El candidato a diputado con el número 3 por el partido Renovación Popular, Carlos Candia, elaboró un proyecto de ley que plantea la expulsión cautelar inmediata de ciudadanos extranjeros que se encuentren procesados por delitos en el país, como una medida para reforzar la seguridad ciudadana y el orden interno.

La iniciativa legislativa, titulada “Ley que regula la expulsión cautelar de extranjeros procesados penalmente”, propone que los extranjeros investigados por delitos dolosos cuya pena supere los cuatro años puedan ser expulsados del territorio nacional mientras continúa el proceso penal correspondiente.

De acuerdo con la iniciativa, la medida tendría carácter administrativo, excepcional y temporal, y sería ejecutada por la Superintendencia Nacional de Migraciones a solicitud del Ministerio Público del Perú o de la Policía Nacional del Perú, con un control judicial de legalidad que deberá realizarse en un plazo máximo de 24 horas.

La propuesta establece que la expulsión procederá cuando exista una disposición fiscal que inicie diligencias preliminares o investigación preparatoria y se identifique riesgo de fuga o reiterancia delictiva.

Según el planteamiento, la ejecución sería inmediata mediante conducción del extranjero a un aeropuerto o punto fronterizo, además de la cancelación de su calidad migratoria y el impedimento de reingreso al país por un periodo no menor de diez años.

El proyecto también precisa que la expulsión no extinguirá la acción penal, por lo que el proceso judicial continuará conforme a lo establecido en el Código Procesal Penal del Perú.

En la exposición de motivos se sostiene que el aumento de delitos vinculados a ciudadanos extranjeros ha generado preocupación en la población, por lo que se requieren mecanismos legales que permitan actuar con mayor rapidez.

“El Estado necesita herramientas rápidas para proteger a la población. Esta propuesta permite expulsar de manera cautelar a extranjeros procesados por delitos graves, sin afectar el proceso penal y garantizando control judicial inmediato”, afirmó el candidato al Parlamento, Carlos Candia.

En el análisis costo–beneficio incluido en la iniciativa se indica que los gastos se limitarían a traslados y custodia temporal, mientras que los beneficios incluirían reducción del gasto penitenciario, menor carga procesal y una mayor percepción de seguridad ciudadana.

De aprobarse, la norma deberá ser reglamentada en un plazo de 60 días y contempla además la creación de un Registro de Extranjeros Expulsados, así como protocolos de coordinación entre las instituciones del Estado involucradas.

La participación ciudadana se perfila como una herramienta clave para fortalecer la confianza en el proceso electoral. En un contexto de desconfianza hacia las instituciones, los mecanismos participativos buscan ir más allá de consultas simbólicas y establecer canales concretos donde la población pueda incidir de forma directa en el debate público.

En ese marco, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lanzó el bloque ciudadano “Pregúntale a tu candidat@” para el Debate Presidencial 2026. La iniciativa permite que los ciudadanos registren sus consultas mediante un formulario virtual sobre temas como salud, vivienda, estabilidad fiscal y medio ambiente. Mónica Mauricio, coordinadora de Voto Informado del organismo electoral, afirmó que “este bloque para nosotros es fundamental”, y explicó que el proceso de recepción de preguntas se realiza íntegramente en línea.

Experiencias en Argentina y Colombia respaldan este enfoque. En esos países, municipios aplicaron mecanismos de priorización participativa para definir obras en barrios con mayores necesidades, incorporando a los vecinos en la planificación de intervenciones. Estos antecedentes muestran que, cuando existen reglas claras y seguimiento a los aportes ciudadanos, se fortalece la legitimidad de las decisiones públicas. Para el Perú, trasladar estas prácticas al escenario electoral puede contribuir a un voto más informado y a un debate más cercano a las preocupaciones reales de la población.

En plena campaña electoral, la alianza de fact-checking entre Videnza Instituto y Diario Correo puso bajo revisión un conjunto de propuestas orientadas a aliviar el costo de vida, con el fin de evaluar su viabilidad real y ofrecer a la ciudadanía elementos técnicos para decidir con información. Luis Miguel Castilla, director del centro de estudios y exministro de Economía, advirtió que “en cada campaña abundan iniciativas que conectan rápidamente con las necesidades ciudadanas, pero que no siempre se examina con suficiente detalle su viabilidad”. Según explicó, este análisis permite identificar si estas medidas enfrentan restricciones fiscales que podrían comprometer su sostenibilidad.

Entre los casos evaluados figura la propuesta de duplicar los bonos de los programas sociales Juntos y Pensión 65. Si bien la medida beneficiaría a cientos de miles de hogares en situación de pobreza, el informe señala que “implicaría un costo adicional superior a S/2,300 millones anuales”, lo que incrementaría de forma significativa el presupuesto social y podría financiarse sobre todo con mayor endeudamiento.

También se analizó la ampliación del vale de descuento del gas GLP financiado por el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). El reporte advierte que, “sin nuevos ingresos, obligaría a redistribuir recursos dentro del mismo fondo y podría afectar programas como la masificación del gas natural”, lo que generaría efectos indirectos sobre otras políticas energéticas.

Castilla subrayó que estos ejemplos reflejan un patrón frecuente en campaña: propuestas atractivas que requieren mayor sustento fiscal o financiero para garantizar su ejecución. “La democracia se fortalece cuando el elector compara y decide con información verificable”, sostuvo, al enfatizar que el voto informado no solo es un derecho, sino también una responsabilidad frente al futuro económico del país.

El Perú atraviesa una de las crisis de inseguridad más graves de los últimos años. Solo en 2025 se registraron 169,528 casos de violencia y, hasta junio de ese año, se identificaron más de 1,200 presuntas víctimas de trata de personas. Sin embargo, los planes de gobierno que se discuten en el actual proceso electoral muestran una brecha entre el discurso político y la capacidad real del Estado para responder al problema. Para el periodista Jaime de Althaus, esta distancia se explica, en parte, por la lógica que domina muchas campañas. “Las propuestas populistas tienen, o plata del candidato o plata de la minería ilegal, y sectores ilegales”, advirtió, al señalar que los programas electorales suelen privilegiar mensajes de alto impacto antes que soluciones sostenibles.

En lugar de ofrecer soluciones técnicas, diversos programas electorales apuestan por medidas de alto impacto mediático como la pena de muerte, el servicio militar obligatorio o la creación de un ministerio de guerra, pese a que estas iniciativas enfrentan serios límites constitucionales y compromisos internacionales. También se proponen megacárceles y enfoques centrados en el castigo, sin desarrollar políticas de prevención o reinserción. Respecto al financiamiento de estas ofertas, Althaus alertó que “los partidos que están presentando planes de gobierno más reformistas, reformas más profundas para volver a crecer a tasas altas y reducir la pobreza, no tienen plata”.

La debilidad se hace aún más evidente en el plano presupuestal. Los recursos destinados a la atención de víctimas en regiones son insuficientes y, según el análisis de las agendas políticas, temas como la protección de la niñez frente a la explotación sexual en línea o la persecución de redes de trata no aparecen como prioridades claras. Frente a este escenario, Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, subrayó que la responsabilidad también recae en los electores. “La ciudadanía debe mantenerse alerta, informarse y fiscalizar las propuestas de los candidatos, exigiendo respuestas claras sobre qué harán y con qué recursos enfrentarán la violencia y la trata”, afirmó.

En el marco de las elecciones 2026, Videnza Instituto y Diario Correo vienen realizando un ejercicio semanal de fact-checking orientado a contrastar las propuestas presidenciales con criterios técnicos y fiscales. La iniciativa busca aportar información clara a la ciudadanía en un escenario marcado por promesas de alto impacto mediático, pero con escaso sustento económico. El director de Videnza y exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, advirtió que durante las campañas suele priorizarse el efecto político de las ofertas antes que su viabilidad real. Según explicó, cuando se someten a una revisión técnica, muchas propuestas —de distintos espacios políticos— “ignoran restricciones fiscales básicas y trasladan costos importantes hacia el futuro”.

Entre los casos analizados figura una propuesta para ampliar Pensión 65 a todos los adultos mayores sin pensión. Aunque responde a una necesidad social legítima, su implementación demandaría un gasto adicional anual cercano a S/4,285 millones, monto equivalente al presupuesto conjunto de varios sectores del Estado. Asimismo, se evaluó el ofrecimiento de otorgar bonos de vivienda de hasta S/100,000 para jóvenes, cuyo costo potencial superaría los S/523,000 millones, alrededor de dos presupuestos generales de la República.

Para Castilla, ambas iniciativas reflejan un patrón común: “ofrecen beneficios inmediatos sin detallar con claridad su financiamiento ni sus efectos secundarios”. En ese sentido, subrayó que el fact-checking cumple un rol democrático fundamental al devolver el debate electoral al terreno de la evidencia y la responsabilidad. “Las políticas públicas no se evalúan por su intención, sino por sus consecuencias, que finalmente terminan pagando todos los peruanos”, concluyó.

El Plan de Gobierno de Venceremos, partido de Ronald Atencio, propone un giro explícito en el modelo económico e institucional del país, con un enfoque de "justicia social", "igualdad" y "refundación". Su propuesta busca ampliar significativamente el rol del Estado, incrementar la presión tributaria y cambiar las reglas para la inversión privada. La columna vertebral de su plan es la convocatoria a una Asamblea Constituyente y la transición hacia una “economía nacional de mercado popular”.

Impuestos. El plan liderado por Atencio propone una reforma tributaria para elevar la presión fiscal hasta el 20% del PBI al 2031. Esto incluiría la eliminación de exoneraciones sectoriales, como las tasas especiales del IGV para empresas agrarias, y la creación de nuevos impuestos a las grandes fortunas y «sobreganancias», particularmente en el sector minero. Para lograrlo, se aumentaría la fiscalización y se combatiría la evasión y elusión tributaria, con un objetivo de incrementar la presión tributaria del 14.1% al 16.4% en el primer año de gobierno.

Informalidad. Venceremos reconoce que la informalidad laboral alcanza casi el 70% del empleo, pero lo que propone es aumentar la Remuneración Mínima Vital, ofrecer subsidios a la contratación formal y crear un Banco Minero del Estado para formalizar la minería artesanal. Además, se critica el modelo neoliberal y la inversión privada, prometiendo no otorgar más contratos ley, revisar los existentes y nacionalizar empresas estratégicas, como Telefónica del Perú. También se planea crear una Empresa Nacional de Minerales, inspirada en el modelo chileno de CODELCO.

Reforma del Estado y gasto público. El plan busca una reforma del Estado con el fin de descentralizar el poder presupuestal, reduciendo el rol del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y trasladando más poder a los gobiernos subnacionales. El gasto público se concebiría como una herramienta central para políticas de subsidios y programas sociales, y se mencionan reformas a Petroperú para mejorar su solidez financiera.

Seguridad ciudadana. Venceremos propone la creación de un Comando Unificado Contra el Crimen, con el presidente liderando la operación. También plantea la construcción de mega-cárceles, la «depuración» de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial y el Ministerio Público, y una guerra abierta contra el crimen y la corrupción.

Asamblea Constituyente: el eje de su proyecto. El plan contempla la convocatoria inmediata a una Asamblea Constituyente plurinacional para «refundar la República» y «democratizar la economía». El primer día de gobierno se activarán los procedimientos para convocar esta Asamblea mediante referéndum.

Análisis de las líneas fundamentales de su plan de gobierno

Desde la perspectiva de la Asociación de Contribuyentes del Perú, el Plan Venceremos presenta riesgos bastante graves.

Su propuesta sobre impuestos se basa en una supuesta insuficiencia de ingresos, pero la realidad es que el Perú enfrenta problemas estructurales en eficiencia del gasto y capacidad de ejecución. El Estado tiene en su presupuesto anual cada año más dinero del que llega a usar. Y de ese dinero usado, el 100% se ejecuta para el gasto corriente y la planilla, pero la inversión pública nunca se ejecuta completa. Se “devuelve” al Ministerio de Economía y Finanzas cerca del 25%. Así, aumentar los impuestos sin expandir la base tributaria solo generará más informalidad.

Su propuesta para reducir la informalidad la incrementará. Si subes el sueldo mínimo, solo un pequeño grupo de peruanos será beneficiado, mientras que las micro y pequeñas empresas que son el 99% del tejido empresarial peruano, no podrán cumplir con ese aumento, dejarán de contratar o mantendrán a sus trabajadores en la calle. Hoy el 83% de las Mipymes son informales.

La creación de una banca estatal en minería o la idea de mantener Petroperú implica que el contribuyente pagará el precio de la ya trasnochada idea de la “empresa estatal estratégica”, que en la mayoría de casos no funciona. En cuanto al “Banco Minero”, el Estado camuflará el regalar dinero bajo el término “crédito” y que luego nunca podrá cobrar. Petroperú ya no cubre más del 25% del mercado y año a año se cae. No tenemos mucho petróleo, pero nos da nostalgia.

Gasto público. Hoy en día las regiones ya manejan más del 55% del presupuesto total del Estado, pero no lo saben usar. El problema no es descentralizar también el dinero. Ya está descentralizado. No hay capacidad en las regiones para diseñar proyectos, ejecutarlos. Son el nivel de gobierno, además que peor ejecuta, más barreras burocráticas pone, y con más corrupción, más que el gobierno nacional. Darle más dinero a los gobiernos locales así como están es regalar el dinero, y quizás por eso es que los políticos los proponen, porque saben que regalarían el dinero de los contribuyentes.

Seguridad ciudadana. Las propuestas de Atencio son razonables, se asemejan a las de los demás candidatos, y se mantienen en un nivel muy general sin desarrollo específico.

Asamblea Constituyente. La convocatoria a una Asamblea Constituyente añade más incertidumbre institucional, lo que suele impactar negativamente en la inversión y la estabilidad. Las experiencias en Venezuela y Ecuador muestran los efectos negativos de una asamblea y las consecuencias que traen a mediano y largo plazo. Además, es evidente que la Constitución no es el problema, sino la gestión, el recurso humano en el Estado y el cumplimiento de la misma.

El plan de la alianza Venceremos de Ronald Atencio apuesta por más Estado y más control, y eleva la incertidumbre sobre reglas, costos y propiedad. Sus metas tributarias, su enfoque de subsidios y su agenda constituyente chocan con la baja capacidad de ejecución del gasto y la alta informalidad.

El Perú enfrenta desde hace años un problema estructural: un Estado grande, lento y costoso que dificulta la actividad económica. Según el Índice de Burocracia 2025, las empresas deben invertir hasta 284 días en trámites para abrir y operar formalmente, mientras que 7 de cada 10 soles del presupuesto público se destinan a sueldos y planillas. Esto se traduce en menor productividad, menos empleo formal y un clima de inversión cada vez más adverso.

En este contexto, la Asociación de Contribuyentes del Perú realizará el próximo 28 de noviembre la segunda edición del foro “La Libertad Avanza en el Perú”, donde se analizarán las reformas aplicadas en Argentina para reducir cargas burocráticas y mejorar la eficiencia estatal, además de plantear propuestas para el escenario peruano. El evento se realizará a las 10:00 a.m. en la Sala Bustamante del campus San Isidro de la UPC.

Perspectivas desde la experiencia argentina

El encuentro contará con la participación de Mercedes Llano, diputada argentina por Mendoza y representante del movimiento La Libertad Avanza. Con formación en ciencia política y una trayectoria enfocada en la defensa de la transparencia y la eficiencia estatal, Llano expondrá las principales reformas impulsadas en Argentina, como la reducción del tamaño del Estado, la desregulación económica, la eliminación de regulaciones innecesarias y la apertura a la competencia.

A lo largo de su carrera, Llano ha respaldado iniciativas vinculadas a la meritocracia, la transparencia y la independencia institucional. Entre ellas destaca la ley de “abstinencia política”, orientada a limitar la injerencia partidaria en los órganos de control. También promueve medidas de desregulación y flexibilización laboral que buscan dinamizar el empleo y fomentar la inversión privada. Su participación ofrecerá una mirada comparativa con lecciones que podrían resultar útiles para el caso peruano.

Participación peruana y desafíos locales

El panel también estará conformado por la congresista Adriana Tudela, quien ha participado en debates sobre burocracia y simplificación administrativa, alertando sobre el impacto de las cargas regulatorias en la actividad empresarial. Se sumarán además Carlos Adrianzén, decano de la Facultad de Economía de la UPC; Jaime Dupuy, director ejecutivo de Comex Perú; y Camila Costa, directora de la Asociación de Contribuyentes del Perú.

Los panelistas analizarán cómo la tramitología y la falta de eficiencia estatal continúan siendo algunas de las principales barreras para la inversión y el crecimiento económico. Los organizadores del evento destacan la necesidad de simplificar procesos y utilizar de manera más eficiente los recursos públicos para fortalecer la competitividad del país.

La edición anterior del encuentro, realizada el 31 de enero y que contó con la presencia del presidente provisional del Senado argentino, Bartolomé Abdala, abrió un espacio de diálogo sobre modernización del Estado entre especialistas de ambos países. Esta nueva edición busca profundizar ese debate con un enfoque práctico y orientado a soluciones aplicables al contexto peruano.

La segunda edición del foro “La Libertad Avanza en el Perú” se realizará el viernes 28 de noviembre, a las 10:00 a.m., en la Sala Bustamante del campus San Isidro de la UPC. El ingreso es gratuito previa inscripción en este link: https://forms.gle/51pm9KEvkZ5yKXBp8

El día de hoy jueves 22 de mayo, el congresista Esdras Medina Minaya, expresó su desacuerdo con el reciente viaje de la presidenta de la República a Ecuador, en un contexto que consideran crítico por la creciente inseguridad ciudadana que enfrenta el país.

El parlamentario señaló que “la mandataria debería estar liderando la lucha contra la inseguridad en el país y no realizando viajes al extranjero”, subrayando que estos hechos también afectan la economía, ya que desincentivan el turismo y la inversión privada. “Los turistas están dejando de venir al Perú por temor a la inseguridad”, advirtió.

También indicó que, si bien el viaje fue autorizado democráticamente por el Congreso, la bancada no lo respaldó. “No estamos de acuerdo, aunque entendemos que fue aprobado por mayoría. Creemos que no era el momento adecuado para salir del país”.

En contraste, la bancada de renovación popular sí apoyó previamente el viaje presidencial al Vaticano, argumentando que se trataba de una visita especial al Papa León XIV, quien trabajó durante décadas en Chiclayo y tiene fuertes vínculos con el país. “Ese viaje fue una excepción. Pero ahora es momento de que la presidenta se quede y dirija junto al Ejecutivo las acciones necesarias para garantizar la seguridad nacional”.

Además del cuestionamiento al viaje presidencial, Renovación Popular anunció que impulsará una interpelación al Ministro de Energía y Minas por la reciente reglamentación que busca ampliar el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) hasta diciembre. La bancada considera que esta medida atenta contra el marco legal vigente y favorece la minería ilegal, un fenómeno que, según denuncian, contribuye al ingreso de armas y al aumento de la delincuencia organizada. “La minería ilegal está trayendo armas al país y eso incrementa la inseguridad. No podemos seguir permitiéndolo”, sostuvo la congresista.

Recordó que en diciembre pasado ya se había ampliado el plazo de formalización hasta julio, y que no debería extenderse más. “Los mineros tuvieron tiempo suficiente para regularizarse. El Ejecutivo no puede seguir generando falsas expectativas”, afirmó Medina.

Los proyectos de ley presentados en el Congreso de la República para aprobar un octavo retiro de ahorros para la jubilación son inconstitucionales porque vulneran lo establecido por el Tribunal Constitucional (TC), que determinó los parámetros de inconstitucionalidad para este tipo de medidas, como la intangibilidad de los fondos, el derecho a la pensión y el contexto de excepcionalidad que se dio durante la pandemia del COVID-19, sostuvo el especialista en derecho a la seguridad social, César Abanto Revilla.

“Consideramos que estos proyectos son manifiestamente inconstitucionales porque no se pueden habilitar retiros que pretendan contravenir la intangibilidad del artículo 12 de la Constitución Política, que prohíbe utilizar esos fondos para fines distintos al pago de las pensiones, principalmente si la emergencia sanitaria por la pandemia (justificación específica prevista por el TC) ya culminó formalmente en el año 2022”, manifestó el experto. 

Luego de explicar que ese fue el criterio que tomó el TC en la sentencia del Expediente N°00020-2021, al declarar infundada la acción de inconstitucionalidad del Colegio de Abogados de Lima Sur contra el Congreso por la aprobación de la Ley N°31192, del 7 de mayo de 2021, que autorizó un retiro de fondos previsionales, Abanto reafirmó que el final de la emergencia sanitaria fue declarada el 27 de octubre de 2022, mediante D.S. N°130-2022-PCM, por lo que el contexto de excepcionalidad ya expiró y no hay justificación ni razón alguna para aprobar otro retiro. 

“El retiro del año pasado también fue inconstitucional. Si se hubiera planteado una demanda de inconstitucionalidad, contra la Ley N°32002, el TC tendría que haberla declarado inconstitucional. Hay que entender que los ahorros previsionales sirven para la cobertura ante contingencias que se presenten a lo largo de la vida laboral, no solo cuando llegamos a la tercera edad. Los retiros dejan desprotegidos a los afiliados, debido a que los recursos que están en nuestra cuenta de AFP no solo sirven para la vejez (pensión jubilatoria). Si en este momento un afiliado sufre un accidente, una enfermedad incapacitante o fallece, así tenga 20, 30 o 40 años, aún lejos de los 65 años, podría tener acceso a una pensión de invalidez (para él) o pensión de sobrevivientes (para sus deudos: viudez, orfandad o ascendientes)”, detalló.

Por ello, continuó, “es necesario cuidar esos fondos para evitar que, ante la ocurrencia de un estado de necesidad, los recursos estén en cero, como lamentablemente viene ocurriendo con los contantes retiros, que contrariamente a lo que se sostiene a nivel político, a los únicos que perjudican es a los propios afiliados”.

Igualmente, dijo Abanto, estas leyes de retiro atentan contra el derecho a la pensión, pues al afectar los fondos de la cuenta individual de cada afiliado a las AFP, limitan y eliminan, en algunos casos, cuando la cuenta queda en cero, el acceso a dicho beneficio.

Seguridad Social
Para el especialista, también es importante destacar que el TC haya reconocido de forma expresa que el Sistema Privado de Pensiones (SPP) forma parte de la seguridad social en el Perú, por lo que su sostenibilidad financiera no es un tema o requisito menor, sino uno de los principios constitucionales a los que tienen derecho todos los ciudadanos.

Finalmente, el también miembro de la Sociedad Peruana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y del Instituto Latinoamericano de Derecho del Trabajo, sugirió que en vez impulsar un nuevo retiro, el Congreso y el Poder Ejecutivo deberían concentrarse en buscar soluciones a los tres verdaderos problemas del sistema de pensiones: reducir la informalidad laboral (que actualmente supera el 70%), reducir la morosidad por el no pago de aportaciones de pensiones (tanto en AFP como en ONP por parte de empleadores públicos y privados) y evaluar mecanismos de financiamiento efectivo de la jubilación, debido al incremento de la longevidad de los adultos mayores.

La aprobación en el Congreso de la República de siete leyes que tienen que ver con el combate cotnra la criminalidad, afecta seriamente las  posibilidades de llegar a castigar los delitos que se cometen actualmente en nuestro país, opinó el decano del Colegio de Abogados de Arequipa, Jhon Masías.

Hizo referencia  a la llamada Ley Soto que manipula los plazos de prescripción de los delitos y que  “salvan” directamente al expresidente del Parlamento, Soto. Está además la ley 32104 que salió para apoyar la Ley Soto obligando a los jueces a su aplicación. 

Una nueva norma recorta los plazos en los procesos de colaboración eficaz impidiendo la labor de la investigación de la Fiscalía, que es un mandato constitucional. La Ley 30108 modifica el concepto de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del acusado y su abogado.

Otra norma recientemente dada por el Congreso impide la incautación de material usado en la minería ilegal, en tanto que la ley 32017  promueve la impunidad para terroristas, exmilitares y otros que hayan cometido responsabilidad penal.  A este paquete de normas se suma la Ley 32054 que excluye a los partidos políticos de toda responsabilidad penal.

Masías sostuvo que la prescripción de los delitos al poner plazo a los procesos, afecta el trabajo del Ministerio Público y la Policía, lo mismo que a los jueces penales que, ahora están obligados a declarar la caducidad de los casos. Acortar el plazo para la colaboración con la justicia es igualmente peligros y colabora contra la impunidad. 

Para el Dr. John Mesías Romero, la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, que  fue reformada por la Ley 32108, considera como organización criminal a cualquier grupo que se reparta roles “para la comisión de delitos de extorsión, secuestro, sicariato y otros delitos sancionados con pena privativa de la libertad igual o mayor a cinco años en su extremo mínimo”.

“Ponerle un nuevo nombre y apellido al “crimen organizado”, esperar al abogado para allanar domicilios, los especialistas lo conceptúan, en el primer caso como una generalidad que va generar que los criminales escapen dentro de un código garantista que busca “a la medida” el hecho punible cuando se describe los hechos o se subsume el delito; tratar de que un letrado se constituya antes de un allanamiento, es buscar la forma que lo inopinado se vuelva en algo fácil de prever”, dijo. 

Otra observación que hizo el representante de los letrados de Arequipa a la nueva ley, es que la modificatoria hoy establece nuevos requisitos para definir a los actores de una organización criminal. Mesías considera una organización como criminal, esta deberá ser un grupo con compleja estructura desarrollada, con mayor capacidad operativa y en el que sus miembros se reparten roles correlacionados entre sí. 

“Los congresistas establecieron parámetros más altos para delimitar a una organización criminal,  sin embargo  en el país este concepto no es  el más idóneo porque ahora se les  exige una mayor labor probatoria a la policía y a los fiscales, pero estos operadores de justicia  no tienen los recurso necesarios ni el personal para llevar a cabo investigaciones tan rigurosas en corto plazo , por lo que existe el riesgo  de que los proceso  se caigan si las instituciones como la Policía Nacional y el Ministerio Publico no reciben recurso  y personal”, reveló el Decano del Colegio de  Abogados de  Arequipa. 

Igualmente, explicó que poner trabas a la incautación de material explosivos y/o arma podría impedir la lucha contra la criminalidad organizada en este campo.