La desconfianza en las instituciones públicas sigue en niveles altos y refleja una creciente distancia entre el Estado y la ciudadanía. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 83 % de los peruanos no se siente representado por ninguna autoridad, mientras que la desconfianza en el Congreso alcanza el 92.4 %. Este escenario debilita la legitimidad de las decisiones públicas y evidencia la urgencia de mejorar los canales de participación.

En este contexto, especialistas señalan que la participación ciudadana es clave, porque permite recoger información local y anticipar conflictos. “La participación ciudadana debe entenderse como una inversión institucional y no como un simple trámite. En un contexto donde la opinión pública asocia sostenibilidad, control estatal y transparencia con legitimidad económica, fortalecer estos mecanismos ayuda a reducir los riesgos, a optimizar la toma de decisiones y a aumentar la confianza”, indicó José Luis Bonifaz, profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, quien agregó que estos procesos deben dejar de ser acciones aisladas y convertirse en prácticas continuas dentro de las instituciones.

Sin embargo, persisten limitaciones que dificultan una participación informada. La información técnica suele ser compleja y no siempre se comunica de forma clara. “Los documentos técnicos suelen ser complejos y no siempre se comunican de manera accesible, lo que limita la participación informada y promueve percepciones de ‘participación simbólica’”, explicó Bonifaz. Frente a ello, la Asociación Internacional para la Participación Pública (IAP2) Latinoamérica recomienda usar lenguaje sencillo y formatos accesibles.

La IAP2 Latinoamérica también enfatiza que la participación debe integrarse desde el inicio de los procesos y no solo en etapas finales. “La participación no es el último vagón. Se integra desde el primer momento del proceso legislativo o de decisión”, señaló la organización. Además, advierte que es clave informar qué ocurre con los aportes ciudadanos: “Las personas necesitan saber qué ocurrió con sus contribuciones”, ya que explicar su uso fortalece la confianza y ayuda a cerrar la brecha entre el Estado y la ciudadanía.

La reciente decisión del Consejo de Minería del Ministerio de Energía y Minas (Minem) de declarar la nulidad de la autorización para explotar el proyecto Tía María ha generado preocupación por la nueva paralización del impacto económico de este yacimiento, valorizado en US$ 1,400 millones.

Para el gerente municipal de Miraflores, Juan Carlos Ortiz, el retraso en la ejecución de Tía María causará que los municipios continúen recibiendo una baja cantidad de canon minero. Actualmente, la jurisdicción cuenta con 15 millones de soles, cifra reducida para todas las necesidades del distrito.

“Las provincias de Arequipa, al igual que otras regiones, viven del canon minero; la minería responsable nos puede dar el sostenimiento para impulsar proyectos agrícolas y agroexportadores”, sostuvo.

Ortiz enfatizó que, si bien es necesario impulsar proyectos mineros, estos deben ejecutarse bajo estrictos estándares ambientales mundiales, donde las empresas privadas deben generar desarrollo real para su zona de influencia.

“El canon es el que nos sostiene; estoy de acuerdo con que se impulsen proyectos mineros, pero con empresas responsables que tengan a bien el cuidado del medio ambiente para evitar que la población se vea afectada”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que la paralización de proyectos como Tía María no solo frena la llegada de nuevos ingresos, sino que también limita la generación de empleo directo e indirecto, afectando a cientos de familias que dependen de esta actividad.

Por último, precisó que la inversión privada es crucial para el crecimiento económico, ya que fortalece el presupuesto de los gobiernos locales e impulsa el desarrollo de infraestructura y otras actividades productivas.

El Perú continúa consolidándose como el principal foco de atracción para el capital internacional en América Latina, superando los desafíos de la coyuntura política interna. Según el economista y consultor Fernando Castillo Torres, este liderazgo se refleja en hechos concretos, como el registro de 550 empresas italianas en el país solo durante el último año. 

El experto destacó que la resiliencia económica peruana se sustenta en activos invaluables como su ubicación estratégica, la diversidad climática y una sólida infraestructura portuaria que proyecta confianza a los inversores europeos y globales. Al respecto, Castillo Torres enfatizó: “Seguimos siendo el país más atractivo de la región pese a los desafíos. Solo en 2025, 550 empresas italianas se registraron en el Perú”.

Uno de los pilares de esta competitividad es la drástica reducción de costos en servicios industriales básicos. El análisis resalta que el costo del megavatio mediante energía solar ha caído significativamente, situándose ahora entre los 30 y 40 dólares. Paralelamente, los métodos modernos de desalinización han permitido que el costo del agua para procesos industriales descienda a 0.50 dólares por metro cúbico, un precio menor al de la tarifa estándar de agua potable. 

Esta combinación tecnológica abre una ventana de oportunidad para habilitar un millón de hectáreas agrícolas en la costa peruana que actualmente permanecen como desiertos, proyectando un horizonte de transformación productiva para las próximas dos décadas.

Finalmente, el consultor señaló que, aunque el país posee recursos y talento excepcionales, el principal obstáculo para el desarrollo pleno radica en la calidad de la gestión pública. El éxito a largo plazo dependerá de la capacidad de fortalecer la institucionalidad y mejorar la elección de cuadros técnicos en el gobierno. 

A pesar de estas advertencias, Castillo Torres se mostró optimista sobre el futuro de la inversión en sectores estratégicos como minería y energía, subrayando que el atractivo que proyecta el país no es una casualidad, sino el resultado de ventajas competitivas estructurales que “son el reflejo del sólido atractivo que proyectamos como destino de inversión”.

La economía peruana atraviesa un momento determinante donde la inversión privada se posiciona como el motor indispensable para reactivar el crecimiento sostenido. Según proyecciones del Banco Central de Reserva, este indicador podría expandirse cerca de un 9.5 % durante el año, lo cual sería clave para la generación de empleo. 

No obstante, el análisis de coyuntura publicado por "Perú, Ecuador, Bolivia" advierte que este dinamismo está condicionado a la estabilidad jurídica del próximo quinquenio. Sobre este punto, la publicación enfatiza que la predictibilidad es un requisito básico, señalando que: "Sin reglas claras, respeto a los contratos y previsibilidad en las decisiones gubernamentales, las inversiones tienden a postergarse o migrar hacia otros mercados".

A pesar de las oportunidades, persisten limitaciones estructurales que impiden que el país alcance su capacidad real de producción, situando las expectativas de crecimiento por encima del 2 %. El exceso de regulación y la burocracia administrativa, especialmente en gobiernos locales, siguen siendo identificados como los principales obstáculos para la competitividad. 

Para superar esta encrucijada, especialistas sugieren una agenda país que trascienda los cambios de gobierno, centrada en la simplificación de trámites y el fortalecimiento del Estado de derecho. La modernización del sistema de contratación pública se presenta como una reforma necesaria para acelerar la ejecución de proyectos.

En el corto plazo, el escenario político tras el proceso electoral se percibe como el principal riesgo ante la posibilidad de políticas que incrementen el gasto público sin el debido sustento técnico. A esto se suma el impacto de fenómenos climáticos y tensiones geopolíticas que podrían presionar los costos de insumos esenciales.

Los informes especializados destacan que la coordinación entre el sector público y privado será vital para construir una visión de largo plazo que permita reducir la pobreza. Como advierte el análisis de "Perú, Ecuador, Bolivia" sobre la coyuntura actual: "En un escenario de alta incertidumbre, la capacidad de adaptación y la visión estratégica marcarán la diferencia en el desempeño económico del país".

El Perú muestra señales de recuperación económica sostenida, con inflación controlada, exportaciones en niveles históricos y un crecimiento de la inversión privada que alcanza su ritmo más alto desde 2013. A ello se suma la expansión del empleo formal, que acumula 21 meses consecutivos al alza. 

Para Patricio Lewis, especialista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), estos indicadores reflejan condiciones macroeconómicas favorables para consolidar ingresos y oportunidades en el mediano plazo. Sin embargo, advierte que el gran reto sigue siendo lograr que este crecimiento se traduzca en mejoras reales para la población, especialmente en los sectores más vulnerables.

A pesar de estos avances, persiste una brecha crítica entre las cifras económicas y la realidad de los hogares. “Crecer significa que el país genera más ingresos; desarrollarse significa que esos ingresos y recursos mejoran la vida de las personas”, explicó Lewis, al subrayar que el dinamismo económico no garantiza, por sí solo, una mejora en la calidad de vida. Por ello, remarcó la necesidad de incentivar la inversión y la formalización para que los beneficios alcancen a más ciudadanos.

Asimismo, para lograr que el crecimiento se convierta en bienestar social, es indispensable romper el círculo vicioso donde la falta de acceso a salud y educación de calidad perpetúa la pobreza a través de las generaciones. El especialista advirtió que las deficiencias en la formación básica, donde solo tres de cada diez niños comprenden lo que leen, limitan drásticamente las posibilidades de empleo futuro y progreso. 

"Ese círculo es el principal obstáculo para que el crecimiento económico se convierta en desarrollo real", señaló. Para Lewis, fortalecer la educación y mejorar el acceso a servicios básicos será clave para romper la transmisión intergeneracional de la pobreza y asegurar que la recuperación económica beneficie a más peruanos.

A pocas semanas de la peregrinación a la Virgen de Chapi, la Municipalidad Provincial de Arequipa, a través de su subgerente de Transporte, Javier Ortiz, anunció la puesta en marcha del plan de rutas hacia el santuario, en el distrito de Polobaya, con el objetivo de garantizar un traslado seguro durante el tradicional recorrido que se desarrolla cada primero de mayo.

Ortiz informó que desde el lunes 20 se iniciará la entrega de autorizaciones extraordinarias para los transportistas, trámite que deberá realizarse en la sede de la subgerencia en la calle Rivero 512, donde la atención se realizará de 8:00 a 15:00 horas hasta el 28 de abril y a partir del 29 de abril, la atención será trasladada a los puntos de partida autorizados en la avenida Kenny y la avenida Las Convenciones, en horario extendido de 6:00 a 22:00 horas.

Para ello, los conductores deberán presentar documentos como licencia, SOAT, revisión técnica, tarjeta de propiedad y realizar el pago correspondiente de S/87,30.

Ante el incremento de peregrinos cada año, se habilitarán puntos de partida en las avenidas Andrés Avelino Cáceres, Kennedy con Guardia Civil y el tradicional óvalo de los Bomberos, desde donde solo podrán salir vehículos autorizados de las categorías M2 y M3.

El funcionario precisó que se desplegarán 87 inspectores en doble turno los días 29 y 30 de abril, además de controles en ruta, con el fin de evitar el transporte informal. Los vehículos sin autorización serán intervenidos, sus pasajeros deberán descender y las unidades serán trasladadas al depósito municipal, con una multa equivalente a media UIT.

Asimismo, hizo un llamado a los peregrinos a priorizar su seguridad. El plan también contempla grúas, apoyo policial y unidades de paramédicos para atender cualquier emergencia durante el trayecto hacia el santuario.

En el Día Mundial del Emprendimiento, Caja Arequipa pone en valor el rol esencial que cumplen los emprendedores en el desarrollo económico y social del Perú. La institución destaca el espíritu de lucha y la capacidad de reinvención de los microempresarios peruanos que han encontrado en el emprendimiento una oportunidad para transformar sus vidas y generar un impacto positivo en sus comunidades.

De acuerdo con el Ministerio de la Producción, el Perú se ha consolidado como uno de los países líderes en emprendimiento en América Latina. Según cifras de la entidad, actualmente existen en el país más de 2.4 millones de MYPE, las cuales representan el 99.2% de las empresas del país y generan más de 10 millones de empleos.

El organismo también informó que, entre 2019 y 2023, el número de emprendedores aumentó en más de 81 mil, evidenciando que el emprendimiento se ha consolidado como una base sustancial de la economía, con los microempresarios como actores clave de este dinamismo.

En ese sentido, en el Día Mundial del Emprendimiento, Caja Arequipa reconoce el esfuerzo y la capacidad de adaptación de los emprendedores peruanos, quienes, pese a las adversidades, continúan apostando por sus proyectos y generando progreso para sus familias.

Apuesta por la cultura emprendedora

Como parte de su apuesta por la cultura emprendedora, Caja Arequipa viene impulsando diversas iniciativas enfocadas en promover la inclusión financiera, aportando así a la formalización y sostenibilidad en el tiempo.

“Aprende Emprende” es uno de los proyectos que impulsa la educación financiera mediante talleres presenciales y virtuales. Desde 2018 al 2025, el programa ha capacitado a más de 26 mil personas. “Kallpa Warmi”, otra de las iniciativas que busca desarrollar las capacidades de las mujeres microempresarias, ha beneficiado a más de 16 mil emprendedoras al cierre del 2025.

En el 2024, Caja Arequipa organizó el primer concurso nacional “Premio Orgullo Emprendedor”, que resalta la trascendencia del segmento MYPE en el Perú y reconoce a los emprendedores que construyen el crecimiento del país. En su primera edición, la institución reconoció a 15 ganadores.

En el segundo concurso, organizado en el 2025, la entidad premió a 18 emprendedores. En ambas ediciones, se otorgaron incentivos valorizados en S/ 200 mil, que incluyeron becas integrales en programas de formación académica en alianza con CENTRUM PUCP, así como seguros de vida y asistencia para el desarrollo de sus negocios y el bienestar de sus familias.

Otra de las apuestas de Caja Arequipa para reconocer a los microempresarios fue la publicación de “Hecho en Perú”, un libro lanzado en el 2024 con el objetivo de visibilizar sus historias de esfuerzo y fortalecer el vínculo con ellos.

El primer tomo de este libro reúne 40 relatos reales de microempresarios de distintas regiones del país, mientras que el segundo tomo, publicado al año siguiente, presenta 41 historias inspiradoras. Para Caja Arequipa, estas iniciativas representan una oportunidad para inspirar a otras personas a perseguir sus sueños y convertirse en agentes de cambio en sus comunidades.

De esta manera, Caja Arequipa ratifica su compromiso de seguir impulsando el progreso de los emprendedores, promoviendo mayores oportunidades económicas que contribuyan al desarrollo sostenible en el Perú.

La presidenta de la Coordinadora Regional de Capacitación Técnica de Mujeres en Arequipa, Adriana Valencia, destacó la formalización de los emprendimientos en la región porque permite abrir nuevas oportunidades de crecimiento económico y generación de empleo, especialmente en el sector de las microempresas.

“Debemos aprovechar los cursos que da el Gobierno Regional para formalizar a las mujeres emprendedoras; esto nos permitirá participar en todos los proyectos de compra con el Estado, préstamos y capitales semilla, ya que para acceder a esto debes ser formal”, indicó.

Asimismo, indicó que es necesario que las autoridades impulsen iniciativas como la creación de un Centro de Capacitación Empresarial para mujeres y un emporio comercial, con el objetivo de garantizar condiciones de trabajo dignas y seguras, dejando atrás la informalidad y el comercio en la vía pública.

Valencia también advirtió que, dentro de su organización, que congrega a 360 mujeres a nivel regional, menos de la mitad se encuentra formalizada, lo que evidencia las dificultades y la falta de información que aún persisten en este proceso. “Se necesitan más campañas de formalización para que las emprendedoras puedan darse cuenta de que ser formal es una ventaja”, enfatizó.

Según la Gerencia Regional de la Producción, en Arequipa existen cerca de 400 mil microempresas, de las cuales aproximadamente el 50 % opera en la informalidad; según explicó la vocera, la burocracia y los pagos a la Sunat desaniman a las microempresarias a volverse formales.

Por último, Valencia sostuvo que pasar de la informalidad a la formalidad es un desafío para las autoridades porque esto permitirá fortalecer a los negocios privados e impulsar la generación de empleo y un desarrollo económico sostenible en la región.

Tras la primera vuelta electoral y en la antesala de la segunda, el análisis de los planes económicos de los candidatos evidencia que persisten vacíos importantes en el sustento técnico y financiero de sus propuestas. Según Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto, aunque ahora el debate se ha reducido a menos opciones, continúan las inconsistencias en planteamientos que combinan anuncios de alto gasto con promesas de disciplina fiscal.

Entre los principales cuestionamientos, el economista advirtió que iniciativas como grandes proyectos de infraestructura, incluidos sistemas ferroviarios, siguen sin detallar su financiamiento. “Se plantean ferrocarriles interurbanos por un costo incremental anual de S/5 mil millones y no se explica cómo se financiarán”, señaló.

Para Castilla, esta falta de claridad no es nueva y refleja una tendencia observada durante toda la campaña. “Todos sin excepción son muy laxos en prometer cosas que no saben cómo los van a financiar”, afirmó.

El análisis también identifica riesgos en materia fiscal y tributaria. Castilla alertó que propuestas como la reasignación de impuestos no consideran las restricciones actuales del sistema. “Se plantea reasignar parte del IGV y este ya está bastante reasignado”, explicó, al advertir posibles tensiones en las finanzas públicas. 

Además, subrayó que varias iniciativas dependen de decisiones del Congreso o no detallan su viabilidad, lo que incrementa la incertidumbre en esta etapa decisiva.

Finalmente, el especialista destacó que será clave que los candidatos —más aún ahora, de cara a la segunda vuelta— precisen cómo sostendrán la estabilidad macroeconómica. Mientras algunos han planteado dar continuidad a la conducción técnica del Banco Central de Reserva, otros no han definido una posición clara, lo que refleja diferencias en el enfoque hacia la política monetaria y la institucionalidad económica.

La Encuesta Mundial de Valores 2025 revela una fuerte desconfianza hacia las instituciones políticas. Solo el 2 % de los peruanos participa en partidos, mientras el Congreso concentra los mayores niveles de rechazo. Además, el 79 % afirma no tener “nada de confianza” en la figura presidencial, y el Gobierno obtiene un bajo puntaje de 2.8 sobre 9 en su capacidad para “hacer lo correcto”. 

“La encuesta muestra una sociedad con fuertes contrastes: seguimos siendo conservadores en temas como género y, al mismo tiempo, enfrentamos una profunda crisis de confianza”, señaló María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente Perú.

Este escenario se traduce en un menor respaldo a la democracia en la práctica. Quienes consideran “muy importante” vivir en democracia bajaron de 47 % a 41 % entre 2018 y 2025, mientras aumenta la aceptación de que un líder fuerte pueda ignorar al Congreso. “También preocupa el creciente respaldo a un líder fuerte o incluso a un gobierno militar”, advirtió Villegas.

En este contexto, se amplía el distanciamiento ciudadano. El 39 % no muestra interés en la política y más del 50 % afirma que nunca participaría en protestas. A ello se suman mayores dudas sobre el sistema electoral y una percepción extendida de corrupción. 

“Esta desconfianza se ha alimentado de campañas de desinformación, ataques a instituciones y un ecosistema digital que amplifica la confrontación”, explicó Nelly Luna, directora periodística y cofundadora de Ojo Público.