Una nueva denuncia por conflicto de intereses pone en la mira al sistema de contrataciones públicas en Perú. La Adjudicación Simplificada N° 08-2025-PRONIS-1, destinada al equipamiento integral del hospital Zacarías Valdivia de Huancavelica por S/208 millones, involucra a la empresa SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING y al Tribunal del Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), encargado de resolver la legalidad del proceso.

De acuerdo con fuentes que han seguido el caso al interior del Ministerio de Salud (MINSA), la abogada designada por SUMEC, Fiorella Pérez Torres, quien figura en el Registro CAL N.° 56110, mantiene una relación estrecha de carácter profesional con Marlon Luis Arana Orellana, presidente de la Tercera Sala del Tribunal del OECE, instancia que decidirá el futuro de la licitación.

El hospital Zacarías Valdivia enfrenta nuevos cuestionamientos

Ambos no solo compartieron la misma promoción universitaria en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), sino que también coincidieron como especialistas legales en el antiguo Tribunal del OSCE, hoy OECE.

Fuentes de la entidad pública advierten que esta relación personal podría influir en la resolución del proceso, pese a que la empresa enfrenta observaciones por presentar documentación inexacta en su oferta.

La audiencia pública para debatir el caso quedó programada para el 13 de enero de 2026. La normativa vigente exige que los miembros de tribunales administrativos se abstengan de intervenir en casos donde existan circunstancias que puedan comprometer su objetividad.

“El artículo 99° de la Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG) establece como causal de abstención la existencia de amistad íntima entre un miembro del tribunal y los representantes de las partes", refirió sobre las objeciones.

Alarmas por imparcialidad en tribunal decisor

La Resolución de Presidencia N.° 064-2016-OSCE/PRE señala que Pérez Torres y Arana Orellana ocuparon cargos equivalentes en el mismo periodo, reforzando la percepción de cercanía.

De acuerdo con la información difundida, el Principio de Imparcialidad exige que la administración pública “actúe sin sesgos ni favoritismos“, y la Ley de Contrataciones del Estado demanda transparencia y objetividad en todas las etapas del procedimiento.

“La presencia de vínculos personales en la etapa impugnativa agrava la preocupación, ya que allí se define la validez de las decisiones adoptadas en los procesos de selección”, indicó.

De acuerdo con otra de las partes involucradas, el impacto se acentúa por el alto monto de la licitación y las dudas sobre la documentación presentada por la empresa.

MINSA y el OECE deciden el futuro para miles de huancavelicanos

El Hospital Regional Zacarías Correa Valdivia de Huancavelica constituye el principal centro de referencia en salud para toda la región. Catalogado como un hospital de nivel II-2, ofrece servicios de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación, con atención especializada ambulatoria y hospitalaria.

Actualmente, la institución atraviesa una etapa de modernización, ya que se encuentra en proceso la construcción de una nueva infraestructura que incrementará su capacidad resolutiva, incorporando áreas de UCI, emergencia, centro quirúrgico, banco de sangre y diversas especialidades médicas.

La construcción del nuevo hospital muestra un avance físico significativo, con trabajos en tarrajeo, acabados y estructuras. El Ministerio de Salud y el Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS) impulsan la culminación de esta obra, asegurando la adjudicación de contratos y la entrega oportuna del proyecto.

Según el propio Gobierno peruano, esta modernización convertirá al hospital en la columna vertebral de los servicios de salud en Huancavelica, mejorando la atención y el acceso a servicios de mayor complejidad para la población de la sierra central del país.

¿Qué es el OECE?

El Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE) es el organismo técnico del Estado Peruano, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que reemplaza al OSCE para hacer las compras públicas más eficientes, transparentes e íntegras, brindando asistencia técnica, desarrollando directivas y formando profesionales, y gestionando sistemas como el SEACE para supervisar y facilitar los procesos de contratación estatal, combatiendo la corrupción y reduciendo la burocracia.

Fuente: Infobae

El Instituto del Sur (ISUR) anunció la realización de su próximo Examen de Admisión el 7 de febrero, dirigido a jóvenes y adultos que buscan una formación profesional técnica de calidad, que unida a una sólida formación personal logran una alta empleabilidad.

En esta convocatoria ISUR cuenta con 16 carreras profesionales técnicas que responden a las actuales demandas del mercado laboral.

En el ámbitos de los negocios ofrece las carreras de Administración de Negocios Bancarios y Financieros, Administración de Negocios Internacionales, Marketing, Gestión Administrativa, así como con las nuevas carreras de Gestión Logística y Contabilidad.

En el área de Salud cuenta con las nuevas carreras de Enfermería Técnica, Farmacia Técnica y Fisioterapia y Rehabilitación.

En el área de Turismo se dictan las carreras de Administración de Servicios de Hostelería y Restaurantes así como Guía Oficial de Turismo. Cuenta también con la carrera de Gastronomía.

En el ámbito de Tecnologías de Información cuenta con Desarrollo de Sistemas de Información, mientras que en el área de Diseño brinda las especialidades de Diseño Gráfico y Multimedia, Diseño y Decoración de Interiores y Diseño de Modas.

La Directora del Instituto del Sur, María Teresa Campos, destacó que esta nueva convocatoria reafirma el compromiso de la institución con la formación especializada de excelencia. “En ISUR apostamos por una formación práctica, moderna y alineada a las necesidades reales del mercado laboral. Nuestro objetivo es que los estudiantes no solo estudien, sino que logren insertarse rápidamente en el mundo del trabajo”, afirmó.

Campos resaltó además que ISUR es un instituto licenciado por el Ministerio de Educación, mediante la Resolución Ministerial N.° 073-2024-MINEDU, lo que garantiza estándares de calidad académica. “Somos una institución licenciada, con casi 38 años de experiencia y líderes en la formación técnica en el sur del Perú”, subrayó.

Uno de los principales diferenciales del Instituto del Sur es la sólida formación humana que brinda a sus estudiantes. “Nuestros estudiantes egresan con competencias técnicas y personales que el mercado laboral valora y eso se refleja en los altos índices de empleabilidad, pues hoy 9 de cada 10 egresados se encuentren trabajando”, precisó la directora.

Otro diferencial del Instituto del Sur son sus convenios de convalidación universitaria y movilidad estudiantil internacional, que permiten a los egresados avanzar en su formación y contar con experiencias que abren sus horizontes.

ISUR ofrece precios diferenciados por turno, de acuerdo con el turno elegido, facilitando así el acceso a la educación técnica superior de calidad.

Finalmente, María Teresa Campos invitó a los postulantes y a sus familias a conocer la institución “Ofrecemos visitas guiadas al campus todos los miércoles, previa cita, para que puedan conocer nuestras instalaciones, talleres y laboratorios, y resolver todas sus dudas antes del examen de admisión”, concluyó.

Para mayor información sobre el Examen de Admisión del 7 de febrero, carreras y visitas guiadas, los interesados pueden comunicarse directamente con el Instituto del Sur.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que el Plan Nacional de Competitividad y Productividad (PNCP) 2024–2030 alcanzó un avance del 24.9% en su primer año de implementación. De los 494 hitos programados para transformar la estructura económica del país, se han concretado satisfactoriamente 123, gracias a la articulación entre 37 entidades del Estado y el sector privado. Los pilares que mostraron un mayor dinamismo fueron los de Financiamiento, con un cumplimiento del 40.74%, e Infraestructura, que alcanzó el 32.56%. Estos resultados sitúan al plan dentro de lo cronogramado, sentando las bases para mejorar la regulación y remover barreras que limitan el crecimiento sostenible en el mediano plazo.

Uno de los logros más tangibles del 2025 fue la puesta en marcha del Sistema Informativo de Garantías Mobiliarias (SIGM), herramienta que ha revolucionado el acceso al crédito para las micro y pequeñas empresas (mypes). Al permitir que bienes muebles sirvan como respaldo con menores costos de transacción, el sistema ha registrado más de 160,000 garantías por un monto superior a los 200,000 millones de soles. La ministra Denisse Miralles subrayó que estas acciones responden a una visión compartida de desarrollo, señalando que “el avance del Plan refleja un trabajo coordinado entre el Estado y el sector privado para remover barreras y crear condiciones que faciliten la inversión. Estamos avanzando de manera responsable con metas claras y resultados medibles, pensando en el impacto concreto para la ciudadanía”.

En materia de innovación y capital humano, el plan también registró hitos clave como la inclusión de Compras Públicas de Innovación en el Reglamento de la Ley de Contrataciones, lo que permite al Estado adquirir tecnología local de vanguardia. Además, se formalizaron fondos de capital de riesgo que inyectaron US$ 14 millones en más de 60 startups, proyectando la creación de más de mil empleos tecnológicos. Por último, en el sector laboral se aprobaron 59 estándares de competencia para los rubros minero y agrícola, facilitando que los trabajadores certifiquen sus capacidades. Estos avances consolidan el compromiso del país por fortalecer su entorno de negocios y optimizar la gestión municipal mediante la digitalización de trámites de licencias.

Casi la mitad (45 %) de los proyectos de inversión pública iniciados en el Perú entre 2012 y 2023 quedó abandonada. Así lo revela un estudio del Banco Mundial, citado por Miguel Palomino, presidente del Instituto Peruano de Economía (IPE). De 132,000 proyectos iniciados en ese periodo, más de 62,000 no se concluyeron, ejecutaron menos del 90 % de su presupuesto y no registraron desembolsos durante al menos 18 meses. El gasto ya realizado equivale a casi la mitad del presupuesto anual de inversión pública y, si se considera el monto total previsto, supera los S/200,000 millones.

La magnitud del despilfarro es crítica. “¡Estas cifras son espantosas!”, sostiene Palomino, al precisar que no se trata de simples sobrecostos o errores de diseño, sino de obras que nunca llegaron a funcionar. Caminos, colegios, postas médicas y sistemas de agua potable quedaron inconclusos pese a haber consumido recursos públicos durante más de una década, sin generar beneficios reales para la población.

El problema, además, se agrava con el tiempo. El Banco Mundial estima que desde 2012 el número de proyectos abandonados se duplica cada tres años, lo que implica que cada año un mayor número de ciudadanos ve frustradas obras esperadas. Esta situación es especialmente preocupante si se considera que la inversión pública peruana representa el 5 % del PBI, un nivel 50 % mayor al promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), pero con una calidad que, según el informe, “se encuentra 40 % debajo de sus posibilidades”.

El estudio identifica fallas estructurales en la planificación y supervisión del gasto. Cerca de dos tercios de la inversión está a cargo de gobiernos regionales y locales, bajo un esquema que —según el Banco Mundial— “abolió cualquier forma de supervisión independiente”. Además, el 80 % de los nuevos proyectos no pasó por procesos formales de evaluación ni por el presupuesto aprobado por el Congreso, al incorporarse mediante el Presupuesto Institucional Modificado (PIM). Para el presidente del IPE, esta opacidad explica el problema de fondo: “porque así es más fácil de robar”.

El mercado laboral peruano atraviesa una contradicción preocupante: mientras muchas empresas aseguran no encontrar trabajadores con las competencias que necesitan, los jóvenes enfrentan un escenario cada vez más precario. Así lo advirtió Paola Del Carpio Ponce, coordinadora de investigación de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes): “mientras un gran porcentaje de empresas reporta dificultades para cubrir sus plazas […], la situación del empleo de los jóvenes solo ha venido empeorando”.

Según explicó, este problema tiene raíces estructurales en el sistema educativo. Las brechas de aprendizaje que se arrastran desde la educación básica —y que se profundizaron durante la pandemia— no han sido corregidas, mientras que la educación superior no siempre garantiza calidad ni responde a las demandas del mercado laboral. El resultado es una mayor exposición a la informalidad, el subempleo y el desempleo. De hecho, los jóvenes son el único grupo etario que no ha mostrado mejoras sostenidas en el empleo tras la crisis sanitaria. Para Del Carpio, la situación resulta especialmente sensible en un contexto preelectoral, ya que millones de jóvenes ejercerán su derecho al voto por primera vez, con expectativas de progreso que chocan con un mercado laboral limitado.

Para la especialista, revertir esta tendencia exige decisiones de fondo. “Salir de este círculo vicioso requiere voluntad política y un compromiso colectivo por una educación de calidad”, sostuvo. En ese sentido, subrayó que una ciudadanía joven informada será clave para exigir políticas que fortalezcan el empleo formal, la productividad y la democracia, pues lo que está en juego es no solo su futuro laboral, sino el desarrollo del país en el largo plazo.

Al cierre del 2025, la Municipalidad Distrital de Pocsi logró una ejecución presupuestal del 94 %, pese a contar con recursos limitados provenientes principalmente del canon. Así lo informó el alcalde Andrés Avelino Añari, quien destacó que la gestión priorizó obras vinculadas a educación, infraestructura comunal y apoyo a la actividad agrícola, en beneficio directo de la población.

Entre las principales inversiones ejecutadas durante el año figura la construcción del cerco perimétrico en el anexo de Tuktumpaya, con una inversión aproximada de 170 mil soles, así como la culminación de un complejo de usos múltiples valorizado en cerca de 270 mil soles. “Hemos trabajado en educación y en un complejo de usos múltiples que va a servir para ferias, danzas típicas y diversas actividades del distrito y sus anexos”, señaló el burgomaestre al hacer un balance de su gestión.

Asimismo, el alcalde resaltó la ampliación de caminos hacia terrenos de cultivo, una obra clave para facilitar el acceso de los agricultores a sus chacras y mejorar la salida de productos como maíz, papa y alfalfa. Añari precisó que estas intervenciones benefician especialmente a la población adulta mayor del distrito, permitiéndoles trasladarse con mayor seguridad hasta sus parcelas.

Respecto al porcentaje no ejecutado, explicó que algunos proyectos quedaron en proceso por exigencias administrativas y técnicas; entre ellos, la instalación de cámaras de videovigilancia y la implementación de una pequeña planta de tratamiento de agua de pozos. “Hemos llegado al 94 % porque se nos han quedado proyectos que ya están listos y que vamos a ejecutar la primera semana de enero; de lo contrario, hubiéramos llegado al 100 %”, afirmó.

Finalmente, el alcalde informó que el distrito se prepara para el 2026 con una obra emblemática valorizada en aproximadamente 14 millones de soles, correspondiente al asfaltado del tramo Huichuna–Tuktumpaya. Añari indicó que el expediente técnico continúa en evaluación en el Gobierno Regional de Arequipa y expresó su expectativa de que el proyecto sea priorizado bajo la modalidad de Obras por Impuestos, al considerar que mejorará significativamente la conectividad y el desarrollo del distrito.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) informó que el Perú reafirmó su posición como defensor del sistema multilateral de comercio durante la reciente reunión del Consejo General de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En este encuentro, que reúne a representantes de 166 países miembros, se anunció que en el año 2026 el país se someterá al Examen de Políticas Comerciales para transparentar sus avances y el cumplimiento de sus compromisos internacionales. El viceministro de Comercio Exterior, César Llona, manifestó el compromiso del país con el organismo señalando que “reiteramos nuestra disposición a trabajar con la OMC para seguir fortaleciendo el diálogo e intercambio de información sobre prácticas comerciales de manera efectiva”, subrayando la importancia de la previsibilidad en los intercambios globales.

Respecto al desempeño de la economía nacional en el mercado global, el viceministro destacó que el modelo peruano ha logrado resultados superiores a sus pares geográficos gracias a una planificación de largo aliento. César Llona resaltó ante los miembros del Consejo que “Perú tiene actualmente el crecimiento exportador más rápido de la región, demostrando que cuando las instituciones, las estrategias y la apertura comercial trabajan de forma coordinada, se refleja en mejores empleos, inversión y crecimiento sostenido. Esto es el resultado de una política comercial sostenida en el largo plazo”. Este dinamismo, según la autoridad, es el motor que permite sostener la inversión privada y la generación de puestos de trabajo de calidad en los diversos sectores productivos del país.

Finalmente, la delegación peruana enfatizó la urgencia de modernizar el sistema de comercio para devolverle la eficacia institucional necesaria frente a los desafíos actuales. Tras reunirse con facilitadores de la reforma de la OMC y representantes de Corea del Sur, el viceministro de Comercio Exterior, César Llona, puntualizó que “la reforma de la OMC es un paso clave para restaurar la credibilidad y la eficacia del sistema multilateral de comercio. Este proceso no solo debe modernizar las funciones normativas y de supervisión de la institución, sino también priorizar la reactivación del mecanismo de solución de diferencias, que garantiza la equidad y la previsibilidad en las relaciones comerciales internacionales”. De esta manera, el Perú busca asegurar que existan reglas de juego claras y mecanismos de control efectivos para todos los actores del comercio mundial.

ComexPerú alertó que el Presupuesto Público 2026 fue significativamente modificado por el Congreso, que incorporó 72 disposiciones adicionales, equivalentes a cerca del 60 % del total, una proporción que supera los promedios históricos. Según el gremio, estos cambios fueron “motivados por factores políticos en vez de técnicos”, lo que distorsiona la ejecución del gasto público. Esta injerencia parlamentaria implica directrices que habilitan desembolsos excepcionales y modifican procesos administrativos sin un análisis sobre cómo afectarán la estabilidad de las cuentas nacionales.

Uno de los puntos más críticos es la flexibilización del canon y las regalías mineras para financiar gasto corriente en seguridad y empleo. ComexPerú señaló que, al permitir este uso discrecional, “se abre la posibilidad de desplazar recursos originalmente orientados a inversión hacia gasto corriente”, lo cual resulta ineficiente y riesgoso. Al carecer de una fiscalización adecuada, el gremio sostiene que estos fondos podrían terminar asignados a conceptos no priorizados como el pago de remuneraciones, desnaturalizando la esencia de la Ley del Canon.

Finalmente, la institución cuestionó la disposición que “excluye al Congreso de las medidas de austeridad económica en materia de contratación de personal”, lo que permite incrementos salariales permanentes en un contexto de restricción. También criticó la excesiva autonomía otorgada a EsSalud, pues esta medida “debilita los mecanismos de control en favor de los asegurados”, además de los ascensos en el Ministerio de Salud impuestos por el Congreso sin evaluación técnica. ComexPerú concluyó que el Ejecutivo debe actuar para contener estas medidas que restan credibilidad y eficacia a la política fiscal del país.

Sociedad Minera Cerro Verde anunció la firma de un acuerdo estratégico con SEDAPAR, reafirmando su compromiso de largo plazo con el desarrollo sostenible de Arequipa y con la mejora continua de los sistemas de agua y saneamiento de la región.

El convenio consolida una visión compartida entre el sector público y privado para brindar soluciones sostenibles que beneficien a la ciudadanía arequipeña. Las representantes que suscribieron el convenio fueron la vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Sociedad Minera Cerro Verde, Julia Torreblanca, así como la gerente general de SEDAPAR, Yanet Montoya. 

En el marco de esta alianza, Cerro Verde ejecutará inversiones superiores a US$ 1,292 millones en proyectos clave destinados a optimizar el saneamiento, asegurar el abastecimiento y elevar la calidad del agua para miles de habitantes de Arequipa.

Los compromisos asumidos por Cerro Verde, en concordancia con el convenio marco vigente entre ambas instituciones, incluyen:

Operación y mantenimiento de La Enlozada: Cerro Verde continuará asumiendo los costos de operación y mantenimiento de la PTAR La Enlozada, exceptuando los colectores existentes y futuros que estén a cargo de SEDAPAR o de terceros.

Inversión directa: Cerro Verde ejecutará proyectos de agua y saneamiento en beneficio de Arequipa por un monto de US$ 363 millones (incluido IGV).

Nuevos proyectos (OXI): Si se supera la capacidad de tratamiento de la PTAR La Enlozada, Cerro Verde desarrollará un nuevo sistema para tratar 1,200 L/s adicionales, bajo la modalidad de Obras por Impuestos, con una inversión aproximada de US$ 419 millones.

Proyectos adicionales (OXI): Cerro Verde ejecutará proyectos adicionales hasta por US$ 510 millones. (incluido IGV).

Compromiso total: Los nuevos compromisos de Cerro Verde, sumados a las inversiones previamente ejecutadas y a la operación y mantenimiento del Sistema de Tratamiento de Aguas Residuales La Enlozada, ascienden a más de 3.000 millones de dólares.

Es importante precisar que este acuerdo estratégico forma parte del convenio marco que se extenderá hasta la fecha en que concluyan las operaciones de Cerro Verde o hasta el 31 de diciembre de 2060, considerándose como fecha de término lo que ocurra después.  

A través de esta alianza, Cerro Verde reafirma su compromiso de operar y mantener infraestructura hídrica sin costo para los arequipeños, garantizando un servicio de tratamiento de aguas residuales gratuito, clave para la salud pública, la protección ambiental, la competitividad agrícola y el impulso del turismo. Como contraprestación, la empresa podrá reutilizar hasta 1.5 m³/s de aguas tratadas en promedio anual.

La consolidación de este acuerdo es fruto de un proceso de diálogo técnico y transparente entre Cerro Verde y SEDAPAR, enfocado en el bienestar de la población y en soluciones sostenibles para el futuro de Arequipa. Con esta alianza, Cerro Verde reafirma su rol como aliado estratégico del desarrollo regional, impulsando proyectos, con visión de largo plazo, que contribuyen al progreso y calidad de vida de la ciudadanía.

El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) ordenó a las empresas operadoras que procedan con la baja de más de 102 mil líneas móviles, cuyos registros contenían datos inconsistentes, a través de un procedimiento sumarísimo, aprobado como parte de las medidas temporales dispuestas en el marco del estado de emergencia decretado por el Gobierno.

Las líneas móviles con registros inconsistentes son aquellas cuyos datos del abonado o titular no coinciden con la información contenida en las bases de datos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) o de la Superintendencia Nacional de Migraciones.

Así lo dio a conocer el organismo regulador de las telecomunicaciones durante la cuarta audiencia pública descentralizada “Activación ilegal de líneas de servicios móviles y la posesión ilegal de SIM card, cumplimiento de la Ley 32451” de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República realizada en la ciudad de Huancayo, presidida por la congresista Katy Ugarte.

Representantes del OSIPTEL señalaron que, en el marco de este paquete regulatorio de emergencia, también se ha dispuesto que más de 200 mil personas naturales con más de 10 líneas móviles registradas a su nombre revaliden su identidad mediante verificación biométrica en centros y puntos de atención autorizados de las empresas operadoras con las que mantengan vínculo contractual.

Además, se han impuesto medidas correctivas y cautelares a ocho empresas operadoras por infringir la disposición que limita la cantidad de contrataciones para personas naturales a un solo servicio móvil por mes y por empresa operadora durante el tiempo del estado de emergencia y que las contrataciones con ciudadanos extranjeros se realicen únicamente de manera presencial en centros y/o puntos de atención autorizados, previa verificación biométrica con la base de datos de Migraciones.

También informaron que, a pedido de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público, se solicitó a las empresas operadoras de telecomunicaciones la suspensión inmediata de más de 4000 líneas móviles vinculadas a casos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos.

Desde hace más de una década, el OSIPTEL está comprometido con la seguridad en la contratación de líneas móviles, por ello ejerce todos los mecanismos regulatorios, fiscalizadores y sancionadores dentro del marco de sus competencias.

Actualmente, viene articulando esfuerzos con todas las instituciones involucradas en el control de la venta ambulatoria de chips, como las municipalidades, y en la lucha contra la activación ilegal de líneas móviles y el robo de celulares, para la realización de operativos y capacitaciones técnicas al personal especializado de la Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público para fortalecer el uso de las herramientas del Registro de Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg) en las investigaciones de delitos.