A 40 días de las próximas elecciones regionales y municipales, Moquegua debería empezar a discutir algo que vaya más allá de los nombres, las promesas electorales, las fotografías y la propaganda política: ¿Qué tipo de autoridad necesita la región para los próximos cuatro años? La pregunta apunta a la capacidad real de quienes aspiran a gobernar para enfrentar los problemas pendientes y conducir el desarrollo de la región, la provincia y sus distritos.

Y es que, Moquegua cuenta con una importante capacidad presupuestal gracias a los recursos provenientes del canon y las regalías mineras. Sin embargo, ese potencial no se ha traducido todavía en el nivel de desarrollo que la región podría alcanzar: persisten problemas de agua, salud, educación e infraestructura, mientras proyectos de impacto permanecen pendientes, retrasados o simplemente no han sido impulsados.

Y ahí aparece la pregunta central, respecto a las próximas autoridades regionales y municipales: ¿se necesita un activista que organice o amenace con organizar marchas para exigir a otras autoridades aquello que no consigue o no hace desde su propia administración, pese a tener recursos y competencias; o un estadista, ejecutor y gestor capaz de planificar y dirigir el crecimiento de la región, la provincia o el distrito, aprovechar el presupuesto de su jurisdicción, priorizar proyectos, conseguir financiamiento y convertir los recursos públicos en resultados?

El economista Milton von Hesse, exministro de Vivienda, planteó recientemente una preocupación similar al advertir sobre el llamado “voto de protesta”, que puede llevar a elegir autoridades que después de cuatro años no garantizan que una región prospere. También consideró necesario promover una mayor conciencia ciudadana para evaluar a quienes postulan y sus resultados de gestión.

La discusión cobra relevancia después de cuatro años en los que Moquegua ha visto autoridades con una fuerte exposición política, anuncios, confrontaciones, reclamos y convocatorias a protestas, mientras persisten cuestionamientos por obras pendientes, retrasos, dificultades para ejecutar recursos y proyectos que no terminan de convertirse en resultados.

Gobierno Regional de Moquegua

La gestión de la gobernadora Gilia Gutiérrez es uno de los ejemplos: en diciembre de 2024, durante el conflicto por la contaminación del río Coralaque, rompió en llanto, exigió la renuncia del entonces ministro Ángel Manero y anunció que viajaría a Lima para encadenarse.

La defensa de los intereses de Moquegua era legítima, pero el episodio reflejó un estilo de respuesta política basado en la dramatización pública y la protesta antes que en la exposición de una ruta técnica con plazos, responsabilidades y resultados verificables. La gestión de Gilia Gutiérrez no ha elaborado perfiles y menos expedientes para Coralaque, a pesar de contar con recursos para ello, se ha limitado a pedirlos a otras entidades.

En 2026 volvió a respaldar la presión mediante un paro regional por la controversia territorial con Tacna. La movilización buscaba frenar una norma cuestionada por Moquegua; sin embargo, el hecho vuelve a plantear una pregunta de gestión: además de convocar a la protesta, ¿Qué acciones legales, técnicas se habían asumido desde la gestión para evitar que este problema crezca de tal manera?

Sus críticos, entre ellos sectores que buscan sucederla, cuestionan que esa exposición política no haya tenido el mismo correlato en obras de impacto y señalan una gestión con demasiado espacio para anuncios, actividades, excusas, viajes y celebraciones frente a proyectos que continúan pendientes.

Municipalidad de Torata

El caso de Torata plantea una discusión similar con el alcalde Elvis Córdova Nina, quien también tuvo un papel activo en las protestas contra la Ley 11658, mientras en su distrito enfrenta cuestionamientos por el ritmo de ejecución de proyectos.

A ello se suman reclamos de agricultores y pobladores por obras y compromisos pendientes, anuncios de grandes inversiones que no terminan de concretarse y proyectos heredados de anteriores gestiones que continúan sin culminar, varios con ampliaciones de plazo y mayores costos.

A pocos días de culminar el mes de agosto, según un reporte basado en cifras del MEF, la municipalidad tiene un PIM de S/177,4 millones para la ejecución de obras y apenas un avance del 41% y con más de 20 proyectos con nulo avance de ejecución de presupuesto.

Conclusión

La discusión electoral debería ser, entonces, si la capacidad para movilizar y reclamar está acompañada por la misma capacidad para planificar y ejecutar técnicamente no políticamente. Porque una autoridad puede protestar cuando corresponde, defender el territorio y reclamar recursos ante Lima. Pero gobernar exige además planificar, gestionar, ejecutar y rendir cuentas.

A 40 días de las elecciones, Moquegua podría empezar a evaluar a sus candidatos con preguntas más concretas: ¿Qué harán con el presupuesto que recibirán?, ¿Qué obras terminarán?, ¿Cuánto costarán?, ¿Cómo las financiarán y en cuánto tiempo las ejecutarán? El debate no debería ser quién protesta más, sino quién tiene la capacidad de convertir los recursos de Moquegua en desarrollo y los anuncios en resultados.