La Contraloría General de la República detectó presuntas irregularidades en las adquisiciones de bienes y servicios para la obra de mejoramiento de la biblioteca central de la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM), ejecutada entre 2022 y 2025. La auditoría de cumplimiento identificó tres observaciones que habrían ocasionado un perjuicio económico superior a S/ 94 mil, además de vulnerar la normativa de contrataciones del Estado.

De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 007-2026-2-5573, la primera observación corresponde a la compra de 960 bolsas de pegamento para porcelanato en cantidades superiores a las previstas en el expediente técnico y sin sustento técnico, lo que generó un perjuicio económico de S/ 41 347,20.

La Contraloría también determinó que funcionarios y servidores de la universidad aprobaron ampliaciones de plazo sin sustento técnico ni legal, lo que impidió aplicar penalidades por mora al contratista por un monto de S/ 42 100. 

Asimismo, advirtió un trato diferenciado a postores en dos procesos de selección, al declarar inadmisibles ofertas con observaciones subsanables y admitir otra que incumplía las bases, situación que ocasionó un perjuicio económico de S/ 10 734,40 y afectó la legalidad del proceso de contratación.

Como resultado de la auditoría, la Contraloría recomendó a la Universidad Nacional de Moquegua iniciar las acciones para determinar las responsabilidades de los funcionarios y servidores involucrados, fortalecer los controles en la formulación de requerimientos, la evaluación de ampliaciones de plazo y los procesos de selección, además de promover acciones civiles por los hechos relacionados con la compra excesiva de materiales.

El informe también identifica a siete funcionarios y servidores con presuntas responsabilidades de carácter civil, penal y administrativo, según corresponda, por su participación en los hechos observados durante la ejecución de la obra valorizada en S/ 14,8 millones.

El informe de la Contraloría comprende a siete funcionarios y servidores de la Universidad Nacional de Moquegua. Entre ellos, José Roberth Vásquez Bustamante y Milagros Paola Mamani Cuayla fueron comprendidos con presuntas responsabilidades civiles y administrativas, mientras que Abraham Mario Ponce Sosa, Edgar Freddy Cusirramos Tejada, Juan Carlos Choquegonza Choquegonza, Gianmarco Gonzales Reyes y Andy Jhonson's Asencio Ramos afrontan presuntas responsabilidades administrativas, de acuerdo con el apéndice del informe de auditoría.

Los trabajadores del Sindicato de Trabajadores ex-CAS COVID denunciaron presuntos abusos laborales y condiciones desiguales en diversas instituciones del Estado. La secretaria general del gremio en Arequipa, Valery Salazar Zavala, afirmó que el personal bajo el régimen CAS continúa laborando sin acceder a beneficios que sí reciben los trabajadores nombrados, pese a cumplir las mismas funciones.

"Nosotros al hacer un contrato CAS, no tenemos derecho a uniforme de trabajo, tampoco al pago de guardias ni a alimentación, trabajamos de noche, feriados, Navidad y Año Nuevo con el mismo salario desde hace cuatro años", señaló Valery Salazar.

La dirigente sostuvo que el problema se evidencia en establecimientos como el Hospital Honorio Delgado, donde, según indicó, se restringe el acceso del personal CAS al servicio de alimentación. Además, aseguró que el sindicato ha recibido denuncias de distintos hospitales y puestos de salud sobre presuntos tratos discriminatorios, amenazas de cambio de servicio y sanciones cuando los trabajadores faltan por motivos de salud. 

"Hay muchos servicios donde el personal CAS es considerado de segunda categoría. Si un trabajador nombrado falta, solo avisa, pero si un CAS hace lo mismo, le llaman la atención e incluso amenazan con retirarlo, es una injusticia muy grande", manifestó.

Ante esta situación, piden al Ejecutivo autorizar el inicio del proceso de nombramiento previsto por ley, el cual se ejecutaría de manera progresiva durante cinco años y comenzaría con un primer grupo de trabajadores en diciembre de 2026. Agregó que la medida ya cuenta con financiamiento, por lo que solo falta la autorización para su implementación.

Entre enero de 2023 y abril de 2026, el departamento de Moquegua recibió S/ 3 113 477 695 por concepto de canon minero, regalías mineras, derecho de vigencia y penalidades, de acuerdo con las transferencias registradas en el Boletín Estadístico Minero del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

¿Dónde fueron esos más de tres mil millones de soles que ingresaron a la región por la actividad minera en poco más de tres años? La respuesta está en los registros oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que permiten seguir la pista al dinero a través de la Consulta Amigable de ejecución del gasto por fuente de financiamiento, función y nivel de gobierno.

En el caso del Gobierno Regional de Moquegua, los presupuestos ejecutados entre 2023 y lo que va del 2026 muestran que los mayores recursos del canon se concentraron en educación, agricultura, transporte y planeamiento, gestión y reserva de contingencia. Durante ese periodo se financiaron principalmente proyectos de infraestructura educativa, obras viales, iniciativas para el sector agrario y actividades relacionadas con la administración regional.

En tanto que, en las municipalidades de Moquegua, en conjunto, los gobiernos locales destinaron la mayor parte del dinero proveniente del canon a proyectos de transporte, seguidos por gastos de planeamiento y gestión, además de inversiones en cultura, deporte y agricultura. En contraste, áreas como saneamiento básico, vivienda, desarrollo urbano, salud, protección social, ambiente y energía recibieron presupuestos mucho menores.

En resumen, la trayectoria del dinero minero en Moquegua entre 2023 y 2026 muestra que la mayor parte de los S/ 3 113 millones se ha traducido en carreteras, proyectos agrarios, infraestructura educativa y deportiva y en el funcionamiento administrativo del Gobierno Regional y las municipalidades, dejando en segundo plano inversiones estructurales en agua y desagüe, vivienda, servicios sociales y cuidado ambiental, pese a que estas áreas concentran buena parte de las brechas que afectan a la población.

Frente a este mapa de gasto, la pregunta que queda para el lector es si en su distrito, su barrio o su comunidad se percibe realmente el impacto de esos más de tres mil millones de soles en obras trascendentes y beneficios concretos, o si el canon minero sigue siendo sobre todo una cifra voluminosa en los informes oficiales y una oportunidad aún no aprovechada para transformar de manera visible la calidad de vida de la población moqueguana.

La inversión pública registró un crecimiento de 7,9 % en el primer semestre de 2026 y alcanzó una ejecución de S/26 486 millones, consolidándose como uno de los principales motores del crecimiento económico y de la actividad de la construcción en el país, informó el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó que el avance de la ejecución presupuestal permite transformar los recursos públicos en proyectos que generan empleo y mejoran la calidad de vida de la población.

 “La inversión pública permite convertir los recursos en obras y servicios que mejoran la calidad de vida de la población, generan empleo y dinamizan las economías regionales”, señaló.

Durante los primeros seis meses del año, el Gobierno nacional ejecutó S/11 196 millones, monto que representa más del 42 % de toda la inversión pública realizada en el país. Además, esta cifra significó un incremento de 3,4 % respecto al mismo periodo de 2025, mientras que solo en junio la ejecución aumentó 38,9 % en comparación con mayo.

Los gobiernos regionales también mostraron un desempeño favorable al ejecutar S/6 676 millones, lo que representa un crecimiento de 12,6 %. Por su parte, los gobiernos locales alcanzaron S/8 614 millones, con un avance de 10,1 %. Estos recursos se destinaron principalmente a proyectos de transporte, saneamiento, salud, educación y equipamiento urbano.

El MEF indicó que continuará brindando asistencia técnica y realizando un seguimiento permanente a la ejecución de inversiones en los tres niveles de gobierno para asegurar que los recursos públicos se traduzcan en proyectos viables y oportunos. 

• La expansión de esta actividad en Arequipa, Huánuco, Loreto, Junín y Ucayali amenaza fuentes de agua, bosques, territorios indígenas, etc. Desde Cotahuasi hasta el Nanay, la extracción ilegal de oro no se detiene.
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• La minería ilegal avanza sobre reservas naturales, áreas de conservación y cuencas hídricas. Se han identificado casos de ecosistemas bajo amenaza en Arequipa, Puno, Huánuco, Loreto, Junín y Ucayali. Varios informes, intervenciones fiscales y periodísticas, y monitoreos satelitales muestran que la presión de esta actividad ilegal golpea estas áreas frágiles.
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• Sucede en la Reserva Paisajística Subcuenca del Cotahuasi, en Arequipa. En los últimos años, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) realizó operativos contra campamentos y bocaminas dentro del área natural protegida. Según reportes oficiales, esa actividad obligó intervenciones a minería ilegal de socavón instalada en sectores de la reserva, que ponen en riesgo ecosistemas altoandinos y recursos hídricos. 
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• - Documento sobre minería ilegal en áreas naturales protegidas 
• - Minería ilegal destruye áreas protegidas en Perú
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• En Puno, La Rinconada continúa operando uno de los más grandes enclaves de minería ilegal. Miles de mineros extraen oro en condiciones precarias, mientras las autoridades tienen dificultades para controlar una actividad que contamina, explota a obreros y se vincula con el crimen. Aunque la actividad se hace fuera de un área natural protegida específica, su impacto alcanza cabeceras de cuenca y ecosistemas de montaña.
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• La Reserva Comunal El Sira, ubicada entre Huánuco, Ucayali y Pasco, es una de las áreas protegidas con mucha presencia de mineros ilegales. Dentro de la reserva y su zona de amortiguamiento se desarrollan actividades aluviales y operaciones clandestinas. No solo hay minería ilegal de oro; también cultivos ilícitos, tala ilegal e invasión de bosques en territorios indígenas amazónicos. 
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• - Informe sobre minería ilegal en áreas protegidas
• - Operativos contra minería ilegal en El Sira
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• La Área de Conservación Privada Panguana, en Huánuco, también enfrenta actividades mineras ilegales. En la zona, reconocida por su biodiversidad amazónica, hubo intervenciones fiscales y alertas de organizaciones ambientales. Esa minería afecta el bosque y genera conflictos sociales y amenazas a quienes denuncian la destrucción ambiental.
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• - ACP Panguana está rodeada por minería ilegal en Perú
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• En Loreto, el Área de Conservación Regional Alto Nanay–Pintuyacu–Chambira se convirtió en uno de los principales focos de minería ilegal fluvial. Ahí detectaron infraestructuras mineras y dragas en la cuenca del Nanay, fuente de agua para la ciudad de Iquitos. Las autoridades realizaron operativos para destruir embarcaciones y maquinaria usada para extraer oro ilegal. A pesar de estos esfuerzos y los graves impactos evidentes, otras autoridades habrían admitido a trámite la solicitud de concesiones mineras sobre el río Nanay, una decisión incoherente con los esfuerzos por frenar la minería ilegal, que desconoce el daño ambiental ya existente en la zona y contraviene disposiciones normativas vigentes que prohíben el otorgamiento de concesiones en esta área.
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• - Monitoreo de minería ilegal en el Nanay
• - Alerta satelital sobre dragas en Loreto
• - MAAP: proliferación de minería ilegal en Loreto
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• Además de los casos críticos, existen territorios donde la presión minera aumenta y preocupa. El Parque Nacional Yaguas, en Loreto, es un área amazónica vulnerable a la minería aurífera aluvial. Informes oficiales incluyen a Yaguas como un territorio afectado por minería ilegal. 
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• - Informe SERNANP sobre minería ilegal en áreas protegidas 
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• En Junín, el Área de Conservación Regional Huaytapallana enfrenta la misma presión en zonas cercanas al ecosistema glaciar. El Gobierno Regional de Junín anunció que pedirá al Ministerio de Energía y Minas la exclusión de ocho registros mineros (Reinfo) sobre la microcuenca del río Yurayacu. Preocupación los posibles impactos a las fuentes de agua que abastecen al valle del Mantaro.
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• - Junín: pedirán sacar del Reinfo a mineras en Huaytapallana
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• Se sabe que la expansión de la minería ilegal ya alcanza a áreas naturales protegidas y zonas de amortiguamiento en distintas regiones, y que amenaza bosques y ríos, territorios indígenas y valiosos ecosistemas del Perú. Sin embargo, las autoridades hacen poco para enfrentarla.
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El Gobierno Regional de Moquegua destinó este año menos del 1 % del presupuesto asignado a la función Orden Público y Seguridad a acciones vinculadas directamente con el fortalecimiento de la seguridad pública, mientras que casi la totalidad de los recursos están orientados a la gestión de riesgos y atención de emergencias.

De acuerdo con la Consulta Amigable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la entidad regional cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/21 millones 773 mil 492 para la función Orden Público y Seguridad, categoría que incluye tanto acciones vinculadas a la seguridad ciudadana como intervenciones relacionadas con la gestión del riesgo de desastres.

Sin embargo, de este monto, apenas S/142 mil 253 fueron asignados al componente de Orden Interno, equivalente al 0,7 % del presupuesto total. Estos recursos están destinados a la elaboración del expediente técnico de un proyecto relacionado con la adquisición de patrulleros.

En contraste, S/21 millones 631 mil 239, que representan el 99,3 % del presupuesto de esta función, fueron destinados al componente de Gestión de Riesgos y Emergencias, que comprende acciones de prevención, reducción de vulnerabilidad y atención frente a desastres.

Si bien atender emergencias y prevenir desastres es importante para proteger a la población, la seguridad ciudadana también exige una respuesta del Estado con la asignación de recurso que permitan mejorar la capacidad de prevención y respuesta para la seguridad pública. La diferencia en la distribución del presupuesto evidencia que la lucha contra la delincuencia no ha recibido el mismo nivel de prioridad dentro del Gobierno Regional de Moquegua.

Dato

Este escenario ocurre en un contexto en el que los indicadores de seguridad en Moquegua han empeorado. La victimización (porcentaje de personas que fueron víctimas de algún delito) aumentó de 17 % en 2023 a 24 % en 2024 y se mantuvo en ese nivel durante 2025, mientras que la percepción de inseguridad llegó al 50 % de la población. Además, las denuncias por extorsión, estafas y delitos informáticos registraron un incremento durante los primeros meses del 2026, según reportes del Ministerio del Interior.

La inversión privada en el Perú registró un crecimiento de 13,2 % durante el primer trimestre de 2026, consolidándose así como uno de los principales motores de la reactivación económica que se refleja en mayores puestos de trabajo que dinamizan el sector económico nacional, así lo destacó la gerenta regional de Trabajo, Katherine Rodríguez.

"Esto se logró gracias a la articulación de los gobiernos locales junto a la empresa privada para convertir a Arequipa en una región competitiva donde los empresarios que pertenecen, por ejemplo, a la Cámara de Comercio, apuesten por nuestra ciudad para que haya más empleo", destacó.

En otro momento, Rodríguez se pronunció respecto al destrabe de S/ 70 000 millones en inversiones paralizadas a nivel nacional; consideró necesario que el próximo gobierno, que estará liderado por la presidenta electa, Keiko Fujimori, viabilice estas obras para que sean ejecutadas en corto plazo.

 "La forma más directa de impacto con el destrabe de estos proyectos es con la generación de empleos y mayor crecimiento a nivel regional; además, es importante mencionar que otra forma de generar más puestos de trabajo es por el rol de los gobiernos locales, en el caso del Gobierno Regional está dejando proyectos encaminados como en tecnología, matriz energética, para que haya mejores condiciones económicas", dijo.

Asimismo, destacó que otro de los desafíos es reducir la informalidad laboral, que actualmente alcanza el 62 % en la región Arequipa. Consideró que las nuevas inversiones que podrían desarrollarse garantizarían un mayor empleo formal y mejores condiciones laborales.

La Fiscalía investiga el presunto uso del vivero de la Municipalidad Distrital de Torata como taller para elaborar propaganda política del partido Progresemos, organización a la que pertenece el alcalde Elvis Córdova, quien además postula a la Alcaldía Provincial de Mariscal Nieto por esa misma agrupación política.

La investigación se inició luego de que la primera regidora, Arla Nohelia Flor Cruz, realizara, el último martes, una inspección en el vivero municipal y encontrara diversos insumos que, según denunció, serían utilizados para confeccionar banderines del partido Progresemos.

Durante la inspección, la regidora grabó un video en el que mostró plantillas con el símbolo del perrito, emblema de Progresemos. También encontró hilos de color verde y amarillo, pintura, tendederos y retazos de caña, materiales que, de acuerdo con su versión, serían utilizados para elaborar propaganda política.

"Hoy, 7 de julio, a las 4:32 de la tarde, me di una caminata por el vivero y lo que he podido identificar es que, al parecer, aquí se vienen elaborando banderines de la agrupación política que tiene como símbolo un perrito", manifestó la regidora durante la inspección.

Tras la denuncia, el Ministerio Público acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes como levantar un acta y recoger evidencias. La investigación está a cargo del fiscal Walker Ríos, quien lidera el Segundo Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Moquegua. Así se busca determinar si las instalaciones municipales fueron utilizadas con fines de propaganda política y establecer las responsabilidades que correspondan.

La regidora también indicó que, al momento de llegar al vivero, observó la salida de una camioneta y una combi del interior del recinto donde presume se habría retirado el grueso del material propagandístico, también denunció que no se le permitió ingresar a un ambiente que permanecía cerrado durante la inspección donde podrían encontrarse más insumos o material relacionado con la elaboración de propaganda política.

Respuesta de la municipalidad

Por su parte, la Municipalidad Distrital de Torata emitió un comunicado en el que informó que la Gerencia Municipal dispuso las acciones necesarias para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que pudieran existir. La comuna también señaló que brindará todas las facilidades y el apoyo necesario a la Policía Nacional y al Ministerio Público para que las investigaciones se desarrollen de manera objetiva, transparente e imparcial.

Cabe recordar que la legislación electoral obliga a las autoridades en ejercicio a mantener absoluta neutralidad durante los procesos electorales. Asimismo, prohíbe utilizar bienes, recursos o instalaciones del Estado para favorecer a una organización política o realizar actividades de propaganda electoral.

En declaraciones a Informativo del Sur, el jefe de la Unidad de Infraestructura Rural de AGRO RURAL, ingeniero Raúl Abelardo Reyes, explicó que, el proyecto de la represa Callazas, tiene como objetivo mejorar el acceso al agua para riego en la provincia de Candarave, contemplando la creación del servicio de agua para riego en las comisiones de usuarios de Cairani, Huanuara, Quilahuani y Candarave. La futura infraestructura permitirá almacenar aproximadamente 11 millones de metros cúbicos de agua, fortaleciendo la disposición del recurso hídrico para uso agrícola.

Reyes destacó que uno de los principales beneficios será asegurar agua durante todo el año. "Se dispondrá del recurso hídrico durante todo el año, permitiendo desarrollar dos campañas agrícolas y orientando la producción hacia cultivos de alta rentabilidad, como orégano, ajos y otros productos exportables", afirmó. Esto permitirá incrementar la productividad y mejorar los ingresos de las familias agricultoras.

Asimismo, el proyecto beneficiará un área de riego de 3,392 hectáreas y favorecerá directamente a 2,888 usuarios de las comisiones de regantes de Huanuara, Cairani, Quilahuani y Candarave, además de generar impactos positivos para otras actividades vinculadas a la economía local.

Finalmente, el funcionario remarcó que la futura infraestructura contribuirá a garantizar la disponibilidad de agua en épocas de estiaje y sequía, fortaleciendo la seguridad hídrica y el desarrollo agropecuario de Candarave frente a los efectos del cambio climático.

La Contraloría General de la República (CGR) identificó un perjuicio económico de S/ 104 772 en el proyecto del Sistema Integral de Gestión de Residuos Sólidos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto debido a la aprobación, trámite y pago de un adicional de obra para la adquisición de sistemas de elevación hidráulica de contenedores de basura que resultaron inviables y que están actualmente almacenados y en abandono, sin cumplir ninguna finalidad pública.

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 012-2026-2-0446-AC (periodo de evaluación del 6 de julio de 2018 al 30 de octubre de 2023) se señala que la entidad aprobó el Expediente de Prestación Adicional de Obra N° 06 para instalar brazos mecánicos "alza contenedores" en dos camiones compactadores nuevos. Sin embargo, los técnicos y servidores omitieron evaluar que dichas unidades, por su capacidad y diseño, no soportaban el peso de la estructura hidráulica.

Al ser instalados, los sistemas generaron una sobrecarga crítica que hizo descender la parte posterior de los camiones comprometiendo gravemente su estabilidad, lo que deformó de manera permanente los muelles y ballestas parabólicas de la suspensión y redujo la altura del vehículo al punto de chocar con el pavimento y rompemuelles de las vías urbanas de Moquegua.

A los pocos meses de su puesta en marcha, las unidades presentaron severos desperfectos mecánicos e hidráulicos. Los sistemas fueron desmontados ante la inviabilidad operativa y los riesgos de seguridad laboral para los trabajadores.

Durante las visitas de inspección realizadas por la comisión auditora, se constató que los brazos mecánicos se encuentran en el taller municipal, yacen en el suelo, desprotegidos y en avanzado estado de deterioro, mientras que el personal de limpieza pública se ve obligado a realizar el vaciado y levantamiento de los contenedores de basura de forma manual.

Por estos hechos, la CGR determinó la presunta responsabilidad civil de cinco exservidores de las subgerencias de Estudios de Inversión, Inspección de Obra y de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, quienes emitieron opiniones favorables y tramitaron los adicionales careciendo de sustento técnico y vulnerando la Ley de Contrataciones del Estado.

El informe de auditoría fue notificado a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República para que inicie las acciones civiles correspondientes contra los implicados. Asimismo, recomendó al titular de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto implementar las recomendaciones técnicas y actualizar las directivas de control interno de la entidad.