eliminar el blindaje legal que hoy beneficia a quienes operan bajo el Reinfo. El año pasado, el Tribunal Constitucional recomendó retirar la exención de responsabilidad penal para los mineros inscritos en ese registro, pero esa recomendación no fue implementada. El Observatorio sostiene que el próximo gobierno debe establecer responsabilidades penales y civiles para quienes continúen explotando minerales en zonas prohibidas o incumplan las normas ambientales.

Las propuestas también apuntan a fortalecer las instituciones encargadas de combatir la minería ilegal. El OMI advierte que la Fiscalía carece de presupuesto para ejecutar operativos de interdicción en territorios dominados por organizaciones criminales. Sin recursos, sostiene, cualquier estrategia contra estas redes resulta insuficiente.

Asimismo, plantea reforzar los mecanismos anticorrupción dentro del Ministerio de Energía y Minas (Minem), especialmente en la Dirección General de Formalización Minera, que arrastra denuncias por presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes. Hace poco el Minem aprobó su nueva Política Antisoborno mediante la Resolución Ministerial N. ° 232-2026, la que debería ser reforzada por el nuevo gobierno.

El OMI también propone aprobar una ley que elimine poco a poco el uso del mercurio hasta prohibirlo por completo en 2030. Y recomienda poner en funcionamiento el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal para mejorar la trazabilidad del oro y dificultar la comercialización de minerales de origen ilegal.

Otra medida plantea prohibir mediante decreto supremo la actividad minera en los ríos amazónicos, donde la extracción aurífera provocado una grave contaminación ambiental. 

Sin duda, el gran reto del próximo gobierno será contener el avance de la minería ilegal antes de que siga consolidándose como una de las principales amenazas para la seguridad, la gobernabilidad y el ambiente en el país. Las medidas están identificadas y la urgencia es evidente.

El regidor de Socabaya, Shan Dalton Huanco, señaló que el próximo gobierno deberá enfocarse en generar grandes proyectos públicos en conjunto con el sector privado, pero además deberá resolver la paralización de cientos de obras públicas. 

Según datos de la Contraloría General, hasta enero se identificaron 2 741 obras paralizadas que representan una inversión superior a los S/ 67 139 millones, recursos que permanecen sin convertirse en nueva infraestructura.

"Como político y vecino solo pido que trabaje como se debe y que exista una transparencia en su gobierno. Se requiere que se impulsen megas obras como hospitales, puentes, carreteras que necesita la ciudadanía", sostuvo.

En ese sentido, sostuvo que la ejecución de proyectos de gran envergadura no solo mejorará la infraestructura pública, sino que también genera miles de puestos de trabajo, es decir, impulsar un desarrollo económico. 

"Por ejemplo, si se ejecuta un puente importante de conexión, mucha gente va a ingresar a trabajar. Se requiere inversión para mejorar el país y no estar como Bolivia, Venezuela", dijo.

En otro momento, el regidor remarcó que la inversión privada cumple un papel fundamental en el país para complementar los esfuerzos del Estado, impulsar el crecimiento y generar oportunidades laborales para la población desempleada. "A estas alturas no interesa de qué partido ganó las elecciones, sino que importa que trabaje para todos los peruanos", finalizó.

La presidenta del Consejo Regional del Deporte del IPD Arequipa, Glissolym Soledad Montaño Condori, pidió a las próximas autoridades invertir en infraestructura deportiva mediante la modalidad de Obras por Impuestos, con el objetivo de fortalecer la práctica deportiva en la región y generar mayor movimiento social, económico y turístico.

La funcionaria señaló que el IPD cuenta con una cartera de proyectos para construir polideportivos y mejorar escenarios deportivos, por lo que instó a las municipalidades e instituciones públicas a sumarse a este mecanismo de inversión.

"Invitamos a las municipalidades y demás instituciones a impulsar proyectos mediante Obras por Impuestos para mejorar los escenarios deportivos y ampliar las oportunidades para nuestros deportistas", afirmó.

Asimismo, la funcionaria sostuvo que una mejor infraestructura permitirá que Arequipa pueda albergar competencias nacionales e internacionales, dinamizando sectores como el turismo, el comercio y los servicios. Ante ello, pidió a las nuevas autoridades incluir en sus planes de acción el desarrollo del deporte.

"Uno de los siguientes pasos importantes es que también a nivel de las regiones se empiece a mejorar los escenarios deportivos para poder en algún momento participar y ser sede de eventos deportivos de envergadura, como pueden ser sudamericanos, panamericanos, mundiales, todo con la finalidad de que podamos generar un movimiento social", expresó.