La Encuesta Mundial de Valores 2025 revela una fuerte desconfianza hacia las instituciones políticas. Solo el 2 % de los peruanos participa en partidos, mientras el Congreso concentra los mayores niveles de rechazo. Además, el 79 % afirma no tener “nada de confianza” en la figura presidencial, y el Gobierno obtiene un bajo puntaje de 2.8 sobre 9 en su capacidad para “hacer lo correcto”. 

“La encuesta muestra una sociedad con fuertes contrastes: seguimos siendo conservadores en temas como género y, al mismo tiempo, enfrentamos una profunda crisis de confianza”, señaló María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente Perú.

Este escenario se traduce en un menor respaldo a la democracia en la práctica. Quienes consideran “muy importante” vivir en democracia bajaron de 47 % a 41 % entre 2018 y 2025, mientras aumenta la aceptación de que un líder fuerte pueda ignorar al Congreso. “También preocupa el creciente respaldo a un líder fuerte o incluso a un gobierno militar”, advirtió Villegas.

En este contexto, se amplía el distanciamiento ciudadano. El 39 % no muestra interés en la política y más del 50 % afirma que nunca participaría en protestas. A ello se suman mayores dudas sobre el sistema electoral y una percepción extendida de corrupción. 

“Esta desconfianza se ha alimentado de campañas de desinformación, ataques a instituciones y un ecosistema digital que amplifica la confrontación”, explicó Nelly Luna, directora periodística y cofundadora de Ojo Público.

El entorno familiar del expresidente Pedro Castillo apunta a ganar espacio en el próximo Congreso bicameral. Su hermano, José Castillo Terrones, lidera la votación al Senado por Juntos por el Perú, mientras que Yenifer Paredes Navarro, su hija política, figura entre las más votadas a la Cámara de Diputados por Cajamarca, según el avance de la ONPE.

Con el conteo aún en curso, José Castillo suma 75.891 votos y encabeza su lista al Senado. Por su parte, Paredes alcanza 16.514 votos, posicionándose por encima de otros candidatos de su agrupación. De mantenerse la tendencia, ambos obtendrían escaños para el periodo 2026–2031.

Paredes es bachiller en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Cajamarca y fue incorporada al entorno familiar de Castillo desde joven. Es considerada cercana a la familia del expresidente.

Cabe recordar que fue investigada por la Fiscalía por presuntos delitos como organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias, vinculados a obras públicas en Cajamarca. La hipótesis fiscal señala que habría intervenido en coordinaciones entre funcionarios y empresarios.

En 2022 fue detenida de manera preliminar como parte de estas investigaciones, aunque luego continuó el proceso en libertad. Hasta la fecha, no cuenta con una sentencia firme.

A días de las elecciones, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que eleva los derechos de vigencia minera en 300 % y aumenta las penalidades por falta de producción hasta en 400 %. La propuesta, que además plantea incorporar a las comunidades como accionistas, ha sido cuestionada por gremios y especialistas por carecer de sustento técnico y no precisar fuentes de financiamiento. 

Según Angela Grossheim, directora de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), estas iniciativas se basan en “falacias para poder justificar un cambio al régimen”, lo que podría desincentivar la inversión formal.

El carácter “facilista” de la medida, advierten, se refleja en la promesa de beneficios económicos sin explicar su viabilidad ni el impacto en los proyectos. El expresidente de la SNMPE, Carlos Gálvez, cuestionó la ligereza de este tipo de propuestas y alertó que esta iniciativa está planteada para destruir el futuro de una minería seria y formal, omitiendo que los retrasos en la producción suelen deberse a la excesiva tramitología del Estado, que puede tardar hasta 19 años en permisos. A este contexto se suma una preocupación sobre posibles motivaciones políticas detrás del dictamen. 

De acuerdo con una investigación de Perú21, la Comisión de Energía y Minas habría funcionado como una plataforma para impulsar propuestas vinculadas a campañas políticas y no se descarta que iniciativas de este tipo respondan también a compromisos políticos o a la devolución de favores a sectores que financian campañas, como la minería ilegal.

Por último, al encarecer la actividad formal y forzar la caducidad de concesiones sin considerar los plazos reales de inversión, se corre el riesgo de que estos predios sean ocupados por la minería ilegal. Tal como advirtieron especialistas del sector como Marcial García Schreck, líder del sector minero en EY Perú, estas medidas podrían paralizar la inversión formal y liberar concesiones que terminarían siendo ocupadas por actores informales e ilegales. 

En la misma línea, Carlos Gálvez, alertó que este tipo de propuestas, sin sustento técnico ni evaluación fiscal, “buscan desaparecer la actividad minera formal” y favorecer intereses vinculados a la ilegalidad.

A pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, el Congreso ha aprobado una serie de normas que implican un aumento significativo del gasto público, orientadas a captar el voto de diversos sectores laborales y sociales. 

Entre las medidas destacan la entrega de gratificaciones y compensación por tiempo de servicios (CTS) para trabajadores del régimen CAS, cambios en el régimen de pensiones militar-policial y nuevas bonificaciones mensuales para veteranos de la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, estas iniciativas han sido impulsadas sin que se haya presentado un sustento técnico sólido ni se explique de qué fuente de financiamiento provendrá el dinero para costearlas.

El impacto financiero de estas decisiones es alarmante y se concentra en gastos permanentes para el Estado. El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, detalló que solo los beneficios para el personal CAS y el rediseño de pensiones de las fuerzas del orden representan un desembolso masivo: "Estamos hablando de más de S/6,800 millones de gasto rígido que se va sin financiamiento y que el Congreso irresponsablemente ha aprobado". A este monto se suman otras iniciativas recientemente aprobadas que también tendrían impacto fiscal, como el nombramiento de personal en EsSalud.

Las consecuencias de este "populismo legislativo" afectarían directamente la estabilidad del país y la gestión de la siguiente administración. Castilla advirtió que estas medidas "van a constreñir o reducir el espacio fiscal, es decir, la disponibilidad presupuestal del siguiente gobierno". Asimismo, precisó que esta carga financiera, aprobada sin fuente de ingresos clara, hará "mucho más difícil el cumplimiento de las reglas fiscales", lo que dejaría al país en una situación de vulnerabilidad económica justo antes del cambio de mando.

En cada proceso electoral, los candidatos compiten no solo con propuestas, sino también con interpretaciones —muchas veces imprecisas— sobre el funcionamiento del Estado y de la economía. En ese contexto, Videnza Instituto, en alianza con Diario Correo, presentó una nueva edición de su ejercicio semanal de fact-checking, que revisa planteamientos de quienes aspiran a gobernar el país. “En cada campaña electoral abundan las promesas, pero pocas veces se examina con rigor si realmente son viables”, señaló Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto y exministro de Economía.

Esta vez, el análisis se centró en la ejecución de obras públicas y el precio del gas doméstico. En el primer caso, se revisó una afirmación sobre los contratos de Gobierno a Gobierno (G2G), en la que se sostuvo que bajo este mecanismo “responde el gobierno y no las empresas”. Según el análisis, esto es incorrecto, ya que los gobiernos extranjeros no ejecutan directamente las obras, sino que contratan a empresas privadas para su desarrollo. “Los contratos de G2G no eliminan los riesgos de retrasos ni la responsabilidad financiera del Estado”, explicó Castilla. Este modelo, añadió, busca mejorar los procesos de contratación y supervisión de proyectos, pero no sustituye el rol de las empresas que finalmente ejecutan las obras.

Videnza Instituto también evaluó una propuesta que plantea que el balón de gas doméstico debería costar lo mismo en Lima que en zonas alejadas como La Convención, en Cusco. De acuerdo con el análisis, el precio del gas está influido por los costos de transporte y distribución hacia cada región. “El precio del gas también refleja los costos de llevarlo a cada zona del país”, precisó Castilla, y recordó que el Estado ya interviene a través del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que otorga vales de descuento a los hogares en zonas con dificultades de acceso.

Más allá de las diferencias en el debate político, desde Videnza destacan que el objetivo del fact-checking es aportar información verificable para mejorar la calidad del debate público. “En una campaña marcada por promesas rápidas, contrastar la información ayuda a que el ciudadano pueda evaluar mejor las propuestas”, subrayó Castilla, al recordar que contar con datos verificados es clave para ejercer un voto informado.

El candidato a diputado con el número 3 por el partido Renovación Popular, Carlos Candia, elaboró un proyecto de ley que plantea la expulsión cautelar inmediata de ciudadanos extranjeros que se encuentren procesados por delitos en el país, como una medida para reforzar la seguridad ciudadana y el orden interno.

La iniciativa legislativa, titulada “Ley que regula la expulsión cautelar de extranjeros procesados penalmente”, propone que los extranjeros investigados por delitos dolosos cuya pena supere los cuatro años puedan ser expulsados del territorio nacional mientras continúa el proceso penal correspondiente.

De acuerdo con la iniciativa, la medida tendría carácter administrativo, excepcional y temporal, y sería ejecutada por la Superintendencia Nacional de Migraciones a solicitud del Ministerio Público del Perú o de la Policía Nacional del Perú, con un control judicial de legalidad que deberá realizarse en un plazo máximo de 24 horas.

La propuesta establece que la expulsión procederá cuando exista una disposición fiscal que inicie diligencias preliminares o investigación preparatoria y se identifique riesgo de fuga o reiterancia delictiva.

Según el planteamiento, la ejecución sería inmediata mediante conducción del extranjero a un aeropuerto o punto fronterizo, además de la cancelación de su calidad migratoria y el impedimento de reingreso al país por un periodo no menor de diez años.

El proyecto también precisa que la expulsión no extinguirá la acción penal, por lo que el proceso judicial continuará conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal del Perú.

En la exposición de motivos se sostiene que el aumento de delitos vinculados a ciudadanos extranjeros ha generado preocupación en la población, por lo que se requieren mecanismos legales que permitan actuar con mayor rapidez.

“El Estado necesita herramientas rápidas para proteger a la población. Esta propuesta permite expulsar de manera cautelar a extranjeros procesados por delitos graves, sin afectar el proceso penal y garantizando control judicial inmediato”, afirmó el candidato al Parlamento, Carlos Candia.

En el análisis costo–beneficio incluido en la iniciativa se indica que los gastos se limitarían a traslados y custodia temporal, mientras que los beneficios incluirían reducción del gasto penitenciario, menor carga procesal y una mayor percepción de seguridad ciudadana.

De aprobarse, la norma deberá ser reglamentada en un plazo de 60 días y contempla además la creación de un Registro de Extranjeros Expulsados, así como protocolos de coordinación entre las instituciones del Estado involucradas.

La participación ciudadana se perfila como una herramienta clave para fortalecer la confianza en el proceso electoral. En un contexto de desconfianza hacia las instituciones, los mecanismos participativos buscan ir más allá de consultas simbólicas y establecer canales concretos donde la población pueda incidir de forma directa en el debate público.

En ese marco, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lanzó el bloque ciudadano “Pregúntale a tu candidat@” para el Debate Presidencial 2026. La iniciativa permite que los ciudadanos registren sus consultas mediante un formulario virtual sobre temas como salud, vivienda, estabilidad fiscal y medio ambiente. Mónica Mauricio, coordinadora de Voto Informado del organismo electoral, afirmó que “este bloque para nosotros es fundamental”, y explicó que el proceso de recepción de preguntas se realiza íntegramente en línea.

Experiencias en Argentina y Colombia respaldan este enfoque. En esos países, municipios aplicaron mecanismos de priorización participativa para definir obras en barrios con mayores necesidades, incorporando a los vecinos en la planificación de intervenciones. Estos antecedentes muestran que, cuando existen reglas claras y seguimiento a los aportes ciudadanos, se fortalece la legitimidad de las decisiones públicas. Para el Perú, trasladar estas prácticas al escenario electoral puede contribuir a un voto más informado y a un debate más cercano a las preocupaciones reales de la población.

En plena campaña electoral, la alianza de fact-checking entre Videnza Instituto y Diario Correo puso bajo revisión un conjunto de propuestas orientadas a aliviar el costo de vida, con el fin de evaluar su viabilidad real y ofrecer a la ciudadanía elementos técnicos para decidir con información. Luis Miguel Castilla, director del centro de estudios y exministro de Economía, advirtió que “en cada campaña abundan iniciativas que conectan rápidamente con las necesidades ciudadanas, pero que no siempre se examina con suficiente detalle su viabilidad”. Según explicó, este análisis permite identificar si estas medidas enfrentan restricciones fiscales que podrían comprometer su sostenibilidad.

Entre los casos evaluados figura la propuesta de duplicar los bonos de los programas sociales Juntos y Pensión 65. Si bien la medida beneficiaría a cientos de miles de hogares en situación de pobreza, el informe señala que “implicaría un costo adicional superior a S/2,300 millones anuales”, lo que incrementaría de forma significativa el presupuesto social y podría financiarse sobre todo con mayor endeudamiento.

También se analizó la ampliación del vale de descuento del gas GLP financiado por el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). El reporte advierte que, “sin nuevos ingresos, obligaría a redistribuir recursos dentro del mismo fondo y podría afectar programas como la masificación del gas natural”, lo que generaría efectos indirectos sobre otras políticas energéticas.

Castilla subrayó que estos ejemplos reflejan un patrón frecuente en campaña: propuestas atractivas que requieren mayor sustento fiscal o financiero para garantizar su ejecución. “La democracia se fortalece cuando el elector compara y decide con información verificable”, sostuvo, al enfatizar que el voto informado no solo es un derecho, sino también una responsabilidad frente al futuro económico del país.

El Perú atraviesa una de las crisis de inseguridad más graves de los últimos años. Solo en 2025 se registraron 169,528 casos de violencia y, hasta junio de ese año, se identificaron más de 1,200 presuntas víctimas de trata de personas. Sin embargo, los planes de gobierno que se discuten en el actual proceso electoral muestran una brecha entre el discurso político y la capacidad real del Estado para responder al problema. Para el periodista Jaime de Althaus, esta distancia se explica, en parte, por la lógica que domina muchas campañas. “Las propuestas populistas tienen, o plata del candidato o plata de la minería ilegal, y sectores ilegales”, advirtió, al señalar que los programas electorales suelen privilegiar mensajes de alto impacto antes que soluciones sostenibles.

En lugar de ofrecer soluciones técnicas, diversos programas electorales apuestan por medidas de alto impacto mediático como la pena de muerte, el servicio militar obligatorio o la creación de un ministerio de guerra, pese a que estas iniciativas enfrentan serios límites constitucionales y compromisos internacionales. También se proponen megacárceles y enfoques centrados en el castigo, sin desarrollar políticas de prevención o reinserción. Respecto al financiamiento de estas ofertas, Althaus alertó que “los partidos que están presentando planes de gobierno más reformistas, reformas más profundas para volver a crecer a tasas altas y reducir la pobreza, no tienen plata”.

La debilidad se hace aún más evidente en el plano presupuestal. Los recursos destinados a la atención de víctimas en regiones son insuficientes y, según el análisis de las agendas políticas, temas como la protección de la niñez frente a la explotación sexual en línea o la persecución de redes de trata no aparecen como prioridades claras. Frente a este escenario, Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, subrayó que la responsabilidad también recae en los electores. “La ciudadanía debe mantenerse alerta, informarse y fiscalizar las propuestas de los candidatos, exigiendo respuestas claras sobre qué harán y con qué recursos enfrentarán la violencia y la trata”, afirmó.

En el marco de las elecciones 2026, Videnza Instituto y Diario Correo vienen realizando un ejercicio semanal de fact-checking orientado a contrastar las propuestas presidenciales con criterios técnicos y fiscales. La iniciativa busca aportar información clara a la ciudadanía en un escenario marcado por promesas de alto impacto mediático, pero con escaso sustento económico. El director de Videnza y exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, advirtió que durante las campañas suele priorizarse el efecto político de las ofertas antes que su viabilidad real. Según explicó, cuando se someten a una revisión técnica, muchas propuestas —de distintos espacios políticos— “ignoran restricciones fiscales básicas y trasladan costos importantes hacia el futuro”.

Entre los casos analizados figura una propuesta para ampliar Pensión 65 a todos los adultos mayores sin pensión. Aunque responde a una necesidad social legítima, su implementación demandaría un gasto adicional anual cercano a S/4,285 millones, monto equivalente al presupuesto conjunto de varios sectores del Estado. Asimismo, se evaluó el ofrecimiento de otorgar bonos de vivienda de hasta S/100,000 para jóvenes, cuyo costo potencial superaría los S/523,000 millones, alrededor de dos presupuestos generales de la República.

Para Castilla, ambas iniciativas reflejan un patrón común: “ofrecen beneficios inmediatos sin detallar con claridad su financiamiento ni sus efectos secundarios”. En ese sentido, subrayó que el fact-checking cumple un rol democrático fundamental al devolver el debate electoral al terreno de la evidencia y la responsabilidad. “Las políticas públicas no se evalúan por su intención, sino por sus consecuencias, que finalmente terminan pagando todos los peruanos”, concluyó.