En los últimos cinco años, el Perú ha enfrentado una sucesión de eventos climáticos extremos que han dejado pérdidas humanas y económicas devastadoras. El economista de la Red de Estudios para el Desarrollo (Redes), Patricio Lewis, recordó que solo el ciclón Yaku, en 2023, ocasionó daños superiores a los US$ 4,000 millones y más de 60 fallecidos. Esta situación ha golpeado severamente la economía nacional, desestructurando sistemas productivos en la agricultura, bloqueando rutas de transporte estratégicas y provocando una drástica caída en el turismo debido a cancelaciones masivas.

Según Lewis, pese a este escenario, regiones altamente vulnerables como Piura e Ica han ejecutado menos del 2 % de los recursos asignados para prevención en 2025. “Existe una fragilidad estructural que impide prevenir, responder y reconstruir con eficacia”, advirtió, al señalar que el presupuesto destinado a prevención este año es 45 % menor al asignado en 2023. Y subrayó que esta brecha no es solo presupuestal, sino también de gestión. La falta de planificación, de equipos técnicos fortalecidos y de continuidad en los proyectos provoca que los gobiernos reaccionen cuando el desastre ya ocurrió, en lugar de anticiparse. 

Para reducir esta vulnerabilidad, Lewis propuso cinco líneas de acción: invertir en infraestructura resiliente, fortalecer capacidades locales, ampliar los sistemas de alerta temprana, impulsar mecanismos de protección social adaptativa y ordenar el territorio con enfoque de riesgo. “Cada dólar que invertimos en prevención nos puede evitar hasta $4 de pérdidas futuras”, sostuvo. Sin un giro hacia la prevención, concluyó, el país seguirá atrapado en un ciclo de emergencia, reconstrucción y nuevos desastres.