El 4 de octubre, más de 26 millones de electores acudirán a las urnas para elegir a 13 148 autoridades regionales y municipales. Al cierre de las urnas, los miembros de mesa registrarán en las actas los votos de cada agrupación, además de los nulos y blancos. Si se detectan errores o inconsistencias, el acta será remitida al Jurado Electoral Especial (JEE) correspondiente y no se incorporará de inmediato al cómputo de la ONPE. 

La mayoría de observaciones se resolverá mediante la comparación de los ejemplares del acta. La abogada en derecho electoral Silvia Guevara explicó que “el recuento de votos es un mecanismo que sirve para salvaguardar el voto (…). Es realizado en un acto público (…). De esa forma se brinda mayor transparencia”.

Cuando el cotejo no permite aclarar una observación, el JEE puede solicitar a la ONPE las cédulas que permanecen bajo custodia y ordenar un recuento de votos. El presidente del JNE, Roberto Burneo, señaló que los jurados electorales especiales fueron capacitados para aplicar esta metodología: “Hemos capacitado acá en Lima a todos los miembros de los jurados electorales especiales (…) con esta nueva metodología (…) a efecto de dar los resultados oportunamente”.

El vocero del JNE, Jorge Valdivia, estimó que las primeras actas observadas llegarían el 7 de octubre y que las audiencias de recuento comenzarían entre el 12 y el 15 de octubre. "Es un aproximado porque todo depende de la fecha en que nos remitan las actas observadas por parte de la ONPE", precisó. Conocer este proceso permite a la ciudadanía entender que los resultados definitivos pueden tardar días y que cada observación tiene un mecanismo formal de resolución.

En Arequipa, conocer cómo se procesan las actas electorales será importante para que la ciudadanía pueda comprender el desarrollo de los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Las actas que presenten errores o inconsistencias seguirán un procedimiento de revisión ante los organismos electorales, y cuando sea necesario se podrá recurrir al recuento de votos para resolver las observaciones.

PROINVERSIÓN y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) suscribieron un convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con la finalidad de acelerar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios mediante la modalidad de Obras por Impuestos (OxI). El acuerdo busca contribuir al fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria como parte de las acciones frente a la criminalidad.

La alianza también permitirá identificar y promover otras iniciativas de inversión pública con participación del sector privado. Para ello, PROINVERSIÓN brindará capacitación y orientación técnica al personal del MINJUSDH sobre los procedimientos y alcances de las modalidades de Obras por Impuestos, Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos, de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, la agencia promoverá entre las empresas privadas los proyectos que sean identificados en el marco del convenio. Por su parte, el MINJUSDH facilitará el trabajo del personal de PROINVERSIÓN, coordinará las actividades de capacitación y articulará con las distintas instancias públicas y privadas el cumplimiento de los objetivos establecidos.

El presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN, Luis Del Carpio, destacó la importancia de sumar las capacidades del sector público y privado para atender las necesidades de infraestructura. “Nos toca sumarnos con este importante acuerdo para el desarrollo de infraestructura y la lucha contra la criminalidad”, señaló.

En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, sostuvo que el sector requiere acelerar la ejecución de infraestructura penitenciaria. “Necesitamos que una entidad de prestigio y de mucha envergadura, como PROINVERSIÓN, impulse la ejecución de la infraestructura penitenciaria que el MINJUSDH requiere de manera rápida y eficiente”, afirmó.

Según PROINVERSIÓN, desde 2009 las entidades públicas han adjudicado y/o ejecutado, con asistencia técnica de la agencia, 1 746 intervenciones mediante Obras por Impuestos por un monto de S/ 26 208 millones. Este mecanismo permite que empresas privadas financien y ejecuten infraestructura y servicios públicos con cargo a sus impuestos. El convenio entre ambas instituciones tendrá una vigencia de dos años y podrá ser prorrogado mediante una adenda.

Docentes de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA), agrupados en el Sindicato Único de Docentes de la UNSA (SUDUNSA), realizaron un plantón este viernes para exigir al Gobierno el cumplimiento de un incremento salarial establecido mediante ley. El gremio reclama el pago de S/700 que según su secretario general, ya estaba contemplado en el presupuesto y debía hacerse efectivo desde septiembre.

El secretario del SUDUNSA, Andrés Luque, señaló que el incremento corresponde tanto a docentes nombrados como contratados y cuestionó que hasta la fecha no se haya concretado el pago. “Se nos debió haber pagado ya este incremento desde el mes de septiembre y no se ha hecho. Nuestro aumento es un dinero que estaba presupuestado, que viene de otro rubro y que no debió haberse tocado”, afirmó.

El dirigente explicó que el gremio viene realizando gestiones ante el Ministerio de Educación (Minedu) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para exigir el cumplimiento de la norma. Además, representantes de los docentes de universidades públicas de distintas regiones viajaron a Lima y sostuvieron reuniones con autoridades del Ejecutivo y legisladores como parte de las acciones para conseguir el desembolso.

En esa línea, sostuvo que el plantón realizado en Arequipa forma parte de una jornada de protesta desarrollada a nivel nacional, en el cual los docentes buscan que el Ejecutivo atienda su reclamo sin necesidad recurrir a medidas de mayor impacto. Durante los próximos días continuarán las gestiones y dependiendo de los resultados, evaluarán una paralización nacional.

El secretario del SUDUNSA indicó que en Arequipa alrededor de 1 400 docentes serían beneficiados con el incremento. Señaló que el pedido cobra importancia debido a que, según el gremio, los profesores universitarios llevan varios años sin recibir aumentos salariales ni bonos a pesar de las exigencias que pide la universidad en relación a los grados de estudio que debe tener un docente. “Hace muchísimos años no recibimos los profesores ningún tipo de aumento ni tampoco tenemos bonos”, indicó.

El dirigente remarcó que el gremio continuará con las acciones de protesta hasta obtener una respuesta sobre el cumplimiento del incremento salarial y advirtió que una huelga nacional será evaluada si no se atiende su demanda.

Un total de 204 fiscales de prevención del delito serán desplegados en la provincia de Arequipa durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 de este domingo 4 de octubre. Además, se contará con 16 fiscales para delitos electorales en la provincia de Arequipa y 30 fiscales para delitos comunes a nivel de toda la región, informó la fiscal provincial de Prevención del Delito, Ana Cecilia Cordero.

Como parte de las acciones previas a la jornada electoral, los fiscales realizarán operativos junto al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para verificar el cumplimiento de la ley seca y el retiro de propaganda electoral en los alrededores de los locales de votación.

“En los locales vamos a verificar que alrededor no haya propaganda electoral y que no haya puestos vendiendo de manera exclusiva licor, porque esa es la prohibición, y ahí vamos a intervenir con el Jurado y si corresponde con la municipalidad”, señaló la fiscal Cordero.

Durante el domingo, los fiscales se constituirán en los locales de votación para verificar el cumplimiento de funciones de las autoridades y la presencia del Ejército, la Policía, la ONPE y el JNE. Asimismo, se verificará que el material electoral haya llegado a los respectivos locales.

La representante del Ministerio Público señaló que se ha identificado posibles puntos de conflicto en Quequeña, Yarabamba y Mollebaya, donde permanecerán fiscales durante la jornada ante un eventual intento de perturbar el proceso electoral por la restitución de domicilios. Para estos sectores se coordinó un refuerzo policial y se asignaron 24 fiscales. También se identificó esta posibilidad en Camaná y Caravelí.

“Si uno las quiere cuestionar, seguirá las vías legales, pero no la vía de los hechos, porque ahí se estaría incurriendo en un hecho delictivo si empieza a perturbar el acto electoral”, advirtió Cordero, quien recordó que cualquier cuestionamiento a las decisiones adoptadas debe realizarse por las vías correspondientes y no mediante actos de violencia.

Cinco de las seis lavadoras industriales del Servicio de Lavandería del Hospital Honorio Delgado Espinoza volvieron a presentar fallas, obligando a paralizar gran parte de las labores. La situación afecta el lavado de ropa utilizada por los pacientes y se registra nuevamente pese a que los equipos todavía no cumplen un año de funcionamiento.

El encargado del área de Lavandería, Pablo Heredia, señaló que actualmente solo cuentan con una lavadora operativa para atender las necesidades del nosocomio. “Se ha paralizado cinco máquinas, no tenemos con qué trabajar”, señaló, y agregó que la empresa encargada de los equipos recién acudiría el lunes para revisar el problema.

Asimismo, cuestionó que las fallas sean recurrentes desde que las máquinas fueron instaladas. “Desde que han llegado estamos con la misma situación de que las máquinas fallan y fallan. Recién van a tener un año”, sostuvo. Precisó que los equipos se encuentran en garantía, pero hasta el momento no se habría solucionado de manera definitiva el problema.

La situación también alcanza a otros equipos del área. Según el encargado, las calandrias presentan fallas por falta de mantenimiento, las secadoras no alcanzan el nivel de calentamiento requerido y las planchas prensa tampoco funcionan con normalidad. En total, el Servicio de Lavandería cuenta con 15 equipos y 22 trabajadores distribuidos en dos grupos.

El principal riesgo es que la ropa hospitalaria se acumule y no pueda ser entregada oportunamente a los pacientes. Indicó que cada equipo puede procesar entre mil y 1.200 kilos de ropa al día, por lo que la paralización reducirá considerablemente la capacidad del servicio. Los trabajadores esperan una reunión con la dirección del hospital para encontrar una solución y garantizar el lavado de la ropa de los pacientes.

El debate sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Ejecutivo podría abrir un nuevo frente de confrontación entre el Gobierno y la Cámara de Diputados. El politólogo Miguel Ángel Ibarra advirtió que, si el pedido fuera archivado, el Ejecutivo podría evaluar el planteamiento de una cuestión de confianza.

La Comisión de Constitución inició el martes 29 de septiembre el debate del predictamen sobre la propuesta del Ejecutivo, que solicita facultades para legislar durante 120 días en materias como seguridad ciudadana, fortalecimiento de las mypes, empleo, desarrollo productivo, régimen tributario, simplificación administrativa y otras áreas. Este miércoles 30, la comisión pasó a un cuarto intermedio para buscar una fórmula de consenso.

Ibarra consideró que la decisión de enviar al archivo el pedido completo generaría un escenario de confrontación. “Esto nos puede llevar a un escenario en el que el premier Luis Galarreta plantee una cuestión de confianza”, sostuvo en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).

El analista también cuestionó la actuación del congresista Roberto Sánchez y sostuvo que su posición podría generar consecuencias para Juntos por el Perú. “Él podría ser el causante de la disolución de la Cámara de Diputados”, afirmó Ibarra, al referirse a un eventual rechazo de la confianza y a las consecuencias constitucionales que, según su interpretación, podrían derivarse de una sucesión de crisis de confianza.

Sin embargo, el escenario planteado por Ibarra no constituye una decisión anunciada por el Gobierno. El propio Galarreta había señalado el 14 de septiembre que el Ejecutivo buscaba consensos con la Cámara de Diputados y había descartado recurrir a una cuestión de confianza por el pedido de facultades. Más recientemente, el 29 de septiembre, afirmó que el Gobierno continuaría dialogando independientemente del dictamen que se presentara.

El pedido del Ejecutivo comprende 66 medidas agrupadas en ocho materias y fue presentado como una herramienta para atender, entre otros asuntos, la inseguridad, los efectos del fenómeno El Niño y la modernización del Estado. La discusión permanece abierta en la Comisión de Constitución, donde las bancadas plantearon modificaciones al texto inicial y se busca una propuesta que pueda alcanzar consenso.

Los familiares de Jennifer, una menor de 13 años, continúan con la búsqueda tras su desaparición ocurrida el pasado viernes 25 de septiembre, luego de salir de su colegio Nuestra Señora de los Dolores. La adolescente asistió con normalidad a clases, pero no regresó a casa. Ante ello, sus familiares acudieron a las autoridades y llegaron esta mañana hasta el Palacio de Justicia para solicitar avances en la investigación.

La familia también cuestionó el proceso de denuncia, pues aseguró que inicialmente no quisieron recibirla en la comisaría de Ciudad Municipal. Según relataron, recién el 27 de septiembre lograron registrar la denuncia, mientras que esta habría sido remitida al área correspondiente el día 28. Señalaron que hasta el momento no reciben información clara sobre las diligencias realizadas para ubicar a la menor.

Asimismo, expresaron preocupación por las versiones contradictorias de dos amigas de Jennifer sobre su último paradero. Según la hermana de la menor, inicialmente una de ellas dijo que no la había visto, pero luego habría señalado que Jennifer estuvo con un varón vestido de negro y posteriormente brindó otra versión. La familia también recordó que anteriormente Jennifer se había ausentado de casa y fue encontrada en la vivienda de una de sus amigas.

Los familiares buscan además acceder a las cámaras de seguridad de los alrededores del mercado de Zamácola, donde las menores aseguran haber visto a Jennifer por última vez. Sin embargo, indicaron que algunos establecimientos no cuentan con cámaras operativas o no registran la vía pública. Por ello, esperan que las autoridades puedan obtener las imágenes y verificar las versiones brindadas.

Jennifer mide aproximadamente 1.50 metros, tiene cabello castaño y al momento de su desaparición vestía el buzo del colegio Nuestra Señora de los Dolores. Cualquier información que permita conocer su paradero puede ser comunicada al 928 630 760, número de contacto de su madre.

Caja Arequipa y BID Invest, miembro del Grupo BID, continúan fortaleciendo su relación estratégica con un nuevo préstamo por US$17 millones, equivalente en soles peruanos, que estará destinado a ampliar el acceso al crédito de las micro y pequeñas empresas (MYPE), con especial énfasis en aquellas lideradas por mujeres.

Este financiamiento trasciende la operación financiera: ratifica la confianza de una institución multilateral de desarrollo de primer nivel en Caja Arequipa y en su capacidad para canalizar recursos hacia segmentos que cumplen un rol decisivo en el empleo, la actividad productiva y la inclusión financiera del país.

“Esta operación reafirma el valor de construir relaciones de largo plazo con instituciones multilaterales de primer nivel. La confianza de BID Invest en Caja Arequipa fortalece nuestra capacidad para seguir acompañando a miles de emprendedores, diversificar nuestras fuentes de financiamiento y generar mayor impacto económico y social en el país”, comentó Manuel Chacaltana, Gerente Central de Finanzas y Control de Gestión de Caja Arequipa.

La relación de Caja Arequipa con BID Invest refuerza, además, la estrategia de entidad financiera de mantener vínculos sostenibles con instituciones de alta calidad y estándares internacionales. Este relacionamiento contribuye a diversificar las fuentes de fondeo, ampliar la capacidad de financiamiento de la institución y acompañar de manera sostenible el crecimiento de sus clientes.

En el Perú, las MYPE representan una parte sustancial del empleo y de la actividad económica, pero todavía enfrentan brechas de financiamiento, formalización y productividad. En ese contexto, el acceso a créditos para capital de trabajo e inversión permite fortalecer su capacidad productiva, competitividad, generación de empleo e integración a cadenas de valor.

La operación también refuerza el compromiso de ambas instituciones con la inclusión financiera y el desarrollo sostenible. En particular, el financiamiento dirigido a MYPE lideradas por mujeres busca contribuir a reducir brechas de acceso al crédito y ampliar las oportunidades económicas para empresas lideradas por mujeres.

Se espera que la operación contribuya a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas vinculados con fin de la pobreza (ODS 1), igualdad de género (ODS 5), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), industria, innovación e infraestructura (ODS 9), reducción de las desigualdades (ODS 10) y alianzas para lograr los objetivos (ODS 17).

Acerca de BID Invest

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido con promover el desarrollo económico de América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para lograr resultados financieros y maximizar el desarrollo económico, social y ambiental en la región. Con aproximadamente US$22.000 millones en activos bajo administración y más de 400 clientes en 25 países, ofrece soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que responden a las necesidades de sus clientes en diversos sectores.
Acerca de Caja Arequipa

Al cierre de agosto de 2026, Caja Arequipa consolida su liderazgo en el sistema microfinanciero peruano con una cartera de créditos de más S/ 10,923 millones y depósitos totales por más de S/ 9,927 millones. Cuenta con el respaldo y la confianza de cerca de cerca de 650 mil clientes de créditos y cerca de 1.7 millones de clientes de ahorros a nivel nacional.

Con 40 años de trayectoria, Caja Arequipa continúa generando valor para sus clientes, fortaleciendo el desarrollo de miles de emprendedores y familias peruanas, y consolidando su posicionamiento como una de las instituciones financieras más sólidas del país.

A partir del miércoles 30 de septiembre la temperatura en Arequipa descenderá considerablemente debido a la presencia de cielos despejados y será principalmente durante horas de la noche y madrugada, según lo informó el jefe regional del SENAMHI, Guillermo Gutiérrez, quien señaló que estas condiciones se mantendrán durante los primeros días de octubre.

“A partir de mañana ya vamos a ir registrando un descenso de temperaturas, sobre todo en horas de la noche y madrugadas, debido a que va a prevalecer el cielo despejado y durante el día también hay que mantenernos atentos porque la radiación va a seguir en niveles muy altos ya que el índice es cada vez mayor a medida que nos acercamos a la estación de verano”, advirtió el especialista.

El jefe regional del SENAMHI, precisó que el aviso meteorológico se mantiene hasta el 2 de octubre. Sin embargo, explicó que durante octubre las condiciones serán progresivamente más cálidas, aunque las noches continuarán registrando temperaturas entre frías y muy frías, como parte de las características climáticas de la región.

En las zonas ubicadas por encima de los 4.000 metros de altitud, las temperaturas mínimas podrían llegar hasta los -12 °C. El especialista recomendó a las autoridades y pobladores de las comunidades altoandinas tomar precauciones, debido a que las bajas temperaturas pueden afectar especialmente a las crías de animales e incrementar su mortandad.

Respecto a las condiciones climáticas actuales, Gutiérrez indicó que el descenso de temperaturas corresponde a una variación propia de la primavera y no a un fenómeno climático extraordinario. No obstante, señaló que las temperaturas elevadas en la costa y cuenca media, asociadas al contexto del fenómeno El Niño, ya vienen generando efectos en la actividad agrícola.

El caso denominado “Corrupción 4x4”, vinculado a contrataciones de alquiler de vehículos, servicios y proveedores del Gobierno Regional de Moquegua y de la Subregión Ilo, ingresó a una nueva etapa procesal. La fiscalía provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios presentó acusación contra la gobernadora regional Gilia Gutiérrez Ayala y otros diez investigados por el presunto delito de colusión agravada.

La acusación fue presentada el 7 de septiembre por el fiscal provincial Víctor Arturo Muñoz Leyva y comprende, además de la gobernadora, a su hermana Katherine Fiorella Gutiérrez Ayala, Luis Jonathan Sanca Umiariy y otras personas investigadas por presuntos hechos vinculados a contrataciones públicas. Para la Fiscalía, la negociación incompatible figura como una imputación alternativa o subsidiaria.

El expediente, identificado con la Carpeta Fiscal N.° 293-2023 y el Expediente N.° 01286-2024-38-2801-JR-PE-03, será revisado por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Rafael Bartolomé Copaja Mamani. En esta fase, el juez realizará el control de acusación: verificará si el requerimiento fiscal reúne las condiciones legales para continuar hacia un eventual juicio oral.

La acusación no equivale a una sentencia ni determina responsabilidad penal. La defensa de los investigados podrá formular observaciones, cuestionar la imputación, solicitar exclusiones probatorias y plantear otros mecanismos previstos por el Código Procesal Penal. Solo si el requerimiento supera ese control judicial, el caso será enviado a juzgamiento.

De acuerdo con la información publicada, la investigación se inició a partir de contrataciones para alquiler de vehículos y servicios durante 2023. La Fiscalía sostiene que habría elementos que relacionan a los investigados con actuaciones en el Gobierno Regional de Moquegua y la Subregión Ilo, mientras que la defensa tendrá oportunidad de rebatir la tesis fiscal en sede judicial.