La generación de mayores inversiones y el fortalecimiento de sectores productivos como la minería, agricultura y pesca permitirán dinamizar la economía nacional y crear nuevas oportunidades laborales, este crecimiento también se verá reflejado en el sector automotor, así lo sostuvo Richard Valverde, subgerente de estrategia de producto y planeamiento de la empresa Divemotor.

El representante de la compañía destacó que el movimiento económico de los distintos sectores tendrá una relación directa con la demanda de vehículos de carga, principalmente camiones medianos y semipesados que son utilizados para el transporte de mercadería y alimentos perecibles.

“Nosotros tenemos una gama completa entre medianos, semipesados, volquetes y tractos; esto nos permite estar en contacto directo con todos los rubros; cuando hay mayor movimiento económico en la agricultura, minería se puede tener una mayor venta de vehículos”, indicó.

Valverde señaló que durante el 2025 la empresa logró posicionarse como la tercera en venta de camiones medianos y semipesados en el mercado nacional; precisó que, estos resultados reflejan el crecimiento sostenido del rubro transporte, “la expectativa es volver este año al liderazgo absoluto de vender unidades semipesadas; hasta el momento vamos bien”, afirmó.

Añadió que la meta para este año es comercializar entre 600 y 700 camiones, mientras que en los próximos dos años esperan alcanzar ventas de entre 800 y 900 unidades; de esta forma la inversión en el sector transporte estaría incrementándose.

En otro momento, remarcó que el próximo gobierno debe promover políticas que generen confianza e impulsen la inversión privada porque esto tendrá un efecto multiplicador en todas las actividades productivas.

La pobreza monetaria en el Perú se redujo a 25.7 % en 2025, según cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Para Mónica Muñoz Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), este resultado refleja un avance importante, con cerca de un millón de personas que dejaron de ser pobres en el último año. 

Sin embargo, la especialista advirtió que la recuperación aún es incompleta. “Es una buena noticia, pero todavía estamos lejos de los niveles que teníamos en 2019”, señaló.

Antes de la pandemia, la pobreza se situaba alrededor del 20 %, lo que implica que el país mantiene todavía cerca de 2.5 millones de personas adicionales en esta condición respecto a hace seis años. Muñoz Nájar explicó que la mejora reciente responde principalmente al crecimiento económico, la inversión y la recuperación del empleo. Sin embargo, subrayó que “el reto grande va a ser seguir manteniendo el crecimiento económico y la inversión para que haya más empleo, porque eso es lo que verdaderamente reduce pobreza”.

La economista también destacó que el avance no ha sido uniforme a nivel territorial. Mientras regiones como Ica registran los menores niveles de pobreza, impulsadas por sectores como la agroexportación, la minería y la industria, otras como Cajamarca continúan rezagadas. 

Según el análisis de Redes, 19 de las 25 regiones lograron reducir sus niveles de pobreza, pero en seis se registraron incrementos, lo que evidencia brechas persistentes en el desarrollo regional.

En paralelo, la pobreza extrema se redujo y se ubicó por debajo del 5 %. Aun así, especialistas coinciden en que el desafío central será consolidar la recuperación económica y ampliar las oportunidades de empleo formal, sobre todo en las regiones con mayor vulnerabilidad.

La Dirección Regional de Educación (DRE) Moquegua informó que no se realizará el acto público de adjudicación de plazas para la modalidad de Educación Técnico Productiva (CETPRO), debido a la ausencia de postulantes en el proceso de nombramiento correspondiente al Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2025-2026.

A través de un comunicado, el comité de adjudicación de la DRE Moquegua precisó que la medida se adopta en el marco de la norma técnica que regula el concurso público para profesores de la modalidad de Educación Técnico Productiva, contemplado en la Ley N.° 29944, Ley de Reforma Magisterial.

Según la entidad educativa, al no registrarse postulantes aptos para la adjudicación de nombramiento en CETPRO dentro de la jurisdicción regional, quedó suspendida la realización del acto público previsto para este proceso.

El concurso forma parte del proceso nacional de ingreso a la Carrera Pública Magisterial, mediante el cual se busca incorporar docentes nombrados a diversas modalidades educativas del país.

La DRE Moquegua no brindó mayores detalles sobre las razones de la falta de postulantes, aunque el comunicado fue difundido para conocimiento de la comunidad educativa y público en general.

La minería ilegal se ha convertido en el principal problema económico, ambiental y de seguridad que enfrenta actualmente el Perú. Así lo advirtió el regidor de José Luis Bustamante y Rivero, Ronald Rodríguez, quien cuestionó la falta de acciones por parte de las autoridades frente al crecimiento de esta actividad ilícita.

“Hasta ahora funcionarios, congresistas y el Gobierno no hicieron nada contra este problema; actualmente continúa creciendo la minería ilegal que le hace un gran daño a la población que está en las zonas de influencia donde solo genera mayor contaminación”, precisó.

Actualmente, la minería ilegal es considerada la economía ilícita más rentable del Perú, incluso por encima del narcotráfico. Solo el año pasado, las exportaciones vinculadas a esta actividad alcanzaron los 11 mil millones de dólares.

Rodríguez sostuvo que el impacto económico es grave debido a que las actividades ilegales no tributan ni generan recursos para el Estado, “económicamente afecta demasiado porque no pagan impuestos en beneficio del país; pese a este problema, el Gobierno actual más se va en contra de la minería formal, un claro ejemplo es Tía María”, cuestionó.

En ese sentido, el regidor remarcó que combatir la minería ilegal debe ser una de las principales prioridades del próximo gobierno, donde se debe aplicar medidas urgentes desde el ámbito político, policial y judicial, “hace muchos años debió resolverse este problema porque genera más delincuencia y se pierden millones y millones de soles”, afirmó.

Sobre el tema, la minería ilegal se expandió en diversas zonas amazónicas, afectando a 73 comunidades nativas y contaminando más de 250 cuerpos de agua. La región más golpeada continúa siendo Madre de Dios, donde se reportaron más de 11 mil 500 hectáreas deforestadas durante el último año.

Por último, Rodríguez advirtió que, si el próximo gobierno no adopta estrategias y acciones inmediatas, el problema continuará agravándose. Consideró que endurecer las sanciones, mejorar los sistemas de fiscalización y respaldar a la minería formal ayudará a que el Perú no siga perdiendo millones de soles en impuestos.

El próximo Gobierno heredará una economía con señales positivas, como la recuperación de la inversión privada y del empleo formal a niveles previos a la pandemia. Sin embargo, el principal desafío estará en el deterioro de las finanzas públicas. Así lo advirtió Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto, quien cuestionó las decisiones de gasto adoptadas en los últimos años. 

“Este Congreso ha sido bastante irresponsable con las cuentas públicas. Este populismo fiscal va a pasar factura porque el siguiente gobierno va a quedar sin caja”, afirmó.

Según explicó, el aumento del gasto aprobado por el Legislativo ha reducido la capacidad de respuesta del Estado y obliga a reorientar recursos desde áreas clave. “El MEF ha sido muy claro en que, para hacer frente a mayores gastos en salarios y pensiones, tendrá que sacrificar presupuesto de la obra pública”, sostuvo. 

Esta situación resulta especialmente crítica en un país que aún enfrenta importantes brechas en infraestructura, salud, educación y acceso a servicios básicos, sobre todo en las zonas altoandinas y amazónicas.

Castilla también advirtió sobre los riesgos de propuestas que plantean modificar o revertir los tratados de libre comercio, al considerar que han sido fundamentales para el crecimiento económico y la generación de empleo. “Cuando teníamos una economía cerrada y una industria protegida artificialmente por subsidios, no teníamos acceso a productos de calidad”, recordó. 

Asimismo, señaló que la incertidumbre política y electoral afecta la inversión y el consumo, ya que “una empresa no arriesga capital si no sabe cuáles son las reglas del juego”.

Finalmente, el exministro cuestionó las propuestas de incrementos significativos del sueldo mínimo sin sustento técnico. Advirtió que, en un contexto donde la productividad laboral ha caído en los últimos años, este tipo de medidas podría encarecer la contratación formal y agravar la informalidad. “No hay respaldo técnico para un incremento de esa envergadura. […] Eso básicamente aumenta la informalidad en el país”, concluyó.

La falta de transporte público continúa afectando a miles de vecinos del distrito de Sachaca, motivo por el cual este miercoles se desarrolló una mesa de diálogo entre representantes de la población, el alcalde distrital Renzo Salas y funcionarios de la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con el objetivo de buscar soluciones ante el desabastecimiento de rutas y la baja frecuencia de unidades.

Sebastián Apaza, presidente de la comisión de transportes y representante del Frente de Defensa de Sachaca, señaló que la principal preocupación de los vecinos es la demora en la circulación de buses y la ausencia de cobertura en diversos sectores del distrito.

“La frecuencia se ha ido alargando y la población necesita una solución urgente. Lo que queremos es que se mejore el servicio y que las rutas abandonadas vuelvan a ser cubiertas en beneficio de todos los vecinos”, indicó.

Durante la reunión se informó que la empresa Unión Grau ingresaría desde el próximo lunes a cubrir rutas que anteriormente eran operadas por las empresas AQP Masivo y Megabus, especialmente en zonas como Tahuaycani, La Planicie y Cerro la Aparecida. Según Apaza, esta medida permitiría reducir el problema de los transbordos y mejorar la conexión de los pobladores hacia sectores como la avenida Ejército y el centro de la ciudad.

Por su parte, el alcalde Renzo Salas señaló que la problemática del transporte en Sachaca se mantiene desde hace varios años y que actualmente existe una demanda insatisfecha cercana al 40% de la población. 

“Tenemos aproximadamente ocho mil vecinos que no cuentan con un servicio óptimo de transporte. Hemos planteado optimización de rutas y aumentado nuevas unidades, pero necesitamos que las decisiones de la Gerencia de Transportes sean más dinámicas para solucionar este problema”, manifestó.

La autoridad distrital agregó que otro de los principales inconvenientes es la falta de transporte durante fines de semana y feriados, situación que afecta principalmente a sectores alejados del distrito. Asimismo, cuestionó los constantes cambios de gerentes de transporte en la Municipalidad Provincial, señalando que ello dificulta la continuidad de los acuerdos alcanzados en las mesas técnicas desarrolladas durante la actual gestión.

La Contraloría General de la República determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluido el exjefe de la entidad, por una serie de irregularidades registradas durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. Según el informe, estas acciones afectaron el derecho al voto de 55 261 electores de Lima Metropolitana.

El informe de control señala que funcionarios de la ONPE elaboraron términos de referencia sin precisar la cantidad real de vehículos requeridos para el traslado de material electoral, lo que habría favorecido indebidamente a una empresa de transporte. La buena pro fue adjudicada por más de S/ 6.3 millones a una propuesta económica superior a otras ofertas presentadas.

La Contraloría detectó además que evaluadores aplicaron criterios no contemplados en las bases del proceso para reducir el puntaje de otro postor. También se consignó información inexacta sobre la capacidad de carga de vehículos de la empresa ganadora, permitiendo que obtuviera un puntaje que no le correspondía.

El organismo de control indicó que la empresa adjudicada realizó el servicio principalmente con vehículos de terceros, pese a que se conocía la necesidad mínima de unidades propias para garantizar el traslado del material electoral. Asimismo, se advirtió que funcionarios no corrigieron ni actualizaron los requerimientos técnicos pese a conocer las deficiencias del proceso.

Otro de los hechos observados fue la reprogramación de rutas de distribución de equipos informáticos y material electoral un día antes de las elecciones. La Contraloría señaló que los tiempos asignados para las entregas eran insuficientes, lo que provocó retrasos en 3605 mesas de sufragio y que 187 mesas no llegaran a instalarse el día de la votación.

Finalmente, el informe también cuestiona la aprobación de prestaciones adicionales por más de S/ 650 mil para el servicio de transporte, sin sustento técnico ni legal. Ante ello, la Contraloría recomendó a la ONPE iniciar acciones administrativas contra los involucrados y pidió a la Procuraduría Anticorrupción evaluar denuncias penales por los presuntos actos irregulares.

Iniciativa desarrollada junto a Ferreyros y Antapaccay busca responder a la creciente demanda de tecnólogos especializados en mantenimiento de maquinaria pesada

La creciente demanda de profesionales especializados en mantenimiento de equipo pesado en los sectores minería, construcción e infraestructura viene impulsando nuevas alianzas entre la industria y las instituciones educativas. En ese contexto, Tecsup fortalece su apuesta por la formación tecnológica mediante los programas Dream Big y Think Big, iniciativas desarrolladas junto a Ferreyros.

El Director General de Tecsup, Juan Manuel García Calderon, explicó que estos programas buscan atender una necesidad concreta del mercado: contar con tecnólogos altamente capacitados para el mantenimiento de maquinaria Caterpillar, utilizada en operaciones mineras y de construcción, además de generar mayores oportunidades de acceso para mujeres en una especialidad históricamente masculinizada. “Es un trabajo que venimos desarrollando desde hace más de 20 años junto con Ferreyros, conectando formación tecnológica de calidad con necesidades reales de la industria”, destacó.

Uno de los principales objetivos de Dream Big es derribar barreras históricas y demostrar que más mujeres pueden desarrollarse exitosamente en carreras vinculadas al mantenimiento de maquinaria pesada. Los resultados ya empiezan a reflejarse en las aulas. Este año, en Arequipa, se graduó una promoción de 37 estudiantes del programa, de las cuales 23 fueron mujeres.

“El interés y desempeño están asegurados cuando existen oportunidades reales de formación y acompañamiento. Más que un discurso, queremos generar oportunidades reales de formación y empleabilidad en un sector con alta demanda de talento especializado.”, señaló García Calderon.

El programa está dirigido a jóvenes, mujeres y hombres, con interés por la tecnología, la gestión y el mantenimiento de maquinaria pesada. Mientras el convenio entre Antapaccay y Tecsup beneficia a ingresantes del programa Think Big, la alianza entre Antapaccay, Ferreyros y Tecsup está enfocada exclusivamente en mujeres a través de Dream Big.

Uno de los aspectos diferenciadores de esta propuesta educativa es su modelo dual de aprendizaje. Los estudiantes combinan formación tecnológica especializada en Tecsup con experiencia práctica directa en talleres y operaciones de Ferreyros, trabajando con maquinaria y estándares reales de la industria.

Desde el primer año, los estudiantes realizan prácticas en Ferreyros y acumulan cerca de ocho meses de experiencia durante toda su formación, fortaleciendo significativamente su empleabilidad y facilitando su inserción laboral en sectores como minería, construcción y mantenimiento de maquinaria pesada.

Además, el programa ha sido desarrollado junto con Caterpillar y cuenta con estándares internacionales y certificaciones adicionales, permitiendo formar profesionales altamente alineados con las exigencias actuales del sector productivo.

Juan Manuel García Calderon remarcó que la demanda de tecnólogos especializados seguirá creciendo debido al avance de la tecnología, la digitalización y la sofisticación de los equipos utilizados en minería e infraestructura. “La industria necesita talento, compromiso y capacidad tecnológica. Nuestro compromiso es que los estudiantes no solo estén preparados para el empleo de hoy, sino también para los desafíos del futuro”, concluyó.

Decenas de pobladores de la asociación Casa Granja San Martín, en el distrito de Majes, realizaron una protesta en los exteriores de SEAL para exigir la conexión del servicio de energía eléctrica, trámite que aseguran fue aprobado y formalizado desde noviembre del 2025.

El presidente de la asociación, Jorge Valencia, señaló que el proceso quedó paralizado tras una oposición presentada por el entonces alcalde de Majes, Jenry Federico Huisa. Indicó que la asociación ya había firmado contrato y realizado los pagos correspondientes para la instalación de medidores, pero la colocación de los equipos fue suspendida.

“Estamos haciendo presencia afuera de las oficinas de SEAL para exigir el cumplimiento de un contrato firmado el 12 de noviembre del 2025. Nosotros ya habíamos pagado estos suministros, pero al haber una oposición se tuvo que dilatar la colocación de los medidores”, declaró Valencia.

El dirigente sostuvo que la medida habría afectado únicamente a su asociación, pese a que otras agrupaciones en similares condiciones sí lograron acceder al suministro provisional de energía. Precisó que la asociación Casa Granja San Martín cuenta con mil lotes y alberga aproximadamente a 2 mil 500 personas que actualmente continúan sin el servicio básico.

“Siempre hemos pedido a la municipalidad la visación de planos y documentos necesarios para tramitar la luz, pero todas las respuestas fueron improcedentes por la medida cautelar. La negación va directa a nuestra asociación”, afirmó. Valencia agregó que tras la protesta lograron firmar un acuerdo con SEAL y esperan que el proceso de conexión eléctrica finalmente pueda concretarse.

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) enfrenta una demanda arbitral de 4,6 millones de soles interpuesta por la empresa Inland Energy SAC, titular de las centrales hidroeléctricas de Lluta y Lluclla, componentes del proyecto Majes Siguas II. La demanda se sustenta en un presunto incumplimiento de contrato suscrito en 2018.

El consejero regional César Huamantuma explicó que el problema se originó cuando el proyecto Majes Siguas II fue transferido al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) en 2024, sin incluir las centrales hidroeléctricas como parte del proceso. Ante ello, el GRA consultó al ministerio sobre su responsabilidad, pero este respondió que la demanda no le genera ninguna obligación contractual.

"Majes Siguas II es un proyecto integral, no es un proyecto que viene por partes, porque uno depende del otro, y acá estamos viendo las consecuencias de esa negligencia, de esa forma rápida con la que quisieron hacer la transferencia", advirtió el consejero Huamantuma.

El consejero señaló que la responsabilidad recae en funcionarios de la gestión anterior, entre ellos el gerente general y el gerente de Autodema de aquella época, así como la oficina de inversión privada del GRA, que firmó el contrato en 2018 y no realizó el seguimiento correspondiente ni emitió opinión para que las centrales fueran incluidas en la transferencia.

"Lo vamos a hacer ante el Consejo Regional, pero de manera reservada los detalles, pero sí es importante que la población arequipeña sepa de lo que está sucediendo, sepa de la demanda arbitral que nos ha puesto una empresa y sepa que como gobierno regional nos han puesto en total desventaja porque no tenemos la capacidad de poder atender lo que nos está requiriendo", sostuvo Huamantuma.