PROINVERSIÓN y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH) suscribieron un convenio Marco de Colaboración Interinstitucional con la finalidad de acelerar la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios mediante la modalidad de Obras por Impuestos (OxI). El acuerdo busca contribuir al fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria como parte de las acciones frente a la criminalidad.

La alianza también permitirá identificar y promover otras iniciativas de inversión pública con participación del sector privado. Para ello, PROINVERSIÓN brindará capacitación y orientación técnica al personal del MINJUSDH sobre los procedimientos y alcances de las modalidades de Obras por Impuestos, Asociaciones Público-Privadas (APP) y Proyectos en Activos, de acuerdo con la normativa vigente.

Asimismo, la agencia promoverá entre las empresas privadas los proyectos que sean identificados en el marco del convenio. Por su parte, el MINJUSDH facilitará el trabajo del personal de PROINVERSIÓN, coordinará las actividades de capacitación y articulará con las distintas instancias públicas y privadas el cumplimiento de los objetivos establecidos.

El presidente ejecutivo de PROINVERSIÓN, Luis Del Carpio, destacó la importancia de sumar las capacidades del sector público y privado para atender las necesidades de infraestructura. “Nos toca sumarnos con este importante acuerdo para el desarrollo de infraestructura y la lucha contra la criminalidad”, señaló.

En tanto, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, sostuvo que el sector requiere acelerar la ejecución de infraestructura penitenciaria. “Necesitamos que una entidad de prestigio y de mucha envergadura, como PROINVERSIÓN, impulse la ejecución de la infraestructura penitenciaria que el MINJUSDH requiere de manera rápida y eficiente”, afirmó.

Según PROINVERSIÓN, desde 2009 las entidades públicas han adjudicado y/o ejecutado, con asistencia técnica de la agencia, 1 746 intervenciones mediante Obras por Impuestos por un monto de S/ 26 208 millones. Este mecanismo permite que empresas privadas financien y ejecuten infraestructura y servicios públicos con cargo a sus impuestos. El convenio entre ambas instituciones tendrá una vigencia de dos años y podrá ser prorrogado mediante una adenda.