La Dirección Regional de Educación (DRE) Moquegua informó que no se realizará el acto público de adjudicación de plazas para la modalidad de Educación Técnico Productiva (CETPRO), debido a la ausencia de postulantes en el proceso de nombramiento correspondiente al Concurso Público de Ingreso a la Carrera Pública Magisterial 2025-2026.

A través de un comunicado, el comité de adjudicación de la DRE Moquegua precisó que la medida se adopta en el marco de la norma técnica que regula el concurso público para profesores de la modalidad de Educación Técnico Productiva, contemplado en la Ley N.° 29944, Ley de Reforma Magisterial.

Según la entidad educativa, al no registrarse postulantes aptos para la adjudicación de nombramiento en CETPRO dentro de la jurisdicción regional, quedó suspendida la realización del acto público previsto para este proceso.

El concurso forma parte del proceso nacional de ingreso a la Carrera Pública Magisterial, mediante el cual se busca incorporar docentes nombrados a diversas modalidades educativas del país.

La DRE Moquegua no brindó mayores detalles sobre las razones de la falta de postulantes, aunque el comunicado fue difundido para conocimiento de la comunidad educativa y público en general.

La minería ilegal se ha convertido en el principal problema económico, ambiental y de seguridad que enfrenta actualmente el Perú. Así lo advirtió el regidor de José Luis Bustamante y Rivero, Ronald Rodríguez, quien cuestionó la falta de acciones por parte de las autoridades frente al crecimiento de esta actividad ilícita.

“Hasta ahora funcionarios, congresistas y el Gobierno no hicieron nada contra este problema; actualmente continúa creciendo la minería ilegal que le hace un gran daño a la población que está en las zonas de influencia donde solo genera mayor contaminación”, precisó.

Actualmente, la minería ilegal es considerada la economía ilícita más rentable del Perú, incluso por encima del narcotráfico. Solo el año pasado, las exportaciones vinculadas a esta actividad alcanzaron los 11 mil millones de dólares.

Rodríguez sostuvo que el impacto económico es grave debido a que las actividades ilegales no tributan ni generan recursos para el Estado, “económicamente afecta demasiado porque no pagan impuestos en beneficio del país; pese a este problema, el Gobierno actual más se va en contra de la minería formal, un claro ejemplo es Tía María”, cuestionó.

En ese sentido, el regidor remarcó que combatir la minería ilegal debe ser una de las principales prioridades del próximo gobierno, donde se debe aplicar medidas urgentes desde el ámbito político, policial y judicial, “hace muchos años debió resolverse este problema porque genera más delincuencia y se pierden millones y millones de soles”, afirmó.

Sobre el tema, la minería ilegal se expandió en diversas zonas amazónicas, afectando a 73 comunidades nativas y contaminando más de 250 cuerpos de agua. La región más golpeada continúa siendo Madre de Dios, donde se reportaron más de 11 mil 500 hectáreas deforestadas durante el último año.

Por último, Rodríguez advirtió que, si el próximo gobierno no adopta estrategias y acciones inmediatas, el problema continuará agravándose. Consideró que endurecer las sanciones, mejorar los sistemas de fiscalización y respaldar a la minería formal ayudará a que el Perú no siga perdiendo millones de soles en impuestos.

El próximo Gobierno heredará una economía con señales positivas, como la recuperación de la inversión privada y del empleo formal a niveles previos a la pandemia. Sin embargo, el principal desafío estará en el deterioro de las finanzas públicas. Así lo advirtió Luis Miguel Castilla, director de Videnza Instituto, quien cuestionó las decisiones de gasto adoptadas en los últimos años. 

“Este Congreso ha sido bastante irresponsable con las cuentas públicas. Este populismo fiscal va a pasar factura porque el siguiente gobierno va a quedar sin caja”, afirmó.

Según explicó, el aumento del gasto aprobado por el Legislativo ha reducido la capacidad de respuesta del Estado y obliga a reorientar recursos desde áreas clave. “El MEF ha sido muy claro en que, para hacer frente a mayores gastos en salarios y pensiones, tendrá que sacrificar presupuesto de la obra pública”, sostuvo. 

Esta situación resulta especialmente crítica en un país que aún enfrenta importantes brechas en infraestructura, salud, educación y acceso a servicios básicos, sobre todo en las zonas altoandinas y amazónicas.

Castilla también advirtió sobre los riesgos de propuestas que plantean modificar o revertir los tratados de libre comercio, al considerar que han sido fundamentales para el crecimiento económico y la generación de empleo. “Cuando teníamos una economía cerrada y una industria protegida artificialmente por subsidios, no teníamos acceso a productos de calidad”, recordó. 

Asimismo, señaló que la incertidumbre política y electoral afecta la inversión y el consumo, ya que “una empresa no arriesga capital si no sabe cuáles son las reglas del juego”.

Finalmente, el exministro cuestionó las propuestas de incrementos significativos del sueldo mínimo sin sustento técnico. Advirtió que, en un contexto donde la productividad laboral ha caído en los últimos años, este tipo de medidas podría encarecer la contratación formal y agravar la informalidad. “No hay respaldo técnico para un incremento de esa envergadura. […] Eso básicamente aumenta la informalidad en el país”, concluyó.

La falta de transporte público continúa afectando a miles de vecinos del distrito de Sachaca, motivo por el cual este miercoles se desarrolló una mesa de diálogo entre representantes de la población, el alcalde distrital Renzo Salas y funcionarios de la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial de Arequipa, con el objetivo de buscar soluciones ante el desabastecimiento de rutas y la baja frecuencia de unidades.

Sebastián Apaza, presidente de la comisión de transportes y representante del Frente de Defensa de Sachaca, señaló que la principal preocupación de los vecinos es la demora en la circulación de buses y la ausencia de cobertura en diversos sectores del distrito.

“La frecuencia se ha ido alargando y la población necesita una solución urgente. Lo que queremos es que se mejore el servicio y que las rutas abandonadas vuelvan a ser cubiertas en beneficio de todos los vecinos”, indicó.

Durante la reunión se informó que la empresa Unión Grau ingresaría desde el próximo lunes a cubrir rutas que anteriormente eran operadas por las empresas AQP Masivo y Megabus, especialmente en zonas como Tahuaycani, La Planicie y Cerro la Aparecida. Según Apaza, esta medida permitiría reducir el problema de los transbordos y mejorar la conexión de los pobladores hacia sectores como la avenida Ejército y el centro de la ciudad.

Por su parte, el alcalde Renzo Salas señaló que la problemática del transporte en Sachaca se mantiene desde hace varios años y que actualmente existe una demanda insatisfecha cercana al 40% de la población. 

“Tenemos aproximadamente ocho mil vecinos que no cuentan con un servicio óptimo de transporte. Hemos planteado optimización de rutas y aumentado nuevas unidades, pero necesitamos que las decisiones de la Gerencia de Transportes sean más dinámicas para solucionar este problema”, manifestó.

La autoridad distrital agregó que otro de los principales inconvenientes es la falta de transporte durante fines de semana y feriados, situación que afecta principalmente a sectores alejados del distrito. Asimismo, cuestionó los constantes cambios de gerentes de transporte en la Municipalidad Provincial, señalando que ello dificulta la continuidad de los acuerdos alcanzados en las mesas técnicas desarrolladas durante la actual gestión.

La Contraloría General de la República determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluido el exjefe de la entidad, por una serie de irregularidades registradas durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. Según el informe, estas acciones afectaron el derecho al voto de 55 261 electores de Lima Metropolitana.

El informe de control señala que funcionarios de la ONPE elaboraron términos de referencia sin precisar la cantidad real de vehículos requeridos para el traslado de material electoral, lo que habría favorecido indebidamente a una empresa de transporte. La buena pro fue adjudicada por más de S/ 6.3 millones a una propuesta económica superior a otras ofertas presentadas.

La Contraloría detectó además que evaluadores aplicaron criterios no contemplados en las bases del proceso para reducir el puntaje de otro postor. También se consignó información inexacta sobre la capacidad de carga de vehículos de la empresa ganadora, permitiendo que obtuviera un puntaje que no le correspondía.

El organismo de control indicó que la empresa adjudicada realizó el servicio principalmente con vehículos de terceros, pese a que se conocía la necesidad mínima de unidades propias para garantizar el traslado del material electoral. Asimismo, se advirtió que funcionarios no corrigieron ni actualizaron los requerimientos técnicos pese a conocer las deficiencias del proceso.

Otro de los hechos observados fue la reprogramación de rutas de distribución de equipos informáticos y material electoral un día antes de las elecciones. La Contraloría señaló que los tiempos asignados para las entregas eran insuficientes, lo que provocó retrasos en 3605 mesas de sufragio y que 187 mesas no llegaran a instalarse el día de la votación.

Finalmente, el informe también cuestiona la aprobación de prestaciones adicionales por más de S/ 650 mil para el servicio de transporte, sin sustento técnico ni legal. Ante ello, la Contraloría recomendó a la ONPE iniciar acciones administrativas contra los involucrados y pidió a la Procuraduría Anticorrupción evaluar denuncias penales por los presuntos actos irregulares.

Iniciativa desarrollada junto a Ferreyros y Antapaccay busca responder a la creciente demanda de tecnólogos especializados en mantenimiento de maquinaria pesada

La creciente demanda de profesionales especializados en mantenimiento de equipo pesado en los sectores minería, construcción e infraestructura viene impulsando nuevas alianzas entre la industria y las instituciones educativas. En ese contexto, Tecsup fortalece su apuesta por la formación tecnológica mediante los programas Dream Big y Think Big, iniciativas desarrolladas junto a Ferreyros.

El Director General de Tecsup, Juan Manuel García Calderon, explicó que estos programas buscan atender una necesidad concreta del mercado: contar con tecnólogos altamente capacitados para el mantenimiento de maquinaria Caterpillar, utilizada en operaciones mineras y de construcción, además de generar mayores oportunidades de acceso para mujeres en una especialidad históricamente masculinizada. “Es un trabajo que venimos desarrollando desde hace más de 20 años junto con Ferreyros, conectando formación tecnológica de calidad con necesidades reales de la industria”, destacó.

Uno de los principales objetivos de Dream Big es derribar barreras históricas y demostrar que más mujeres pueden desarrollarse exitosamente en carreras vinculadas al mantenimiento de maquinaria pesada. Los resultados ya empiezan a reflejarse en las aulas. Este año, en Arequipa, se graduó una promoción de 37 estudiantes del programa, de las cuales 23 fueron mujeres.

“El interés y desempeño están asegurados cuando existen oportunidades reales de formación y acompañamiento. Más que un discurso, queremos generar oportunidades reales de formación y empleabilidad en un sector con alta demanda de talento especializado.”, señaló García Calderon.

El programa está dirigido a jóvenes, mujeres y hombres, con interés por la tecnología, la gestión y el mantenimiento de maquinaria pesada. Mientras el convenio entre Antapaccay y Tecsup beneficia a ingresantes del programa Think Big, la alianza entre Antapaccay, Ferreyros y Tecsup está enfocada exclusivamente en mujeres a través de Dream Big.

Uno de los aspectos diferenciadores de esta propuesta educativa es su modelo dual de aprendizaje. Los estudiantes combinan formación tecnológica especializada en Tecsup con experiencia práctica directa en talleres y operaciones de Ferreyros, trabajando con maquinaria y estándares reales de la industria.

Desde el primer año, los estudiantes realizan prácticas en Ferreyros y acumulan cerca de ocho meses de experiencia durante toda su formación, fortaleciendo significativamente su empleabilidad y facilitando su inserción laboral en sectores como minería, construcción y mantenimiento de maquinaria pesada.

Además, el programa ha sido desarrollado junto con Caterpillar y cuenta con estándares internacionales y certificaciones adicionales, permitiendo formar profesionales altamente alineados con las exigencias actuales del sector productivo.

Juan Manuel García Calderon remarcó que la demanda de tecnólogos especializados seguirá creciendo debido al avance de la tecnología, la digitalización y la sofisticación de los equipos utilizados en minería e infraestructura. “La industria necesita talento, compromiso y capacidad tecnológica. Nuestro compromiso es que los estudiantes no solo estén preparados para el empleo de hoy, sino también para los desafíos del futuro”, concluyó.

Decenas de pobladores de la asociación Casa Granja San Martín, en el distrito de Majes, realizaron una protesta en los exteriores de SEAL para exigir la conexión del servicio de energía eléctrica, trámite que aseguran fue aprobado y formalizado desde noviembre del 2025.

El presidente de la asociación, Jorge Valencia, señaló que el proceso quedó paralizado tras una oposición presentada por el entonces alcalde de Majes, Jenry Federico Huisa. Indicó que la asociación ya había firmado contrato y realizado los pagos correspondientes para la instalación de medidores, pero la colocación de los equipos fue suspendida.

“Estamos haciendo presencia afuera de las oficinas de SEAL para exigir el cumplimiento de un contrato firmado el 12 de noviembre del 2025. Nosotros ya habíamos pagado estos suministros, pero al haber una oposición se tuvo que dilatar la colocación de los medidores”, declaró Valencia.

El dirigente sostuvo que la medida habría afectado únicamente a su asociación, pese a que otras agrupaciones en similares condiciones sí lograron acceder al suministro provisional de energía. Precisó que la asociación Casa Granja San Martín cuenta con mil lotes y alberga aproximadamente a 2 mil 500 personas que actualmente continúan sin el servicio básico.

“Siempre hemos pedido a la municipalidad la visación de planos y documentos necesarios para tramitar la luz, pero todas las respuestas fueron improcedentes por la medida cautelar. La negación va directa a nuestra asociación”, afirmó. Valencia agregó que tras la protesta lograron firmar un acuerdo con SEAL y esperan que el proceso de conexión eléctrica finalmente pueda concretarse.

El Gobierno Regional de Arequipa (GRA) enfrenta una demanda arbitral de 4,6 millones de soles interpuesta por la empresa Inland Energy SAC, titular de las centrales hidroeléctricas de Lluta y Lluclla, componentes del proyecto Majes Siguas II. La demanda se sustenta en un presunto incumplimiento de contrato suscrito en 2018.

El consejero regional César Huamantuma explicó que el problema se originó cuando el proyecto Majes Siguas II fue transferido al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) en 2024, sin incluir las centrales hidroeléctricas como parte del proceso. Ante ello, el GRA consultó al ministerio sobre su responsabilidad, pero este respondió que la demanda no le genera ninguna obligación contractual.

"Majes Siguas II es un proyecto integral, no es un proyecto que viene por partes, porque uno depende del otro, y acá estamos viendo las consecuencias de esa negligencia, de esa forma rápida con la que quisieron hacer la transferencia", advirtió el consejero Huamantuma.

El consejero señaló que la responsabilidad recae en funcionarios de la gestión anterior, entre ellos el gerente general y el gerente de Autodema de aquella época, así como la oficina de inversión privada del GRA, que firmó el contrato en 2018 y no realizó el seguimiento correspondiente ni emitió opinión para que las centrales fueran incluidas en la transferencia.

"Lo vamos a hacer ante el Consejo Regional, pero de manera reservada los detalles, pero sí es importante que la población arequipeña sepa de lo que está sucediendo, sepa de la demanda arbitral que nos ha puesto una empresa y sepa que como gobierno regional nos han puesto en total desventaja porque no tenemos la capacidad de poder atender lo que nos está requiriendo", sostuvo Huamantuma.

Arequipa se consolida como una de las regiones estratégicas para la inversión privada en el país con una cartera de ocho proyectos bajo la modalidad de Asociaciones Público-Privadas (APP) que demandarán más de 3,098 millones de dólares, informó ProInversión durante la firma del Pacto Nacional por la Infraestructura y el Desarrollo Productivo.

Entre las iniciativas priorizadas para la región figuran Majes Siguas II Etapa, SIT GAS y la Adenda del Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales, proyectos considerados claves para fortalecer la competitividad, el desarrollo productivo y la conectividad de Arequipa. El director de Servicios al Inversionista de ProInversión, Edgar Patiño, indicó que la cartera nacional de APP supera actualmente los 40 mil millones de dólares.

La región también destaca por el avance de Obras por Impuestos (OxI). Según ProInversión, Arequipa cuenta con un potencial superior a 4,103 millones de soles para ejecutar proyectos mediante este mecanismo. Además, en los últimos años se adjudicaron y ejecutaron 141 obras por más de 2,521 millones de soles, consolidando a la región entre las más dinámicas en inversión descentralizada.

Durante la actividad, el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio, sostuvo que el sur peruano tiene la capacidad de convertirse en un nuevo eje logístico y productivo de Sudamérica, impulsado por proyectos vinculados al puerto de Corio, Matarani, y corredores de integración comercial.

El titular de ProInversión también insistió en la necesidad de acelerar la masificación del gas natural en el sur del país y advirtió que el retraso de este proceso limita el desarrollo regional. “El gas es competitividad, es industria, es descentralización, es vida”, afirmó durante su intervención.

El pacto fue suscrito por autoridades regionales, empresarios y representantes de distintos gremios nacionales, entre ellos el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez. La iniciativa busca destrabar proyectos, reducir brechas y promover empleo formal mediante una articulación entre el Estado, el sector privado y la academia.

El sector transporte espera que el próximo gobierno que resulte elegido en la segunda vuelta del 7 de junio de 2026 priorice la inversión en infraestructura vial y atienda las principales necesidades de los transportistas a nivel nacional. Así lo manifestó Fernando Fuentes Peralta, vicepresidente de la Unión Nacional de Transportistas del Perú. 

“No tenemos vías de comunicación, nuestras carreteras se encuentran totalmente deterioradas; el gobierno no invierte nada para mantener nuestras carreteras”, señaló.

El dirigente precisó que, una vez que exista mejoras óptimas en las vías nacionales del norte, centro y sur del país, repercutirá en la economía de las familias que dependen del sector de transporte. Sostuvo que, en el país, existen más de 300 mil empresas de transporte de su sector que esperan estas mejoraras en un corto plazo de gobierno.

En tal sentido, enviarán un documento formal a los dos candidatos, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, para que incluyan dentro de sus planes de gobierno propuestas concretas dirigidas al sector transporte, considerado uno de los motores más importantes de la economía peruana por la generación de empleo y el traslado de productos y alimentos.

“Si hay una buena inversión del nuevo gobierno en nuestro sector, no solo influiría en nuestra económica, sino, reduciría la cantidad de accidentes de tránsito. Necesitamos políticas nuevas y urgentes para estar mejor en el aspecto económico”, precisó.

Fuentes sostuvo que una de las principales propuestas para dinamizar la economía del país es impulsar autopistas de seis carriles en el sur del Perú, lo que permitiría incrementar el transporte de mercancías y alimentos entre regiones. Añadió que esto generaría mayor movimiento económico en mercados, comerciantes, empresas de carga y otros sectores vinculados.