La reciente vacancia de Dina Boluarte, aprobada por el Congreso por “incapacidad moral permanente” ante su fracaso en la lucha contra el crimen organizado, ha dejado al país en medio de un clima de incertidumbre. Su salida ocurre mientras los índices de extorsión y violencia se disparan en todo el sur del país, evidenciando la falta de una política efectiva de seguridad ciudadana. Ahora el presidente José Jerí deberá plantear la salida a la crisis.

El sur del país enfrenta su más alta escalada delictiva. Vigilante.pe pudo acceder a los datos del Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL) dónde las extorsiones aumentaron 64,2% en Puno y 29,9% en Arequipa de enero hasta septiembre de 2025, con más de 500 denuncias entre ambas regiones. Pero, a nivel nacional, la ejecución presupuestal en seguridad apenas alcanza el 57% de S/14.304 millones, detalla ComexPerú.

Puno: epicentro de la extorsión fronteriza

En Juliaca, las mafias aprovechan el desorden urbano y las rutas de transporte fronterizo para imponer el cobro de “vacunas” (cuotas) a comerciantes y transportistas. Hasta agosto de este año, se reportaron 150 casos de extorsión, el incremento más alto del sur andino de acuerdo a SIDPOL. Sin embargo, la lucha contra la criminalidad no se ve reflejado en las prioridades presupuestales de los gobiernos regionales y locales.

La ejecución presupuestal total de Puno apenas alcanza el 60%, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aunque no se tiene el avance específico en seguridad ciudadana. A ello se suman 273 obras paralizadas por S/1.690 millones, incluidas comisarías y proyectos de seguridad, de acuerdo con el portal de transparencia.

Con una tasa de informalidad del 69% de acuerdo al INEI, Puno se ha convertido en un punto crítico para el crimen organizado. Testimonios recogidos por medios locales confirman que empresarios locales han cerrado negocios ante amenazas.

Arequipa: turismo en la mira de la delincuencia

En Arequipa, las denuncias por extorsión suman 388 casos en 2025, un incremento de 29,9 % respecto al año anterior, según SIDPOL. Las bandas apuntan principalmente a negocios de los sectores turístico, transporte y agroexportador, según la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. Aunque la región lidera la ejecución presupuestal con 82% a septiembre, gran parte del gasto se destina a sueldos y gastos administrativos, lo que limita la capacidad operativa.

Arequipa también enfrenta 146 obras públicas inconclusas por unos S/5.000 millones, entre ellas proyectos penitenciarios paralizados por sobrecostos y conflictos contractuales, de acuerdo al MEF. “Pagamos impuestos para seguridad, pero el dinero se va en oficinas, no en cámaras ni patrullaje”, declaró un comerciante a un medio local, reflejando la frustración ciudadana ante la falta de resultados.

La ineficiencia asfixia la prevención y permite que el crimen capture economías regionales. La inacción estatal y las obras paralizadas restan competitividad a las regiones del sur. Sin una reforma que agilice la gestión pública y refuerce la capacidad de respuesta policial, Puno y Arequipa seguirán atrapadas en un círculo de inseguridad.