El Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de Arequipa una vez que sea aprobado podría permitir la generación de nuevas inversiones, principalmente en el sector inmobiliario, además de facilitar la ejecución de obras y crear oportunidades de empleo con la construcción de nuevas vías, escuelas, entre otros. Así lo señaló el regidor de Arequipa, Michael Arce.

“Una vez que se apruebe esto permitirá que las municipalidades locales puedan ejecutar obras, es decir habría más empleos. Lo que se quiere es que Arequipa siga creciendo de una forma correcta, formal, adecuada”, señaló Arce, al destacar la importancia de contar con una planificación que permita tener una expansión urbana ordenada.

El regidor también sostuvo que el nuevo instrumento podría generar mejores condiciones para atraer capitales al considerar que Arequipa es la segunda región más importante del país. 

“Esto podría generar mucha más inversión privada y extranjera en la parte sur o norte; además otro impacto es que traerá mucho más turismo a largo plazo en las fechas más importantes”, señaló.

Actualmente, el PDM no tiene una fecha definida para ser presentado ante los regidores para su aprobación. Aunque el documento quedó listo el pasado 31 de julio, fue derivado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que debe evaluar este documento y emitir su opinión favorable, como parte del conducto regular. Una vez aprobados los lineamientos de planificación urbana de Arequipa Metropolitana, será validada en los próximos 20 años.

En el marco de las próximas elecciones de octubre, los peruanos elegirán a gobernadores y alcaldes que asumirán funciones en medio de la recuperación de los daños provocados por el Fenómeno El Niño. Con más de ocho millones de peruanos en riesgo alto o muy alto ante inundaciones, de los cuales el 47% se concentra en el norte del país, y una economía que ya muestra descensos en sectores clave como la pesca, que cayó un 33.2% en el primer semestre, el voto informado se presenta como la herramienta más urgente para evaluar propuestas viables.

La tentación de utilizar políticamente la emergencia ha encendido las alarmas en el sector empresarial norteño. Alfonso Medrano, expresidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, advirtió firmemente en diálogo con Exitosa que el Fenómeno El Niño "podría ser utilizado con 'cálculo electoral' de cara a las próximas elecciones regionales y municipales", al tiempo que cuestionó con severidad que "se intenten mostrar 'soluciones maquilladas' en lugar de implementar medidas efectivas de prevención y respuesta". 

Evaluar con criterio técnico es indispensable para la macrorregión norte, donde reside el 47% de los más de ocho millones de peruanos en riesgo alto o muy alto ante inundaciones, y donde apenas el 13% de la población cuenta con acceso a agua segura.

Frente a un gobierno saliente que no implementó las medidas de prevención necesarias, según nueve de cada diez economistas encuestados por el Instituto Peruano de Economía (IPE), la transición política exige planes con sustento real. Según informes publicados por el diario El Comercio, enfrentar esta realidad climática requerirá a futuro “mejor planificación, mayor presupuesto y agilidad en la ejecución de obras mayores de prevención”. 

Asimismo, el ministro de la Producción, Juan Carlos Requejo, recordó el costo social de la inacción al señalar que “detrás de cada embarcación que deja de salir, de cada faena que se reduce o de cada recurso que cambia su distribución, hay familias que ven afectados sus ingresos”. El voto informado es el único mecanismo para garantizar que las nuevas autoridades ejecuten con transparencia los presupuestos y protejan a la ciudadanía.

Un grupo de pobladores de la asociación Casa Granja El Mirador del Valle de Vítor llegaron con carteles en mano hasta la sede del Poder Judicial para protestar contra un presunto desalojo irregular de sus terrenos. Los manifestantes cuestionan el proceso judicial iniciado por Eli Guillermina Salas Padilla y aseguran que ocupan el predio desde hace más de 15 años.

La representante de la asociación, Arminta Flores, señaló que las 134 familias son posesionarias y cuentan con documentación que acredita la existencia de la organización desde hace varios años. Según sostuvo, el proceso judicial habría avanzado pese a que, a su juicio, la parte demandante no habría demostrado haber ejercido la posesión del terreno. En ese sentido, advirtieron que temen un desalojo que califican de “inopinado” y que podría afectar a las familias asentadas en la zona.

“Somos 134 familias que vivimos en el mirador, tenemos un historial de posesión desde el 2011 (...). Pedimos ser parte del proceso como asociación y anular este juicio que está totalmente vacío, con pruebas falsas, hasta ha comprado testigos. Es una injusticia lo que quieren hacer con nosotros, que somos posesionarios por eso pedimos justicia”, expresó Arminta.

Los manifestantes también cuestionaron que el área reclamada sea de 5,14 hectáreas, al considerar que esta extensión también comprendería terrenos ocupados por otras asociaciones con título de propiedad. Asimismo, denunciaron presuntas irregularidades en documentos, constataciones notariales y declaraciones de testigos, acusaciones que deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes.

Ante esta situación, las familias pidieron ser incorporadas al proceso judicial y que se revise la sentencia que dispone el desalojo. Los pobladores anunciaron que continuarán con sus acciones de protesta para defender su permanencia en los terrenos.

A 40 días de las próximas elecciones regionales y municipales, Moquegua debería empezar a discutir algo que vaya más allá de los nombres, las promesas electorales, las fotografías y la propaganda política: ¿Qué tipo de autoridad necesita la región para los próximos cuatro años? La pregunta apunta a la capacidad real de quienes aspiran a gobernar para enfrentar los problemas pendientes y conducir el desarrollo de la región, la provincia y sus distritos.

Y es que, Moquegua cuenta con una importante capacidad presupuestal gracias a los recursos provenientes del canon y las regalías mineras. Sin embargo, ese potencial no se ha traducido todavía en el nivel de desarrollo que la región podría alcanzar: persisten problemas de agua, salud, educación e infraestructura, mientras proyectos de impacto permanecen pendientes, retrasados o simplemente no han sido impulsados.

Y ahí aparece la pregunta central, respecto a las próximas autoridades regionales y municipales: ¿se necesita un activista que organice o amenace con organizar marchas para exigir a otras autoridades aquello que no consigue o no hace desde su propia administración, pese a tener recursos y competencias; o un estadista, ejecutor y gestor capaz de planificar y dirigir el crecimiento de la región, la provincia o el distrito, aprovechar el presupuesto de su jurisdicción, priorizar proyectos, conseguir financiamiento y convertir los recursos públicos en resultados?

El economista Milton von Hesse, exministro de Vivienda, planteó recientemente una preocupación similar al advertir sobre el llamado “voto de protesta”, que puede llevar a elegir autoridades que después de cuatro años no garantizan que una región prospere. También consideró necesario promover una mayor conciencia ciudadana para evaluar a quienes postulan y sus resultados de gestión.

La discusión cobra relevancia después de cuatro años en los que Moquegua ha visto autoridades con una fuerte exposición política, anuncios, confrontaciones, reclamos y convocatorias a protestas, mientras persisten cuestionamientos por obras pendientes, retrasos, dificultades para ejecutar recursos y proyectos que no terminan de convertirse en resultados.

Gobierno Regional de Moquegua

La gestión de la gobernadora Gilia Gutiérrez es uno de los ejemplos: en diciembre de 2024, durante el conflicto por la contaminación del río Coralaque, rompió en llanto, exigió la renuncia del entonces ministro Ángel Manero y anunció que viajaría a Lima para encadenarse.

La defensa de los intereses de Moquegua era legítima, pero el episodio reflejó un estilo de respuesta política basado en la dramatización pública y la protesta antes que en la exposición de una ruta técnica con plazos, responsabilidades y resultados verificables. La gestión de Gilia Gutiérrez no ha elaborado perfiles y menos expedientes para Coralaque, a pesar de contar con recursos para ello, se ha limitado a pedirlos a otras entidades.

En 2026 volvió a respaldar la presión mediante un paro regional por la controversia territorial con Tacna. La movilización buscaba frenar una norma cuestionada por Moquegua; sin embargo, el hecho vuelve a plantear una pregunta de gestión: además de convocar a la protesta, ¿Qué acciones legales, técnicas se habían asumido desde la gestión para evitar que este problema crezca de tal manera?

Sus críticos, entre ellos sectores que buscan sucederla, cuestionan que esa exposición política no haya tenido el mismo correlato en obras de impacto y señalan una gestión con demasiado espacio para anuncios, actividades, excusas, viajes y celebraciones frente a proyectos que continúan pendientes.

Municipalidad de Torata

El caso de Torata plantea una discusión similar con el alcalde Elvis Córdova Nina, quien también tuvo un papel activo en las protestas contra la Ley 11658, mientras en su distrito enfrenta cuestionamientos por el ritmo de ejecución de proyectos.

A ello se suman reclamos de agricultores y pobladores por obras y compromisos pendientes, anuncios de grandes inversiones que no terminan de concretarse y proyectos heredados de anteriores gestiones que continúan sin culminar, varios con ampliaciones de plazo y mayores costos.

A pocos días de culminar el mes de agosto, según un reporte basado en cifras del MEF, la municipalidad tiene un PIM de S/177,4 millones para la ejecución de obras y apenas un avance del 41% y con más de 20 proyectos con nulo avance de ejecución de presupuesto.

Conclusión

La discusión electoral debería ser, entonces, si la capacidad para movilizar y reclamar está acompañada por la misma capacidad para planificar y ejecutar técnicamente no políticamente. Porque una autoridad puede protestar cuando corresponde, defender el territorio y reclamar recursos ante Lima. Pero gobernar exige además planificar, gestionar, ejecutar y rendir cuentas.

A 40 días de las elecciones, Moquegua podría empezar a evaluar a sus candidatos con preguntas más concretas: ¿Qué harán con el presupuesto que recibirán?, ¿Qué obras terminarán?, ¿Cuánto costarán?, ¿Cómo las financiarán y en cuánto tiempo las ejecutarán? El debate no debería ser quién protesta más, sino quién tiene la capacidad de convertir los recursos de Moquegua en desarrollo y los anuncios en resultados.

La diputada por Ahora Nación, Marleny Arminta, anunció que fiscalizará el proyecto de ampliación del Complejo Penitenciario Arequipa, en Socabaya, cuyo presupuesto habría pasado de aproximadamente S/67 millones a S/367 millones. La legisladora cuestionó el incremento de cerca de S/300 millones y señaló que buscará determinar cómo se llegó al nuevo monto de inversión.

Cabe mencionar que la obra permaneció paralizada desde 2021 y fue retomada en abril de este año como una alternativa frente al hacinamiento penitenciario. El proyecto contempla 953 nuevas unidades de albergue para internos y busca mejorar las condiciones del establecimiento, cuya población penitenciaria supera ampliamente su capacidad.

La diputada señaló que solicitará información sobre el presupuesto ejecutado durante los años anteriores, las valorizaciones y las condiciones en las que se encuentra actualmente el proyecto. “No es posible que haya estado tantos años paralizado y que hoy en día sencillamente el presupuesto que se asignó se gastó y la obra quedó paralizada”, sostuvo.

La legisladora también anunció que realizará una visita inopinada para verificar el avance de los trabajos. Precisó que su fiscalización estará centrada en transparentar el uso de los recursos públicos y determinar las razones del incremento presupuestal.

Además de reducir el hacinamiento, Arminta destacó que la ampliación debe contemplar espacios destinados a talleres de capacitación, como zapatería, carpintería y panadería, con el objetivo de favorecer la reinserción de los internos. “La intención es que justamente ya se conviertan en personas de bien y no sigan siendo reincidentes”, afirmó.

La parlamentaria también señaló que recibió información del INPE sobre deficiencias logísticas en el actual complejo penitenciario, entre ellas las condiciones de las torres de vigilancia, que fueron construidas inicialmente como una solución temporal. Frente a ello, insistió en la necesidad de verificar tanto las condiciones del penal como el destino de los recursos asignados al proyecto de ampliación.

El bloqueo de la Panamericana Sur ha  generado millonarias pérdidas para los transportistas de Arequipa y afectó a cientos de pasajeros que permanecieron varados en distintos puntos de la vía. Mario Lobón, secretario general del Consejo Nacional de Transporte Terrestre, señaló que diariamente se han dejado de realizar alrededor de 169 viajes de ida y vuelta, afectando a cerca de 1,500 pasajeros con destinos como Lima, Chala, Ático y Caravelí. El dirigente cuestionó la reacción tardía de las autoridades a nivel local, regional y nacional.

Lobón lamentó que esta situación no es nueva para Arequipa y que se trata de un problema que se repite prácticamente todos los años, con consecuencias cada vez más graves para pasajeros, transportistas y comerciantes. Tras estar varados durante varios días, algunos productos perecibles se malograron mientras que los animales murieron por la falta de alimentos y condiciones adecuadas. 

“Lo único que le pedimos a las autoridades es que tengan un plan de emergencia y que más adelante se vea un nuevo trazo en la carretera y evitar este problema que se registra todos los años”, señaló.

Finalmente, el dirigente cuestionó directamente el liderazgo de las autoridades y pidió una reestructuración de autoridades responsables de atender este tipo de emergencias durante los desastres naturales. “Pedimos a la presidenta que vea quiénes están ocupando los cargos de las diferentes instituciones porque no están tomando acciones”, afirmó. 

De esta forma a causa de la emergencia  se volvió  a poner en evidencia la necesidad de una respuesta rápida y coordinada, así como de una solución definitiva que evite que cada temporada de lluvias vuelva a dejar incomunicado al sur del país.

La Universidad Continental continúa articulando acciones preventivas en coordinación con la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero para el mantenimiento de la torrentera ubicada en la avenida Los Incas ante el periodo de lluvias. Como parte de este trabajo coordinado, se determinó el inicio de labores de limpieza y retiro de residuos y vegetación, descolmatación y mantenimiento preventivo del cauce, con el objetivo de favorecer el adecuado flujo del agua y eliminar posibles riesgos.

En paralelo a los trabajos que la municipalidad distrital ya viene ejecutando a lo largo de esta torrentera, la Universidad Continental refuerza sus propias medidas de prevención para evitar el ingreso de agua y sedimentos al campus, garantizando la seguridad de estudiantes, docentes y colaboradores.

Entre las principales acciones previstas se encuentra la implementación de barreras físicas en el frontis del campus; mediante bloques de concreto junto a otras soluciones de contención ante un eventual incremento del caudal de la torrentera.

Asimismo, la institución prevé implementar un limnímetro, instrumento utilizado para medir el nivel de agua en ríos, torrenteras, canales, embalses y otros cuerpos de agua, conectado a un sistema de alerta temprana. Esta herramienta permitirá el monitoreo   permanente y contar con información oportuna, fortaleciendo así la capacidad de respuesta y protección de la comunidad universitaria.

“La prevención requiere un trabajo coordinado y permanente entre las autoridades, instituciones y comunidad. Es un trabajo colaborativo. El mantenimiento constante de las torrenteras y la implementación de medidas preventivas permiten reducir riesgos y proteger a las personas”, señaló Erick Murillo, gerente del Campus Arequipa de la Universidad Continental.

Subrayó además que el campus cuenta con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), otorgado por la Municipalidad Distrital de José Luis Bustamante y Rivero, mediante la Resolución Jefatural N.° 0666-2026-OGRD/GM-MDJLByR. Esta certificación acredita que la infraestructura universitaria tiene las condiciones técnicas y de seguridad exigidas por ley. Por lo tanto, cumple con los estándares en sistemas de protección y mecanismos de evacuación en caso de siniestros o desastres naturales.

Finalizada la segunda edición de Feria Arequipa 2026; se puede decir que fue un éxito rotundo! la asistencia de público demostró la confianza de la organización, desde que fueron abiertas las puertas del campo ferial el pasado sábado 8 al 16 de agosto.

Desde su llegada e ingreso al campo ferial, el público visitante se convirtió en huésped ilustre de la organización, recibió las atenciones del caso y disfrutó de todas las comodidades implementadas para que su estadía sea agradable y segura. 

La programación de feria incluyó shows y espectáculos para todas las edades, reafirmando que Feria Arequipa 2026 se muestra como una de las principales vitrinas para la promoción del turismo tanto interno como externo, así como impulsor del emprendimiento.

Cabe resaltar que Feria Arequipa 2026 puso a disposición de los expositores 300 stands en los pabellones 1, 2 y 3, obteniendo una excelente respuesta de parte de emprendedores, artesanos e importantes empresas de una gran variedad de rubros. Representantes de todos ellos coincidieron en afirmar que el evento ferial fue un éxito, sus expectativas comerciales y empresariales también fueron cubiertas.

Finalmente, recalcar que este gran reto no hubiera sido posible sin el apoyo de nuestras empresas auspiciadoras y que confiaron en esta organización, como son: Caja Arequipa, Backus, Industrias ISM, Caja Cusco, Clínica San Pablo, Claro y BCP.

Como parte del fin de feria, el último domingo 16, la Asociación Gastronómica de Adoberas de Arequipa Perú – AGAAP; preparó el Adobo más Grande de Arequipa, Mercedes Salvatierra Chirinos, presidenta de la asociación, agradeció la convocatoria y señaló que con oportunidades como está sus agremiados pueden fortalecer el valor y consumo del plato bandera de Arequipa.

En el marco de las celebraciones por el 486.° aniversario de la fundación española de Arequipa, la Universidad Continental destacó en el Corso de la Amistad 2026 al obtener el tercer puesto en la categoría “Mejor Danza Arequipa”. La presentación estuvo marcada por una colorida puesta en escena que resaltó la identidad, las tradiciones y la riqueza cultural de Arequipa.

El Elenco de Danzas de la Universidad Continental Arequipa presentó el Carnaval de Huaynacotas, danza representativa de la provincia de La Unión, una manifestación cultural que se desarrolla tradicionalmente durante los meses de febrero y marzo, coincidiendo con las festividades de carnaval y el periodo de lluvias, una época vinculada a la fertilidad de la tierra y al inicio de un nuevo ciclo agrícola. Así, deleitaron y contagiaron de alegría al público asistente.

“Con esta danza buscamos acercar nuestras tradiciones a nuevas generaciones  y compartir una expresión que refleja la identidad, las costumbres y el vínculo de las comunidades arequipeñas con su entorno”, manifestó Erick Murillo, gerente del Campus Arequipa de la Universidad Continental.

Bajo la dirección de Luis Sebastián Tejada Bolaños, docente y responsable del Elenco de Danzas y del taller extracurricular de la Universidad Continental, los 125 estudiantes que integran la agrupación iniciaron su preparación el 7 de julio. Durante aproximadamente un mes y medio, realizaron ensayos para preparar una puesta en escena basada en la tradición, la identidad cultural y el trabajo colectivo.

En la categoría “Mejor Danza Arequipa”, el primer puesto fue otorgado a Miski Tusuy – Agrupación de Danzas, mientras que Viettel Perú SAC - Bitel obtuvo el segundo lugar y la Universidad Continental alcanzó el tercer puesto.

El Elenco de Danzas de la Universidad Continental Arequipa es una agrupación artística orientada al rescate, la preservación y la difusión de las manifestaciones culturales dancísticas de la región y del país. A través de la práctica de la danza folclórica, promueve el desarrollo del talento de los estudiantes y fortalece capacidades como la disciplina, el trabajo en equipo, el liderazgo y la identidad cultural.

La Contraloría General de la República advirtió una omisión en la Gerencia Sub Regional de Ilo, unidad ejecutora del Gobierno Regional de Moquegua, que terminó afectando un procedimiento sancionador seguido contra el Consorcio Ilo III por la presunta presentación de información inexacta en un proceso de contratación pública.

De acuerdo con el Informe de Acción de Oficio Posterior N.° 016-2026-2-5347-AOP, emitido el 10 de agosto de 2026, el entonces Tribunal de Contrataciones del Estado, hoy Tribunal de Contrataciones Públicas, solicitó a la entidad información necesaria para evaluar una denuncia contra el consorcio, integrado por D Martins EIRL, Servig y Comunicaciones EIRL.

El requerimiento correspondía al Expediente N.° 07675-2021-TCP, relacionado con el Concurso Público N.° 03-2021-CS-SRDI, primera convocatoria. El Tribunal pidió, entre otros documentos, un informe técnico-legal, copia de la oferta presentada por el postor y la documentación cuestionada, con el objetivo de contar con elementos para determinar si existía una infracción sancionable.

La solicitud fue recibida por la Gerencia Sub Regional de Ilo el 10 de febrero de 2025 y debía ser atendida en un plazo máximo de 10 días hábiles. Sin embargo, según la Contraloría, la información requerida no fue remitida a través de la Mesa de Partes Digital del entonces OSCE, por lo que el Tribunal no recibió los elementos que necesitaba para continuar con la evaluación del caso.

La revisión del SISGEDO realizada por el órgano de control permitió advertir que el trámite fue derivado a la Oficina Sub Regional de Administración y posteriormente a la Oficina de Logística y Abastecimientos. El expediente terminó archivado con las anotaciones “Atasco SISGEDO” y “Se tomó conocimiento”, según el informe.

Como consecuencia, el Tribunal no contó con medios probatorios suficientes para determinar si correspondía imponer una sanción al Consorcio Ilo III por la presunta presentación de información inexacta. La Contraloría señala que esta situación limitó la labor de fiscalización de las contrataciones públicas y afectó la posibilidad de determinar responsabilidades en el procedimiento sancionador.

El informe también advierte que la Oficina de Logística y Abastecimientos habría archivado posteriormente en el SISGEDO un requerimiento de información formulado por el Órgano de Control Institucional, pese a que este había sido derivado con la indicación de atenderlo “bajo responsabilidad”.

Dato.

Ante estos hechos, la Contraloría recomendó a la titular del Gobierno Regional de Moquegua adoptar las acciones correspondientes para superar la situación advertida y, de ser el caso, disponer el deslinde de responsabilidades. La entidad deberá presentar al OCI un plan de acción en un plazo de 20 días hábiles para implementar las recomendaciones