La Contraloría General de la República determinó presunta responsabilidad penal y administrativa en 10 funcionarios de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), incluido el exjefe de la entidad, por una serie de irregularidades registradas durante la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. Según el informe, estas acciones afectaron el derecho al voto de 55 261 electores de Lima Metropolitana.

El informe de control señala que funcionarios de la ONPE elaboraron términos de referencia sin precisar la cantidad real de vehículos requeridos para el traslado de material electoral, lo que habría favorecido indebidamente a una empresa de transporte. La buena pro fue adjudicada por más de S/ 6.3 millones a una propuesta económica superior a otras ofertas presentadas.

La Contraloría detectó además que evaluadores aplicaron criterios no contemplados en las bases del proceso para reducir el puntaje de otro postor. También se consignó información inexacta sobre la capacidad de carga de vehículos de la empresa ganadora, permitiendo que obtuviera un puntaje que no le correspondía.

El organismo de control indicó que la empresa adjudicada realizó el servicio principalmente con vehículos de terceros, pese a que se conocía la necesidad mínima de unidades propias para garantizar el traslado del material electoral. Asimismo, se advirtió que funcionarios no corrigieron ni actualizaron los requerimientos técnicos pese a conocer las deficiencias del proceso.

Otro de los hechos observados fue la reprogramación de rutas de distribución de equipos informáticos y material electoral un día antes de las elecciones. La Contraloría señaló que los tiempos asignados para las entregas eran insuficientes, lo que provocó retrasos en 3605 mesas de sufragio y que 187 mesas no llegaran a instalarse el día de la votación.

Finalmente, el informe también cuestiona la aprobación de prestaciones adicionales por más de S/ 650 mil para el servicio de transporte, sin sustento técnico ni legal. Ante ello, la Contraloría recomendó a la ONPE iniciar acciones administrativas contra los involucrados y pidió a la Procuraduría Anticorrupción evaluar denuncias penales por los presuntos actos irregulares.