Con la participación de líderes de instituciones financieras, autoridades, expertos nacionales e internacionales, Caja Arequipa inauguró el Seminario Internacional de Microfinanzas Arequipa 2026, el principal espacio de análisis del sector microfinanciero de la región. Esta jornada marcará el inicio de tres días de reflexión orientados a definir el futuro de las microfinanzas en un entorno de creciente transformación económica y digital.
La ceremonia de inauguración contó con las palabras de bienvenida del presidente del Directorio de Caja Arequipa, Carlos Rodríguez Martínez, y del alcalde provincial de Arequipa, Víctor Hugo Rivera Chávez, quienes resaltaron la relevancia de promover espacios de diálogos que contribuyan al crecimiento económico y a la inclusión financiera en el Perú.
“Este encuentro refleja la importancia de construir una visión compartida del futuro del sector. Las microfinanzas tienen hoy la oportunidad de seguir consolidándose como un pilar del desarrollo económico y social, integrando innovación y cercanía para responder mejor a las necesidades de los emprendedores”, sostuvo Rodríguez Martinez.
El presidente del Directorio de Caja Arequipa resaltó, además, la relevancia de este evento para Arequipa. “Un seminario de esta naturaleza no solo posiciona a Arequipa como un espacio clave de la innovación financiera, sino que la proyecta como el punto focal de las microfinanzas a nivel nacional, donde se fortalecen alianzas, se comparten conocimientos y se generan oportunidades que impactan directamente en el progreso del país. Hoy, además, el reto es claro: adaptarnos a la transformación digital, reforzar la relación con el cliente y potenciar el uso de la inteligencia artificial con un enfoque humano”, afirmó.
En esta jornada inaugural se analizó el ecosistema financiero hacia el 2030, abordando los cambios estructurales que atraviesa el sector, así como la necesidad de gestionar riesgos con un enfoque sostenible y centrado en las personas.
Asimismo, se habló sobre los desafíos regulatorios y de gobernanza en el contexto de las finanzas abiertas, destacando la importancia de avanzar hacia esquemas de supervisión más inteligentes y adaptativos.
Como parte de la agenda, también se reflexionó sobre el entorno económico capaz de redefinir las finanzas, con un análisis enfocado en cómo las decisiones macroeconómicas impactan en la sostenibilidad del crédito y en la inclusión financiera en el país.
El primer día del seminario incluyó un espacio de networking y, al cierre de la jornada, un cóctel de bienvenida en conmemoración por los 40 años de Caja Arequipa, un momento de confraternidad que puso en valor la destacada trayectoria de la institución y su compromiso con el desarrollo de las microfinanzas en el Perú.
El Seminario Internacional de Microfinanzas Arequipa 2026, que se lleva a cabo en el Campo Ferial de Cerro Juli, continuará en los próximos dos días con una agenda centrada en la inteligencia artificial, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la confianza como ejes estratégicos del sistema financiero hacia el 2030.
La desconfianza en las instituciones públicas sigue en niveles altos y refleja una creciente distancia entre el Estado y la ciudadanía. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 83 % de los peruanos no se siente representado por ninguna autoridad, mientras que la desconfianza en el Congreso alcanza el 92.4 %. Este escenario debilita la legitimidad de las decisiones públicas y evidencia la urgencia de mejorar los canales de participación.
En este contexto, especialistas señalan que la participación ciudadana es clave, porque permite recoger información local y anticipar conflictos. “La participación ciudadana debe entenderse como una inversión institucional y no como un simple trámite. En un contexto donde la opinión pública asocia sostenibilidad, control estatal y transparencia con legitimidad económica, fortalecer estos mecanismos ayuda a reducir los riesgos, a optimizar la toma de decisiones y a aumentar la confianza”, indicó José Luis Bonifaz, profesor principal del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, quien agregó que estos procesos deben dejar de ser acciones aisladas y convertirse en prácticas continuas dentro de las instituciones.
Sin embargo, persisten limitaciones que dificultan una participación informada. La información técnica suele ser compleja y no siempre se comunica de forma clara. “Los documentos técnicos suelen ser complejos y no siempre se comunican de manera accesible, lo que limita la participación informada y promueve percepciones de ‘participación simbólica’”, explicó Bonifaz. Frente a ello, la Asociación Internacional para la Participación Pública (IAP2) Latinoamérica recomienda usar lenguaje sencillo y formatos accesibles.
La IAP2 Latinoamérica también enfatiza que la participación debe integrarse desde el inicio de los procesos y no solo en etapas finales. “La participación no es el último vagón. Se integra desde el primer momento del proceso legislativo o de decisión”, señaló la organización. Además, advierte que es clave informar qué ocurre con los aportes ciudadanos: “Las personas necesitan saber qué ocurrió con sus contribuciones”, ya que explicar su uso fortalece la confianza y ayuda a cerrar la brecha entre el Estado y la ciudadanía.
El Ministerio de Cultura declaró Patrimonio Cultural de la Nación a la forma de música y danza conocida en Matalaque como Los Arrieros o Los Tucumanes Arrieros, y en Ubinas como Los Patroncitos Tucumanes, vigente en la provincia de General Sánchez Cerro, departamento de Moquegua. La medida fue oficializada mediante la Resolución Viceministerial N° 000115-2026-VMPCIC/MC, publicada el 17 de abril de 2026.
La declaratoria reconoce el valor histórico, social y simbólico de esta expresión que recrea la memoria del arrieraje andino, actividad clave desde la colonia que articuló rutas de intercambio entre la costa, la sierra y el altiplano. La danza integra personajes jerárquicos del oficio (patrón/jetón, chalán, muleros y peones) y figuras satíricas (mohíno, cara negra, mala cara), además del “chanaquito”, que simboliza la transmisión intergeneracional.
Sustentada musicalmente en el huayno andino, con guitarra, mandolina, charango y chillador, la puesta en escena combina ingreso marcial, ruedas coreográficas, zapateo y huayñeo final con canto en castellano y quechua. El vestuario —inspirado en la indumentaria arriera— incorpora camisa, pantalón de montar, polainas, sombrero, alforjas y máscaras artesanales de fuerte carácter expresivo.
La práctica se vincula al calendario religioso local: en Ubinas, a la festividad de la Inmaculada Concepción (diciembre); y en Matalaque, a la Virgen del Rosario (octubre). Su continuidad se sostiene en comparsas de devotos, familias y jóvenes en ambos distritos y en territorios de migración, así como en oficios asociados (mascareros, textileras, ebanistas y talabarteros).
La resolución encarga a la Dirección de Patrimonio Inmaterial, en coordinación con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Moquegua y la comunidad de portadores, la elaboración de un informe quinquenal sobre el estado de la manifestación, para actualizar el registro, identificar riesgos y fortalecer su salvaguardia.
Con esta declaratoria, el Estado peruano reconoce y protege una expresión viva que resguarda la identidad de los pueblos altoandinos de Moquegua, su memoria histórica del tránsito y comercio andino, y su vigencia como patrimonio cultural inmaterial del país.
FE Y TRADICIÓN: EL CORAZÓN DE LA FESTIVIDAD
Los Patroncitos Tucumanes de Ubinas están estrechamente vinculados a la religiosidad popular. Su principal escenario es la festividad de la Inmaculada Concepción, patrona del distrito de Ubinas, celebrada cada 8 de diciembre, en donde una gran cantidad de peregrinos de todas partes del Perú llegan hasta su morada. En este contexto, la danza se convierte en una forma de devoción, donde música, vestimenta y coreografía se integran en un acto que fortalece la identidad del pueblo.
MÁS QUE DANZA: IDENTIDAD EN MOVIMIENTO
A lo largo del tiempo, esta expresión ha trascendido su espacio original, extendiéndose incluso a distritos vecinos como Matalaque. Sin embargo, este proceso también ha generado intentos de diferenciación, reflejando cómo la cultura está en constante transformación. Hoy en día, la danza no solo se presenta en festividades locales, sino también en concursos regionales como en Moquegua, Arequipa y Lima, donde los migrantes ubineños mantienen viva la tradición lejos de su tierra.
El Perú continúa consolidándose como el principal foco de atracción para el capital internacional en América Latina, superando los desafíos de la coyuntura política interna. Según el economista y consultor Fernando Castillo Torres, este liderazgo se refleja en hechos concretos, como el registro de 550 empresas italianas en el país solo durante el último año.
El experto destacó que la resiliencia económica peruana se sustenta en activos invaluables como su ubicación estratégica, la diversidad climática y una sólida infraestructura portuaria que proyecta confianza a los inversores europeos y globales. Al respecto, Castillo Torres enfatizó: “Seguimos siendo el país más atractivo de la región pese a los desafíos. Solo en 2025, 550 empresas italianas se registraron en el Perú”.
Uno de los pilares de esta competitividad es la drástica reducción de costos en servicios industriales básicos. El análisis resalta que el costo del megavatio mediante energía solar ha caído significativamente, situándose ahora entre los 30 y 40 dólares. Paralelamente, los métodos modernos de desalinización han permitido que el costo del agua para procesos industriales descienda a 0.50 dólares por metro cúbico, un precio menor al de la tarifa estándar de agua potable.
Esta combinación tecnológica abre una ventana de oportunidad para habilitar un millón de hectáreas agrícolas en la costa peruana que actualmente permanecen como desiertos, proyectando un horizonte de transformación productiva para las próximas dos décadas.
Finalmente, el consultor señaló que, aunque el país posee recursos y talento excepcionales, el principal obstáculo para el desarrollo pleno radica en la calidad de la gestión pública. El éxito a largo plazo dependerá de la capacidad de fortalecer la institucionalidad y mejorar la elección de cuadros técnicos en el gobierno.
A pesar de estas advertencias, Castillo Torres se mostró optimista sobre el futuro de la inversión en sectores estratégicos como minería y energía, subrayando que el atractivo que proyecta el país no es una casualidad, sino el resultado de ventajas competitivas estructurales que “son el reflejo del sólido atractivo que proyectamos como destino de inversión”.
El presupuesto destinado a seguridad ciudadana en Piura se redujo en 25 % para 2026, al pasar de S/86 millones a S/64 millones, según el Instituto Peruano de Economía (IPE). La mayor caída se registra en los gobiernos locales, cuyo presupuesto se contrajo de S/45 millones a S/22 millones, en un contexto en el que la inseguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población.
“Las denuncias por extorsión se redujeron de 19 a 10 por cada 100 mil habitantes, pero siguen siendo hasta nueve veces mayores que en 2019”, advierte el informe del IPE. Además, señala que en 2025 se superaron los 130 casos por cada 100 mil habitantes, lo que posicionó a Piura entre las regiones con mayor incidencia de este delito a nivel nacional.
El estudio también alerta sobre el avance de la minería ilegal: “En 2025 se registraron 62 denuncias por delitos vinculados a esta actividad, 44 % más que en 2024”, precisa. La provincia de Sullana concentra cerca de la mitad de estos casos. A esto se suma una limitada capacidad operativa: Piura cuenta con 134 policías por cada 100 mil habitantes, por debajo del promedio nacional de 155, lo que dificulta la respuesta frente a la criminalidad.
En materia de gestión, el IPE advierte que solo 9 de los 65 distritos de Piura cuentan con planes de seguridad actualizados y que el patrullaje integrado apenas alcanza al 58 % de las jurisdicciones. Frente a este panorama, el instituto plantea reforzar la coordinación entre autoridades y mejorar la asignación de recursos para enfrentar de manera más efectiva el avance del delito.
El gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, evidenció que las nuevas autoridades que resulten elegidas tras las elecciones generales del 2026 deberán asumir el reto de cerrar las brechas sociales que aún afectan a millones de peruanos, especialmente en el acceso a servicios básicos y oportunidades de desarrollo.
La autoridad regional señaló que, primero, se deben garantizar los recursos económicos para atender todas las necesidades de la población. “Necesitamos atender las necesidades básicas de los peruanos, darles agua, desagüe, educación, salud, electrificación, carreteras; una vez que se sienten las bases con estas atenciones, se podrá tener un crecimiento territorial”, señaló.
Por otro lado, enfatizó que se deben descentralizar los ministerios para agilizar la atención a las demandas de la población; por ejemplo, en el sector educativo consideró que, una vez que se tengan los recursos, se podrá garantizar la contratación de docentes y psicólogos para que los alumnos tengan una educación de calidad.
“Se necesita la descentralización de todos los ministerios para una atención más rápida en las necesidades de la ciudadanía; solo en educación en el Cusco tenemos una brecha económica de 10 mil millones de soles”, sostuvo.
Sobre la brecha de servicios básicos, según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), en el 2025 alrededor de 4 millones de peruanos no contaban con acceso a agua por red pública, mientras que otros 6 millones solo tenían conexión de agua sin desagüe.
Por último, el gobernador pidió mayor unidad al poder Ejecutivo y Legislativo para que, de esta manera, se atiendan las necesidades urgentes antes de priorizar las diferencias entre ambos poderes del Estado.
El Ministerio de Energía y Minas informó que el país cuenta con una cartera de 13 proyectos de centrales solares con concesión definitiva, orientados a fortalecer la seguridad energética y acelerar la transición hacia fuentes limpias. En conjunto, estas iniciativas suman una capacidad de 2,402 MW y una inversión estimada de US$ 1,805.9 millones.
Actualmente, el Perú dispone de 1,088 MW de energía solar instalada; sin embargo, con la entrada en operación progresiva de estos proyectos, se prevé alcanzar los 3,490 MW hacia el 2028, lo que permitirá triplicar la capacidad existente en el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional.
Arequipa concentra la mayor cantidad de proyectos, con nueve iniciativas que suman 1,816 MW, consolidándose como el principal polo solar del país. Entre ellas destacan Illa, Sunny – Etapa 2 y Sol de Verano.
Por su parte, Moquegua cuenta con dos proyectos que alcanzan 322 MW en conjunto, mientras que Ica alberga dos centrales adicionales y Loreto contará con un proyecto de 130 MW, lo que permitirá mejorar el suministro eléctrico en la Amazonía.
El MINEM destacó que esta distribución responde al alto potencial de radiación solar en estas regiones, lo que garantiza una generación eficiente. Asimismo, reafirmó su compromiso de impulsar inversiones en energías renovables para lograr un sistema más limpio, seguro y descentralizado.
El Ministerio de Energía y Minas (Minem) advirtió que el reciente dictamen aprobado en marzo por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que plantea modificaciones al régimen de concesiones mineras, podría incentivar la minería ilegal. Según la entidad, los cambios propuestos generarían un retroceso en los esfuerzos del Estado por frenar esta actividad ilícita.
La iniciativa legislativa contempla la reducción de plazos de caducidad y la imposición de mayores penalidades que podrían impulsar más la informalidad. Simón Quispe, presidente de la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas Secocha Urasqui, cuestionó el rol del Congreso en la elaboración de estas normas y sugirió que responderían a favores políticos. “En su gran mayoría los congresistas apoyan a la gran minería solo por sus intereses”, dijo.
El vocero precisó que la única manera de reducir la informalidad —que trae consigo inseguridad y trata de personas— es con leyes claras a favor del minero artesanal.
“Necesitamos que nos atiendan para formalizarnos y poder trabajar legalmente, incluso con el uso de explosivos. Los trámites en el ministerio demoran demasiado y eso termina empujando a más personas hacia la ilegalidad”, sostuvo.
Por otro lado, puntualizó que el problema se agrava por la inestabilidad política reflejada en los constantes cambios de autoridades. “Vivimos en un desgobierno. Cambian presidentes y ministros, y así no se puede construir un sistema sólido. Con estas leyes, nada cambiará ni en 100 años”, acotó Quispe.
Cabe precisar que la minería ilegal en el Perú genera graves impactos ambientales y sociales, como la deforestación y la contaminación por mercurio. Además de la explotación laboral, la actividad ha crecido a una tasa promedio del 11.7 % en la última década, consolidándose como un riesgo para el desarrollo sostenible.
El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) alcanzó un dinamismo sin precedentes en el primer trimestre de 2026, logrando adjudicaciones por un valor superior a los 2,129 millones de soles. Según informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), esta cifra representa cinco veces lo registrado en el mismo periodo del año anterior, consolidando la herramienta como un motor esencial para el cierre de brechas sociales.
El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó que esta aceleración permite que los servicios lleguen más rápido a la ciudadanía, afirmando que “Obras por Impuestos está permitiendo acelerar inversiones prioritarias para la población. Desde el Gobierno seguimos impulsando este mecanismo para que más proyectos se conviertan en obras concretas”.
Dentro de la cartera de proyectos adjudicados destaca la construcción del nuevo Colegio de Alto Rendimiento (COAR) en Arequipa, una obra valorada en más de 107 millones de soles que beneficiará a estudiantes con alto desempeño académico mediante infraestructura moderna. Asimismo, se concretaron iniciativas para la protección contra inundaciones en Cusco y la modernización tecnológica de aulas en Lima.
Este impulso ha sido posible gracias a la participación de 88 entidades públicas y 122 empresas privadas, quienes han encontrado en este modelo una vía eficiente para ejecutar proyectos de impacto regional con el acompañamiento técnico del Ministerio de Economía y Finanzas.
De mantenerse la tendencia actual, las autoridades proyectan que el mecanismo podría cerrar el 2026 con un total de 3,888 millones de soles en adjudicaciones. ProInversión ha reforzado su rol de acompañamiento para asegurar que los proyectos no solo se adjudiquen, sino que avancen hacia su ejecución real, evitando trabas administrativas.
El MEF subrayó que el éxito de este primer trimestre refleja un compromiso compartido entre el sector público y privado para transformar la recaudación tributaria en activos tangibles, mejorando la competitividad de las regiones y garantizando que más peruanos accedan a servicios públicos de calidad.
Al inicio del año escolar, cerca de 40 mil estudiantes en Ayacucho asisten a colegios con riesgo de colapso, una situación que refleja la persistente brecha en infraestructura educativa. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), “el 54 % de los locales educativos públicos en la región requiere ser sustituido por completo”, un nivel superior al promedio nacional que evidencia el deterioro acumulado del sistema.
La situación se agrava por la exposición a desastres naturales. De acuerdo con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), “más de dos mil locales educativos en Ayacucho se encuentran en riesgo alto y muy alto frente a movimientos de masa”, mientras que otros cientos son vulnerables a inundaciones. Estas condiciones no solo comprometen la seguridad de los estudiantes, sino también la continuidad de las clases.
Las deficiencias también se reflejan en las condiciones internas de las escuelas. El IPE advierte que “el 42 % de los locales públicos cuenta con al menos un salón con problemas estructurales”, y que solo una parte cuenta con acceso simultáneo a servicios básicos como agua, desagüe y electricidad. Este escenario limita el entorno de aprendizaje de miles de estudiantes.
A pesar de la magnitud del problema, la respuesta desde la inversión pública sigue siendo insuficiente. En la última década, la ejecución del presupuesto en infraestructura educativa en Ayacucho se ha mantenido por debajo del promedio nacional, lo que retrasa el cierre de brechas.
El desafío, coinciden especialistas, es mejorar la gestión y acelerar proyectos que garanticen condiciones seguras y adecuadas para miles de escolares.
