La extinción de dominio fue presentada como un mecanismo para golpear donde más duele al crimen organizado: el bolsillo. Desde 2018, con el Decreto Legislativo 1373, el Estado puede incautar bienes presuntamente adquiridos o utilizados de forma ilícita, sin necesidad de una condena penal firme contra sus propietarios. En el papel, se trataba de un paso clave contra la corrupción, el narcotráfico y otros delitos graves. En la práctica, ha abierto una peligrosa puerta a la arbitrariedad.

El Tribunal Constitucional (TC) acaba de encender las alarmas. Vigilante.pe revisó una reciente sentencia que declaró inconstitucionales varios artículos de la norma, advirtiendo que la confiscación de bienes sin sentencia firme vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa. La Defensoría del Pueblo también alertó que la norma podría convertirse en un arma peligrosa contra ciudadanos y empresas sin pruebas concluyentes de culpabilidad.

¿La persecución disfrazada de justicia?

Un caso preocupante es el de la empresa TAMSHI, instalada en Loreto y dedicada desde hace más de una década a la producción de cacao. Sus terrenos fueron clasificados como agrícolas por el propio Estado en 1997. Sin embargo, desde hace más de 10 años es blanco de la ONG Kené, liderada por la ambientalista Lucila Pautrat, que exige aplicar la extinción de dominio contra la compañía bajo acusaciones de presuntos delitos ambientales.

Pese a que la compañía fue absuelta en diversas instancias judiciales por acusaciones de tala ilegal, deforestación y tráfico de madera —con sentencias ratificadas por la Corte Suprema en 2022—, la Fiscalía de Extinción de Dominio presentó en octubre de 2023 una demanda para que el Estado se adjudique 88 predios rurales vinculados a sus operaciones en Tamshiyacu. El juzgado especializado de la Corte Superior de Justicia de Loreto admitió la demanda y el caso está actualmente en etapa de defensa.

La situación ha generado preocupación en la comunidad local. Agricultores, trabajadores y pobladores han organizado manifestaciones en respaldo a TAMSHI, destacando que la empresa es fuente de empleo e ingresos para unas 10 mil personas de la zona. Este caso muestra cómo una figura legal diseñada para cortar las finanzas del crimen puede terminar siendo usada en disputas ideológicas o políticas, dejando a las empresas expuestas a la pérdida arbitraria de su patrimonio.

Entre el crimen y la arbitrariedad

La paradoja es evidente. La extinción de dominio se creó para debilitar al crimen organizado y recuperar activos ilícitos, pero su diseño defectuoso permite que se utilice como una herramienta de presión contra personas y compañías que no han sido condenadas. En el mejor de los casos, genera trabas legales; en el peor, destruye proyectos productivos legítimos.

El reto es encontrar un punto medio. La lucha contra la delincuencia necesita instrumentos eficaces, pero no a costa de convertir al ciudadano común en una víctima más del sistema. La pregunta clave sigue en el aire: ¿será la extinción de dominio un arma contra el crimen o un nuevo mecanismo de abuso del poder estatal?

Con 10 votos a favor y el voto en contra del consejero César Huamantuma Alarcón, el pleno del Consejo Regional de Arequipa aprobó por mayoría el respaldo al Ejecutivo del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) para autorizar una operación de endeudamiento interno por un monto total de S/ 287 millones 503 mil 434.51.

Este importante acuerdo permitirá contar con el presupuesto necesario para culminar la construcción y poner en funcionamiento los nuevos hospitales de Camaná y Maritza Campos Díaz, obras largamente esperadas por la población arequipeña.

La decisión se tomó durante la última sesión extraordinaria virtual del Consejo Regional, ello tras la sustentación técnica y presupuestal del equipo del GRA. El importe materia de endeudamiento está sustentado en las resoluciones de aprobación de los expedientes técnicos de saldos de obra de ambos nosocomios: S/ 167 millones 978 mil 524.78 para el hospital Maritza Campos, aprobado mediante la Resolución N.° 339-2025 del 13 de agosto de 2025, y S/ 119 millones 524 mil 909.73 para el hospital de Camaná, aprobado mediante Resolución N.° 319-2025 del 25 de julio de 2025, ambas aprobadas por la Gerencia Regional de Infraestructura.

El endeudamiento será cancelado en un plazo de 20 años, entre el 31 de enero de 2026 y el 31 de diciembre de 2045, el cual será cubierto con recursos del canon y regalías mineras. Es importante resaltar que este financiamiento no generará intereses, y el cumplimiento anual de la deuda está garantizado sin afectar otros proyectos estratégicos ni los gastos ordinarios del Gobierno Regional.

El Gobierno Regional subraya que esta operación representa una gran oportunidad para concretar dos proyectos claves en el fortalecimiento del sistema de salud de nuestra región. El hospital de Camaná ha sido anhelado por la población desde el año 2016, mientras que el hospital Maritza Campos espera su conclusión desde el 2018. Ambos nosocomios beneficiarán directamente a miles de ciudadanos del Cono Norte de Arequipa y de la provincia de Camaná, mejorando sustancialmente el acceso a servicios de salud especializados y de calidad.

Es importante resaltar que el GRA viene trabajando coordinadamente con el Ejecutivo Nacional, a través del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión (EESI-Territorial), para seguir concretando inversiones del sector privado que impulsan, por un lado, el desarrollo regional y, además, generarán en los próximos años mayores recursos por conceptos de canon y regalías mineras. Entre ellos se encuentran los proyectos mineros de ampliación de Cerro Verde, Pampa del Pongo y Zafranal, lo cual garantizará mayor presupuesto para las siguientes gestiones regionales.

Tras la aprobación del Consejo Regional, el acuerdo será remitido al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Contraloría General de la República, para que finalmente la Presidencia del Consejo de Ministros emita el decreto supremo correspondiente.

Mientras se realiza este proceso, el Gobierno Regional de Arequipa realizará todas las acciones administrativas y técnicas necesarias para que, una vez emitido el decreto, se proceda a la contratación de las empresas encargadas de ejecutar y supervisar las obras, aplicando para ello la normativa especial para la reactivación de obras paralizadas.

Seis personas fueron intervenidas en flagrancia este domingo 20 de julio mientras intentaban rendir el examen de admisión Ceprunsa 2025 en la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa (UNSA), suplantando a postulantes reales. Los detenidos pertenecerían a una presunta red de fraude conocida como “Los cerebritos del sur”.

El operativo fue ejecutado por agentes de la Depincri en el área de Ingeniería del campus universitario. La primera intervenida fue Rocío Quispe M. (24), quien pretendía ingresar a la carrera de Medicina utilizando un smartwatch oculto con papel aluminio y el DNI de otra persona. Fue descubierta gracias al sistema de control biométrico.

Junto a ella fueron detenidos Carlos Quintana G. (22), Miguel Sánchez B. (21), Josely Talavera C. (21), Alexander Alarcón A. (28) y Miguel Trujillo C. (22). Algunos fueron sorprendidos al momento de ingresar y otros dentro del aula, todos con la intención de suplantar a postulantes de Medicina y Enfermería.

La Policía informó que los implicados usaban dispositivos electrónicos para acceder a información durante la prueba. Esta modalidad de fraude, cada vez más sofisticada, pone en alerta a las universidades del sur del país que aún enfrentan desafíos en la detección oportuna de estas prácticas.

Los seis intervenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público por el presunto delito contra la fe pública. La UNSA no se ha pronunciado aún sobre si anulará el examen de los postulantes suplantados o tomará medidas adicionales de seguridad en sus procesos de admisión.

Daniel Huayto Ruiz

El mes de mayo estuvo marcado por la celebración del 33.º aniversario de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). Desde el 23 hasta el 30 de mayo, la comunidad académica participó en diversas actividades que reforzaron su identidad, compromiso ético y creatividad.

El 23 de mayo, todos los estudiantes de las distintas promociones de la escuela se dieron cita en el Colegio Militar Francisco Bolognesi para una mañana deportiva que reunió partidos de vóley, fútbol y un concurso de barras que desbordó energía y compañerismo. Todos los salones se organizaron para poder dar una presentación organizada e inolvidable. Sin embrago el quinto año de Periodismo fue el gran ganador, destacándose por su unión, alegría y organización. La promoción se vio entusiasmada al recibir el premio otorgado por la Escuela y agradecieron a todos los docentes que mostraron su apoyo con ellos. 

El 26 de mayo, la Biblioteca César Guardia Mayorga se llenó de historia con la exposición fotográfica Reminiscencia. La muestra presentó imágenes capturadas por trabajadores del área de construcción de la UNSA entre 1995 y 2000, invitando a la comunidad a reflexionar sobre la evolución de los espacios universitarios y su impacto en la identidad agustina.

Del 27 al 29 de mayo, el Aula Magna fue el escenario del seminario internacional Innovación y Comunicación: investigación cualitativa y tendencias emergentes. Destacados especialistas como el Dr. Fernando Alberto Elías Bastarrechea, el Dr. Tito Ballesteros López, el Dr. Francisco Aguadero Fernández y la Dra. Claudia Paola Lagos Lira compartieron perspectivas sobre los retos éticos y sociales de la inteligencia artificial, la importancia del storytelling y la necesidad de comunicar con empatía y conciencia crítica. Cada ponencia dejó a estudiantes y docentes con herramientas valiosas para su futuro profesional.

Estas actividades no solo celebraron un aniversario, sino que reafirmaron el compromiso de la Escuela de Comunicación de la UNSA de formar comunicadores con un enfoque ético, humano y transformador.

Daniel Huayto Ruiz

Este sábado se inició en Caravelí la audiencia del pedido de prisión preventiva por nueve meses contra ocho detenidos durante los enfrentamientos entre mineros informales y la Policía en el distrito de Chala. Los hechos ocurrieron en el marco del bloqueo de la carretera Panamericana Sur el pasado 11 de julio.

La fiscal adjunta provincial Yolanda Martínez sustentó que las actas policiales prueban la participación de los investigados, acusados por delitos contra la tranquilidad pública y violencia contra la autoridad. Durante la intervención, a algunos se les halló resorteras y pasamontañas en su poder, según el registro personal.

La defensa cuestionó la validez de las actas, señalando que no se respetaron los protocolos policiales ni se identificaron claramente los lugares de detención. Además, afirmaron que los imputados no estaban en protesta, pero la Fiscalía presentó videos que, aseguró, contradicen esa versión.

El juez de Paz Letrado de Caravelí, Ronald Salas, reanudará la audiencia este lunes a las 8:30 a. m., donde la Fiscalía expondrá los peligros procesales caso por caso. Los imputados son José Sánchez, José Luis Nucante, Isau Olortegui, Vicente Ferrer, Mercedes Kleira Quispe, Gustavo Mamani, Juan Machaca y Cristian Torres.

Daniel Huayto Ruiz

Carlos Espinoza Castro y el venezolano Adrián Rivero González fueron detenidos por la Policía tras ser identificados como sospechosos del asalto armado al cambista Aurelio C.Q., de 71 años. La víctima recibió un disparo en la pierna y fue despojada de 31 mil dólares cuando se dirigía a su vivienda en Ciudad Municipal.

Los sujetos fueron intervenidos cuando intentaban cambiar el tapiz del vehículo rojo de placa V3U-059 en la calle Malecón Iquique de Miraflores. Este automóvil fue captado por cámaras de seguridad durante el asalto, y pertenecería a la madre de uno de los intervenidos. El vehículo habría sido usado para seguir, atacar y huir del lugar.

El asalto ocurrió cerca de las 10 p.m. del jueves. Tres sujetos vestidos de negro sorprendieron por la espalda al cambista, lo golpearon y le exigieron el dinero. Al resistirse, uno de ellos le disparó. Sin apoyo inmediato de la Policía, fueron los familiares quienes trasladaron al herido a un hospital.

Durante la inspección al auto intervenido, se hallaron guantes de látex con rastros de sangre y ropa posiblemente usada durante el ataque. Las evidencias reforzarían la hipótesis de que ambos detenidos integran la banda “Los malditos de Cono Norte”. El caso quedó en manos de la División de Robos de la Divincri.

Daniel Huayto Ruiz

Comuneros de Pusa Pusa, en la provincia de Caylloma, denunciaron desalojos arbitrarios por parte del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) y Autodema, pese a que está pendiente un fallo judicial definitivo sobre su reubicación. Exigen que se respete la Ordenanza Regional N.º 339, que reserva más de 500 hectáreas en Pampa Baja de Majes para restituir su cuadro de vida.

Durante su llegada a Arequipa, afirmaron que cinco familias fueron desalojadas de manera violenta. “Trajeron decenas de policías y nos sacaron como si fuéramos invasores, cuando vendimos nuestras tierras con la promesa de reubicación”, declaró un poblador. Los afectados se dedicaban a la ganadería y la producción lechera.

El asesor legal de la Asociación de Comuneros, Moisés Valdés, señaló que el acuerdo de expropiación directa contemplaba no solo el pago por los terrenos, sino también la reposición de condiciones de vida para los afectados por la represa de Angostura. Actualmente, los comuneros desalojados se refugian en casas vecinas.

“Tenemos un fallo favorable en primera instancia y solo pedimos que se espere el resultado final. No buscamos un segundo pago, solo que se cumpla lo acordado”, manifestó Félix Yanque, presidente de la asociación. En total, 52 familias vendieron sus predios al GRA bajo estos compromisos.

Perú enfrenta amenazas como la sequía, la erosión del suelo y el cambio climático, especialmente en la costa y zonas altoandinas. Esta fecha busca generar conciencia sobre la necesidad de proteger nuestros suelos, promover prácticas agrícolas sostenibles y conservar los ecosistemas, en especial en comunidades vulnerables.

Cada 15 de junio se rinde homenaje a la canción andina, una expresión cultural que reúne identidad, historia y sentimientos del pueblo andino. Huaynos, mulizas, yaravíes y otras formas musicales son celebradas en esta fecha con concursos y festivales. Coincide también con el Día del Padre (tercer domingo de junio), fecha para reconocer el amor, el esfuerzo y el rol de los padres en la formación de las familias.

El 12 de junio se promueve la erradicación del trabajo infantil, una problemática que afecta a miles de niños en el mundo y también en regiones vulnerables del Perú. En esta fecha también se reconoce el rol clave del profesional informático, cuya labor es cada vez más importante en la transformación digital del país. Asimismo, se destaca el aporte de la industria nacional como motor de desarrollo económico y generación de empleo.