La Comisión de Energía y Minas aprobó un dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras. Recoge propuestas promovidas por congresistas y partidos vinculados a la defensa de la minería informal. Especialistas advierten que esos cambios podrán afectar la estabilidad jurídica del sector.

En medio de la campaña electoral, la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que está de salida, aprobó un dictamen que modifica el régimen de concesiones mineras y altera reglas que durante décadas definieron la estabilidad jurídica del sector. Víctor Cutipa Ccama, presidente del grupo de trabajo y militante de Juntos por el Perú, aceleró su aprobación, agrupando nueve proyectos de ley que buscaban introducir cambios en ese régimen.

El dictamen recoge propuestas contenidas en el plan de gobierno de Juntos por el Perú, que postula a la presidencia a Roberto Sánchez, quien ha defendido públicamente a los mineros informales. En ese documento se plantea establecer la propiedad social de los medios de producción en la pequeña minería y la minería artesanal, mediante la organización de los trabajadores en cooperativas. 

En esa línea, se propone que las concesiones extinguidas pasen al control del Estado y sean entregadas a pequeños mineros asociados bajo ese modelo organizativo. 

Sánchez plantea también reducir el plazo de caducidad de las concesiones, que actualmente puede extenderse hasta 30 años, a periodos de cuatro o cinco años. Sostiene que no deberían existir concesiones ociosas: aquellas que permanezcan sin actividad serían reasignadas a pequeños mineros y mineros artesanales organizados en cooperativas.

Pero el dictamen consolida iniciativas presentadas por Alejandro Muñante (Renovación Popular), Pasión Dávila (Bancada Socialista), Edwin Martínez (no agrupado), Paúl Gutiérrez (Bloque Magisterial), Roberto Sánchez y Wilson Quispe (Juntos por el Perú), Guido Bellido (Podemos Perú) y Flavio Cruz (Perú Libre).

Renovación, Perú Libre y Podemos también tienen propuestas favorables la minería ilegal e informal o no proponen ninguna medida para enfrentarlas.

Los cambios

El texto sustitutorio busca obligar a las empresas mineras a suscribir acuerdos de participación en beneficios con comunidades del área de influencia directa. Estos acuerdos podrían incluir aportes a fondos comunales, programas de empleo o incluso participación en instrumentos financieros.

El cambio abre un debate jurídico. Diversos especialistas advierten que, en la práctica, obligaría a transferir parte del patrimonio empresarial sin indemnización, lo que podría configurar una expropiación indirecta.

Otro cambio elimina el carácter irrevocable de las concesiones mineras. Hasta ahora, una concesión solo podía revertirse si el titular incumplía obligaciones específicas. Según el dictamen, la medida abre la puerta a que la autoridad administrativa pueda revocarla de forma discrecional.

También eleva hasta en 300 % el derecho de vigencia de las concesiones y aumenta en 400 % las penalidades por no acreditar producción o inversión mínima. Al mismo tiempo, reduce de 30 a 15 años el plazo para iniciar producción.

Ese plazo, según especialistas del sector, desconoce la complejidad de desarrollar un proyecto minero, proceso que suele tomar, en el mejor de los casos, entre 25 y 45 años. Solo la etapa exploratoria puede superar los 18 años.

La norma también obliga a presentar un plan quinquenal de trabajo e inversión desde las primeras etapas de exploración, cuando todavía no existen certezas geológicas suficientes para proyectar inversiones con precisión.

Durante el debate, la vicepresidenta de la comisión, Diana Gonzales, cuestionó un presunto direccionamiento en la agenda por parte de la bancada de Juntos por el Perú, lo que generó un debate tenso durante la sesión. “Actuar al margen de la ley no es emprender. Los mineros ilegales contaminan, evaden impuestos, precarizan el trabajo y amparan la trata de personas. Este absurdo dictamen busca satisfacer caprichos ideológicos”, afirmó.

El Congreso también pretende aplicar retroactivamente nuevos costos a concesiones ya otorgadas, lo que podría entrar en conflicto con el principio constitucional de irretroactividad de la ley.

Un Congreso a favor de la minería informal

Mientras el Congreso de la coalición discute medidas que endurecen las condiciones para la minería formal, la minería ilegal continúa expandiéndose. Diversos estudios muestran que esta economía ilegal mueve miles de millones de dólares al año y ya supera a otras actividades ilícitas como el narcotráfico o la trata de personas.

Además, el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) ha sido ampliado en varias ocasiones y aún no se tramita una nueva Ley MAPE. Creado en 2016, el Reinfo acumula miles de inscritos, de los cuales apenas unos 2.000 mineros lograron formalizarse, lo que representa alrededor del 2,6 % del total.

El dictamen aprobado por la comisión deberá pasar ahora al Pleno del Congreso, donde será debatido y sometido a votación.