La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que los costos por corrupción e inconducta funcional en Arequipa ascendieron a S/928 millones en 2023, afectando a los tres niveles de gobierno, según cifras de la Contraloría. Esto representa una pérdida de S/13.1 por cada S/ 100 de gasto público en la región. En un contexto donde el Perú pierde miles de millones de soles por corrupción, Arequipa se posiciona como una de las regiones más afectadas, ocupando el sexto lugar en impacto económico por corrupción.

“La corrupción genera pérdidas económicas que impiden financiar proyectos que mejorarían la calidad de vida. Por ejemplo, los recursos desviados podrían haberse utilizado para construir más de 180 postas médicas o mejorar las condiciones de establecimientos como el Hospital Carlos Senguín, que reportó tomógrafos averiados en julio pasado. La ciudadanía siente directamente este impacto en la atención de su salud”, sostuvo Almendra Rodriguez, politóloga de REDES.

La corrupción y la mala gestión también se reflejan en el retraso de proyectos. Según la Contraloría, hasta septiembre de este año, 146 obras en Arequipa llevan más de seis meses paralizadas, acumulando un monto de S/4,857 millones. Entre las más afectadas se encuentran el mejoramiento de la carretera Viscachani-Callalli-Sibayo-Caylloma, la construcción del puente Freyre en Islay y la ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado en la provincia de Arequipa.

Las municipalidades distritales de Uchumayo y Cerro Colorado (ambas ubicadas en la provincia de Arequipa), además de la propia Municipalidad Provincial de Arequipa, son las entidades públicas con mayores índices de corrupción registrados por la Contraloría en 2024. Les siguen los distritos de La Joya y Yura.

Por otro lado, al analizar solo las sedes centrales de los gobiernos regionales, el Gobierno Regional de Arequipa (Gore Arequipa) ocupa el segundo lugar en índice de corrupción, detrás de Junín. A septiembre de 2024, en la región se registraron 1,593 denuncias por corrupción, siendo los delitos más comunes el peculado, el aprovechamiento indebido del cargo y la colusión.

“Según el Banco Interamericano de Desarrollo, para impulsar el crecimiento económico y generar empleos es fundamental contar con políticas públicas adecuadas e instituciones confiables. Si las empresas desconfían de estas instituciones, es menos probable que inviertan, perjudicando el desarrollo de la región. Recordemos que la inversión privada es clave para el progreso económico y la reducción de la pobreza”, comentó la especialista de REDES.

¿Qué se puede hacer contra la corrupción?
La especialista identificó cuatro pilares necesarios para combatir la corrupción en la región:

1.    Mejorar la selección de funcionarios: Los concursos públicos deben ser transparentes y libres de preferencias políticas. Los funcionarios deben ser elegidos por su capacidad técnica y experiencia en cargos similares, con una ética profesional sólida.

2.    Fortalecer el sistema de justicia: Es prioritario realizar reformas que agilicen los procesos penales, con énfasis en los casos de corrupción, garantizando una justicia más rápida y eficiente. Además, se debe proteger a informantes y testigos a corto, mediano y largo plazo.

3.    Promover transparencia y acceso a la información: Las entidades deben publicar y estandarizar sus compras y negociaciones, asegurando transparencia en todo el proceso. Además, se deben impulsar programas de capacitación en acceso a la información para fomentar una mayor vigilancia ciudadana.

4.    Implementar audiencias públicas de rendición de cuentas: Los gobiernos regionales y municipales deben establecer una comunicación bidireccional con los ciudadanos para generar confianza en los servidores públicos y responder efectivamente a las necesidades de la población.

Ante el aumento de casos de corrupción en distintos niveles, Rodríguez destacó la urgencia de implementar políticas específicas contra la corrupción. “Como ciudadanos, debemos exigir transparencia a nuestras autoridades y asumir un rol vigilante en el uso de nuestros recursos. Esta problemática requiere acción conjunta de ciudadanos, autoridades y organizaciones para hacer más eficiente la gestión pública y asegurar un futuro mejor para Arequipa y el país”, concluyó.