Milar Godofredo Zenteno Mejía, identificado durante la campaña como el candidato de continuidad de la actual gestión regional de Gilia Gutiérrez, no consiguió el respaldo ciudadano suficiente para avanzar en la carrera por el Gobierno Regional de Moquegua. El candidato de Perú Primero obtuvo apenas el 4,9 % de los votos válidos y quedó relegado al sexto lugar de la elección.
 

Según los resultados oficiales, Zenteno Mejía consiguió alrededor de 5 mil votos, en una elección que registró aproximadamente 113 mil votos válidos y 129 mil votos emitidos. La votación obtenida quedó muy por debajo de la alcanzada por las organizaciones que disputarán la segunda vuelta y también de otras agrupaciones que terminaron por encima de Perú Primero.
 

La candidatura de Zenteno estuvo vinculada a la actual administración regional debido a su pasado como jefe de la Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos del Gobierno Regional de Moquegua, además de haber integrado inicialmente en su lista de consejeros a Kathy Gutiérrez Ayala, hermana de la gobernadora regional, junto con dirigentes y personas relacionadas con la gestión.
 

Durante el proceso electoral, además, la candidatura de Zenteno enfrentó decisiones de los organismos electorales. Fue excluido temporalmente por no haber consignado en el rubro correspondiente una condena por el delito de ejercicio ilegal de una profesión, por la que recibió tres años y seis meses de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución, además de inhabilitación y reparación civil. Posteriormente pudo continuar en la contienda.

En paralelo, la lista que llevaba a Kathy Gutiérrez fue declarada improcedente debido a que el Jurado Electoral Especial determinó el incumplimiento de la cuota de comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios exigida por la Ley de Elecciones Regionales.
 

El resultado electoral dejó así fuera de la segunda vuelta a la candidatura que buscaba representar la continuidad de la actual administración regional. Con menos del 5 % de los votos válidos y el sexto lugar de la votación, Perú Primero no logró convertir esa identificación política con el gobierno regional en un respaldo electoral suficiente para disputar el próximo periodo.

Las nuevas autoridades municipales de Moquegua tendrán como punto de partida una bolsa presupuestal de S/ 1,015 millones 567 mil 508 para el 2027. El monto corresponde al presupuesto inicial previsto para las 17 municipalidades del departamento, según la distribución de recursos incluida en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La cifra corresponde al conjunto de gobiernos locales y está distribuida entre las provincias de Mariscal Nieto, Ilo y General Sánchez Cerro. No se trata, por tanto, del presupuesto de una sola entidad, sino de la suma de las asignaciones iniciales previstas para todas las municipalidades de Moquegua.

Mariscal Nieto concentra la mayor parte de los recursos, con S/ 676.7 millones, equivalente al 66.63% del total departamental. Le sigue Ilo, con S/ 288.4 millones (28.40%), mientras que General Sánchez Cerro tendrá una asignación conjunta de S/ 50.5 millones (4.97%).

Entre las municipalidades con mayores asignaciones aparece la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, con S/ 225.96 millones. En segundo lugar figura San Antonio, con S/ 208.94 millones; seguida de la Municipalidad Provincial de Ilo, con S/ 197.61 millones; y Torata, con S/ 165.90 millones.

Sin embargo, este monto no necesariamente será el presupuesto definitivo que administrarán las nuevas autoridades durante todo 2027. Al tratarse del presupuesto inicial previsto en la Ley de Presupuesto, las asignaciones pueden experimentar modificaciones durante el ejercicio fiscal, por lo que el monto disponible puede incrementar conforme avance el año.

Así, los S/ 1,015.6 millones constituyen el punto de partida presupuestal para las municipalidades de Moquegua que asumirán la gestión del próximo año. La cifra permite tener una primera aproximación a la magnitud de los recursos que estarán bajo responsabilidad de las nuevas autoridades municipales.

El debate sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo podría abrir un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno y la Cámara de Diputados. El politólogo Miguel Ángel Ibarra advirtió que, si el pedido fuera archivado, el Ejecutivo podría evaluar el planteamiento de una cuestión de confianza.

La Comisión de Constitución inició el martes 29 de septiembre el debate del predictamen sobre la propuesta del Ejecutivo, que solicita facultades para legislar durante 120 días en materias como seguridad ciudadana, fortalecimiento de las mypes, empleo, desarrollo productivo, régimen tributario, simplificación administrativa y otras áreas. Este miércoles 30, la comisión pasó a un cuarto intermedio para buscar una fórmula de consenso.

Ibarra consideró que la decisión de enviar al archivo el pedido completo generaría un escenario de confrontación. “Esto nos puede llevar a un escenario en el que el premier Luis Galarreta plantee una cuestión de confianza”, sostuvo en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).

El analista también cuestionó la actuación del congresista Roberto Sánchez y sostuvo que su posición podría generar consecuencias para Juntos por el Perú. “Él podría ser el causante de la disolución de la Cámara de Diputados”, afirmó Ibarra, al referirse a un eventual rechazo de la confianza y a las consecuencias constitucionales que, según su interpretación, podrían derivarse de una sucesión de crisis de confianza.

Sin embargo, el escenario planteado por Ibarra no constituye una decisión anunciada por el Gobierno. El propio Galarreta había señalado el 14 de septiembre que el Ejecutivo buscaba consensos con la Cámara de Diputados y había descartado recurrir a una cuestión de confianza por el pedido de facultades. Más recientemente, el 29 de septiembre, afirmó que el Gobierno continuaría dialogando independientemente del dictamen que se presentara.

El pedido del Ejecutivo comprende 66 medidas agrupadas en ocho materias y fue presentado como una herramienta para atender, entre otros asuntos, la inseguridad, los efectos del fenómeno El Niño y la modernización del Estado. La discusión permanece abierta en la Comisión de Constitución, donde las bancadas plantearon modificaciones al texto inicial y se busca una propuesta que pueda alcanzar consenso.

El caso denominado “Corrupción 4x4”, vinculado a contrataciones de alquiler de vehículos, servicios y proveedores del Gobierno Regional de Moquegua y de la Subregión Ilo, ingresó a una nueva etapa procesal. La fiscalía provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios presentó acusación contra la gobernadora regional Gilia Gutiérrez Ayala y otros diez investigados por el presunto delito de colusión agravada.

La acusación fue presentada el 7 de septiembre por el fiscal provincial Víctor Arturo Muñoz Leyva y comprende, además de la gobernadora, a su hermana Katherine Fiorella Gutiérrez Ayala, Luis Jonathan Sanca Umiariy y otras personas investigadas por presuntos hechos vinculados a contrataciones públicas. Para la Fiscalía, la negociación incompatible figura como una imputación alternativa o subsidiaria.

El expediente, identificado con la Carpeta Fiscal N.° 293-2023 y el Expediente N.° 01286-2024-38-2801-JR-PE-03, será revisado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Rafael Bartolomé Copaja Mamani. En esta fase, el juez realizará el control de acusación: verificará si el requerimiento fiscal reúne las condiciones legales para continuar hacia un eventual juicio oral.

La acusación no equivale a una sentencia ni determina responsabilidad penal. La defensa de los investigados podrá formular observaciones, cuestionar la imputación, solicitar exclusiones probatorias y plantear otros mecanismos previstos por el Código Procesal Penal. Solo si el requerimiento supera ese control judicial, el caso será enviado a juzgamiento.

De acuerdo con la información publicada, la investigación se inició a partir de contrataciones para alquiler de vehículos y servicios durante 2023. La Fiscalía sostiene que habría elementos que relacionan a los investigados con actuaciones en el Gobierno Regional de Moquegua y la Subregión Ilo, mientras que la defensa tendrá oportunidad de rebatir la tesis fiscal en sede judicial.

Distintas agrupaciones políticas que postulan al Gobierno Regional de Moquegua coinciden en señalar a la corrupción, la inconducta funcional, la falta de transparencia y las deficiencias de gestión como algunos de los problemas que afectan a la administración regional. Así lo plantean en sus planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Regionales 2026.

Juntos por el Perú cuestiona el manejo del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) y sostiene que esta entidad habría sido utilizada como “botín político y agencia de empleos”, en lugar de mantener un funcionamiento eminentemente técnico. La agrupación también advierte sobre la existencia de presuntas “plazas fantasmas” y contrataciones administrativas financiadas con recursos destinados a inversiones.

Juntos por el Perú también cuestiona la falta de transparencia en la gestión regional. Su plan señala que el Consejo Regional tuvo que aprobar acuerdos para exigir al Ejecutivo Regional la entrega periódica de información sobre el avance físico y financiero de las inversiones. Para esta agrupación, las dificultades para acceder oportunamente a esta información evidencian problemas en la gestión de los recursos públicos.

El Partido Popular Cristiano (PPC) y Juntos por el Perú cuestionan también la capacidad de ejecución del Gobierno Regional. Ambos planes señalan que más de S/1,250 millones permanecen como saldos pendientes de ejecución dentro de la Programación Multianual de Inversiones (PMI) y relacionan esta situación con deficiencias en la gestión pública.

Podemos Perú recoge, además, la percepción de la población sobre la gestión regional. La agrupación cita información del INEI correspondiente al periodo julio-diciembre de 2025, según la cual el 55.1% de la población de Moquegua calificaba como “mala” o “muy mala” la gestión del Gobierno Regional. Acción Popular también señala una baja percepción ciudadana y la vincula con problemas de inconducta funcional y retrasos en las obras.

Las agrupaciones plantean distintas medidas para enfrentar estos problemas. El PPC propone implementar “Vitrina Abierta Moquegua”, una plataforma para transmitir en vivo licitaciones, adquisiciones y contrataciones; mientras que Juntos por el Perú plantea “Paredes de Cristal”, un portal de datos abiertos con información sobre presupuesto, contratistas y avance de obras.

Juntos por el Perú propone además realizar un censo del personal regional y auditorías externas o forenses a las grandes inversiones. Progresemos plantea institucionalizar el control concurrente en los proyectos de inversión, mientras que el PPC propone vincular la permanencia de gerentes y directores regionales con el cumplimiento de sus objetivos presupuestales.

Perú Primero, el PPC, Venceremos y Juntos por el Perú plantean fortalecer el control ciudadano. Perú Primero propone capacitar a dirigentes y vecinos para fiscalizar presupuestos y obras, mientras que las otras agrupaciones plantean la conformación de comités ciudadanos de vigilancia. Varias organizaciones también proponen realizar audiencias públicas descentralizadas en las provincias de Mariscal Nieto, Ilo y General Sánchez Cerro.

La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado descartó la realización de cierres de campaña de agrupaciones políticas en la plaza Las Américas. El subgerente de Autorizaciones, Licencias e ITSE, Marco Zanabria, informó que la comuna recibió más de seis solicitudes, pero ninguna fue aprobada debido a la Ordenanza N.° 600, que restringe los espectáculos públicos no deportivos en este espacio.

Entre las solicitudes denegadas se encuentran dos presentadas por la agrupación Movimiento Regional Arequipa Avancemos para realizar un cierre de campaña los días 30 de septiembre y 1 de octubre. Precisó que la restricción se aplica a todas las organizaciones políticas por igual y que además actualmente se ejecuta una obra de remodelación en la plaza, por lo que no corresponde autorizar una concentración masiva de personas.

En ese contexto, el funcionario denunció un presunto amedrentamiento por parte del asesor legal del movimiento político mencionado, quien acudió este lunes a la municipalidad para cuestionar la negativa. En ese sentido Zanabria rechazó la actitud del representante de la agrupación y sostuvo que la comuna no permitirá que se vulnere una ordenanza municipal para realizar una actividad política.

“El señor de manera prepotente nos ha querido imputar ciertos delitos, en la cual vamos a hacer la denuncia correspondiente, vamos a querellar a esta persona y no vamos a permitir que vengan a mellar la imagen de los funcionarios que trabajamos de manera correcta dentro de la municipalidad”, sostuvo.

Asimismo, desmintió la realización del evento promocionado mediante un flyer y reiteró que la municipalidad no ha autorizado ningún cierre de campaña en la plaza Las Américas. “No vamos a permitir que ellos pretendan realizar una actividad habiendo una ordenanza municipal que lo prohíbe. Ya que además en la plaza Las Américas se realiza una obra de remodelación, por lo que no es pertinente realizar una concentración masiva de personas en la plaza Las Américas”, sostuvo.

Por último, informó que la comuna enviará un oficio a la Subprefectura para comunicar que el cierre de campaña no cuenta con autorización municipal. También señaló que recurrirán a la Fiscalía de Prevención del Delito ante un eventual incumplimiento de la disposición. Precisó que las actividades en Apipa, en la vía 54 e intersección con la calle Puno, sí cuentan con autorización.

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, llegó a Arequipa para supervisar los trabajos preventivos que se ejecutan ante la próxima temporada de lluvias y el Fenómeno El Niño, entre ellos las labores de descolmatación en la torrentera Chullo, donde se han identificado cuatro puntos críticos que requieren intervención.

El titular de la cartera de Vivienda señaló que la magnitud del Fenómeno El Niño fue comunicada en febrero de este año, pero cuestionó que la gestión anterior no haya dejado un plan de prevención. De los 1,912 puntos críticos identificados a nivel nacional, el Gobierno priorizó 576 para su intervención, los cuales fueron distribuidos entre diferentes ministerios.

En el caso del Ministerio de Vivienda, se asignaron 55 puntos críticos a nivel nacional, con un presupuesto de S/22.5 millones. De este monto, se ejecutan trabajos principalmente de descolmatación en 17 puntos de la región Arequipa. El ministro aseguró que ya se estableció un programa de intervención y que las labores en estos sectores culminarán en un plazo de 61 días.

Ante la proximidad del periodo de lluvias, el ministro explicó que no existe tiempo suficiente para ejecutar obras integrales de gran magnitud, por lo que se priorizan acciones preventivas como la descolmatación y la habilitación de defensas ribereñas. “No hay tiempo para hacer esas obras ahora, tenemos tiempo para limpiar lo más que se puede y que el agua corra lo más libre posible”, indicó.

Asimismo, sostuvo que cada municipalidad cuenta con recursos para atender emergencias dentro de sus capacidades y que, si estas son superadas, la atención puede escalar al nivel provincial, regional y posteriormente al nacional. Añadió que el pedido de facultades busca reducir las barreras burocráticas para que, durante los primeros 15 días de una emergencia, el Indeci y Defensa Nacional puedan actuar de manera inmediata. 

El Tribunal Constitucional (TC) admitió la demanda de inconstitucionalidad presentada por el Colegio de Abogados de Loreto contra la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y los cambios al Código Penal sobre minería ilegal. El organismo ya notificó al Poder Ejecutivo y al Congreso para que respondan a la demanda.

Según el Colegio de Abogados de Loreto, este mecanismo, creado hace más de dos décadas para facilitar la formalización, vulnera derechos ambientales, de salud y de igualdad ante la ley. Cuestiona el daño que ocasiona el uso del Reinfo al proteger actividades ilegales. En Loreto, la minería ilegal se ha incrementado en diversas cuencas, como el río Nanay, de donde proviene agua para la población de Iquitos.

Erick Salas Barrera, decano del Colegio de Abogados de Loreto, precisó en un comunicado que la ley de la quinta prórroga, que vence este 31 de diciembre, fue inadecuada, ineficiente e irrazonable porque no cumplió con su objetivo. “Ha promovido, más bien, centros de explotación minera ilegal. Esta prórroga prolonga la vulneración de distintos derechos y principios constitucionales para la protección del medio ambiente, la salud y las personas en situación de vulnerabilidad”, dijo.

Henry Delgado Urrutia, abogado especializado en gobierno y políticas públicas y docente universitario en materia procesal civil, coincide con esa posición. Recordó que el Reinfo nació como un régimen transitorio para que los mineros avanzaran hacia la formalización. Sin embargo, después de más de veinte años de prórrogas, esa medida excepcional corre el riesgo de convertirse en una regla permanente.

Demanda admitida

La demanda fue admitida mientras la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) mantenía reuniones con miembros de la Comisión de Energía y Minas de la Cámara de Diputados y solicitaba ampliar el REINFO por otros cuatro años. Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, anunció que los inscritos continuarían el proceso mediante “un régimen simplificado de formalización”.

Delgado Urrutia consideró que una extensión indefinida pierde razonabilidad cuando no está respaldada por resultados verificables, metas concretas ni plazos definidos. Además, desnaturaliza el carácter transitorio del régimen y contradice el principio de temporalidad, que exige que estas medidas respondan a una necesidad específica y no se prolonguen indefinidamente, como ha advertido el TC.

La prórroga también afecta la seguridad jurídica, porque genera incertidumbre entre los agentes económicos y la ciudadanía sobre la vigencia de sus derechos y obligaciones. “La Corte Interamericana ha señalado que las medidas transitorias deben ser necesarias y proporcionales”, dijo Delgado Urrutia.

Para el especialista, el TC debe aplicar un test de ponderación que considere la intensidad de la afectación, la finalidad de la medida, su idoneidad y necesidad, y la proporcionalidad en sentido estricto. Aunque la formalización de los mineros informales constituye un objetivo legítimo, el TC debe evaluar si la ampliación del registro es el medio más adecuado y menos lesivo o si existen alternativas, como plazos estrictos, fiscalización efectiva e incentivos para la formalización. También debe comparar los beneficios de mantener a los mineros informales dentro del proceso con los costos ambientales y sociales de la medida. La prórroga permite que actividades con impactos ambientales continúen sin cumplir los estándares exigidos, con consecuencias para los derechos colectivos.

El Reinfo sí afecta derechos

En 2025, el TC declaró improcedente una demanda similar presentada por el mismo Colegio de Abogados, debido a que el Congreso ya había prorrogado nuevamente el Reinfo. Sin embargo, en su resolución exhortó al Congreso y al Ejecutivo aprobar un régimen normativo que no contemple un marco de exención de responsabilidades civiles, administrativas o penales en el proceso de formalización minera.

Delgado Urrutia destacó la importancia de esa resolución, porque, según su interpretación, el TC ya había advertido que la prórroga desnaturaliza su carácter transitorio y afecta derechos como el ambiente equilibrado, la salud y la seguridad jurídica. “Si la afectación al ambiente y a la salud supera los beneficios que genera la prórroga, el TC debería señalar que el Reinfo resulta inconstitucional”, sostuvo.

Si el TC declara inconstitucional la prórroga del Reinfo, los mineros informales perderían su protección transitoria y sus actividades podrían ser consideradas minería ilegal si no cumplen los requisitos de formalización, explicó Delgado Urrutia. En el ámbito penal, podrían reactivarse investigaciones suspendidas o limitadas por el registro, lo que daría al Ministerio Público un mayor margen para perseguir los delitos de minería ilegal.

Asimismo, se fortalecerían las acciones de reparación y sanción por daños ambientales, mientras que el Estado tendría que adoptar medidas de fiscalización y remediación. Una decisión así podría marcar un punto de quiebre en el régimen de formalización, al exigir que los mineros informales cumplan los requisitos legales o enfrenten las consecuencias penales y administrativas que correspondan.

Para evitar que el Reinfo vuelva a ser prorrogado, el TC tendría que resolver la demanda antes de que el actual Congreso apruebe una nueva ley de ampliación del proceso de formalización. Una demanda de inconstitucionalidad suele tardar entre tres y cuatro meses en resolverse.

La gobernadora regional de Moquegua, Gilia Gutiérrez, entregó el último fin de semana la carretera de la Comunidad Campesina de Chilata, en el distrito de Puquina, provincia General Sánchez Cerro. La obra fue presentada como culminada luego de una ejecución que se extendió muy por encima del plazo inicialmente previsto.

El proyecto comenzó el 20 de mayo de 2024, bajo la modalidad de administración directa, con un presupuesto de S/3 millones y un plazo de apenas 90 días. Sin embargo, los registros oficiales muestran que terminó acumulando 12 ampliaciones de plazo y alcanzó 825 días de ejecución.

En términos presupuestales, el proyecto también terminó alejándose de su previsión inicial. La obra registró ocho modificaciones presupuestales y su costo llegó a aproximadamente S/10.2 millones, más de tres veces el monto con el que fue programada.

Durante la inauguración, Gutiérrez justificó las variaciones señalando que el expediente técnico tuvo que ser reformulado por modificaciones surgidas durante la ejecución. Entre ellas mencionó un mayor ancho de la vía y la incorporación de canaletas.

Así, una carretera de 6 kilómetros que debía estar terminada en tres meses terminó demandando más de dos años, además de un presupuesto que pasó de S/3 millones a S/10.2 millones. El caso deja como principal dato de seguimiento la diferencia entre las condiciones con las que fue planteado el proyecto y aquellas con las que finalmente fue entregado.

La ceremonia de entrega contó con la participación de funcionarios y trabajadores del Gobierno Regional de Moquegua y estuvo acompañada de bailes, cánticos y serpentinas.

A casi dos semanas de que el Ejecutivo presentó al Congreso su pedido de facultades legislativas, las críticas aumentan por considerar que la solicitud incluye demasiados temas y no precisa con claridad las materias sobre las que busca legislar. Hasta el momento, seis comisiones de la Cámara de Diputados han rechazado la delegación solicitada por el Gobierno.

Ante este escenario, las bancadas Juntos por el Perú, Obras y Ahora Nación plantearon al Ejecutivo presentar un nuevo proyecto, limitado a asuntos prioritarios. Los parlamentarios pidieron que la propuesta se concentre en seguridad ciudadana, prevención de desastres y medidas frente al Fenómeno El Niño.

Los legisladores sostienen que reducir el alcance del pedido permitiría atender con mayor rapidez los temas que generan mayor consenso y evitaría incluir materias controversiales. Los rechazos en las comisiones se sustentan, entre otros argumentos, en el presunto incumplimiento de la precisión material exigida por el artículo 104 de la Constitución.

La propuesta también cuestiona una eventual intervención del Senado para reincorporar temas que sean rechazados por la Cámara de Diputados. Los parlamentarios advirtieron que la cámara revisora no debería incluir materias que hayan sido excluidas por la cámara de origen.

Por ello, los voceros pidieron al Ejecutivo presentar un nuevo texto que respete las competencias de ambas cámaras, precise las materias de delegación y evite cuestionamientos durante el trámite legislativo.