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Comerciantes de San Camilo protestan para exigir privatización de puestos y mejoras en el mercado

Más de 50 comerciantes del mercado San Camilo realizaron una protesta para exigir a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) que cumpla con las leyes N° 26569 y N° 32738, relacionadas con la privatización de los puestos. Los trabajadores se movilizaron por las calles del Centro Histórico hacia la comuna provincial para reclamar una respuesta a sus pedidos y la creación de la comisión encargada de llevar adelante este proceso.

 

El secretario general de la Asociación de Comerciantes del Mercado San Camilo, Cosme Casos Vilca, señaló que pese a haber presentado la documentación correspondiente el pasado 7 de agosto sobre el proceso de privatización, no han recibido una respuesta de la comuna provincial. “Lamentablemente, las autoridades no le dan importancia y nunca nos dan una solución, se presentaron los documentos y no nos dan una respuesta”, manifestó.

 

El dirigente explicó que el mercado alberga 1300 trabajadores, de los cuales alrededor del 70% de los comerciantes son inquilinos de la municipalidad y buscan ser dueños de sus puestos para invertir en su modernización. “Los puestos no son monumentos históricos, ya se empezó y ya se vendió el 30% hace veinte años y por qué no culminar el resto, queremos ser dueños para que se desarrolle y modernice este mercado, porque no podemos invertir en algo que no es nuestro”, señaló.

 

Entre sus otros pedidos, los comerciantes exigen el mantenimiento del mercado, la instalación de cámaras de seguridad y mayor vigilancia para prevenir hechos delictivos. Asimismo, solicitan mejorar la infraestructura del centro de abastos ante el riesgo de lluvias intensas por el fenómeno El Niño. Tambien buscan modificar la ordenanza municipal N° 1086 que prohibe el uso de cocinas a gas.

 

En esa línea, indicó que los comerciantes esperan que la municipalidad atienda sus reclamos y adopte medidas concretas para resolver sus demandas sobre la privatización que esperan hace más de 20 años. Advirtió que, de no obtener respuesta, evaluarán denunciar a las autoridades competentes, conforme a lo establecido en la Ley N° 32738.

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