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Contraloría advierte posible pago irregular de movilidad a trabajadores del hospital Regional de Moquegua

La Contraloría General de la República advirtió una presunta irregularidad en el pago del concepto de “movilidad local” a trabajadores administrativos del Hospital Regional de Moquegua bajo el régimen del Decreto Legislativo 276, beneficio que podría contravenir la Ley de Presupuesto del Sector Público 2026.

 

Según el Informe de Orientación de Oficio N.° 012-2026-OCI0829-SOO, elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Dirección Regional de Salud Moquegua, entre enero y abril de este año se otorgó dicho beneficio a 16 servidores administrativos, en aplicación de la Directiva N.° 001-2025-DIRESA-HRM-ADM.

 

La directiva establece el pago de 20 soles por día laborado, hasta un máximo de 22 días mensuales, sujeto a disponibilidad financiera. De acuerdo con la información revisada por la Contraloría, los montos entregados oscilaron entre 240 y 440 soles por trabajador. El gasto total alcanzó los 5 220 soles en enero, 5 260 en febrero, 6 420 en marzo y 5 820 en abril.

 

El OCI señala que la propia directiva define la movilidad local como el traslado del trabajador desde su domicilio al centro de labores y viceversa. Sin embargo, advierte que este concepto no calificaría como una “condición de trabajo”, sino como un posible incremento remunerativo de libre disposición, al representar una ventaja económica para el servidor.

 

En ese contexto, la Contraloría indica que el beneficio podría vulnerar el artículo 6 de la Ley N.° 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, que prohíbe crear o incrementar remuneraciones, bonificaciones o beneficios que impliquen mayores ingresos para trabajadores del Estado, independientemente del régimen laboral.

 

Asimismo, recuerda que cualquier modificación remunerativa en el sector público debe aprobarse mediante decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, conforme a la normativa presupuestaria vigente.

 

El informe también menciona disposiciones relacionadas con la certificación presupuestaria y la legalidad del gasto público, señalando que los pagos fueron realizados mediante Órdenes de Pago Electrónicas registradas en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF), utilizando recursos directamente recaudados por el hospital.

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