La Contraloría General de la República advirtió que la construcción de la nueva sala de hemodiálisis y la adquisición de equipamiento médico en el Hospital Regional de Moquegua se realiza sin la respectiva licencia de edificación, lo que podría ocasionar multas y la paralización de la obra cuya inversión pública asciende a 19 millones 177 mil 968 soles.

El Informe de Hito de Control 009-2026-OCI/5347-SCC señala que, en diciembre de 2024, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto declaró improcedente la solicitud de licencia presentada por la entidad regional debido a errores técnicos sustanciales en el expediente técnico.

Estos comprenden consignar un número de predio incorrecto y presentar áreas techadas que no cuadraban con los registros oficiales. A pesar de esta denegatoria, los trabajos continuaron y tienen ahora un avance del 50%.

Posibles consecuencias

La institución alertó que esta omisión expone al Estado al pago de costosas multas y al peligro inminente de una paralización total. Ello postergaría la puesta en funcionamiento de los servicios médicos, afectando directamente la salud y calidad de vida de los pacientes renales de la región que aguardan por su tratamiento.

El periodo de evaluación que comprende este informe va del 20 de mayo al 26 de mayo de 2026. En este también se identificó que la obra se ejecuta sin un plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado y sin extintores, poniendo en riesgo la integridad del personal y de terceros.

De igual forma, se detectaron inconsistencias en la gestión de almacén, falta de registros en el cuaderno de obra y la omisión de registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado las órdenes de compra y servicios menores a 8 UIT del periodo 2026, lo que, a juicio de la Contraloría, limita la transparencia pública.

A nivel nacional, la seguridad y salud en el trabajo mantiene retos importantes. Durante el 2025, el Perú registró 44,602 accidentes de trabajo, incidentes peligrosos y enfermedades ocupacionales, frente a los 38,900 reportados en 2024, lo que representa un incremento de 14.7 %, según el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

En este contexto, Arequipa presenta una realidad que requiere especial atención. Hasta marzo de 2026, la región registró 1,379 accidentes laborales formales y 8 trabajadores fallecidos, de acuerdo con la Gerencia Regional de Trabajo y el CORSSAT. Cerca del 50 % de estos casos se concentra en minería y construcción, actividades clave para la economía regional y con alta exposición a riesgos operativos.

“Hoy el principal desafío no es solo contar con protocolos, sino lograr que la prevención forme parte de la cultura diaria en las operaciones. En sectores como minería y construcción, donde los riesgos son permanentes, es clave fortalecer la capacitación continua, identificar puntos críticos y anticiparse a los incidentes antes de que ocurran”, señaló Víctor Lavalle, Gerente Adjunto de Riesgos Laborales y Prevención de La Positiva Seguros.

Según el especialista, uno de los principales retos es asegurar que la gestión del riesgo evolucione al mismo ritmo que las operaciones. Es importante que las matrices de riesgo reflejen oportunamente los cambios en campo, contribuyendo con la identificación de puntos críticos y la aplicación de controles según el nivel de exposición.

La gestión de contratistas y subcontratistas también representa un aspecto clave, especialmente en operaciones donde participan múltiples equipos y tareas de alto riesgo. Mantener estándares de seguridad alineados entre todos los actores permite fortalecer la prevención y reducir la exposición a incidentes.

Otro punto clave es el aprendizaje preventivo. Los incidentes menores pueden convertirse en una fuente valiosa de información para fortalecer medidas de seguridad y evitar eventos de mayor gravedad, contribuyendo a una mejora continua en las operaciones.

En paralelo, las empresas vienen incorporando herramientas tecnológicas para fortalecer la prevención, como inteligencia artificial para identificar riesgos en zonas restringidas, sensores en áreas críticas y sistemas de monitoreo en tiempo real. No obstante, Lavalle destaca que la tecnología debe complementar la toma de decisiones y el liderazgo en seguridad dentro de las operaciones.

“Hoy las aseguradoras cumplimos un rol cada vez más activo en la prevención. No solo acompañamos la cobertura de riesgos mediante el SCTR, sino también fortaleciendo capacidades, promoviendo vigilancia ocupacional y ayudando a construir entornos laborales más saludables”, agregó Lavalle.

Como parte de esta estrategia, La Positiva Seguros incorporó este año soluciones basadas en inteligencia artificial a su Programa de Prevención de Riesgos Laborales y realizó talleres dirigidos a clientes SCTR en Arequipa sobre trabajo seguro en altura, operación segura de montacargas y manejo seguro. 

Estas acciones refuerzan su compromiso con una cultura preventiva sostenible, respaldada por su incorporación como miembro titular de la International Social Security Association (ISSA) y su adhesión a la filosofía Visión Zero.

La calificadora Fitch Ratings advirtió que el panorama político continuará siendo complejo hasta la segunda vuelta electoral en el Perú, lo que podría causar efectos de incertidumbre sobre la política macroeconómica, la inversión y la estabilidad institucional del país.

Frente a este escenario, el regidor de Arequipa, Rolando Bedregal, sostuvo que el próximo gobierno que asuma en julio del 2026 debe enfocarse en el crecimiento económico para atraer nuevas inversiones, las cuales representan una de las principales fuentes de desarrollo para el Estado.

“El futuro del Perú es con inversión, pero con una inversión justa y que sea en beneficio de la sociedad. Aún estamos a la espera de estos grandes proyectos en Arequipa como Majes que hasta el momento no se ejecuta. Gracias a esta inversión se podría generar una gran cantidad de trabajo”, señaló.

Asimismo, evidenció que el Perú y sobre todo Arequipa cuenta con importantes proyectos que continúan paralizados de ejecución, en tema de agricultura, minería, entre otros; cuya puesta en marcha permitiría generar miles de puestos de trabajo.

“Si atraemos más inversiones se generará trabajo directo e indirecto para potenciar la economía; requerimos del Puerto Corío, nuevas obras en transporte, vías, que deben ser considerados por las nuevas autoridades”, dijo.

Solo en el proyecto del Puerto Corío, se estima que una vez iniciada su construcción se proyecta la creación de más de 50,000 empleos directos y hasta 150,000 indirectos.

Asimismo, indicó que es necesario priorizar obras de infraestructura que contribuyan a la competitividad y al desarrollo regional como nuevas obras de transporte y vías de comunicación que deberán ser tomadas en cuenta por las próximas autoridades para impulsar el crecimiento económico de la región.

La PCM anunció S/ 25 millones para iniciar obras de mitigación y otros compromisos, pero los acuerdos se suscriben cuando al Gobierno nacional le restan apenas 42 días de gestión y las autoridades regionales y municipales ingresan a la recta final de sus mandatos.

Las principales autoridades del Poder Ejecutivo, encabezadas por el presidente del Consejo de Ministros y ministros de Estado, se reunieron este lunes con la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, alcaldes provinciales y distritales, además de representantes de la sociedad civil, para evaluar la problemática de la contaminación de la cuenca del río Coralaque y presentar nuevos compromisos orientados a su atención.

Ya no hay confianza

Sin embargo, más allá de los anuncios oficiales, uno de los momentos más significativos de la reunión fue la intervención de la gobernadora regional, quien reconoció públicamente el profundo nivel de desconfianza que existe entre la población hacia este tipo de mesas de diálogo.

"La población ya no confía en ustedes (los ministros), tampoco confía en nosotros (las autoridades). Piensan que hemos venido a estas mesas solo para la foto", expresó Gilia Gutiérrez durante su intervención, reflejando el escepticismo que existe en las comunidades afectadas después de años de reuniones y compromisos que no siempre llegaron a concretarse.

Más compromisos

Pese a ese escenario, la reunión concluyó con una nueva relación de compromisos. El Ministerio de Energía y Minas informó que ya fueron aprobados dos expedientes relacionados con las obras de conducción de aguas de no contacto y anunció que cuenta con S/ 25 millones asegurados para iniciar la ejecución del proyecto de mitigación. Asimismo, se comprometió a impulsar, junto con la Presidencia del Consejo de Ministros, una norma excepcional para agilizar los procedimientos y acelerar la ejecución de las obras.

Entre los acuerdos también figura la continuidad de las acciones de fiscalización ambiental por parte del OEFA en la unidad minera Florencia Tucari, una reunión programada para el 23 de junio con el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para abordar los proyectos Yanapuquio y Paltuture, el financiamiento para proyectos agrarios en la cuenca del Coralaque y una inversión de S/ 4 millones mediante el programa Llamkasun Perú para diversos distritos de la región. Además, el Ministerio de Transportes informó que priorizó el espigón rompeolas de Ilo mediante Obras por Impuestos y anunció la entrega, en julio, del expediente técnico de la carretera Moquegua–Omate–Arequipa.

Pero, ya están de salida

No obstante, estos nuevos compromisos se producen en un contexto político particular. Al gobierno del presidente José María Balcázar le restan apenas 42 días para concluir su mandato, por lo que será la próxima administración la que deberá decidir si mantiene o acelera los proyectos anunciados durante esta reunión.

A ello se suma que la gobernadora regional y los alcaldes que participaron en la mesa de diálogo también se encuentran en el último tramo de sus gestiones, con menos de siete meses para culminar sus mandatos. Este escenario deja abierta la interrogante sobre la continuidad de los acuerdos alcanzados y alimenta la desconfianza expresada por la propia gobernadora: que, una vez más, las promesas queden registradas en un acta, pero no lleguen a traducirse en resultados concretos para las poblaciones afectadas por la contaminación del río Coralaque.

Más de 30 empresas de la provincia de Islay participaron en el Encuentro Empresarial organizado por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo del Gobierno Regional de Arequipa, actividad que tuvo como objetivo fortalecer los conocimientos del sector empresarial sobre las oportunidades de inversión, contratación laboral y cumplimiento de las obligaciones tributarias ante el próximo desarrollo de importantes proyectos en la zona.

Durante la jornada, especialistas de la SUNAT y SUNAFIL brindaron información sobre las modalidades de contratación laboral, los regímenes tributarios vigentes y las responsabilidades que deben asumir las empresas para garantizar un crecimiento ordenado y dentro del marco legal.

Por su parte, la gerenta regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Abg. Catherine Rodríguez Torreblanca, expuso sobre los principales proyectos que se ejecutarán en la provincia de Islay y que demandarán una importante cantidad de mano de obra, resaltando la necesidad de que las empresas prioricen la generación de empleo formal para beneficio de los trabajadores y el desarrollo sostenible de la provincia.

La funcionaria destacó que estas acciones forman parte de la política de descentralización impulsada por el Gobierno Regional de Arequipa, que busca acercar los servicios del Estado a las provincias y fortalecer las capacidades de los empresarios locales para que puedan aprovechar las oportunidades económicas que se generarán en los próximos años.

El Encuentro Empresarial permitió además absolver consultas de los participantes y promover una mayor articulación entre el sector público y privado, contribuyendo al crecimiento económico y a la creación de más puestos de trabajo formales en la provincia de Islay.

Mientras en Moquegua continúan los cuestionamientos sobre prioridades presupuestales y limitada ejecución en algunos sectores, la vecina región de Arequipa viene intensificando su estrategia para captar nuevas inversiones privadas en minería, agroindustria, energía y logística.

La Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN) presentó recientemente una cartera de oportunidades de negocio y proyectos estratégicos durante el taller “Inversión privada y desarrollo económico territorial”, donde se expusieron iniciativas orientadas a consolidar a Arequipa como uno de los principales polos económicos del sur del país.

Entre los proyectos destacados figuran Majes Siguas II, la Central Fotovoltaica Las Joyas, el sistema SITGAS, el Megapuerto de las Américas Corío y una futura ciudad logística vinculada a esta infraestructura. Según PROINVERSIÓN, estas iniciativas buscan atraer capitales y dinamizar distintos sectores productivos de la región.

La estrategia arequipeña también apunta a fortalecer actividades con alto potencial de crecimiento. En minería, por ejemplo, se promueven oportunidades para empresas de ingeniería, automatización industrial y soluciones ambientales. En paralelo, Arequipa busca expandir su agroindustria, impulsar proyectos de energías renovables y potenciar la industria textil ligada a la fibra de alpaca.

Además, las autoridades resaltaron el rol estratégico del Puerto de Matarani como eje logístico del sur peruano, así como mecanismos para incentivar inversiones privadas, como el Régimen Especial de Recuperación Anticipada del IGV para proyectos superiores a los 5 millones de dólares.

El dirigente del pueblo joven Ciudad Blanca, en el distrito de Paucarpata, Julio César Apaza, sostuvo que hablar de la propuesta que consiste en el cambio de la Constitución, no sería beneficioso para el país y advirtió que esta medida podría generar desempleo, incertidumbre económica y el alejamiento de las inversiones privadas.

“El presupuesto está, solo falta la voluntad política de priorizar las obras que se tengan que hacer; entre ellas está el tema salud, educación e inseguridad; eso no tiene que ver con un cambio de Constitución, no veo la necesidad urgente en cambiarla porque muchos artículos ya se cambiaron”, indicó.

Asimismo, explicó que una nueva Carta Magna generaría desconfianza entre los inversionistas, quienes buscan estabilidad jurídica y reglas claras para desarrollar sus proyectos en el país. Según dijo, la incertidumbre económica terminaría afectando directamente a la generación de nuevos puestos de trabajo.

“Si hablamos de cambio de Constitución, los inversionistas no podrían invertir en un lugar donde las cosas no estén establecidas ni claras en temas de contratos ley y de forma económica; eso nos causaría un daño notable. Si se cambia el capítulo económico, vamos a ocasionar que el capital privado se vaya”, lamentó.

Entre los aspectos más negativos, Apaza evidenció que un cambio constitucional tendría consecuencias para los trabajadores, debido a que podría provocar una reducción de las inversiones y, por ende, un incremento del desempleo.

El vocero precisó que, en lugar de promover una nueva Constitución, las autoridades deberían fortalecer el actual capítulo económico, que podría permitir una mayor estabilidad y atraer inversiones en diversos sectores productivos del país.

El Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) debería ser la herramienta que permita construir una ciudad más ordenada, eficiente y sostenible. Su función es orientar el crecimiento urbano para aprovechar mejor la infraestructura existente, reducir costos, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y contribuir a resolver el déficit habitacional. De acuerdo con las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el déficit habitacional de Arequipa alcanzará las 128,515 viviendas hacia el año 2033 (fuente: Plan Regional de Vivienda y uso de Suelo Arequipa). Atender esta demanda futura es una de las principales responsabilidades del PDM como instrumento de planificación urbana.

En ese sentido, el presidente de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADISUR), Luis Delgado, señala que, para lograr dichos objetivos, existe un principio básico de planificación urbana: densificar la ciudad antes que seguir expandiéndola. 

“Cuando más personas pueden vivir en zonas que ya cuentan con agua, desagüe, electricidad, transporte y equipamientos, se optimizan las redes existentes y se evita seguir ocupando nuevos suelos en la periferia”, apuntó. 

Asimismo, refiere que lo contrario genera los problemas que Arequipa conoce demasiado bien: expansión desordenada, invasiones, pérdida de campiña, mayores distancias de desplazamiento, más congestión vehicular, mayores costos para llevar servicios básicos a zonas cada vez más alejadas o, como se evidencia en la actualidad, sectores sin servicios básicos.

“Por ello, los parámetros urbanísticos y edificatorios definidos por el PDM son determinantes. Son ellos los que establecen si la ciudad puede crecer de manera compacta y eficiente o si será empujada a seguir expandiéndose hacia la periferia”, indicó el presentante de ADISUR. 

Sin embargo, el análisis de la propuesta del nuevo PDM revela una contradicción alarmante. Lejos de impulsar la densificación, los parámetros planteados reducen la edificabilidad hasta en 25% respecto al plan vigente, limitando la capacidad de desarrollar vivienda de calidad precisamente en las zonas donde la ciudad debería concentrar su crecimiento.

“Los números hablan por sí solos. En lugar de promover una ciudad más eficiente y con calidad de vida para los arequipeños, la propuesta restringe el desarrollo urbano y empuja a Arequipa hacia el mismo modelo que durante años ha generado expansión descontrolada, invasiones, presión sobre la campiña y mayores costos para todos los ciudadanos”, advierte el especialista. 

Como un vagón sin locomotora, la propuesta del nuevo PDM no impulsa el desarrollo de la ciudad: la deja a la deriva e incluso la hace retroceder. Este resultado plantea serios cuestionamientos sobre la visión urbana que sustenta el documento. Resulta difícil entender cómo un instrumento llamado a planificar el futuro de Arequipa termina estableciendo condiciones menos favorables para el crecimiento sostenible que las que existen actualmente.

Finalmente, Luis Delgado, estima que, este no sería el único problema. La propuesta contiene además disposiciones que merecen una revisión técnica rigurosa, incluyendo aspectos que entran en conflicto con normas de mayor jerarquía. El retroceso en edificabilidad es solo una muestra de una propuesta que requiere ser corregida antes de definir el futuro de la ciudad.

La empresa NTT DATA anunció en Arequipa la realización del evento “Level Up: Tech Talent Day”, una jornada especializada que busca identificar y captar nuevos talentos en tecnologías de la información, dirigida a profesionales con experiencia en Microservicios, SAP y Testing (QA).

La iniciativa forma parte de la estrategia de expansión de la compañía en el país y busca fortalecer la participación del talento regional en proyectos tecnológicos de gran escala y alcance internacional.

Paula Boye, Head GDN-e de NTT DATA Perú, destacó el alto potencial de los profesionales arequipeños y la importancia de seguir generando oportunidades de crecimiento y especialización en la región.

“La idea es que vengan, conversen con expertos en estas tecnologías y puedan postular a una oportunidad laboral en Arequipa, con posibilidades de desarrollo profesional, sin la necesidad de que abandonen su lugar de origen”, señaló.

Asimismo, explicó que la convocatoria está dirigida a profesionales con al menos dos años de experiencia, quienes podrán acceder a conversaciones personalizadas con especialistas del sector, recibir feedback sobre su perfil profesional y conocer oportunidades concretas para integrarse a proyectos innovadores.

Actualmente, de los más de cinco mil colaboradores que NTT DATA posee a nivel nacional, un total de 350 profesionales trabajan en la sede de Arequipa, consolidando a la ciudad como uno de los principales polos de desarrollo tecnológico de la empresa en el Perú.

El evento se desarrollará Viernes 19 de junio, entre las 9:00 a.m. y 7:00 p.m en la  Av. Ejército 793, piso 7, Cayma (dentro del Mallplaza) en la oficina de NTT DATA. 

Los interesados en participar en las entrevistas pueden registrarse accediendo al siguiente enlace: https://axet.nttdata.com/flows/cloud/nttdata-eventos-programas/?form=Programas&nombrePrograma=27-LEVEL%20UP,%20TECH%20TALENT%20DAY%20(AREQUIPA)

El secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), Henry Porras, señaló la necesidad que el próximo gobierno debe enfocarse en atender las principales necesidades de la población, especialmente en los sectores de educación, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

Entre las prioridades está el fortalecimiento de las universidades públicas a nivel nacional mediante una mayor asignación presupuestal que permitirá mejorar los laboratorios, contratar mejores docentes y dotar de una buena infraestructura.

“Se requiere más presupuesto para las universidades, de esta forma se podría generar una verdadera investigación para que de esta manera podamos competir con universidades de México y Brasil”, dijo.

Asimismo, destacó que no se debe vulnerar los derechos laborales de los trabajadores, y pidió que se pueda mejorar los convenios colectivos para garantizar un adecuado clima laboral y servicio.

En otro momento, sostuvo que la inseguridad es otro de los problemas que las autoridades del país deberán atender con urgencia. Consideró que, con políticas cero populistas y reales, podrían impulsar medidas urgentes para resolver este problema social, “otra de las necesidades es que reduzcan el problema de violencia e inseguridad que perjudica al país. A su vez se necesita que luchen contra la corrupción institucionalizada”, dijo.

Por último, Porras destacó que, para lograr estos objetivos, el próximo gobierno debe contar con funcionarios capacitados para atender las demandas de la ciudadanía. Agregó que una adecuada remuneración para servidores, asesores y profesionales del Estado permitiría atraer talento y reducir actos de corrupción.