Hágase Instituto identificó que, en el Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público 2027, el gasto total del Estado aumenta, pero los programas y proyectos vinculados a servicios básicos caen de S/32 874 millones a S/27 506 millones, una reducción de 16.3%. El recorte alcanza 52.1% en déficit habitacional, 19.9% en salud, 19.3% en agua y saneamiento, 17.4% en vías pavimentadas y 16.3% en locales escolares, y solo crece en electricidad. A nivel subnacional, únicamente Áncash, Ucayali y Arequipa registran incrementos, mientras que en Pasco, Huánuco, Amazonas, Ayacucho y Huancavelica la reducción supera el 50%.

La entidad identifica al gasto corriente como una primera limitante, ya que absorbe casi dos tercios del presupuesto total y deja un espacio residual para nuevas prioridades. Señala que otra variable es la capacidad de gasto: cada año queda sin ejecutar cerca de una quinta parte de la inversión subnacional, y al cierre de junio de 2026 la Contraloría registró 2262 obras paralizadas, con más de S/27 548 millones pendientes de ejecución.

La organización subraya que el proyecto incorpora una reforma, inspirada en las recomendaciones de la OCDE, que permitiría emplear desde la formulación del presupuesto de 2028 un nuevo esquema para determinar cuánto puede destinarse a nuevas prioridades, protegiendo esos recursos de la disputa anual entre sectores. Asimismo, cuestiona el sistema vigente de programación de la inversión: “Invierte.pe premia el fierro y el concreto, y castiga el servicio”, señala, al advertir que los municipios acumulan losas deportivas, veredas y pequeños puentes mediante fichas simplificadas, mientras sistemas de agua sin cloración o centros de salud sin médicos quedan sin atender.

“El cambio de fondo consiste en pasar de comprar insumos a contratar resultados”, sostiene Hágase Instituto, que cita como modelo las asociaciones público-privadas que impulsa EsSalud en los complejos Barton y Kaelin, donde el pago se condiciona a la disponibilidad y calidad de las atenciones. Destaca, finalmente, que la Comisión de Alto Nivel para la Mejora de la Gestión de la Inversión Pública, en la que participa Milton von Hesse, director de Hágase Instituto, representa una oportunidad para cerrar la brecha entre planeamiento, presupuesto e inversión y llevar la provisión por resultados a los territorios donde las distancias son mayores.

Milar Godofredo Zenteno Mejía, identificado durante la campaña como el candidato de continuidad de la actual gestión regional de Gilia Gutiérrez, no consiguió el respaldo ciudadano suficiente para avanzar en la carrera por el Gobierno Regional de Moquegua. El candidato de Perú Primero obtuvo apenas el 4,9 % de los votos válidos y quedó relegado al sexto lugar de la elección.
 

Según los resultados oficiales, Zenteno Mejía consiguió alrededor de 5 mil votos, en una elección que registró aproximadamente 113 mil votos válidos y 129 mil votos emitidos. La votación obtenida quedó muy por debajo de la alcanzada por las organizaciones que disputarán la segunda vuelta y también de otras agrupaciones que terminaron por encima de Perú Primero.
 

La candidatura de Zenteno estuvo vinculada a la actual administración regional debido a su pasado como jefe de la Oficina Regional de Diálogo y Prevención de Conflictos del Gobierno Regional de Moquegua, además de haber integrado inicialmente en su lista de consejeros a Kathy Gutiérrez Ayala, hermana de la gobernadora regional, junto con dirigentes y personas relacionadas con la gestión.
 

Durante el proceso electoral, además, la candidatura de Zenteno enfrentó decisiones de los organismos electorales. Fue excluido temporalmente por no haber consignado en el rubro correspondiente una condena por el delito de ejercicio ilegal de una profesión, por la que recibió tres años y seis meses de pena privativa de libertad, suspendida en su ejecución, además de inhabilitación y reparación civil. Posteriormente pudo continuar en la contienda.

En paralelo, la lista que llevaba a Kathy Gutiérrez fue declarada improcedente debido a que el Jurado Electoral Especial determinó el incumplimiento de la cuota de comunidades campesinas, nativas y pueblos originarios exigida por la Ley de Elecciones Regionales.
 

El resultado electoral dejó así fuera de la segunda vuelta a la candidatura que buscaba representar la continuidad de la actual administración regional. Con menos del 5 % de los votos válidos y el sexto lugar de la votación, Perú Primero no logró convertir esa identificación política con el gobierno regional en un respaldo electoral suficiente para disputar el próximo periodo.

Más de 1,000 vacantes laborales estarán disponibles para la población arequipeña durante la feria Laboral “Atrapa tu Chamba”, que se desarrollará este miércoles 7 de octubre, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., en la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), con ingreso por la avenida Independencia.

La actividad es organizada por la Gerencia Regional de Trabajo y Promoción del Empleo (GRTPE) del Gobierno Regional de Arequipa, a través del Centro de Empleo, en articulación con la UNSA y la Unidad de Desarrollo Estudiantil del Egresado y Graduado (UDEEG).

La feria contará con la participación de más de 40 empresas, que ofrecerán oportunidades de empleo para el público en general y, de manera especial, para personas con discapacidad (PCD), quienes tendrán acceso a más de 400 vacantes laborales.

La gerenta regional de Trabajo y Promoción del Empleo, Abg. Catherine Rodríguez Torreblanca, destacó que estas jornadas permiten acercar directamente a las empresas con quienes buscan una oportunidad laboral. “Nuestro objetivo es generar espacios efectivos de encuentro entre la oferta y la demanda laboral, promoviendo un empleo digno e inclusivo y brindando mayores oportunidades a la población arequipeña”, señaló.

Los interesados deberán acudir con su DNI y currículum vitae (CV) actualizado. En el caso de las personas con discapacidad, se recomienda portar su carné de CONADIS, a fin de facilitar su participación en las oportunidades dirigidas a este grupo.

La GRTPE invita a jóvenes, adultos, personas con discapacidad y a la población en general a participar de esta importante jornada de empleabilidad y aprovechar las oportunidades laborales disponibles.

Las nuevas autoridades municipales de Moquegua tendrán como punto de partida una bolsa presupuestal de S/ 1,015 millones 567 mil 508 para el 2027. El monto corresponde al presupuesto inicial previsto para las 17 municipalidades del departamento, según la distribución de recursos incluida en el proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2027, presentado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La cifra corresponde al conjunto de gobiernos locales y está distribuida entre las provincias de Mariscal Nieto, Ilo y General Sánchez Cerro. No se trata, por tanto, del presupuesto de una sola entidad, sino de la suma de las asignaciones iniciales previstas para todas las municipalidades de Moquegua.

Mariscal Nieto concentra la mayor parte de los recursos, con S/ 676.7 millones, equivalente al 66.63% del total departamental. Le sigue Ilo, con S/ 288.4 millones (28.40%), mientras que General Sánchez Cerro tendrá una asignación conjunta de S/ 50.5 millones (4.97%).

Entre las municipalidades con mayores asignaciones aparece la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto, con S/ 225.96 millones. En segundo lugar figura San Antonio, con S/ 208.94 millones; seguida de la Municipalidad Provincial de Ilo, con S/ 197.61 millones; y Torata, con S/ 165.90 millones.

Sin embargo, este monto no necesariamente será el presupuesto definitivo que administrarán las nuevas autoridades durante todo 2027. Al tratarse del presupuesto inicial previsto en la Ley de Presupuesto, las asignaciones pueden experimentar modificaciones durante el ejercicio fiscal, por lo que el monto disponible puede incrementar conforme avance el año.

Así, los S/ 1,015.6 millones constituyen el punto de partida presupuestal para las municipalidades de Moquegua que asumirán la gestión del próximo año. La cifra permite tener una primera aproximación a la magnitud de los recursos que estarán bajo responsabilidad de las nuevas autoridades municipales.

El 4 de octubre, más de 26 millones de electores acudirán a las urnas para elegir a 13 148 autoridades regionales y municipales. Al cierre de las urnas, los miembros de mesa registrarán en las actas los votos de cada agrupación, además de los nulos y blancos. Si se detectan errores o inconsistencias, el acta será remitida al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente y no se incorporará de inmediato al cómputo de la ONPE. 

La mayoría de observaciones se resolverá mediante la comparación de los ejemplares del acta. La abogada en derecho electoral Silvia Guevara explicó que “el recuento de votos es un mecanismo que sirve para salvaguardar el voto (…). Es realizado en un acto público (…). De esa forma se brinda mayor transparencia”.

Cuando el cotejo no permite aclarar una observación, el JEE puede solicitar a la ONPE las cédulas que permanecen bajo custodia y ordenar un recuento de votos. El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que los jurados electorales especiales fueron capacitados para aplicar esta metodología: “Hemos capacitado acá en Lima a todos los miembros de los jurados electorales especiales (…) con esta nueva metodología (…) a efecto de dar los resultados oportunamente”.

El vocero del JNE, Jorge Valdivia, estimó que las primeras actas observadas llegarían el 7 de octubre y que las audiencias de recuento comenzarían entre el 12 y el 15 de octubre. "Es un aproximado porque todo depende de la fecha en que nos remitan las actas observadas por parte de la ONPE", precisó. Conocer este proceso permite a la ciudadanía entender que los resultados definitivos pueden tardar días y que cada observación tiene un mecanismo formal de resolución.

En Arequipa, conocer cómo se procesan las actas electorales será importante para que la ciudadanía pueda comprender el desarrollo de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Las actas que presenten errores o inconsistencias seguirán un procedimiento de revisión ante los organismos electorales, y cuando sea necesario se podrá recurrir al recuento de votos para resolver las observaciones.

PROINVERSIÓN y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) suscribieron un convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con la finalidad de acelerar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios mediante la modalidad de Obras por Impuestos (OxI). El acuerdo busca contribuir al fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria como parte de las acciones frente a la criminalidad.

La alianza también permitirá identificar y promover otras iniciativas de inversión pública con participación del sector privado. Para ello, PROINVERSIÓN brindará capacitación y orientación técnica al personal del MINJUSDH sobre los procedimientos y alcances de las modalidades de Obras por Impuestos, Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos, de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, la agencia promoverá entre las empresas privadas los proyectos que sean identificados en el marco del convenio. Por su parte, el MINJUSDH facilitará el trabajo del personal de PROINVERSIÓN, coordinará las actividades de capacitación y articulará con las distintas instancias públicas y privadas el cumplimiento de los objetivos establecidos.

El presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN, Luis Del Carpio, destacó la importancia de sumar las capacidades del sector público y privado para atender las necesidades de infraestructura. “Nos toca sumarnos con este importante acuerdo para el desarrollo de infraestructura y la lucha contra la criminalidad”, señaló.

En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, sostuvo que el sector requiere acelerar la ejecución de infraestructura penitenciaria. “Necesitamos que una entidad de prestigio y de mucha envergadura, como PROINVERSIÓN, impulse la ejecución de la infraestructura penitenciaria que el MINJUSDH requiere de manera rápida y eficiente”, afirmó.

Según PROINVERSIÓN, desde 2009 las entidades públicas han adjudicado y/o ejecutado, con asistencia técnica de la agencia, 1 746 intervenciones mediante Obras por Impuestos por un monto de S/ 26 208 millones. Este mecanismo permite que empresas privadas financien y ejecuten infraestructura y servicios públicos con cargo a sus impuestos. El convenio entre ambas instituciones tendrá una vigencia de dos años y podrá ser prorrogado mediante una adenda.

Docentes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), agrupados en el Sindicato Único de Docentes de la UNSA (SUDUNSA), realizaron un plantón este viernes para exigir al Gobierno el cumplimiento de un incremento salarial establecido mediante ley. El gremio reclama el pago de S/700 que según su secretario general, ya estaba contemplado en el presupuesto y debía hacerse efectivo desde septiembre.

El secretario del SUDUNSA, Andrés Luque, señaló que el incremento corresponde tanto a docentes nombrados como contratados y cuestionó que hasta la fecha no se haya concretado el pago. “Se nos debió haber pagado ya este incremento desde el mes de septiembre y no se ha hecho. Nuestro aumento es un dinero que estaba presupuestado, que viene de otro rubro y que no debió haberse tocado”, afirmó.

El dirigente explicó que el gremio viene realizando gestiones ante el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para exigir el cumplimiento de la norma. Además, representantes de los docentes de universidades públicas de distintas regiones viajaron a Lima y sostuvieron reuniones con autoridades del Ejecutivo y legisladores como parte de las acciones para conseguir el desembolso.

En esa línea, sostuvo que el plantón realizado en Arequipa forma parte de una jornada de protesta desarrollada a nivel nacional, en el cual los docentes buscan que el Ejecutivo atienda su reclamo sin necesidad recurrir a medidas de mayor impacto. Durante los próximos días continuarán las gestiones y dependiendo de los resultados, evaluarán una paralización nacional.

El secretario del SUDUNSA indicó que en Arequipa alrededor de 1 400 docentes serían beneficiados con el incremento. Señaló que el pedido cobra importancia debido a que, según el gremio, los profesores universitarios llevan varios años sin recibir aumentos salariales ni bonos a pesar de las exigencias que pide la universidad en relación a los grados de estudio que debe tener un docente. “Hace muchísimos años no recibimos los profesores ningún tipo de aumento ni tampoco tenemos bonos”, indicó.

El dirigente remarcó que el gremio continuará con las acciones de protesta hasta obtener una respuesta sobre el cumplimiento del incremento salarial y advirtió que una huelga nacional será evaluada si no se atiende su demanda.

Un total de 204 fiscales de prevención del delito serán desplegados en la provincia de Arequipa durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 de este domingo 4 de octubre. Además, se contará con 16 fiscales para delitos electorales en la provincia de Arequipa y 30 fiscales para delitos comunes a nivel de toda la región, informó la fiscal provincial de Prevención del Delito, Ana Cecilia Cordero.

Como parte de las acciones previas a la jornada electoral, los fiscales realizarán operativos junto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para verificar el cumplimiento de la ley seca y el retiro de propaganda electoral en los alrededores de los locales de votación.

“En los locales vamos a verificar que alrededor no haya propaganda electoral y que no haya puestos vendiendo de manera exclusiva licor, porque esa es la prohibición, y ahí vamos a intervenir con el Jurado y si corresponde con la municipalidad”, señaló la fiscal Cordero.

Durante el domingo, los fiscales se constituirán en los locales de votación para verificar el cumplimiento de funciones de las autoridades y la presencia del Ejército, la Policía, la ONPE y el JNE. Asimismo, se verificará que el material electoral haya llegado a los respectivos locales.

La representante del Ministerio Público señaló que se ha identificado posibles puntos de conflicto en Quequeña, Yarabamba y Mollebaya, donde permanecerán fiscales durante la jornada ante un eventual intento de perturbar el proceso electoral por la restitución de domicilios. Para estos sectores se coordinó un refuerzo policial y se asignaron 24 fiscales. También se identificó esta posibilidad en Camaná y Caravelí.

“Si uno las quiere cuestionar, seguirá las vías legales, pero no la vía de los hechos, porque ahí se estaría incurriendo en un hecho delictivo si empieza a perturbar el acto electoral”, advirtió Cordero, quien recordó que cualquier cuestionamiento a las decisiones adoptadas debe realizarse por las vías correspondientes y no mediante actos de violencia.

Cinco de las seis lavadoras industriales del Servicio de Lavandería del Hospital Honorio Delgado Espinoza volvieron a presentar fallas, obligando a paralizar gran parte de las labores. La situación afecta el lavado de ropa utilizada por los pacientes y se registra nuevamente pese a que los equipos todavía no cumplen un año de funcionamiento.

El encargado del área de Lavandería, Pablo Heredia, señaló que actualmente solo cuentan con una lavadora operativa para atender las necesidades del nosocomio. “Se ha paralizado cinco máquinas, no tenemos con qué trabajar”, señaló, y agregó que la empresa encargada de los equipos recién acudiría el lunes para revisar el problema.

Asimismo, cuestionó que las fallas sean recurrentes desde que las máquinas fueron instaladas. “Desde que han llegado estamos con la misma situación de que las máquinas fallan y fallan. Recién van a tener un año”, sostuvo. Precisó que los equipos se encuentran en garantía, pero hasta el momento no se habría solucionado de manera definitiva el problema.

La situación también alcanza a otros equipos del área. Según el encargado, las calandrias presentan fallas por falta de mantenimiento, las secadoras no alcanzan el nivel de calentamiento requerido y las planchas prensa tampoco funcionan con normalidad. En total, el Servicio de Lavandería cuenta con 15 equipos y 22 trabajadores distribuidos en dos grupos.

El principal riesgo es que la ropa hospitalaria se acumule y no pueda ser entregada oportunamente a los pacientes. Indicó que cada equipo puede procesar entre mil y 1.200 kilos de ropa al día, por lo que la paralización reducirá considerablemente la capacidad del servicio. Los trabajadores esperan una reunión con la dirección del hospital para encontrar una solución y garantizar el lavado de la ropa de los pacientes.

El debate sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo podría abrir un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno y la Cámara de Diputados. El politólogo Miguel Ángel Ibarra advirtió que, si el pedido fuera archivado, el Ejecutivo podría evaluar el planteamiento de una cuestión de confianza.

La Comisión de Constitución inició el martes 29 de septiembre el debate del predictamen sobre la propuesta del Ejecutivo, que solicita facultades para legislar durante 120 días en materias como seguridad ciudadana, fortalecimiento de las mypes, empleo, desarrollo productivo, régimen tributario, simplificación administrativa y otras áreas. Este miércoles 30, la comisión pasó a un cuarto intermedio para buscar una fórmula de consenso.

Ibarra consideró que la decisión de enviar al archivo el pedido completo generaría un escenario de confrontación. “Esto nos puede llevar a un escenario en el que el premier Luis Galarreta plantee una cuestión de confianza”, sostuvo en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).

El analista también cuestionó la actuación del congresista Roberto Sánchez y sostuvo que su posición podría generar consecuencias para Juntos por el Perú. “Él podría ser el causante de la disolución de la Cámara de Diputados”, afirmó Ibarra, al referirse a un eventual rechazo de la confianza y a las consecuencias constitucionales que, según su interpretación, podrían derivarse de una sucesión de crisis de confianza.

Sin embargo, el escenario planteado por Ibarra no constituye una decisión anunciada por el Gobierno. El propio Galarreta había señalado el 14 de septiembre que el Ejecutivo buscaba consensos con la Cámara de Diputados y había descartado recurrir a una cuestión de confianza por el pedido de facultades. Más recientemente, el 29 de septiembre, afirmó que el Gobierno continuaría dialogando independientemente del dictamen que se presentara.

El pedido del Ejecutivo comprende 66 medidas agrupadas en ocho materias y fue presentado como una herramienta para atender, entre otros asuntos, la inseguridad, los efectos del fenómeno El Niño y la modernización del Estado. La discusión permanece abierta en la Comisión de Constitución, donde las bancadas plantearon modificaciones al texto inicial y se busca una propuesta que pueda alcanzar consenso.