A través de la estrategia de siembra y cosecha de agua, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), ejecuta un paquete de 30 qochas diseñadas para captar y almacenar agua de lluvia, impulsando la producción agrícola y ganadera local.

Los trabajos, liderados por la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, avanzan en dos frentes en los distritos de Carumas, Ubinas, Yunga, Ichuña y Lloque. Con una inversión global que supera los S/ 7.5 millones, esta intervención inyectará una recarga hídrica superior a los 700 mil metros cúbicos de agua en beneficio de más de 290 familias altoandinas.

La infraestructura hidráulica contempla la construcción de diques de tierra, instalación de geomembranas y obras complementarias. Estos componentes aceleran la infiltración natural del terreno y garantizan el suministro de agua en épocas de escasez.

Impacto en General Sánchez Cerro: 10 qochas listas

La provincia de General Sánchez Cerro ya cuenta con 10 qochas operativas en los distritos de Ichuña y Lloque, tras una inversión que superó los S/ 2.6 millones. Esta primera etapa atiende directamente a 83 familias productoras.

* Ichuña: Se habilitaron cinco qochas en las comunidades de Calaujata y Cachipascana, aportando una recarga de más de 314 mil metros cúbicos.
* Lloque: Se culminaron cinco infraestructuras que benefician a 50 familias de Chucapaca y Corire.

Como siguiente paso en esta provincia, el MIDAGRI iniciará la construcción de nuevos diques en los distritos de Ubinas y Yunga para expandir la cobertura de riego.

Expansión en Mariscal Nieto: 20 nuevos diques en marcha

En paralelo, arrancó la construcción de un segundo paquete de 20 qochas en la región, el cual beneficiará a 209 familias. Dentro de este grupo destaca el distrito de Carumas (provincia de Mariscal Nieto), donde se levantarás siete diques en las localidades de Aguas Termales, Ccaccachara, Pampa Putina, Aruntaya, Titire y Chilota. Estas obras incorporarán más de 167 mil metros cúbicos de agua a la subcuenca Coralaque.

La oposición al proyecto minero Tía María vuelve a tomar fuerza en la provincia de Islay. Dirigentes del Valle de Tambo anunciaron una movilización para los primeros días de julio, con el objetivo de exigir acciones frente a la contaminación del río Tambo y expresar su rechazo a los trabajos que se vienen ejecutando en la zona.

“El proyecto de Tía María está avanzando en las etapas de hacer carreteras, abrir más caminos y se escuchan explosiones en el sector. Reitero que todos estos trabajos son ilegales, desconociendo incluso los permisos que corresponden”, manifestó Miguel Meza, representante del Valle de Tambo.

El dirigente también expresó su preocupación por la situación ambiental de la provincia y cuestionó que la problemática no haya sido abordada con mayor énfasis durante la campaña electoral. En ese sentido, señaló que ante la llegada del candidato presidencial, Roberto Sánchez, espera que realice un pronunciamiento sobre el conflicto generado por Tía María y la contaminación del río Tambo.

Asimismo, indicó que en las últimas movilizaciones realizadas en abril, algunos participantes fueron denunciados, situación que calificó como una criminalización de la protesta. Además, recordó que mantienen una acción de amparo vinculada al proyecto y cuestionó la demora en la emisión de una resolución judicial.

“Vamos a realizar una movilización a nivel provincial exclusivamente por el tema de la contaminación del río Tambo. Vamos a convocar a todas las fuerzas vivas porque la preocupación principal es la defensa del agua y de la agricultura del valle”, indicó.

Según informó, organizaciones sociales, agricultores y juntas de usuarios vienen coordinando la medida de protesta, que buscará congregar a diversos sectores de Islay para demandar una mayor atención a los problemas ambientales que afectan a la cuenca del río Tambo y reiterar su rechazo al proyecto minero.

A cuatro días de la segunda vuelta electoral, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que la distribución del material electoral hacia las provincias del país y Lima provincias se encuentra prácticamente concluida. 

El traslado se realizó desde el almacén central de la institución, ubicado en Lurín, como parte de las acciones previstas para garantizar el desarrollo de los próximos comicios.

La entidad precisó que el envío de los cargamentos fue supervisado por equipos técnicos y personal de fiscalización, quienes verificaron tanto la salida como la llegada del material a las diferentes sedes electorales. Estas labores buscan asegurar la transparencia y el cumplimiento de las normas durante el proceso electoral.

El vocero de fiscalización del JNE, Luis Ramos, señaló que coordinadores y fiscalizadores desplegados en distintas regiones del país constataron la recepción de los materiales en las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE). Asimismo, indicó que los mecanismos de control continúan activos para reportar cualquier incidencia.

De cara a la jornada electoral, el organismo anunció que más de 28 mil fiscalizadores serán desplegados a nivel nacional para supervisar las distintas etapas de la votación. El personal verificará el cumplimiento de la normativa antes, durante y después del sufragio, con el objetivo de garantizar la legalidad y transparencia del proceso.

La falta de transporte público se ha convertido en un problema de todos los días para los vecinos de la asociación Peruarbo, en el distrito de Cerro Colorado. Los pobladores denuncian largas esperas y unidades en mal estado, lo que repercute para trasladarse a sus centros de trabajo y estudio.

La presidenta de Peruarbo, Nely Apaza Fernández, señaló que la situación se agrava fuera de las horas punta, ya que los usuarios deben esperar hasta una hora para acceder a una unidad de transporte público. Además, indicó que durante las noches y fines de semana el servicio es muy escaso, obligando a los pobladores a recurrir a taxis o mototaxis.

“Estamos cansados de esperar, que mejore la frecuencia. Las unidades que envían son viejas y en pesimas condiciones. Después de las ocho de la noche ya no hay transporte y tenemos que movilizarnos como podemos, exponiéndonos a riesgos y accidentes”, manifestó.

La dirigente cuestionó el servicio brindado por el Consorcio Cono Norte y pidió a la Gerencia de Transportes reforzar las inspecciones para verificar que las unidades cuenten con licencia, SOAT y las condiciones adecuadas para operar. También solicitó evaluar posibles sanciones por los reiterados incumplimientos denunciados por la población.

Asimismo, advirtió que la deficiente cobertura del transporte formal ha favorecido el crecimiento de servicios informales en la zona. Tras una reunión con las autoridades de transporte, informó que se anunció una evaluación del servicio y que en los próximos días se presentará un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones de la empresa operadora.

La generación de mayores inversiones y el fortalecimiento de sectores productivos como la minería, agricultura y pesca permitirán dinamizar la economía nacional y crear nuevas oportunidades laborales, este crecimiento también se verá reflejado en el sector automotor, así lo sostuvo Richard Valverde, subgerente de estrategia de producto y planeamiento de la empresa Divemotor.

El representante de la compañía destacó que el movimiento económico de los distintos sectores tendrá una relación directa con la demanda de vehículos de carga, principalmente camiones medianos y semipesados que son utilizados para el transporte de mercadería y alimentos perecibles.

“Nosotros tenemos una gama completa entre medianos, semipesados, volquetes y tractos; esto nos permite estar en contacto directo con todos los rubros; cuando hay mayor movimiento económico en la agricultura, minería se puede tener una mayor venta de vehículos”, indicó.

Valverde señaló que durante el 2025 la empresa logró posicionarse como la tercera en venta de camiones medianos y semipesados en el mercado nacional; precisó que, estos resultados reflejan el crecimiento sostenido del rubro transporte, “la expectativa es volver este año al liderazgo absoluto de vender unidades semipesadas; hasta el momento vamos bien”, afirmó.

Añadió que la meta para este año es comercializar entre 600 y 700 camiones, mientras que en los próximos dos años esperan alcanzar ventas de entre 800 y 900 unidades; de esta forma la inversión en el sector transporte estaría incrementándose.

En otro momento, remarcó que el próximo gobierno debe promover políticas que generen confianza e impulsen la inversión privada porque esto tendrá un efecto multiplicador en todas las actividades productivas.

Petroperú, considerada una de las principales empresas estatales estratégicas, acumuló pérdidas superiores a los 4 mil millones de dólares y requirió constantes rescates financieros con recursos públicos. En ese contexto, Isidro Flores Sosa, presidente de la Central Regional de Empresas y Asociaciones de Taxi (CREAT), cuestionó el manejo administrativo de la empresa y advirtió que la situación termina afectando indirectamente a ciudadanos y transportistas.

“Sabemos que por muchos años Petroperú está ocasionando pérdidas al Estado. Cambian constantemente de funcionarios, su director nacional gana millones y su personal también, por eso todo el presupuesto no alcanza y cada año la situación está peor”, sostuvo el dirigente.

Flores Sosa indicó que, pese a los constantes cambios de directorios y funcionarios, la empresa estatal no logró revertir su crisis económica ni generar beneficios concretos para la población que depende del combustible y espera una reducción en los precios.

Ante ello, planteó la necesidad de implementar un modelo de inversión mixta entre el Estado y el sector privado para mejorar la producción y sostenibilidad de Petroperú. Asimismo, señaló que los recursos destinados a rescatar la empresa pudieron invertirse en sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura pública.

La pobreza monetaria en el Perú se redujo a 25.7 % en 2025, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Para Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), este resultado refleja un avance importante, con cerca de un millón de personas que dejaron de ser pobres en el último año. 

Sin embargo, la especialista advirtió que la recuperación aún es incompleta. “Es una buena noticia, pero todavía estamos lejos de los niveles que teníamos en 2019”, señaló.

Antes de la pandemia, la pobreza se situaba alrededor del 20 %, lo que implica que el país mantiene todavía cerca de 2.5 millones de personas adicionales en esta condición respecto a hace seis años. Muñoz Nájar explicó que la mejora reciente responde principalmente al crecimiento económico, la inversión y la recuperación del empleo. Sin embargo, subrayó que “el reto grande va a ser seguir manteniendo el crecimiento económico y la inversión para que haya más empleo, porque eso es lo que verdaderamente reduce pobreza”.

La economista también destacó que el avance no ha sido uniforme a nivel territorial. Mientras regiones como Ica registran los menores niveles de pobreza, impulsadas por sectores como la agroexportación, la minería y la industria, otras como Cajamarca continúan rezagadas. 

Según el análisis de Redes, 19 de las 25 regiones lograron reducir sus niveles de pobreza, pero en seis se registraron incrementos, lo que evidencia brechas persistentes en el desarrollo regional.

En paralelo, la pobreza extrema se redujo y se ubicó por debajo del 5 %. Aun así, especialistas coinciden en que el desafío central será consolidar la recuperación económica y ampliar las oportunidades de empleo formal, sobre todo en las regiones con mayor vulnerabilidad.

En el marco del Día Internacional de la Papa, el Perú celebra este 30 de mayo la importancia de uno de sus cultivos más representativos, del que dependen más de 711 mil familias productoras en todo el país. La fecha busca reconocer el aporte económico, cultural y alimentario de este producto ancestral.

Como parte de las actividades conmemorativas, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) realizará el “Festival de la Papa Peruana 2026”, evento que reunirá a productores de distintas regiones, empresarios y chefs nacionales con el objetivo de promover el consumo de papas nativas y fortalecer la agricultura familiar.

El Perú es reconocido mundialmente como el centro de origen de la papa y alberga más de 3 mil variedades nativas. Además, se mantiene como el principal productor de papa en América Latina y uno de los países líderes en la conservación de la biodiversidad agrícola.

La relevancia de este cultivo también se refleja en su impacto social. Cerca del 90% de la producción nacional se concentra en la sierra peruana, donde miles de familias encuentran en la papa su principal fuente de ingresos y sustento económico.

La conmemoración cobra especial relevancia este año, ya que el Perú fue el país que impulsó ante la Organización de las Naciones Unidas la creación del Día Internacional de la Papa, aprobado en 2023. Con esta fecha, se busca reforzar la protección de las semillas nativas, la producción sostenible y la seguridad alimentaria frente a los desafíos globales.

La Dirección Regional de Educación (DRE) Moquegua informó que no se realizará el acto público de adjudicación de plazas para la modalidad de Educación Técnico Productiva (CETPRO), debido a la ausencia de postulantes en el proceso de nombramiento correspondiente al Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2025-2026.

A través de un comunicado, el comité de adjudicación de la DRE Moquegua precisó que la medida se adopta en el marco de la norma técnica que regula el concurso público para profesores de la modalidad de Educación Técnico Productiva, contemplado en la Ley N.° 29944, Ley de Reforma Magisterial.

Según la entidad educativa, al no registrarse postulantes aptos para la adjudicación de nombramiento en CETPRO dentro de la jurisdicción regional, quedó suspendida la realización del acto público previsto para este proceso.

El concurso forma parte del proceso nacional de ingreso a la Carrera Pública Magisterial, mediante el cual se busca incorporar docentes nombrados a diversas modalidades educativas del país.

La DRE Moquegua no brindó mayores detalles sobre las razones de la falta de postulantes, aunque el comunicado fue difundido para conocimiento de la comunidad educativa y público en general.

La minería ilegal se ha convertido en el principal problema económico, ambiental y de seguridad que enfrenta actualmente el Perú. Así lo advirtió el regidor de José Luis Bustamante y Rivero, Ronald Rodríguez, quien cuestionó la falta de acciones por parte de las autoridades frente al crecimiento de esta actividad ilícita.

“Hasta ahora funcionarios, congresistas y el Gobierno no hicieron nada contra este problema; actualmente continúa creciendo la minería ilegal que le hace un gran daño a la población que está en las zonas de influencia donde solo genera mayor contaminación”, precisó.

Actualmente, la minería ilegal es considerada la economía ilícita más rentable del Perú, incluso por encima del narcotráfico. Solo el año pasado, las exportaciones vinculadas a esta actividad alcanzaron los 11 mil millones de dólares.

Rodríguez sostuvo que el impacto económico es grave debido a que las actividades ilegales no tributan ni generan recursos para el Estado, “económicamente afecta demasiado porque no pagan impuestos en beneficio del país; pese a este problema, el Gobierno actual más se va en contra de la minería formal, un claro ejemplo es Tía María”, cuestionó.

En ese sentido, el regidor remarcó que combatir la minería ilegal debe ser una de las principales prioridades del próximo gobierno, donde se debe aplicar medidas urgentes desde el ámbito político, policial y judicial, “hace muchos años debió resolverse este problema porque genera más delincuencia y se pierden millones y millones de soles”, afirmó.

Sobre el tema, la minería ilegal se expandió en diversas zonas amazónicas, afectando a 73 comunidades nativas y contaminando más de 250 cuerpos de agua. La región más golpeada continúa siendo Madre de Dios, donde se reportaron más de 11 mil 500 hectáreas deforestadas durante el último año.

Por último, Rodríguez advirtió que, si el próximo gobierno no adopta estrategias y acciones inmediatas, el problema continuará agravándose. Consideró que endurecer las sanciones, mejorar los sistemas de fiscalización y respaldar a la minería formal ayudará a que el Perú no siga perdiendo millones de soles en impuestos.