La advertencia fue realizada por el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), cuyos escenarios identifican un riesgo alto y muy alto por déficit hídrico en la mayoría de distritos de las provincias de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto.

Maribel Coayla, coordinadora de Enlace Regional del CENEPRED, explicó que los escenarios elaborados para Moquegua contemplan precipitaciones por debajo de los niveles habituales. «Lo que nos indica es que sí va a haber lluvias, pero no van a ser las lluvias que normalmente estábamos esperando», señaló. Además, precisó que las precipitaciones se concentrarían principalmente en las zonas medias y bajas de las cuencas, mientras que en las partes altas se prevé una mayor escasez.

El impacto podría sentirse directamente en las actividades agrícolas y ganaderas. La reducción de las lluvias disminuiría el agua disponible para el riego y el consumo de los animales, especialmente en las localidades que dependen de la agricultura y la ganadería.

«Probablemente no tengan agua para que consuma su ganado, para ellos mismos, para regar sus cultivos», advirtió la funcionaria. También alertó que esta situación podría reducir la producción de los cultivos e incluso ocasionar la pérdida de algunas plantas.

Las consecuencias no se limitarían a las zonas productoras. Una menor producción agrícola y ganadera podría afectar el abastecimiento de alimentos y generar presiones al alza en sus precios, aunque la magnitud de ese impacto dependerá de cuánto disminuya la producción y de las condiciones del mercado. General Sánchez Cerro sería una de las provincias más expuestas debido a que buena parte de su población depende directamente de estas actividades económicas.

La Contraloría General de la República identificó presuntas irregularidades en la aprobación del proyecto, la elaboración del expediente técnico y la ejecución del puente Pedregal-Santa Rosa, en el distrito de Quinistaquillas, provincia General Sánchez Cerro. La estructura fue destruida por un huaico el 15 de enero de 2026, apenas 17 días después de su inauguración.

Según el Informe de Auditoría N.° 017-2026-2-0444-AC, emitido el 28 de octubre de 2026, la municipalidad aprobó en julio de 2023 una inversión para renovar un puente que supuestamente ya existía, pero no encontró documentación suficiente para demostrarlo. El único sustento fue una ficha de inspección que describía una estructura provisional de 15 metros y 30 años de antigüedad. Sin embargo, las fotografías y las imágenes satelitales revisadas por los auditores no permitieron confirmar que ese puente hubiera existido.

La zona ya tenía antecedentes de huaicos. La auditoría señala que el INDECI había reportado estos eventos en la quebrada El Volcán desde 2020. Además, el INGEMMET advirtió en enero de 2022 que el sector presentaba un peligro muy alto por flujos de detritos, conocidos también como huaicos. Pese a estos antecedentes, los documentos para contratar la elaboración del expediente técnico no establecieron adecuadamente los estudios necesarios para evaluar los riesgos del terreno.

Otro hallazgo fue que el expediente técnico tenía deficiencias en los estudios del terreno, las condiciones del agua y los cálculos de la estructura. Según la Contraloría, Provías Descentralizado había formulado observaciones que no fueron corregidas por completo. Aun así, el jefe de la División de Infraestructura de la municipalidad dio su conformidad y el documento fue aprobado en noviembre de 2024. Por su elaboración se pagaron S/ 41 mil.

La auditoría también encontró irregularidades en la documentación presentada para contratar al personal de la obra. Los documentos que acreditaban la experiencia del residente no coincidían con la información proporcionada por otras entidades. Además, la profesional propuesta como especialista en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente (SSOMA) negó haber autorizado el uso de sus documentos o haber participado en el proyecto. Su reemplazo tampoco cumplía con la formación académica exigida en las bases del proceso.

El puente registró un avance físico del 100 % en noviembre de 2025. Sin embargo, el 15 de enero de 2026, el huaico provocó el desprendimiento de su tablero. La Contraloría calculó en S/ 325 mil 695 el valor de las partidas correspondientes a los componentes afectados. Asimismo, durante inspecciones realizadas en julio y agosto de 2026, encontró diferencias entre los apoyos construidos y los planos del expediente técnico.

Finalmente, la Contraloría recomendó a la Municipalidad Distrital de Quinistaquillas determinar las responsabilidades de los funcionarios y servidores involucrados. También recomendó a su Procuraduría Pública iniciar las acciones civiles correspondientes.

La llegada del Fenómeno El Niño 2026-2027 mantiene en alerta a Moquegua por los posibles efectos de las lluvias sobre terrenos y zonas expuestas a peligros geológicos. Una evaluación del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET) identificó 49 zonas críticas en las provincias de General Sánchez Cerro y Mariscal Nieto, donde existen condiciones que requieren atención para reducir el riesgo de emergencias.

En Mariscal Nieto se evaluaron 26 zonas críticas en los distritos de Torata, Samegua, San Antonio y Moquegua, además del centro poblado de Chen Chen. Entre los sectores comprendidos figuran Pachas, Tumilaca, Yacango, la quebrada Montalvo, sectores de los ríos Osmore y Moquegua, la quebrada Cementerio y tramos de la carretera Panamericana Sur, en la ruta Arequipa-Moquegua.

En General Sánchez Cerro se identificaron otras 23 zonas críticas en Omate, Quinistaquillas, Coalaque, La Capilla y Puquina. Las evaluaciones abarcaron sectores como Achicari, Quinistecas, Buena Vista, Cogri, Santa Catalina, Tassaca, Chimpapampa y la quebrada del Volcán, entre otros.

El INGEMMET informó que estas zonas fueron evaluadas por peligros geológicos y que los informes técnicos permitirán determinar las posibles afectaciones a la población, viviendas, infraestructura y vías de comunicación, además de formular recomendaciones para las autoridades. En Mariscal Nieto, incluso, la evaluación amplió de 15 a 26 el número de zonas comprendidas respecto al registro preliminar.

La advertencia es importante porque la presencia de lluvias puede incrementar el peligro en sectores expuestos a movimientos en masa y otros procesos geológicos. Por ello, el organismo continuará sus evaluaciones en la provincia de Ilo, mientras que los resultados obtenidos deberán servir para que las autoridades regionales y municipales prioricen las acciones de prevención.

Los docentes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) recibirán este mes el incremento salarial de S/700 establecido por ley. Sin embargo, el Sindicato Único de Docentes (SUDUNSA) exige que también se les pague de forma retroactiva los meses de setiembre y octubre, cuando debió comenzar a aplicarse el aumento.

El secretario del SUDUNSA, Andrés Luque, confirmó que el incremento fue ratificado mediante un decreto del Ministerio de Educación y que los recursos ya estarían en la universidad. No obstante, cuestionó que el dinero pueda ser devuelto al sector Educación si no se ejecuta el pago pendiente.

“Desde este mes a los profesores se les tiene que pagar su aumento de sueldos. Lo que se está pidiendo ahora es que se pague setiembre y octubre, que es desde cuando la ley indicaba que se debería pagar este aumento”, señaló.

Por otro lado, el sindicato gestiona ante el Congreso que se garantice presupuesto para los procesos de ratificación y ascenso docente del 2027. Advirtió que estos podrían verse afectados por un proyecto que busca declarar inconstitucional las evaluaciones realizadas en las universidades, pese a que defendió su transparencia y meritocracia.

El dirigente indicó que esperarán la aprobación del presupuesto público de noviembre para conocer si se incluyen los recursos para los ascensos. De no concretarse, evaluarán medidas de protesta para el próximo año, aunque descartó una huelga por el momento.

Adquirir una camioneta 4x4 nueva no necesariamente requiere una inversión elevada. El mercado automotor peruano ofrece distintas alternativas de doble cabina y motor diésel cuyos precios referenciales comienzan por debajo de los US$ 20 mil.

Entre las opciones figura la Great Wall Wingle 7, con un precio aproximado de US$ 19,790, seguida de la JMC Grand Vigus, desde US$ 20,490, y la Foton Tunland G7, alrededor de US$ 20,990. También se encuentran la Great Wall Poer, con precios desde US$ 21,590; la JAC T8 Pro, desde US$ 21,990; y la Changan F70 Hunter, alrededor de US$ 23,990.

Estas camionetas ofrecen configuraciones orientadas al trabajo, con doble cabina, motores diésel y tracción en las cuatro ruedas, características que permiten utilizarlas tanto para desplazamientos urbanos como para caminos rurales y terrenos exigentes. Sin embargo, las especificaciones de potencia, torque, transmisión y equipamiento varían según el modelo y la versión.

Alternativas frente a las marcas tradicionales

La diferencia de precios se aprecia al compararlas con modelos de mayor posicionamiento comercial. Por ejemplo, una Toyota Hilux 4x4 doble cabina en versiones SRV o SRX puede superar los US$ 50 mil, mientras que algunas de las alternativas mencionadas cuestan menos de la mitad.

Esta diferencia puede representar una oportunidad para quienes buscan adquirir una unidad nueva con menor inversión inicial. No obstante, el precio de compra no es el único factor que debe evaluarse: también influyen el consumo de combustible, los costos de mantenimiento, la disponibilidad de repuestos, la garantía y el respaldo técnico de cada marca.

Una oportunidad en el mercado de servicios

Además del uso particular y comercial, estas camionetas pueden resultar atractivas para actividades productivas, transporte especializado y prestación de servicios en zonas alejadas.

Trabajadores del gremio de Construcción Civil se reunieron en los exteriores del Palacio de Justicia de Arequipa para exigir que la reapertura del caso denominado “Los ladrillos del Sur”, en el cual se investiga a exdirigentes del sindicato, se lleve adelante con un proceso limpio y transparente. Los obreros cuestionan que, después de siete años, se retomen las investigaciones sin que se haya demostrado la responsabilidad de los denunciados.

La protesta fue encabezada por Luegue Espinoza Valcárcel, secretario general de Trabajadores de Construcción Civil, quien recordó que el caso se inició en 2019 y provocó la detención de más de 11 dirigentes sindicales. Según indicó, estos fueron liberados posteriormente, pero ahora deberán afrontar nuevamente las investigaciones por los delitos que se les imputan.

En esa línea, cuestionó que el proceso continúe después de siete años sin que se presenten pruebas contundentes contra los investigados. “Exigimos que haya un debido proceso y se respete los derechos sindicales, el derecho a la libertad sindical, porque en ese entonces los dirigentes solo exigían el cumplimiento de los derechos en el trabajo. Lastimosamente, fueron encarcelados por eso”, señaló.

Asimismo, indicó que actualmente más de 25 personas, entre ellas los 11 exdirigentes, afrontan las investigaciones. Sostuvo que las denuncias fueron promovidas por empresas que cuestionaban las acciones sindicales realizadas por la dirigencia de ese entonces, las cuales solo buscarían defender los derechos laborales de los obreros.

“Se reinicia a pesar de que no hay las pruebas contundentes y nosotros exigimos que haya un debido proceso en donde se aplique la justicia y no se vulnere ningún derecho sindical”, indicó. El dirigente también advirtió que la reapertura de este caso podría representar un intento de limitar las protestas y reclamos de los trabajadores del gremio de Construcción Civil.

Cuatro casos crónicos de la enfermedad de Chagas fueron detectados en lo que va del año en Arequipa, tres de ellos en mujeres gestantes y uno en un poblador, según lo informó Andy Catacora Rospigliosi, coordinador del Área de Enfermedades Metaxénicas de la Red de Salud Arequipa-Caylloma. Los pacientes fueron identificados en los distritos de Tiabaya, Mariano Melgar y La Joya.

El especialista explicó que la enfermedad es transmitida por la picadura de la chirimacha, insecto que contagia el parásito responsable de la infección. Sin embargo, sus síntomas pueden aparecer varios años después del contagio, incluso más de una década, por lo que los pacientes identificados habrían contraído la enfermedad hace tiempo.

Asimismo, advirtió que si no se trata oportunamente, el parásito puede alojarse en órganos como el corazón, el esófago, el hígado, el riñon y el colon, provocando daños progresivos. En los casos más graves, puede debilitar el músculo cardíaco e impedir que bombee sangre adecuadamente, lo que incluso podría ocasionar la muerte.

“Pueden pasar cinco, diez o incluso más de 30 años para que se manifiesten los signos de la enfermedad. Eso va a depender mucho de la persona, de su sistema inmunológico y de cómo se desarrolle el parásito dentro del organismo”, explicó el especialista.

Respecto a los pacientes detectados, indicó que recibirán seguimiento y tratamiento antiparasitario. En el caso de las gestantes, serán evaluadas por especialistas en infectología de un hospital de referencia para determinar el momento adecuado para iniciar el tratamiento, mientras que el poblador también será atendido.

“En una fase crónica es poco probable eliminar el parásito, pero el tratamiento sí va a ayudar a poder controlar los síntomas y los signos que pueda presentarse”, indicó.

En ese sentido, exhortó a las personas que hayan vivido en zonas donde existe presencia de chirimachas o sospechen haber sido picadas por este insecto, incluso durante su infancia, a acudir a un establecimiento de salud para descartar la enfermedad. Señaló que las pruebas de detección son gratuitas en todos los centros de salud del Ministerio de Salud.

La aprobación del Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) de Arequipa continúa pendiente y la Municipalidad Provincial espera que el Ministerio de Vivienda emita una respuesta durante noviembre. La alcaldesa Ruccy Oscco informó que, pese a la reunión técnica del último viernes, no se consiguió ampliar el convenio con el sector, aunque aseguró que el municipio entregó el documento el 31 de julio con las 1.800 observaciones levantadas.

La autoridad advirtió que quedan prácticamente dos meses para concretar este proceso y sostuvo que su gestión busca aprobar el instrumento de planificación antes de culminar el año. “Nosotros tenemos que aprobarlo en nuestra gestión. Estamos esperando que el Ministerio de Vivienda dé una respuesta”, señaló. De no conseguirlo, la siguiente administración tendría que decidir si continúa con el documento o inicia nuevamente el procedimiento.

En otros temas, la burgomaestre señaló que el proyecto del puente Umapalca se encuentra entre un 85% y 95% de avance en el levantamiento de observaciones. Indicó que este viernes se atenderán las últimas observaciones para dejar encaminada la iniciativa antes de finalizar su gestión.

Respecto al paro de 72 horas anunciado por transportistas, la alcaldesa confirmó que sostendrá una reunión con Promovilidad en Lima, a la que también fueron invitados los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte (SIT). Sobre un posible incremento del pasaje a S/1.50, precisó que los transportistas pueden plantear sus tarifas, pero la municipalidad debe evaluar el tema, considerando que los principales afectados por una paralización son los usuarios.

La titular del Juzgado Civil del Módulo de Justicia de Hunter Dra. Silvia Sandoval Corimayta mediante la Resolucion Nro. 03 de fecha 06 de octubre del 2026, admitió a trámite el desalojo de la I.E.P. Peruano- Frances ANTOINE DE SAINT EXUPERE ubicada en la zona denominada Alto Corbacho distrito de Tiabaya cuya extensión del terreno es de 13, 978 metros cuadrados y que estaba ocupada y administrada por STEX S.R.L. desde el 2019, siendo sus propietarios la sociedad conyugal Postigo - Oillic representada por Daniel Marcelino Postigo Cerpa.

El demandante Postigo Cerpa, señala que STEX S.R.L. Intenta apropiarse del terreno por cuanto nunca pago alquiler ni tiene contrato, solamente con la aprobación de Anie Marie Francoise Ollic, esposa del demandante; para ello habría pagado ante la comuna de Tiabaya el impuesto predial e incluso tramitado la autorización como institución educativa en la GREA a nombre de STEX y no como debía ser a nombre de los verdaderos dueños (la sociedad conyugal Postigo -Oillic.

La parte demandante logro demostrar que el colegio Peruano- Frances ANTOINE DE SAINT EXUPERE desarrolla sus actividades educativas sin que exista contrato vigente, autorización, título jurídico válido que justifique la posesión actual del predio y que haya sido otorgado por la sociedad conyugal Postigo - Oillic.

Los demandados han realizado construcciones y edificaciones en el terreno, aprovechándose que la gerente general y Promotora del colegio es también propietaria del bien inmueble causando serios perjuicios al patrimonio de la referida sociedad conyugal; en tanto viene usufructuando un terreno ajeno.

Los padres de familia de los alumnos de este colegio enterados de la resolución judicial, demandan a la dirección y a la promotora se pronuncien sobre el particular y den las explicaciones del caso antes de tomar una decisión que podría ser el retiro de los alumnos.

La segunda vuelta de las elecciones regionales en Arequipa se realizará el próximo 6 de diciembre sin cambios en la organización de la jornada electoral. La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) de José Luis Bustamante y Rivero confirmó que se mantendrán los mismos locales de votación, mesas de sufragio y miembros de mesa designados para la primera vuelta.

El jefe de la ODPE, Carlos Ganoza, informó que ya comenzaron los preparativos para este nuevo proceso, con la capacitación de algunos grupos y la incorporación del personal que participará en las actividades electorales. Asimismo, precisó que los miembros de mesa volverán a cumplir esta función, conforme al sorteo realizado para la primera vuelta.

“Los miembros de mesa van a ser los mismos que fueron sorteados para la primera vuelta, ahora en esta segunda oportunidad van a nuevamente a cumplir esa función”, señaló Ganoza.

En la jurisdicción de esta ODPE se habilitarán 64 locales de votación y 650 mesas de sufragio distribuidas en 10 distritos. Cada mesa contará con nueve miembros, tres titulares y seis suplentes, por lo que se convocará a un total de 5 mil 850 ciudadanos para cumplir esta labor durante la jornada electoral.

Respecto a la participación en la primera vuelta, indicó que se registró un bajo ausentismo de miembros de mesa y que fueron pocas las mesas que tuvieron que completar su conformación con electores de la fila. Cabe recordar que, con los cambios en la Ley Orgánica de Elecciones, ahora se cuenta con nueve miembros por mesa, en lugar de los seis que se designaban anteriormente.

En ese sentido, el jefe de la ODPE estimó que el material electoral llegará entre la quincena y el 20 de noviembre. Su distribución hacia los locales de votación se realizaría el viernes y sábado 5 de diciembre.