El Ministerio de Energía y Minas (Minem) advirtió que el reciente dictamen aprobado en marzo por la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que plantea modificaciones al régimen de concesiones mineras, podría incentivar la minería ilegal. Según la entidad, los cambios propuestos generarían un retroceso en los esfuerzos del Estado por frenar esta actividad ilícita.

La iniciativa legislativa contempla la reducción de plazos de caducidad y la imposición de mayores penalidades que podrían impulsar más la informalidad. Simón Quispe, presidente de la Asociación de Pequeños Productores Mineros Artesanales y Contratistas Secocha Urasqui, cuestionó el rol del Congreso en la elaboración de estas normas y sugirió que responderían a favores políticos. “En su gran mayoría los congresistas apoyan a la gran minería solo por sus intereses”, dijo.

El vocero precisó que la única manera de reducir la informalidad —que trae consigo inseguridad y trata de personas— es con leyes claras a favor del minero artesanal. 

“Necesitamos que nos atiendan para formalizarnos y poder trabajar legalmente, incluso con el uso de explosivos. Los trámites en el ministerio demoran demasiado y eso termina empujando a más personas hacia la ilegalidad”, sostuvo.

Por otro lado, puntualizó que el problema se agrava por la inestabilidad política reflejada en los constantes cambios de autoridades. “Vivimos en un desgobierno. Cambian presidentes y ministros, y así no se puede construir un sistema sólido. Con estas leyes, nada cambiará ni en 100 años”, acotó Quispe.

Cabe precisar que la minería ilegal en el Perú genera graves impactos ambientales y sociales, como la deforestación y la contaminación por mercurio. Además de la explotación laboral, la actividad ha crecido a una tasa promedio del 11.7 % en la última década, consolidándose como un riesgo para el desarrollo sostenible.