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62% de las compras públicas de Moquegua son menores a 8 UIT: IPE advierte riesgo de fraccionamiento

El 62% del valor de las compras realizadas por los gobiernos regionales y municipales de Moquegua corresponde a adquisiciones por montos menores a 8 UIT, según el Índice Regional de Riesgos de Integridad Subnacional (IRIS) 2026 del Instituto Peruano de Economía (IPE). La cifra supera ampliamente el promedio nacional, que alcanza el 25%.

 

El IPE considera que una elevada concentración de compras por debajo de las 8 UIT constituye un factor de riesgo para la integridad de la gestión pública, debido a que estas adquisiciones no están sujetas a los mismos procedimientos de contratación que las operaciones de mayor monto. Entre los riesgos que deben vigilarse está el posible fraccionamiento, que ocurre cuando una necesidad de contratación se divide en varias adquisiciones menores para evitar un procedimiento que requiere mayores niveles de competencia.

 

Sin embargo, el indicador no significa que las compras realizadas por las entidades de Moquegua sean irregulares ni constituye una prueba de corrupción. El IRIS mide condiciones y prácticas que pueden facilitar riesgos de corrupción o una gestión inadecuada de los recursos públicos. La existencia de una compra menor a 8 UIT, por sí sola, no demuestra una infracción.

 

A nivel nacional, el IPE encontró que el 25% del valor de las compras de los gobiernos regionales y municipales corresponde a adquisiciones menores a 8 UIT. Moquegua registra 62%, mientras que Madre de Dios alcanza 53%, convirtiéndose en las regiones con mayor concentración de este tipo de operaciones dentro de los datos expuestos en el índice.

 

El indicador forma parte del componente del IRIS que evalúa cómo se administran los recursos públicos y las características de las contrataciones. Frente a estos riesgos, el IPE plantea que las nuevas autoridades regionales y municipales revisen periódicamente la contratación directa, los procesos con un solo postor y la posible fragmentación de adquisiciones, además de fortalecer la trazabilidad entre los recursos utilizados y los bienes o servicios que finalmente recibe la ciudadanía.

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