La delimitación territorial continúa siendo uno de los principales desafíos de la región debido a las controversias con Puno, Tacna y Arequipa. En sus planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las organizaciones políticas proponen distintas estrategias para enfrentar esta problemática.
La falta de una delimitación definitiva de los límites territoriales de Moquegua sigue siendo uno de los principales desafíos para la región. Las controversias con Puno, Tacna y Arequipa han originado disputas por áreas estratégicas y recursos naturales, además de procesos judiciales y constitucionales que mantienen vigente el debate sobre la defensa del territorio moqueguano.
Frente a este escenario, algunas organizaciones políticas que postulan al Gobierno Regional de Moquegua han incorporado propuestas específicas en los planes de gobierno que presentaron ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) como parte de su inscripción electoral, aunque con enfoques distintos.
Una de ellas es Frente de la Esperanza, que plantea la creación de una Oficina Regional de Defensa Territorial, la cual tendría la misión de liderar la defensa de los intereses de la región ante las instancias competentes y actualizar los expedientes técnicos relacionados con la demarcación territorial. Su propuesta parte del diagnóstico de que la falta de definición de los límites ha generado controversias históricas y actuales con las regiones vecinas de Puno, Tacna y Arequipa, derivando incluso en procesos constitucionales y disputas sobre áreas estratégicas y recursos naturales.
Por su parte, Perú Primero orienta su propuesta hacia el ordenamiento del territorio. En el plan de gobierno presentado al JNE identifica como problema el inadecuado ordenamiento territorial en función de las potencialidades económicas, productivas y del entorno ambiental, por lo que propone actualizar la Zonificación Económica y Ecológica (ZEE) y el Plan de Acondicionamiento Territorial (PAT), instrumentos técnicos que permitirían organizar el territorio de acuerdo con sus potencialidades y orientar el desarrollo regional.
Si bien ambas propuestas buscan fortalecer la gestión territorial, difieren en el camino para lograrlo. Mientras Frente de la Esperanza prioriza una estrategia de defensa institucional y técnica de los límites regionales, Perú Primero apuesta por consolidar herramientas de planificación y ordenamiento territorial como base para afrontar los conflictos y promover un desarrollo sostenible.
El próximo gobierno tendrá poco margen para postergar decisiones sobre la minería ilegal. Para el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), los primeros cien días del nuevo gobierno, el de Keiko Fujimori, serán decisivos para detener una actividad que, según esa institución, es la principal economía ilícita, porque mueve alrededor de 11 500 millones de dólares al año.
El especialista del OMI, César Ipenza, dijo anteriormente que el nuevo gobierno deberá asumir que la minería ilegal ya no es solo un problema ambiental, sino que financia otras actividades criminales y genera violencia.
La principal recomendación es poner fin al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Según el OMI, este mecanismo, creado para facilitar la formalización de pequeños productores, se convirtió en instrumento de miles de mineros para continuar extrayendo oro sin cumplir exigencias ambientales ni legales. Por eso el nuevo gobierno debe establecer un régimen transitorio que conduzca al cierre definitivo del registro.
Otra prioridad consiste en eliminar el blindaje legal que hoy beneficia a quienes operan bajo el Reinfo. El año pasado, el Tribunal Constitucional recomendó retirar la exención de responsabilidad penal para los mineros inscritos en ese registro, pero esa recomendación no fue implementada. El Observatorio sostiene que el próximo gobierno debe establecer responsabilidades penales y civiles para quienes continúen explotando minerales en zonas prohibidas o incumplan las normas ambientales.
Las propuestas también apuntan a fortalecer las instituciones encargadas de combatir la minería ilegal. El OMI advierte que la Fiscalía carece de presupuesto para ejecutar operativos de interdicción en territorios dominados por organizaciones criminales. Sin recursos, sostiene, cualquier estrategia contra estas redes resulta insuficiente.
Asimismo, plantea reforzar los mecanismos anticorrupción dentro del Ministerio de Energía y Minas (Minem), especialmente en la Dirección General de Formalización Minera, que arrastra denuncias por presuntas irregularidades en la tramitación de expedientes. Hace poco el Minem aprobó su nueva Política Antisoborno mediante la Resolución Ministerial N. ° 232-2026, la que debería ser reforzada por el nuevo gobierno.
El OMI también propone aprobar una ley que elimine poco a poco el uso del mercurio hasta prohibirlo por completo en 2030. Y recomienda poner en funcionamiento el Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal para mejorar la trazabilidad del oro y dificultar la comercialización de minerales de origen ilegal.
Otra medida plantea prohibir mediante decreto supremo la actividad minera en los ríos amazónicos, donde la extracción aurífera provocado una grave contaminación ambiental.
Sin duda, el gran reto del próximo gobierno será contener el avance de la minería ilegal antes de que siga consolidándose como una de las principales amenazas para la seguridad, la gobernabilidad y el ambiente en el país. Las medidas están identificadas y la urgencia es evidente.
El regidor de Socabaya, Shan Dalton Huanco, señaló que el próximo gobierno deberá enfocarse en generar grandes proyectos públicos en conjunto con el sector privado, pero además deberá resolver la paralización de cientos de obras públicas.
Según datos de la Contraloría General, hasta enero se identificaron 2 741 obras paralizadas que representan una inversión superior a los S/ 67 139 millones, recursos que permanecen sin convertirse en nueva infraestructura.
"Como político y vecino solo pido que trabaje como se debe y que exista una transparencia en su gobierno. Se requiere que se impulsen megas obras como hospitales, puentes, carreteras que necesita la ciudadanía", sostuvo.
En ese sentido, sostuvo que la ejecución de proyectos de gran envergadura no solo mejorará la infraestructura pública, sino que también genera miles de puestos de trabajo, es decir, impulsar un desarrollo económico.
"Por ejemplo, si se ejecuta un puente importante de conexión, mucha gente va a ingresar a trabajar. Se requiere inversión para mejorar el país y no estar como Bolivia, Venezuela", dijo.
En otro momento, el regidor remarcó que la inversión privada cumple un papel fundamental en el país para complementar los esfuerzos del Estado, impulsar el crecimiento y generar oportunidades laborales para la población desempleada. "A estas alturas no interesa de qué partido ganó las elecciones, sino que importa que trabaje para todos los peruanos", finalizó.
La consejera regional de Arequipa, Marleny Arminta, sostuvo que los primeros 100 días del gobierno de la presidenta electa Keiko Fujimori deben centrarse en reconstruir la unidad política del país y enfrentar la creciente inseguridad ciudadana con resultados concretos. Señaló que, tras las elecciones generales, corresponde dejar de lado las diferencias partidarias para trabajar en beneficio de la población.
“Las elecciones generales ya concluyeron, las camisetas políticas tienen que dejarse de lado y debemos trabajar en forma unida, tender puentes y hacer un trabajo multipartidario, esa es la única manera como tiene que trabajar la señora Keiko Fujimori”, afirmó.
Indicó que uno de los principales desafíos del nuevo Ejecutivo será cumplir sus compromisos en materia de seguridad ciudadana. Advirtió que el avance del crimen organizado, la extorsión y la minería ilegal exige acciones inmediatas, además de reforzar el control en las fronteras para evitar el ingreso de organizaciones delictivas.
Según datos nacionales, el 76% de los peruanos considera la extorsión el principal problema de seguridad, mientras que el 54% demanda que sea la prioridad del próximo gobierno.
Asimismo, la consejera alertó que, aunque Arequipa mantiene niveles de seguridad relativamente mejores que otras regiones, no está apartada de enfrentar estos delitos. En ese sentido, exhortó al nuevo gobierno a que adopte medidas efectivas para devolver la tranquilidad a la población.
La Fiscalía investiga el presunto uso del vivero de la Municipalidad Distrital de Torata como taller para elaborar propaganda política del partido Progresemos, organización a la que pertenece el alcalde Elvis Córdova, quien además postula a la Alcaldía Provincial de Mariscal Nieto por esa misma agrupación política.
La investigación se inició luego de que la primera regidora, Arla Nohelia Flor Cruz, realizara, el último martes, una inspección en el vivero municipal y encontrara diversos insumos que, según denunció, serían utilizados para confeccionar banderines del partido Progresemos.
Durante la inspección, la regidora grabó un video en el que mostró plantillas con el símbolo del perrito, emblema de Progresemos. También encontró hilos de color verde y amarillo, pintura, tendederos y retazos de caña, materiales que, de acuerdo con su versión, serían utilizados para elaborar propaganda política.
"Hoy, 7 de julio, a las 4:32 de la tarde, me di una caminata por el vivero y lo que he podido identificar es que, al parecer, aquí se vienen elaborando banderines de la agrupación política que tiene como símbolo un perrito", manifestó la regidora durante la inspección.
Tras la denuncia, el Ministerio Público acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes como levantar un acta y recoger evidencias. La investigación está a cargo del fiscal Walker Ríos, quien lidera el Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Moquegua. Así se busca determinar si las instalaciones municipales fueron utilizadas con fines de propaganda política y establecer las responsabilidades que correspondan.
La regidora también indicó que, al momento de llegar al vivero, observó la salida de una camioneta y una combi del interior del recinto donde presume se habría retirado el grueso del material propagandístico, también denunció que no se le permitió ingresar a un ambiente que permanecía cerrado durante la inspección donde podrían encontrarse más insumos o material relacionado con la elaboración de propaganda política.
Respuesta de la municipalidad
Por su parte, la Municipalidad Distrital de Torata emitió un comunicado en el que informó que la Gerencia Municipal dispuso las acciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran existir. La comuna también señaló que brindará todas las facilidades y el apoyo necesario a la Policía Nacional y al Ministerio Público para que las investigaciones se desarrollen de manera objetiva, transparente e imparcial.
Cabe recordar que la legislación electoral obliga a las autoridades en ejercicio a mantener absoluta neutralidad durante los procesos electorales. Asimismo, prohíbe utilizar bienes, recursos o instalaciones del Estado para favorecer a una organización política o realizar actividades de propaganda electoral.
Las regiones llegarán a las elecciones regionales y municipales de octubre con una economía en crecimiento, pero enfrentarán el reto de mantener ese dinamismo durante el cambio de autoridades. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), 21 de las 24 regiones crecieron en el primer trimestre de 2026.
"Sostener este avance dependerá de actuar oportunamente frente al Fenómeno El Niño Costero, impulsar entornos que garanticen la continuidad de las inversiones y contar con autoridades subnacionales capaces de ejecutar obras públicas de calidad", señala el IPE.
El informe destaca que el norte lideró el crecimiento económico con un avance de 4.5 %, impulsado por la construcción, el agro, el comercio y los servicios. Sin embargo, advierte que esa tendencia podría debilitarse por el impacto del FEN Costero sobre la pesca y la agroexportación.
"Las actividades más expuestas son la pesca y el agro, sobre todo en la costa norte y centro", precisa el IPE e indica que las condiciones climáticas ya afectaron la captura de anchoveta y la producción agrícola.
El IPE también alerta que el cambio de autoridades podría ralentizar la ejecución de obras públicas durante el primer año de gestión como ha ocurrido en procesos anteriores. "Evitar una caída abrupta será clave para sostener el crecimiento en las regiones", sostiene la institución al referirse al desafío de mantener el ritmo de inversión pública tras las elecciones.
Para Paola Herrera, economista senior del IPE, las nuevas gestiones asumirán regiones con una economía en expansión, pero con desafíos que requerirán decisiones oportunas. La especialista afirma que será necesario atender los riesgos climáticos, recuperar la capacidad para atraer inversiones y fortalecer la ejecución de proyectos para consolidar el crecimiento regional durante los próximos años.
Diversos gremios de Moquegua han convocado en las últimas horas a una medida de protesta, que incluiría un paro de 48 horas este jueves y viernes, en rechazo a la aprobación del Proyecto de Ley N.° 11658/2024-PE, norma que —según señalan— afectaría el territorio moqueguano.
En este contexto, Richard Soto, dirigente de los taxistas de Moquegua, se refirió al malestar existente por la decisión del Parlamento; sin embargo, también puso énfasis en el uso político de las movilizaciones sociales en la región, cuestionando que muchas veces la población es la principal protagonista de las marchas, mientras que los beneficios terminan en manos de actores políticos.
Así, recordó como antecedente el denominado “Moqueguazo”, señalando que, pese a las movilizaciones ciudadanas por la defensa del canon, no se habrían visto resultados concretos en favor de la población.
“A veces los ciudadanos hacemos marchas y huelgas, y quienes se benefician son los políticos. Se fue por el tema del canon con Tacna, pero ¿qué pasó con ese dinero? No han hecho nada”, manifestó.
Además, recordó otros episodios de protesta, como el caso Huatipuka, donde —según afirmó— la población habría sido utilizada para intereses vinculados a la recuperación de presupuesto por parte del Gobierno Regional de Moquegua.
En tal sentido, Soto también cuestionó la falta de continuidad de las autoridades en el tratamiento de la demarcación territorial, tema que —según indicó— arrastra años sin soluciones efectivas.
En esa línea, sostuvo que no basta con la presentación de documentos, sino que se requiere seguimiento constante por parte de las autoridades regionales y del Gobierno Regional de Moquegua.
La Contraloría General de la República advirtió que la construcción de la nueva sala de hemodiálisis y la adquisición de equipamiento médico en el Hospital Regional de Moquegua se realiza sin la respectiva licencia de edificación, lo que podría ocasionar multas y la paralización de la obra cuya inversión pública asciende a 19 millones 177 mil 968 soles.
El Informe de Hito de Control 009-2026-OCI/5347-SCC señala que, en diciembre de 2024, la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto declaró improcedente la solicitud de licencia presentada por la entidad regional debido a errores técnicos sustanciales en el expediente técnico.
Estos comprenden consignar un número de predio incorrecto y presentar áreas techadas que no cuadraban con los registros oficiales. A pesar de esta denegatoria, los trabajos continuaron y tienen ahora un avance del 50%.
Posibles consecuencias
La institución alertó que esta omisión expone al Estado al pago de costosas multas y al peligro inminente de una paralización total. Ello postergaría la puesta en funcionamiento de los servicios médicos, afectando directamente la salud y calidad de vida de los pacientes renales de la región que aguardan por su tratamiento.
El periodo de evaluación que comprende este informe va del 20 de mayo al 26 de mayo de 2026. En este también se identificó que la obra se ejecuta sin un plan de seguridad y salud en el trabajo aprobado y sin extintores, poniendo en riesgo la integridad del personal y de terceros.
De igual forma, se detectaron inconsistencias en la gestión de almacén, falta de registros en el cuaderno de obra y la omisión de registrar en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado las órdenes de compra y servicios menores a 8 UIT del periodo 2026, lo que, a juicio de la Contraloría, limita la transparencia pública.
El dirigente del pueblo joven Ciudad Blanca, en el distrito de Paucarpata, Julio César Apaza, sostuvo que hablar de la propuesta que consiste en el cambio de la Constitución, no sería beneficioso para el país y advirtió que esta medida podría generar desempleo, incertidumbre económica y el alejamiento de las inversiones privadas.
“El presupuesto está, solo falta la voluntad política de priorizar las obras que se tengan que hacer; entre ellas está el tema salud, educación e inseguridad; eso no tiene que ver con un cambio de Constitución, no veo la necesidad urgente en cambiarla porque muchos artículos ya se cambiaron”, indicó.
Asimismo, explicó que una nueva Carta Magna generaría desconfianza entre los inversionistas, quienes buscan estabilidad jurídica y reglas claras para desarrollar sus proyectos en el país. Según dijo, la incertidumbre económica terminaría afectando directamente a la generación de nuevos puestos de trabajo.
“Si hablamos de cambio de Constitución, los inversionistas no podrían invertir en un lugar donde las cosas no estén establecidas ni claras en temas de contratos ley y de forma económica; eso nos causaría un daño notable. Si se cambia el capítulo económico, vamos a ocasionar que el capital privado se vaya”, lamentó.
Entre los aspectos más negativos, Apaza evidenció que un cambio constitucional tendría consecuencias para los trabajadores, debido a que podría provocar una reducción de las inversiones y, por ende, un incremento del desempleo.
El vocero precisó que, en lugar de promover una nueva Constitución, las autoridades deberían fortalecer el actual capítulo económico, que podría permitir una mayor estabilidad y atraer inversiones en diversos sectores productivos del país.
La Encuesta Mundial de Valores 2025 revela una fuerte desconfianza hacia las instituciones políticas. Solo el 2 % de los peruanos participa en partidos, mientras el Congreso concentra los mayores niveles de rechazo. Además, el 79 % afirma no tener “nada de confianza” en la figura presidencial, y el Gobierno obtiene un bajo puntaje de 2.8 sobre 9 en su capacidad para “hacer lo correcto”.
“La encuesta muestra una sociedad con fuertes contrastes: seguimos siendo conservadores en temas como género y, al mismo tiempo, enfrentamos una profunda crisis de confianza”, señaló María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente Perú.
Este escenario se traduce en un menor respaldo a la democracia en la práctica. Quienes consideran “muy importante” vivir en democracia bajaron de 47 % a 41 % entre 2018 y 2025, mientras aumenta la aceptación de que un líder fuerte pueda ignorar al Congreso. “También preocupa el creciente respaldo a un líder fuerte o incluso a un gobierno militar”, advirtió Villegas.
En este contexto, se amplía el distanciamiento ciudadano. El 39 % no muestra interés en la política y más del 50 % afirma que nunca participaría en protestas. A ello se suman mayores dudas sobre el sistema electoral y una percepción extendida de corrupción.
“Esta desconfianza se ha alimentado de campañas de desinformación, ataques a instituciones y un ecosistema digital que amplifica la confrontación”, explicó Nelly Luna, directora periodística y cofundadora de Ojo Público.
