Las microempresas juegan un papel importante en la región Arequipa, pero destaca aún más en distritos grandes como Paucarpata, donde están siendo apoyados con la organización de ferias productivas y programas de capacitación con el objetivo de fortalecer sus negocios y dinamizar la economía, así lo destacó la subgerente de Promoción Social y Participación Vecinal, Roxana Vita.

Destacó las ferias de emprendedores que se desarrollan principalmente en meses como mayo, julio, agosto, octubre y diciembre, lo que permite a los participantes acceder a espacios de venta directa y visibilidad ante la población. “Mediante estas ferias fortalecemos la venta de sus productos; además, la municipalidad les ha dado cursos para mejorar sus ventas y de esta forma aumentar los ingresos de su economía”, sostuvo.

En cada una de estas actividades, alrededor de 30 emprendedores participan de manera directa, ofreciendo una amplia variedad de productos que incluyen calzado, manualidades y prendas de vestir, entre otros negocios que, aunque nacen pequeños, buscan consolidarse en el mercado local.

Asimismo, puntualizó que uno de los principales logros de este año ha sido la formalización de diversos sectores, entre ellos los emolienteros y otros emprendedores que participan en las ferias. “Hemos logrado formalizar a los emolienteros, también a los emprendedores que participan en las ferias; fue en una menor cantidad, pero ahora ya no son informales”, precisó.

Por otro lado, consideró crucial el impulso de la marca Paucarpata, un espacio de promoción para los emprendimientos que se desarrolla en julio y agosto, donde los comerciantes tienen la oportunidad de posicionar sus productos y fortalecer su identidad comercial.

Cabe precisar que, a nivel nacional, estas iniciativas se alinean con la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que superan los 2.3 millones y representan el 99.3 % de las empresas formales en el Perú, evidenciando la importancia de continuar promoviendo su crecimiento desde los gobiernos locales.

El consejero regional por la provincia de Caylloma, Osías Ortiz, informó que diversos proyectos vienen ejecutándose en la provincia, generando impacto en sectores clave como salud, riego y desarrollo local; sin embargo, advirtió que aún existen obras viales paralizadas y falta de respuestas por parte del Gobierno Regional de Arequipa (GRA).

Entre los avances, destacó la construcción del Centro de Salud de Cabanaconde, el cual se ejecuta progresivamente. Asimismo, mencionó proyectos de riego por obras por impuestos en distritos como Achoma, que buscan fortalecer la actividad agrícola. “Nosotros consideramos que sí ha habido un avance, no en la magnitud de la necesidad de proyectos que tiene Caylloma, pero sí ha mejorado algunas necesidades”, señaló.

En la misma línea, precisó que se han concretado transferencias para la ejecución de cuatro obras en Chivay, las cuales ya han sido entregadas y culminadas. Sin embargo, también cuestionó la paralización de proyectos viales clave como la carretera Huambo–Majes y la vía Vizcachani, que actualmente presentan problemas técnicos y procesos de arbitraje.

“Nos ha llamado mucho la atención que no nos hayan podido aclarar por qué la carretera Huambo sigue suspendida y cuánto le va a costar al Gobierno Regional”, manifestó.

Asimismo, Ortiz señaló que solicitarán explicaciones a los funcionarios responsables ante la falta de información sobre el estado de estas obras y el retraso en nuevos proyectos comprometidos para este año. Por último, indicó que, si bien las inversiones han permitido atender algunas demandas en Caylloma, la brecha de infraestructura aún es considerable.

El entorno familiar del expresidente Pedro Castillo apunta a ganar espacio en el próximo Congreso bicameral. Su hermano, José Castillo Terrones, lidera la votación al Senado por Juntos por el Perú, mientras que Yenifer Paredes Navarro, su hija política, figura entre las más votadas a la Cámara de Diputados por Cajamarca, según el avance de la ONPE.

Con el conteo aún en curso, José Castillo suma 75.891 votos y encabeza su lista al Senado. Por su parte, Paredes alcanza 16.514 votos, posicionándose por encima de otros candidatos de su agrupación. De mantenerse la tendencia, ambos obtendrían escaños para el periodo 2026–2031.

Paredes es bachiller en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Cajamarca y fue incorporada al entorno familiar de Castillo desde joven. Es considerada cercana a la familia del expresidente.

Cabe recordar que fue investigada por la Fiscalía por presuntos delitos como organización criminal, colusión agravada y tráfico de influencias, vinculados a obras públicas en Cajamarca. La hipótesis fiscal señala que habría intervenido en coordinaciones entre funcionarios y empresarios.

En 2022 fue detenida de manera preliminar como parte de estas investigaciones, aunque luego continuó el proceso en libertad. Hasta la fecha, no cuenta con una sentencia firme.

El Banco Mundial proyectó que la economía peruana crecerá un 2.7 % durante el año 2026, una cifra superior al promedio estimado para América Latina y el Caribe (2.1 %). A pesar de este liderazgo comparativo frente a economías como Brasil, México o Colombia, el organismo advirtió que este ritmo será insuficiente si no se implementan reformas que impulsen el empleo formal y la calidad de los servicios básicos. 

El economista jefe del Banco Mundial para la región, William Maloney, subrayó que el país debe transitar hacia una política industrial basada en el aprendizaje tecnológico, indicando que es vital orientar la inversión hacia la innovación y la digitalización para elevar la productividad nacional.

Para el organismo multilateral, el principal desafío del Perú es evitar que el crecimiento se vuelva inercial y dependa únicamente de las condiciones externas. Se enfatiza que la inversión debe ser el eje central para romper el techo actual de expansión y lograr una reducción sostenible de la pobreza. 

El informe destaca que, si bien la estabilidad macroeconómica es un activo valioso, esta debe traducirse en mejoras tangibles para la población a través de infraestructura y educación. 

En esa línea, el Banco Mundial señaló que para atraer capitales de largo plazo será fundamental fortalecer la seguridad jurídica y garantizar una predictibilidad regulatoria que hoy es vista con cautela por los inversionistas.

Finalmente, el Banco Mundial reconoció que el Perú cuenta con condiciones privilegiadas gracias a sus recursos naturales, pero advirtió que está perdiendo oportunidades críticas, especialmente en el sector minero. El reto inmediato para el próximo gobierno será transformar la solidez fiscal en un crecimiento estructural que permita una mayor integración en los mercados globales. 

La institución concluyó que la meta debe ser una expansión sostenida que supere las cifras inerciales actuales, integrando a las empresas peruanas en cadenas de valor de mayor complejidad tecnológica y fomentando un clima de negocios que favorezca la competencia y la formalización.

El Ministerio de Energía y Minas (Minem) advirtió que el reciente dictamen aprobado en marzo por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que plantea modificaciones al régimen de concesiones mineras, podría incentivar la minería ilegal. Según la entidad, los cambios propuestos generarían un retroceso en los esfuerzos del Estado por frenar esta actividad ilícita.

La iniciativa legislativa contempla la reducción de plazos de caducidad y la imposición de mayores penalidades que podrían impulsar más la informalidad. Simón Quispe, presidente de la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas Secocha Urasqui, cuestionó el rol del Congreso en la elaboración de estas normas y sugirió que responderían a favores políticos. “En su gran mayoría los congresistas apoyan a la gran minería solo por sus intereses”, dijo.

El vocero precisó que la única manera de reducir la informalidad —que trae consigo inseguridad y trata de personas— es con leyes claras a favor del minero artesanal. 

“Necesitamos que nos atiendan para formalizarnos y poder trabajar legalmente, incluso con el uso de explosivos. Los trámites en el ministerio demoran demasiado y eso termina empujando a más personas hacia la ilegalidad”, sostuvo.

Por otro lado, puntualizó que el problema se agrava por la inestabilidad política reflejada en los constantes cambios de autoridades. “Vivimos en un desgobierno. Cambian presidentes y ministros, y así no se puede construir un sistema sólido. Con estas leyes, nada cambiará ni en 100 años”, acotó Quispe.

Cabe precisar que la minería ilegal en el Perú genera graves impactos ambientales y sociales, como la deforestación y la contaminación por mercurio. Además de la explotación laboral, la actividad ha crecido a una tasa promedio del 11.7 % en la última década, consolidándose como un riesgo para el desarrollo sostenible.

El mecanismo de Obras por Impuestos (OxI) alcanzó un dinamismo sin precedentes en el primer trimestre de 2026, logrando adjudicaciones por un valor superior a los 2,129 millones de soles. Según informó la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión), esta cifra representa cinco veces lo registrado en el mismo periodo del año anterior, consolidando la herramienta como un motor esencial para el cierre de brechas sociales. 

El ministro de Economía y Finanzas, Rodolfo Acuña Namihas, destacó que esta aceleración permite que los servicios lleguen más rápido a la ciudadanía, afirmando que “Obras por Impuestos está permitiendo acelerar inversiones prioritarias para la población. Desde el Gobierno seguimos impulsando este mecanismo para que más proyectos se conviertan en obras concretas”.

Dentro de la cartera de proyectos adjudicados destaca la construcción del nuevo Colegio de Alto Rendimiento (COAR) en Arequipa, una obra valorada en más de 107 millones de soles que beneficiará a estudiantes con alto desempeño académico mediante infraestructura moderna. Asimismo, se concretaron iniciativas para la protección contra inundaciones en Cusco y la modernización tecnológica de aulas en Lima. 

Este impulso ha sido posible gracias a la participación de 88 entidades públicas y 122 empresas privadas, quienes han encontrado en este modelo una vía eficiente para ejecutar proyectos de impacto regional con el acompañamiento técnico del Ministerio de Economía y Finanzas.

De mantenerse la tendencia actual, las autoridades proyectan que el mecanismo podría cerrar el 2026 con un total de 3,888 millones de soles en adjudicaciones. ProInversión ha reforzado su rol de acompañamiento para asegurar que los proyectos no solo se adjudiquen, sino que avancen hacia su ejecución real, evitando trabas administrativas. 

El MEF subrayó que el éxito de este primer trimestre refleja un compromiso compartido entre el sector público y privado para transformar la recaudación tributaria en activos tangibles, mejorando la competitividad de las regiones y garantizando que más peruanos accedan a servicios públicos de calidad.

Al inicio del año escolar, cerca de 40 mil estudiantes en Ayacucho asisten a colegios con riesgo de colapso, una situación que refleja la persistente brecha en infraestructura educativa. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), “el 54 % de los locales educativos públicos en la región requiere ser sustituido por completo”, un nivel superior al promedio nacional que evidencia el deterioro acumulado del sistema.

La situación se agrava por la exposición a desastres naturales. De acuerdo con el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), “más de dos mil locales educativos en Ayacucho se encuentran en riesgo alto y muy alto frente a movimientos de masa”, mientras que otros cientos son vulnerables a inundaciones. Estas condiciones no solo comprometen la seguridad de los estudiantes, sino también la continuidad de las clases.

Las deficiencias también se reflejan en las condiciones internas de las escuelas. El IPE advierte que “el 42 % de los locales públicos cuenta con al menos un salón con problemas estructurales”, y que solo una parte cuenta con acceso simultáneo a servicios básicos como agua, desagüe y electricidad. Este escenario limita el entorno de aprendizaje de miles de estudiantes.

A pesar de la magnitud del problema, la respuesta desde la inversión pública sigue siendo insuficiente. En la última década, la ejecución del presupuesto en infraestructura educativa en Ayacucho se ha mantenido por debajo del promedio nacional, lo que retrasa el cierre de brechas. 

El desafío, coinciden especialistas, es mejorar la gestión y acelerar proyectos que garanticen condiciones seguras y adecuadas para miles de escolares.

La falta de infraestructura en la Gran Unidad Escolar Mariano Melgar es un problema crítico que perjudica en el acceso a la educación. El director del plantel, Edgar Cortés, aseguró que cada año más de 200 estudiantes se quedan sin poder matricularse debido a la carencia de ambientes adecuados para atender la creciente demanda.

“De acuerdo a nuestra necesidad hemos presentado documentos a las autoridades, pero la gestión no es rápida; un ejemplo es que hemos presentado un requerimiento para que haya un ingreso para inicial diferenciado por otra puerta, fue presentado en el 2019 y hasta el momento no se ejecuta”, dijo.

Actualmente, la institución cuenta con 36 secciones que atienden a más de 900 alumnos anualmente, sin embargo, esta capacidad resulta insuficiente frente al número de postulantes. La falta de aulas obliga a la dirección a rechazar matrículas e incrementando la cantidad de alumnos por aula, es decir  donde deberían ver solo 25 se incrementa a 30 o más alumnos por sección. 

Uno de los pedidos más urgentes es la habilitación de un ingreso diferenciado para el nivel inicial, una propuesta que fue presentada en el año 2019, pero hasta la fecha no ha sido ejecutada. El director consideró que esta  situación evidencia la nula  atención a los requerimientos básicos para mejorar el funcionamiento del colegio.

A este problema se suma el deterioro de la infraestructura. Desde el 2015 en el colegio se registran filtraciones de agua en los techos  que afecta directamente a 25 aulas y pone en riesgo la integridad de los estudiantes, “Necesitamos que las autoridades puedan pensar en la educación, ver la necesidad en las instituciones educativas, ese es el principal pedido que podríamos hacerles”, señaló. 

Al no ver una respuesta positiva de las autoridades, Cortes aseguró que esto impacta negativamente en la calidad educativa, ya que los espacios no reúnen las condiciones adecuadas para el aprendizaje

La Red de Estudios para el Desarrollo (Redes) advirtió que los planes de gobierno de los candidatos presidenciales presentan serias limitaciones para enfrentar la crisis del mercado laboral. Según el economista Carlos León, las propuestas carecen de profundidad y omiten aspectos estructurales que afectan directamente a los jóvenes. 

“Los candidatos obvian muchas cosas, tienen silencios incómodos y no se pronuncian. Ahora sí parece que les sobrara tiempo, una señal de que no profundizan en las propuestas”, señaló. Este vacío resulta crítico en un contexto donde, en los últimos seis años, alrededor de 160,000 jóvenes han salido del mercado laboral.

Uno de los puntos más críticos identificados es la falta de propuestas para reducir los costos no laborales, que representan el 72 % del costo de contratación, así como la excesiva carga burocrática. León explicó que una empresa promedio pierde cerca de 3,400 horas al año en trámites, principalmente en las municipalidades. 

“Nadie quiere meterse en temas laborales; es un tema sensible y lo están evadiendo”, afirmó el economista, al advertir que estos factores desincentivan la formalización y la generación de empleo. 

El análisis de Redes también advierte que el desarrollo industrial del país se ve limitado por propuestas poco claras y discursos que generan incertidumbre para la inversión privada. Para el especialista, la agroexportación debería ser la base de una industria sólida, pero las propuestas actuales no pasan de ser eslóganes vacíos que no garantizan seguridad jurídica. “Hay candidatos que espantan la inversión privada, que es la base de la industria y la innovación”, indicó, y subrayó que, sin un entorno favorable, será difícil generar empleo formal y sostenible para las nuevas generaciones.

La creciente importación de calzado extranjero, principalmente de origen asiático, está ocasionando preocupación en el sector manufacturero peruano. Juan Carlos Farfán, representante de la Cámara de Cuero y Calzado a nivel nacional, indicó que anualmente ingresan más de 7 millones de pares de zapatos, afectando directamente a más de 50 mil familias solo en Arequipa.

“Ahora a nuestro país está ingresando bastante calzado chino, calzado de plástico. Este es un problema muy preocupante porque esto viene en crecimiento; cada año esto afecta directamente al productor peruano porque dejamos de vender entre cuatro a cinco millones de zapatos”, dijo.

Además, alertó que el ingreso masivo de calzado de bajo costo y en su mayoría de plástico ha ido en aumento en los últimos años, desplazando progresivamente la producción nacional en el mercado interno, donde antes el norte y el sur producían calzado de alta calidad.

Por otro lado, lamentó la falta de acción del Estado frente a esta problemática y advirtió que, de no tomarse medidas concretas como una mayor regulación o control en el ingreso de estos productos, la industria nacional podría desaparecer. “Pedimos al Estado que regule este problema o coloque más veedores; si vamos a seguir así, en unos 10 a 15 años la industria del calzado va a tener que desaparecer”, lamentó.

Por último, hizo un llamado a las autoridades futuras para que prioricen la defensa de la manufactura peruana porque alberga más de 16 mil pequeñas empresas del sector. “Nosotros generamos nuestro propio empleo y también damos trabajo. Es necesario que el Estado garantice condiciones justas para competir y proteja a miles de familias que viven de este sector”, concluyó.