El debate sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo podría abrir un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno y la Cámara de Diputados. El politólogo Miguel Ángel Ibarra advirtió que, si el pedido fuera archivado, el Ejecutivo podría evaluar el planteamiento de una cuestión de confianza.

La Comisión de Constitución inició el martes 29 de septiembre el debate del predictamen sobre la propuesta del Ejecutivo, que solicita facultades para legislar durante 120 días en materias como seguridad ciudadana, fortalecimiento de las mypes, empleo, desarrollo productivo, régimen tributario, simplificación administrativa y otras áreas. Este miércoles 30, la comisión pasó a un cuarto intermedio para buscar una fórmula de consenso.

Ibarra consideró que la decisión de enviar al archivo el pedido completo generaría un escenario de confrontación. “Esto nos puede llevar a un escenario en el que el premier Luis Galarreta plantee una cuestión de confianza”, sostuvo en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).

El analista también cuestionó la actuación del congresista Roberto Sánchez y sostuvo que su posición podría generar consecuencias para Juntos por el Perú. “Él podría ser el causante de la disolución de la Cámara de Diputados”, afirmó Ibarra, al referirse a un eventual rechazo de la confianza y a las consecuencias constitucionales que, según su interpretación, podrían derivarse de una sucesión de crisis de confianza.

Sin embargo, el escenario planteado por Ibarra no constituye una decisión anunciada por el Gobierno. El propio Galarreta había señalado el 14 de septiembre que el Ejecutivo buscaba consensos con la Cámara de Diputados y había descartado recurrir a una cuestión de confianza por el pedido de facultades. Más recientemente, el 29 de septiembre, afirmó que el Gobierno continuaría dialogando independientemente del dictamen que se presentara.

El pedido del Ejecutivo comprende 66 medidas agrupadas en ocho materias y fue presentado como una herramienta para atender, entre otros asuntos, la inseguridad, los efectos del fenómeno El Niño y la modernización del Estado. La discusión permanece abierta en la Comisión de Constitución, donde las bancadas plantearon modificaciones al texto inicial y se busca una propuesta que pueda alcanzar consenso.

Los familiares de Jennifer, una menor de 13 años, continúan con la búsqueda tras su desaparición ocurrida el pasado viernes 25 de septiembre, luego de salir de su colegio Nuestra Señora de los Dolores. La adolescente asistió con normalidad a clases, pero no regresó a casa. Ante ello, sus familiares acudieron a las autoridades y llegaron esta mañana hasta el Palacio de Justicia para solicitar avances en la investigación.

La familia también cuestionó el proceso de denuncia, pues aseguró que inicialmente no quisieron recibirla en la comisaría de Ciudad Municipal. Según relataron, recién el 27 de septiembre lograron registrar la denuncia, mientras que esta habría sido remitida al área correspondiente el día 28. Señalaron que hasta el momento no reciben información clara sobre las diligencias realizadas para ubicar a la menor.

Asimismo, expresaron preocupación por las versiones contradictorias de dos amigas de Jennifer sobre su último paradero. Según la hermana de la menor, inicialmente una de ellas dijo que no la había visto, pero luego habría señalado que Jennifer estuvo con un varón vestido de negro y posteriormente brindó otra versión. La familia también recordó que anteriormente Jennifer se había ausentado de casa y fue encontrada en la vivienda de una de sus amigas.

Los familiares buscan además acceder a las cámaras de seguridad de los alrededores del mercado de Zamácola, donde las menores aseguran haber visto a Jennifer por última vez. Sin embargo, indicaron que algunos establecimientos no cuentan con cámaras operativas o no registran la vía pública. Por ello, esperan que las autoridades puedan obtener las imágenes y verificar las versiones brindadas.

Jennifer mide aproximadamente 1.50 metros, tiene cabello castaño y al momento de su desaparición vestía el buzo del colegio Nuestra Señora de los Dolores. Cualquier información que permita conocer su paradero puede ser comunicada al 928 630 760, número de contacto de su madre.

Caja Arequipa y BID Invest, miembro del Grupo BID, continúan fortaleciendo su relación estratégica con un nuevo préstamo por US$17 millones, equivalente en soles peruanos, que estará destinado a ampliar el acceso al crédito de las micro y pequeñas empresas (MYPE), con especial énfasis en aquellas lideradas por mujeres.

Este financiamiento trasciende la operación financiera: ratifica la confianza de una institución multilateral de desarrollo de primer nivel en Caja Arequipa y en su capacidad para canalizar recursos hacia segmentos que cumplen un rol decisivo en el empleo, la actividad productiva y la inclusión financiera del país.

“Esta operación reafirma el valor de construir relaciones de largo plazo con instituciones multilaterales de primer nivel. La confianza de BID Invest en Caja Arequipa fortalece nuestra capacidad para seguir acompañando a miles de emprendedores, diversificar nuestras fuentes de financiamiento y generar mayor impacto económico y social en el país”, comentó Manuel Chacaltana, Gerente Central de Finanzas y Control de Gestión de Caja Arequipa.

La relación de Caja Arequipa con BID Invest refuerza, además, la estrategia de entidad financiera de mantener vínculos sostenibles con instituciones de alta calidad y estándares internacionales. Este relacionamiento contribuye a diversificar las fuentes de fondeo, ampliar la capacidad de financiamiento de la institución y acompañar de manera sostenible el crecimiento de sus clientes.

En el Perú, las MYPE representan una parte sustancial del empleo y de la actividad económica, pero todavía enfrentan brechas de financiamiento, formalización y productividad. En ese contexto, el acceso a créditos para capital de trabajo e inversión permite fortalecer su capacidad productiva, competitividad, generación de empleo e integración a cadenas de valor.

La operación también refuerza el compromiso de ambas instituciones con la inclusión financiera y el desarrollo sostenible. En particular, el financiamiento dirigido a MYPE lideradas por mujeres busca contribuir a reducir brechas de acceso al crédito y ampliar las oportunidades económicas para empresas lideradas por mujeres.

Se espera que la operación contribuya a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas vinculados con fin de la pobreza (ODS 1), igualdad de género (ODS 5), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), industria, innovación e infraestructura (ODS 9), reducción de las desigualdades (ODS 10) y alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).

Acerca de BID Invest

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido con promover el desarrollo económico de América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para lograr resultados financieros y maximizar el desarrollo económico, social y ambiental en la región. Con aproximadamente US$22.000 millones en activos bajo administración y más de 400 clientes en 25 países, ofrece soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en diversos sectores.
Acerca de Caja Arequipa

Al cierre de agosto de 2026, Caja Arequipa consolida su liderazgo en el sistema microfinanciero peruano con una cartera de créditos de más S/ 10,923 millones y depósitos totales por más de S/ 9,927 millones. Cuenta con el respaldo y la confianza de cerca de cerca de 650 mil clientes de créditos y cerca de 1.7 millones de clientes de ahorros a nivel nacional.

Con 40 años de trayectoria, Caja Arequipa continúa generando valor para sus clientes, fortaleciendo el desarrollo de miles de emprendedores y familias peruanas, y consolidando su posicionamiento como una de las instituciones financieras más sólidas del país.

El caso denominado “Corrupción 4x4”, vinculado a contrataciones de alquiler de vehículos, servicios y proveedores del Gobierno Regional de Moquegua y de la Subregión Ilo, ingresó a una nueva etapa procesal. La fiscalía provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios presentó acusación contra la gobernadora regional Gilia Gutiérrez Ayala y otros diez investigados por el presunto delito de colusión agravada.

La acusación fue presentada el 7 de septiembre por el fiscal provincial Víctor Arturo Muñoz Leyva y comprende, además de la gobernadora, a su hermana Katherine Fiorella Gutiérrez Ayala, Luis Jonathan Sanca Umiariy y otras personas investigadas por presuntos hechos vinculados a contrataciones públicas. Para la Fiscalía, la negociación incompatible figura como una imputación alternativa o subsidiaria.

El expediente, identificado con la Carpeta Fiscal N.° 293-2023 y el Expediente N.° 01286-2024-38-2801-JR-PE-03, será revisado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Rafael Bartolomé Copaja Mamani. En esta fase, el juez realizará el control de acusación: verificará si el requerimiento fiscal reúne las condiciones legales para continuar hacia un eventual juicio oral.

La acusación no equivale a una sentencia ni determina responsabilidad penal. La defensa de los investigados podrá formular observaciones, cuestionar la imputación, solicitar exclusiones probatorias y plantear otros mecanismos previstos por el Código Procesal Penal. Solo si el requerimiento supera ese control judicial, el caso será enviado a juzgamiento.

De acuerdo con la información publicada, la investigación se inició a partir de contrataciones para alquiler de vehículos y servicios durante 2023. La Fiscalía sostiene que habría elementos que relacionan a los investigados con actuaciones en el Gobierno Regional de Moquegua y la Subregión Ilo, mientras que la defensa tendrá oportunidad de rebatir la tesis fiscal en sede judicial.

Distintas agrupaciones políticas que postulan al Gobierno Regional de Moquegua coinciden en señalar a la corrupción, la inconducta funcional, la falta de transparencia y las deficiencias de gestión como algunos de los problemas que afectan a la administración regional. Así lo plantean en sus planes de gobierno presentados ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para las Elecciones Regionales 2026.

Juntos por el Perú cuestiona el manejo del Proyecto Especial Regional Pasto Grande (PERPG) y sostiene que esta entidad habría sido utilizada como “botín político y agencia de empleos”, en lugar de mantener un funcionamiento eminentemente técnico. La agrupación también advierte sobre la existencia de presuntas “plazas fantasmas” y contrataciones administrativas financiadas con recursos destinados a inversiones.

Juntos por el Perú también cuestiona la falta de transparencia en la gestión regional. Su plan señala que el Consejo Regional tuvo que aprobar acuerdos para exigir al Ejecutivo Regional la entrega periódica de información sobre el avance físico y financiero de las inversiones. Para esta agrupación, las dificultades para acceder oportunamente a esta información evidencian problemas en la gestión de los recursos públicos.

El Partido Popular Cristiano (PPC) y Juntos por el Perú cuestionan también la capacidad de ejecución del Gobierno Regional. Ambos planes señalan que más de S/1,250 millones permanecen como saldos pendientes de ejecución dentro de la Programación Multianual de Inversiones (PMI) y relacionan esta situación con deficiencias en la gestión pública.

Podemos Perú recoge, además, la percepción de la población sobre la gestión regional. La agrupación cita información del INEI correspondiente al periodo julio-diciembre de 2025, según la cual el 55.1% de la población de Moquegua calificaba como “mala” o “muy mala” la gestión del Gobierno Regional. Acción Popular también señala una baja percepción ciudadana y la vincula con problemas de inconducta funcional y retrasos en las obras.

Las agrupaciones plantean distintas medidas para enfrentar estos problemas. El PPC propone implementar “Vitrina Abierta Moquegua”, una plataforma para transmitir en vivo licitaciones, adquisiciones y contrataciones; mientras que Juntos por el Perú plantea “Paredes de Cristal”, un portal de datos abiertos con información sobre presupuesto, contratistas y avance de obras.

Juntos por el Perú propone además realizar un censo del personal regional y auditorías externas o forenses a las grandes inversiones. Progresemos plantea institucionalizar el control concurrente en los proyectos de inversión, mientras que el PPC propone vincular la permanencia de gerentes y directores regionales con el cumplimiento de sus objetivos presupuestales.

Perú Primero, el PPC, Venceremos y Juntos por el Perú plantean fortalecer el control ciudadano. Perú Primero propone capacitar a dirigentes y vecinos para fiscalizar presupuestos y obras, mientras que las otras agrupaciones plantean la conformación de comités ciudadanos de vigilancia. Varias organizaciones también proponen realizar audiencias públicas descentralizadas en las provincias de Mariscal Nieto, Ilo y General Sánchez Cerro.

El 62% del valor de las compras realizadas por los gobiernos regionales y municipales de Moquegua corresponde a adquisiciones por montos menores a 8 UIT, según el Índice Regional de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS) 2026 del Instituto Peruano de Economía (IPE). La cifra supera ampliamente el promedio nacional, que alcanza el 25%.

El IPE considera que una elevada concentración de compras por debajo de las 8 UIT constituye un factor de riesgo para la integridad de la gestión pública, debido a que estas adquisiciones no están sujetas a los mismos procedimientos de contratación que las operaciones de mayor monto. Entre los riesgos que deben vigilarse está el posible fraccionamiento, que ocurre cuando una necesidad de contratación se divide en varias adquisiciones menores para evitar un procedimiento que requiere mayores niveles de competencia.

Sin embargo, el indicador no significa que las compras realizadas por las entidades de Moquegua sean irregulares ni constituye una prueba de corrupción. El IRIS mide condiciones y prácticas que pueden facilitar riesgos de corrupción o una gestión inadecuada de los recursos públicos. La existencia de una compra menor a 8 UIT, por sí sola, no demuestra una infracción.

A nivel nacional, el IPE encontró que el 25% del valor de las compras de los gobiernos regionales y municipales corresponde a adquisiciones menores a 8 UIT. Moquegua registra 62%, mientras que Madre de Dios alcanza 53%, convirtiéndose en las regiones con mayor concentración de este tipo de operaciones dentro de los datos expuestos en el índice.

El indicador forma parte del componente del IRIS que evalúa cómo se administran los recursos públicos y las características de las contrataciones. Frente a estos riesgos, el IPE plantea que las nuevas autoridades regionales y municipales revisen periódicamente la contratación directa, los procesos con un solo postor y la posible fragmentación de adquisiciones, además de fortalecer la trazabilidad entre los recursos utilizados y los bienes o servicios que finalmente recibe la ciudadanía.

El ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Mauricio Arnillas, llegó a Arequipa para supervisar los trabajos preventivos que se ejecutan ante la próxima temporada de lluvias y el Fenómeno El Niño, entre ellos las labores de descolmatación en la torrentera Chullo, donde se han identificado cuatro puntos críticos que requieren intervención.

El titular de la cartera de Vivienda señaló que la magnitud del Fenómeno El Niño fue comunicada en febrero de este año, pero cuestionó que la gestión anterior no haya dejado un plan de prevención. De los 1,912 puntos críticos identificados a nivel nacional, el Gobierno priorizó 576 para su intervención, los cuales fueron distribuidos entre diferentes ministerios.

En el caso del Ministerio de Vivienda, se asignaron 55 puntos críticos a nivel nacional, con un presupuesto de S/22.5 millones. De este monto, se ejecutan trabajos principalmente de descolmatación en 17 puntos de la región Arequipa. El ministro aseguró que ya se estableció un programa de intervención y que las labores en estos sectores culminarán en un plazo de 61 días.

Ante la proximidad del periodo de lluvias, el ministro explicó que no existe tiempo suficiente para ejecutar obras integrales de gran magnitud, por lo que se priorizan acciones preventivas como la descolmatación y la habilitación de defensas ribereñas. “No hay tiempo para hacer esas obras ahora, tenemos tiempo para limpiar lo más que se puede y que el agua corra lo más libre posible”, indicó.

Asimismo, sostuvo que cada municipalidad cuenta con recursos para atender emergencias dentro de sus capacidades y que, si estas son superadas, la atención puede escalar al nivel provincial, regional y posteriormente al nacional. Añadió que el pedido de facultades busca reducir las barreras burocráticas para que, durante los primeros 15 días de una emergencia, el Indeci y Defensa Nacional puedan actuar de manera inmediata. 

La presidenta ejecutiva de EsSalud, Zulema Tomás, anunció una reestructuración de la institución para reducir las brechas en consultas, cirugías y abastecimiento de medicamentos. La funcionaria reconoció que la entidad atraviesa una situación compleja y señaló que su gestión priorizará una atención oportuna y digna para los asegurados.

Sobre la reducción de contratos de locadores administrativos, la titular de EsSalud descartó que se trate de despidos masivos, más bien se evaluará caso por caso para identificar posibles duplicidades de funciones y optimizar los recursos. Cuestionó que algunas áreas administrativas concentren un número elevado de asesores mientras persisten necesidades en los servicios médicos.

“No es un despido masivo, tiene que ser consensuado y evaluado. Los locadores de servicio suplen a veces las funciones de otro personal, por eso hay duplicidad de funciones”, sostuvo en entrevista con Canal N.

Entre los principales problemas identificados se encuentran las extensas listas de espera para consultas y cirugías, además de las dificultades en el abastecimiento de medicamentos e insumos. La funcionaria señaló que ya se vienen ejecutando acciones para descongestionar hospitales de las regiones.

Como parte de las mejoras, anunció el fortalecimiento de herramientas digitales, como la historia clínica electrónica y la recuperación del sistema de citas por call center, con el objetivo de reducir las colas y facilitar el acceso a consultas médicas. La reducción de los tiempos de espera y la disponibilidad oportuna de medicamentos serán algunos de los indicadores que su gestión seguirá.

En el ámbito financiero,  informó que EsSalud afronta un déficit de aproximadamente S/4.500 millones y deudas cercanas a S/5.000 millones. Además, indicó que alrededor del 56 % de los deudores serían gobiernos regionales y municipalidades, por lo que se enviaron requerimientos para solicitar el cumplimiento de sus obligaciones.

Trabajadores afiliados a la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa) realizaron una marcha pacífica hacia el Hospital Regional Honorio Delgado, como parte del inicio de una jornada nacional de lucha. Los manifestantes presentaron un pliego de reclamos dirigido al Gobierno nacional, al Gobierno Regional y a las autoridades de los establecimientos de salud.

Entre sus principales demandas se encuentran el nombramiento de los trabajadores CAS COVID que aún no han sido incorporados, la estabilidad laboral del personal administrativo y el incremento salarial del CAFAE para los trabajadores del sector salud. Según el secretario regional de Fenutssa, Boris Catacora, actualmente la escala base del CAFAE en salud se mantiene en alrededor de S/1.000, mientras que en otros sectores se han establecido montos superiores.

En ese sentido, cuestionó además las remuneraciones que reciben los trabajadores de salud y sostuvo que estas no corresponden con la responsabilidad que cumplen en la atención de los pacientes. “Estamos hartos de que no seamos escuchados, estamos hartos de que vulneren nuestros derechos, y este gobierno ya está pretendiendo vulnerar derechos tan importantes como son el tema de nuestras remuneraciones”, declaró.

Otro de los puntos de preocupación es el posible recorte de las guardias diurnas. El dirigente advirtió que esta medida, además de afectar a los trabajadores, podría comprometer la continuidad de la atención médica. No obstante, aseguró que la movilización se desarrolla de manera pacífica y que los trabajadores buscan evitar afectar la atención de los pacientes.

Durante la protesta, los trabajadores también exigieron la salida del director del Hospital Honorio Delgado, quien fue cuestionado por una presunta falta de capacidad en la gestión y por las denuncias que, según señaló, se han presentado en el establecimiento. El dirigente pidió al Gobierno Regional evaluar la continuidad de la actual administración del nosocomio.

La jornada de protesta continuará siendo evaluada por los dirigentes nacionales de Fenutssa y de no recibir respuestas a sus demandas, podrían adoptar nuevas medidas de fuerza, aunque remarcó que buscarán preservar la atención a los pacientes. La movilización reunió a trabajadores de la Gerencia Regional de Salud, el Hospital Honorio Delgado, Hospital Goyeneche y establecimientos periféricos.

La construcción y mejoramiento del Laboratorio Ambiental San Agustín de Torata, ejecutada por la Municipalidad Distrital de Torata bajo la modalidad de administración directa, continúa sin concluir pese a que su plazo original de ejecución venció hace casi un año. La obra inició el 15 de abril de 2025 y tenía como fecha prevista de culminación el 10 de noviembre de 2025.

Sin embargo, al momento del reporte, la obra registra apenas 42% de avance físico y 39% de avance financiero. En paralelo, el presupuesto previsto inicialmente en el primer expediente técnico, de S/16,7 millones, se elevó a un costo actualizado de S/19,8 millones, un incremento aproximado de S/3,1 millones.

Entre los problemas identificados figura una Modificación N.° 01 presentada en septiembre de 2025, que cuenta con aprobación técnica desde octubre de ese año, pero que permanece sin resolución. Según los documentos revisados, esta situación afecta la adquisición de adicionales, la formalización del cronograma y la actualización de valorizaciones y Formatos 12-B.

A ello se suman dificultades presupuestales y logísticas. Las transferencias no habrían acompañado el ritmo del avance físico, generando retrasos en pagos, compras y contratación de personal. También se reportan demoras en requerimientos, estudios de mercado y órdenes de compra, mientras que el expediente técnico habría presentado materiales no contemplados o con metrados insuficientes y costos indirectos no desagregados por componente.

La ejecución también ha enfrentado problemas con el personal. El reporte señala que en aproximadamente 15 meses hubo cuatro residentes, además de rotación administrativa y ausencia de un almacenero. En diciembre de 2025, el cese del personal técnico y obrero provocó una paralización de los trabajos.

Así, una obra que debía estar terminada en noviembre del año pasado continúa en ejecución, con menos de la mitad de su avance físico, mientras su costo actualizado supera en aproximadamente 18,6% al monto previsto inicialmente.