El Perú atraviesa una de las crisis de inseguridad más graves de los últimos años. Solo en 2025 se registraron 169,528 casos de violencia y, hasta junio de ese año, se identificaron más de 1,200 presuntas víctimas de trata de personas. Sin embargo, los planes de gobierno que se discuten en el actual proceso electoral muestran una brecha entre el discurso político y la capacidad real del Estado para responder al problema. Para el periodista Jaime de Althaus, esta distancia se explica, en parte, por la lógica que domina muchas campañas. “Las propuestas populistas tienen, o plata del candidato o plata de la minería ilegal, y sectores ilegales”, advirtió, al señalar que los programas electorales suelen privilegiar mensajes de alto impacto antes que soluciones sostenibles.

En lugar de ofrecer soluciones técnicas, diversos programas electorales apuestan por medidas de alto impacto mediático como la pena de muerte, el servicio militar obligatorio o la creación de un ministerio de guerra, pese a que estas iniciativas enfrentan serios límites constitucionales y compromisos internacionales. También se proponen megacárceles y enfoques centrados en el castigo, sin desarrollar políticas de prevención o reinserción. Respecto al financiamiento de estas ofertas, Althaus alertó que “los partidos que están presentando planes de gobierno más reformistas, reformas más profundas para volver a crecer a tasas altas y reducir la pobreza, no tienen plata”.

La debilidad se hace aún más evidente en el plano presupuestal. Los recursos destinados a la atención de víctimas en regiones son insuficientes y, según el análisis de las agendas políticas, temas como la protección de la niñez frente a la explotación sexual en línea o la persecución de redes de trata no aparecen como prioridades claras. Frente a este escenario, Ricardo Valdés, director ejecutivo de CHS Alternativo, subrayó que la responsabilidad también recae en los electores. “La ciudadanía debe mantenerse alerta, informarse y fiscalizar las propuestas de los candidatos, exigiendo respuestas claras sobre qué harán y con qué recursos enfrentarán la violencia y la trata”, afirmó.