En el marco de las elecciones 2026, Videnza Instituto y Diario Correo vienen realizando un ejercicio semanal de fact-checking orientado a contrastar las propuestas presidenciales con criterios técnicos y fiscales. La iniciativa busca aportar información clara a la ciudadanía en un escenario marcado por promesas de alto impacto mediático, pero con escaso sustento económico. El director de Videnza y exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, advirtió que durante las campañas suele priorizarse el efecto político de las ofertas antes que su viabilidad real. Según explicó, cuando se someten a una revisión técnica, muchas propuestas —de distintos espacios políticos— “ignoran restricciones fiscales básicas y trasladan costos importantes hacia el futuro”.

Entre los casos analizados figura una propuesta para ampliar Pensión 65 a todos los adultos mayores sin pensión. Aunque responde a una necesidad social legítima, su implementación demandaría un gasto adicional anual cercano a S/4,285 millones, monto equivalente al presupuesto conjunto de varios sectores del Estado. Asimismo, se evaluó el ofrecimiento de otorgar bonos de vivienda de hasta S/100,000 para jóvenes, cuyo costo potencial superaría los S/523,000 millones, alrededor de dos presupuestos generales de la República.

Para Castilla, ambas iniciativas reflejan un patrón común: “ofrecen beneficios inmediatos sin detallar con claridad su financiamiento ni sus efectos secundarios”. En ese sentido, subrayó que el fact-checking cumple un rol democrático fundamental al devolver el debate electoral al terreno de la evidencia y la responsabilidad. “Las políticas públicas no se evalúan por su intención, sino por sus consecuencias, que finalmente terminan pagando todos los peruanos”, concluyó.