El sol apenas trepa los muros grises de la Gerencia Regional de Salud cuando comienzan a llegar. Algunos caminan lento, otros avanzan con la ayuda de una silla de ruedas, y unos pocos, con batas blancas y ojos cansados, empujan su rabia contenida en cada paso. No hay pancartas ruidosas ni arengas violentas. Hay silencio, preocupación, y un grito ahogado que pide lo más básico, acceso a la salud sin barreras.
La escena parece rutinaria, pero no lo es. Son médicos, pacientes oncológicos y familiares del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur), y han decidido dejar el hospital por unas horas para defender algo más que un terreno: la posibilidad de seguir viviendo cerca del tratamiento que necesitan.
El motivo de su protesta es el reciente anuncio del Gobierno Regional de trasladar la construcción del nuevo centro oncológico al kilómetro 16 de la vía Arequipa – La Joya, en el Cono Norte. Una decisión que cayó como una bomba silenciosa en los pasillos del IREN.
“Muchos de nuestros pacientes no tienen ni para el pasaje. Algunos apenas pueden levantarse de la cama después de una quimioterapia. ¿Cómo esperan que se trasladen hasta allá?”, dice una enfermera mientras sostiene del brazo a una mujer con pañuelo celeste en la cabeza. No dice su nombre. Solo repite: “No es justo. No es humano”.
En agosto de 2024, el proyecto para el nuevo IREN Sur parecía avanzar. Se había saneado un terreno de 27 mil metros cuadrados en la Avenida de la Salud, una zona céntrica y cercana a hospitales, laboratorios y farmacias. Los estudios técnicos estaban aprobados. Había ilusión. Pero en los primeros meses del 2025, sin aviso ni consulta previa, todo cambió.
El gobernador regional, Rohel Sánchez, anunció que la nueva sede se construirá en un terreno más alejado, en el Cono Norte. Sin estudios nuevos. Sin sustento legal. Sin la presencia del personal médico que debía opinar. Una decisión unilateral que, según los especialistas, pone en riesgo la ejecución del proyecto y, más grave aún, el tratamiento de miles de personas.
“No se puede improvisar con el cáncer”, dice el Dr. Ítalo Palomino Mormontoy, presidente del frente de defensa del IREN Sur. Su voz es firme, aunque se le nota cansado. No es la primera vez que sale a exigir algo que, en teoría, ya estaba asegurado. “Este instituto es de nivel 3, no se puede reemplazar por un hospital general ni ubicar en cualquier parte. El nuevo terreno no tiene ni accesos adecuados”.
Días antes de la protesta, hubo una reunión convocada por el propio Gobierno Regional. Pero los rostros que más se esperaban no aparecieron: ni el gobernador, ni el gerente general, ni representantes de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN). Solo quedaron los médicos, técnicos, y algunos representantes sindicales que se miraban entre sí esperando respuestas que nunca llegaron.
Mientras tanto, los pacientes siguen llegando al actual IREN Sur con diagnósticos duros y miradas frágiles. Muchos de ellos vienen desde provincias alejadas como Puno, Moquegua o Tacna. Algunos madrugan, otros se endeudan para pagar pasajes. La idea de tener que desplazarse aún más lejos no es solo una incomodidad: es una sentencia anticipada.
“¿Y si no llego? ¿Y si no me da el cuerpo para tomar dos buses?”, pregunta con voz temblorosa una mujer de 52 años que no quiso dar su nombre. Ha superado dos ciclos de quimioterapia, pero siente que no podría soportar una tercera si le alejan su centro de atención.
El personal médico no está solo. Detrás de ellos hay organizaciones como la Red Oncológica Nacional y el City Cancer Challenge que ya han empezado a brindar asesoría legal y técnica. Incluso algunos congresistas han mostrado interés en frenar lo que ya consideran un atropello a la salud pública.
“No pedimos privilegios. Pedimos que se respete lo avanzado, que se escuche a quienes saben. Esto no es política, es oncología”, sentencia el Dr. Palomino.
Por: Daniel Huayto Ruiz
