Tras la primera vuelta electoral y en la antesala de la segunda, el análisis de los planes económicos de los candidatos evidencia que persisten vacíos importantes en el sustento técnico y financiero de sus propuestas. Según Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto, aunque ahora el debate se ha reducido a menos opciones, continúan las inconsistencias en planteamientos que combinan anuncios de alto gasto con promesas de disciplina fiscal.

Entre los principales cuestionamientos, el economista advirtió que iniciativas como grandes proyectos de infraestructura, incluidos sistemas ferroviarios, siguen sin detallar su financiamiento. “Se plantean ferrocarriles interurbanos por un costo incremental anual de S/5 mil millones y no se explica cómo se financiarán”, señaló.

Para Castilla, esta falta de claridad no es nueva y refleja una tendencia observada durante toda la campaña. “Todos sin excepción son muy laxos en prometer cosas que no saben cómo los van a financiar”, afirmó.

El análisis también identifica riesgos en materia fiscal y tributaria. Castilla alertó que propuestas como la reasignación de impuestos no consideran las restricciones actuales del sistema. “Se plantea reasignar parte del IGV y este ya está bastante reasignado”, explicó, al advertir posibles tensiones en las finanzas públicas. 

Además, subrayó que varias iniciativas dependen de decisiones del Congreso o no detallan su viabilidad, lo que incrementa la incertidumbre en esta etapa decisiva.

Finalmente, el especialista destacó que será clave que los candidatos —más aún ahora, de cara a la segunda vuelta— precisen cómo sostendrán la estabilidad macroeconómica. Mientras algunos han planteado dar continuidad a la conducción técnica del Banco Central de Reserva, otros no han definido una posición clara, lo que refleja diferencias en el enfoque hacia la política monetaria y la institucionalidad económica.

La Encuesta Mundial de Valores 2025 revela una fuerte desconfianza hacia las instituciones políticas. Solo el 2 % de los peruanos participa en partidos, mientras el Congreso concentra los mayores niveles de rechazo. Además, el 79 % afirma no tener “nada de confianza” en la figura presidencial, y el Gobierno obtiene un bajo puntaje de 2.8 sobre 9 en su capacidad para “hacer lo correcto”. 

“La encuesta muestra una sociedad con fuertes contrastes: seguimos siendo conservadores en temas como género y, al mismo tiempo, enfrentamos una profunda crisis de confianza”, señaló María Cecilia Villegas, CEO de Capitalismo Consciente Perú.

Este escenario se traduce en un menor respaldo a la democracia en la práctica. Quienes consideran “muy importante” vivir en democracia bajaron de 47 % a 41 % entre 2018 y 2025, mientras aumenta la aceptación de que un líder fuerte pueda ignorar al Congreso. “También preocupa el creciente respaldo a un líder fuerte o incluso a un gobierno militar”, advirtió Villegas.

En este contexto, se amplía el distanciamiento ciudadano. El 39 % no muestra interés en la política y más del 50 % afirma que nunca participaría en protestas. A ello se suman mayores dudas sobre el sistema electoral y una percepción extendida de corrupción. 

“Esta desconfianza se ha alimentado de campañas de desinformación, ataques a instituciones y un ecosistema digital que amplifica la confrontación”, explicó Nelly Luna, directora periodística y cofundadora de Ojo Público.

En el marco del Día Mundial del Emprendimiento, el análisis de Zegel revela que Arequipa se ha convertido en la región con mayor dinamismo empresarial después de Lima, acumulando 144 mil empresas activas y registrando 6.3% de todas las nuevas altas empresariales del último trimestre del 2025. 

La Gerente de Asuntos Corporativos de Zegel, Silvana de los Heros, afirma: “Hoy el Perú no enfrenta un problema de falta de emprendimiento, sino de sostenibilidad. Se crean miles de negocios cada año, pero muchos no logran consolidarse ni crecer. Esto responde a brechas estructurales: acceso limitado a financiamiento, baja adopción tecnológica y una formación aún insuficiente en gestión y escalamiento”.

De acuerdo con el Ministerio de la Producción, Perú es la economía más dinámica en creación de MYPE en la región: 5 de cada 1,000 peruanos en edad laboral fundan una empresa, superando a países como Uruguay, Colombia y Paraguay. Sin embargo, este dinamismo está concentrado en negocios pequeños, ya que el 99.2% de estas unidades económicas son MYPE.

Asimismo, al cierre del 2025, Perú registró más de 86 mil nuevas empresas en un trimestre, pero con un crecimiento moderado de 6% y concentrado principalmente en comercio y servicios, sectores de baja diversificación y alta rotación.

“Desde Zegel consideramos que el siguiente paso no es impulsar que más personas emprendan, sino que lo hagan mejor preparados. Eso implica fortalecer la educación emprendedora desde etapas tempranas, incorporar habilidades digitales y conectar la formación con las demandas reales del mercado”, añadió de los Heros.

De cara al Día Mundial del Emprendimiento, Zegel advierte que el reto central no es la creación de más empresas —que sigue creciendo— sino su sostenibilidad. Sin mejoras en capacidades de gestión, acceso a capital y digitalización, el país continuará generando un alto volumen de negocios, pero con bajo impacto en productividad y desarrollo económico.

Las microempresas juegan un papel importante en la región Arequipa, pero destaca aún más en distritos grandes como Paucarpata, donde están siendo apoyados con la organización de ferias productivas y programas de capacitación con el objetivo de fortalecer sus negocios y dinamizar la economía, así lo destacó la subgerente de Promoción Social y Participación Vecinal, Roxana Vita.

Destacó las ferias de emprendedores que se desarrollan principalmente en meses como mayo, julio, agosto, octubre y diciembre, lo que permite a los participantes acceder a espacios de venta directa y visibilidad ante la población. “Mediante estas ferias fortalecemos la venta de sus productos; además, la municipalidad les ha dado cursos para mejorar sus ventas y de esta forma aumentar los ingresos de su economía”, sostuvo.

En cada una de estas actividades, alrededor de 30 emprendedores participan de manera directa, ofreciendo una amplia variedad de productos que incluyen calzado, manualidades y prendas de vestir, entre otros negocios que, aunque nacen pequeños, buscan consolidarse en el mercado local.

Asimismo, puntualizó que uno de los principales logros de este año ha sido la formalización de diversos sectores, entre ellos los emolienteros y otros emprendedores que participan en las ferias. “Hemos logrado formalizar a los emolienteros, también a los emprendedores que participan en las ferias; fue en una menor cantidad, pero ahora ya no son informales”, precisó.

Por otro lado, consideró crucial el impulso de la marca Paucarpata, un espacio de promoción para los emprendimientos que se desarrolla en julio y agosto, donde los comerciantes tienen la oportunidad de posicionar sus productos y fortalecer su identidad comercial.

Cabe precisar que, a nivel nacional, estas iniciativas se alinean con la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que superan los 2.3 millones y representan el 99.3 % de las empresas formales en el Perú, evidenciando la importancia de continuar promoviendo su crecimiento desde los gobiernos locales.

El consejero regional por la provincia de Caylloma, Osías Ortiz, informó que diversos proyectos vienen ejecutándose en la provincia, generando impacto en sectores clave como salud, riego y desarrollo local; sin embargo, advirtió que aún existen obras viales paralizadas y falta de respuestas por parte del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Entre los avances, destacó la construcción del Centro de Salud de Cabanaconde, el cual se ejecuta progresivamente. Asimismo, mencionó proyectos de riego por obras por impuestos en distritos como Achoma, que buscan fortalecer la actividad agrícola. “Nosotros consideramos que sí ha habido un avance, no en la magnitud de la necesidad de proyectos que tiene Caylloma, pero sí ha mejorado algunas necesidades”, señaló.

En la misma línea, precisó que se han concretado transferencias para la ejecución de cuatro obras en Chivay, las cuales ya han sido entregadas y culminadas. Sin embargo, también cuestionó la paralización de proyectos viales clave como la carretera Huambo–Majes y la vía Vizcachani, que actualmente presentan problemas técnicos y procesos de arbitraje.

“Nos ha llamado mucho la atención que no nos hayan podido aclarar por qué la carretera Huambo sigue suspendida y cuánto le va a costar al Gobierno Regional”, manifestó.

Asimismo, Ortiz señaló que solicitarán explicaciones a los funcionarios responsables ante la falta de información sobre el estado de estas obras y el retraso en nuevos proyectos comprometidos para este año. Por último, indicó que, si bien las inversiones han permitido atender algunas demandas en Caylloma, la brecha de infraestructura aún es considerable.

El entorno familiar del expresidente Pedro Castillo apunta a ganar espacio en el próximo Congreso bicameral. Su hermano, José Castillo Terrones, lidera la votación al Senado por Juntos por el Perú, mientras que Yenifer Paredes Navarro, su hija política, figura entre las más votadas a la Cámara de Diputados por Cajamarca, según el avance de la ONPE.

Con el conteo aún en curso, José Castillo suma 75.891 votos y encabeza su lista al Senado. Por su parte, Paredes alcanza 16.514 votos, posicionándose por encima de otros candidatos de su agrupación. De mantenerse la tendencia, ambos obtendrían escaños para el periodo 2026–2031.

Paredes es bachiller en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Cajamarca y fue incorporada al entorno familiar de Castillo desde joven. Es considerada cercana a la familia del expresidente.

Cabe recordar que fue investigada por la Fiscalía por presuntos delitos como organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias, vinculados a obras públicas en Cajamarca. La hipótesis fiscal señala que habría intervenido en coordinaciones entre funcionarios y empresarios.

En 2022 fue detenida de manera preliminar como parte de estas investigaciones, aunque luego continuó el proceso en libertad. Hasta la fecha, no cuenta con una sentencia firme.

El Banco Mundial proyectó que la economía peruana crecerá un 2.7 % durante el año 2026, una cifra superior al promedio estimado para América Latina y el Caribe (2.1 %). A pesar de este liderazgo comparativo frente a economías como Brasil, México o Colombia, el organismo advirtió que este ritmo será insuficiente si no se implementan reformas que impulsen el empleo formal y la calidad de los servicios básicos. 

El economista jefe del Banco Mundial para la región, William Maloney, subrayó que el país debe transitar hacia una política industrial basada en el aprendizaje tecnológico, indicando que es vital orientar la inversión hacia la innovación y la digitalización para elevar la productividad nacional.

Para el organismo multilateral, el principal desafío del Perú es evitar que el crecimiento se vuelva inercial y dependa únicamente de las condiciones externas. Se enfatiza que la inversión debe ser el eje central para romper el techo actual de expansión y lograr una reducción sostenible de la pobreza. 

El informe destaca que, si bien la estabilidad macroeconómica es un activo valioso, esta debe traducirse en mejoras tangibles para la población a través de infraestructura y educación. 

En esa línea, el Banco Mundial señaló que para atraer capitales de largo plazo será fundamental fortalecer la seguridad jurídica y garantizar una predictibilidad regulatoria que hoy es vista con cautela por los inversionistas.

Finalmente, el Banco Mundial reconoció que el Perú cuenta con condiciones privilegiadas gracias a sus recursos naturales, pero advirtió que está perdiendo oportunidades críticas, especialmente en el sector minero. El reto inmediato para el próximo gobierno será transformar la solidez fiscal en un crecimiento estructural que permita una mayor integración en los mercados globales. 

La institución concluyó que la meta debe ser una expansión sostenida que supere las cifras inerciales actuales, integrando a las empresas peruanas en cadenas de valor de mayor complejidad tecnológica y fomentando un clima de negocios que favorezca la competencia y la formalización.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) advirtió que el reciente dictamen aprobado en marzo por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que plantea modificaciones al régimen de concesiones mineras, podría incentivar la minería ilegal. Según la entidad, los cambios propuestos generarían un retroceso en los esfuerzos del Estado por frenar esta actividad ilícita.

La iniciativa legislativa contempla la reducción de plazos de caducidad y la imposición de mayores penalidades que podrían impulsar más la informalidad. Simón Quispe, presidente de la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas Secocha Urasqui, cuestionó el rol del Congreso en la elaboración de estas normas y sugirió que responderían a favores políticos. “En su gran mayoría los congresistas apoyan a la gran minería solo por sus intereses”, dijo.

El vocero precisó que la única manera de reducir la informalidad —que trae consigo inseguridad y trata de personas— es con leyes claras a favor del minero artesanal. 

“Necesitamos que nos atiendan para formalizarnos y poder trabajar legalmente, incluso con el uso de explosivos. Los trámites en el ministerio demoran demasiado y eso termina empujando a más personas hacia la ilegalidad”, sostuvo.

Por otro lado, puntualizó que el problema se agrava por la inestabilidad política reflejada en los constantes cambios de autoridades. “Vivimos en un desgobierno. Cambian presidentes y ministros, y así no se puede construir un sistema sólido. Con estas leyes, nada cambiará ni en 100 años”, acotó Quispe.

Cabe precisar que la minería ilegal en el Perú genera graves impactos ambientales y sociales, como la deforestación y la contaminación por mercurio. Además de la explotación laboral, la actividad ha crecido a una tasa promedio del 11.7 % en la última década, consolidándose como un riesgo para el desarrollo sostenible.

El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) alcanzó un dinamismo sin precedentes en el primer trimestre de 2026, logrando adjudicaciones por un valor superior a los 2,129 millones de soles. Según informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), esta cifra representa cinco veces lo registrado en el mismo periodo del año anterior, consolidando la herramienta como un motor esencial para el cierre de brechas sociales. 

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó que esta aceleración permite que los servicios lleguen más rápido a la ciudadanía, afirmando que “Obras por Impuestos está permitiendo acelerar inversiones prioritarias para la población. Desde el Gobierno seguimos impulsando este mecanismo para que más proyectos se conviertan en obras concretas”.

Dentro de la cartera de proyectos adjudicados destaca la construcción del nuevo Colegio de Alto Rendimiento (COAR) en Arequipa, una obra valorada en más de 107 millones de soles que beneficiará a estudiantes con alto desempeño académico mediante infraestructura moderna. Asimismo, se concretaron iniciativas para la protección contra inundaciones en Cusco y la modernización tecnológica de aulas en Lima. 

Este impulso ha sido posible gracias a la participación de 88 entidades públicas y 122 empresas privadas, quienes han encontrado en este modelo una vía eficiente para ejecutar proyectos de impacto regional con el acompañamiento técnico del Ministerio de Economía y Finanzas.

De mantenerse la tendencia actual, las autoridades proyectan que el mecanismo podría cerrar el 2026 con un total de 3,888 millones de soles en adjudicaciones. ProInversión ha reforzado su rol de acompañamiento para asegurar que los proyectos no solo se adjudiquen, sino que avancen hacia su ejecución real, evitando trabas administrativas. 

El MEF subrayó que el éxito de este primer trimestre refleja un compromiso compartido entre el sector público y privado para transformar la recaudación tributaria en activos tangibles, mejorando la competitividad de las regiones y garantizando que más peruanos accedan a servicios públicos de calidad.

Al inicio del año escolar, cerca de 40 mil estudiantes en Ayacucho asisten a colegios con riesgo de colapso, una situación que refleja la persistente brecha en infraestructura educativa. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), “el 54 % de los locales educativos públicos en la región requiere ser sustituido por completo”, un nivel superior al promedio nacional que evidencia el deterioro acumulado del sistema.

La situación se agrava por la exposición a desastres naturales. De acuerdo con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), “más de dos mil locales educativos en Ayacucho se encuentran en riesgo alto y muy alto frente a movimientos de masa”, mientras que otros cientos son vulnerables a inundaciones. Estas condiciones no solo comprometen la seguridad de los estudiantes, sino también la continuidad de las clases.

Las deficiencias también se reflejan en las condiciones internas de las escuelas. El IPE advierte que “el 42 % de los locales públicos cuenta con al menos un salón con problemas estructurales”, y que solo una parte cuenta con acceso simultáneo a servicios básicos como agua, desagüe y electricidad. Este escenario limita el entorno de aprendizaje de miles de estudiantes.

A pesar de la magnitud del problema, la respuesta desde la inversión pública sigue siendo insuficiente. En la última década, la ejecución del presupuesto en infraestructura educativa en Ayacucho se ha mantenido por debajo del promedio nacional, lo que retrasa el cierre de brechas. 

El desafío, coinciden especialistas, es mejorar la gestión y acelerar proyectos que garanticen condiciones seguras y adecuadas para miles de escolares.