En plena campaña electoral, la alianza de fact-checking entre Videnza Instituto y Diario Correo puso bajo revisión un conjunto de propuestas orientadas a aliviar el costo de vida, con el fin de evaluar su viabilidad real y ofrecer a la ciudadanía elementos técnicos para decidir con información. Luis Miguel Castilla, director del centro de estudios y exministro de Economía, advirtió que “en cada campaña abundan iniciativas que conectan rápidamente con las necesidades ciudadanas, pero que no siempre se examina con suficiente detalle su viabilidad”. Según explicó, este análisis permite identificar si estas medidas enfrentan restricciones fiscales que podrían comprometer su sostenibilidad.

Entre los casos evaluados figura la propuesta de duplicar los bonos de los programas sociales Juntos y Pensión 65. Si bien la medida beneficiaría a cientos de miles de hogares en situación de pobreza, el informe señala que “implicaría un costo adicional superior a S/2,300 millones anuales”, lo que incrementaría de forma significativa el presupuesto social y podría financiarse sobre todo con mayor endeudamiento.

También se analizó la ampliación del vale de descuento del gas GLP financiado por el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). El reporte advierte que, “sin nuevos ingresos, obligaría a redistribuir recursos dentro del mismo fondo y podría afectar programas como la masificación del gas natural”, lo que generaría efectos indirectos sobre otras políticas energéticas.

Castilla subrayó que estos ejemplos reflejan un patrón frecuente en campaña: propuestas atractivas que requieren mayor sustento fiscal o financiero para garantizar su ejecución. “La democracia se fortalece cuando el elector compara y decide con información verificable”, sostuvo, al enfatizar que el voto informado no solo es un derecho, sino también una responsabilidad frente al futuro económico del país.